Ley 1356

I.

Los recursos asignados por el Tesoro General de la Nación-TGN, a entidades del sector público, para gasto corriente y/o proyectos de inversión, deberán ser ejecutados exclusivamente para el fin autorizado, los cuales no podrán ser reasignados a otros programas, sin previa evaluación y autorización del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; los saldos no ejecutados deben ser revertidos al TGN.

II.

Las asignaciones presupuestarias de recursos adicionales efectuadas por el Tesoro General de la Nación – TGN, a entidades del sector público, para gasto corriente y/o nuevos proyectos de inversión, deberán ser autorizadas mediante Decreto Supremo, exceptuándose recursos emergentes de donación bajo la modalidad de Apoyo Presupuestario Sectorial o casos excepcionales, y aquellos recursos que cuenten con autorización expresa en Ley o Decreto Supremo.

III.

Los recursos del Tesoro General de la Nación – TGN, provenientes de donación bajo la modalidad de Apoyo Presupuestario Sectorial que se encuentren destinados a financiar proyectos de inversión pública, serán registrados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a solicitud del Ministerio de Planificación del Desarrollo en programas de inversión sectorial, en las entidades públicas que correspondan, una vez que los recursos ingresen en la Libreta de Recursos Ordinarios. Las modificaciones presupuestarias intrainstitucionales e interinstitucionales para la redistribución de estos recursos a los proyectos específicos, serán registradas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, bajo su responsabilidad en el marco de la normativa vigente.

I.

Se autoriza de manera extraordinaria a las empresas públicas que se encuentren bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y a la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, la venta de sus productos terminados según inventarios realizados al 31 de diciembre de 2020, que se encuentren bajo el riesgo de obsolescencia, vencimiento próximos, o que estén generando altos costos de almacenamiento, a precios que permitan recuperar el mayor porcentaje posible de los costos de producción.

II.

El porcentaje de los costos de producción a ser recuperado, así como el producto terminado y su precio de venta, serán determinados en base a un estudio técnico y de mercado, y aprobados mediante Resolución de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la empresa, precautelando su continuidad operativa; documentación que será puesta a consideración del Ministerio cabeza de Sector para su aprobación o rechazo mediante Resolución expresa.

I.

En el marco de la política de austeridad implementada por el Gobierno Nacional, y a objeto de precautelar la sostenibilidad financiera a largo plazo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas efectuará la evaluación de la estructura del Sector Público, y realizará una propuesta de ajuste que principalmente evite la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión o supresión de las entidades, previa evaluación de ingresos y gastos. Dicha propuesta será aprobada mediante Decreto Supremo, independientemente del nivel normativo de creación de la entidad, normas que se entenderán como abrogadas o derogadas, según corresponda.

II.

Las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas Autónomas, deberán ajustar sus estructuras organizacionales evitando la duplicidad de objetivos y atribuciones al interior de las mismas, con el objeto de reducir el gasto y precautelar la sostenibilidad financiera a largo plazo, en el marco de los límites financieros establecidos en normativa vigente.

I.

Cuando en las entidades públicas se genere obligaciones de pago con Sentencia con calidad de cosa juzgada formal y material, cuyo importe se halle debidamente cuantificado, deberán cubrir las mismas al interior de su presupuesto institucional, independientemente de la fuente de financiamiento. El registro del traspaso presupuestario intrainstitucional deberá ser realizado por cada entidad pública en la partida de gasto “Contingencias Judiciales”, en el marco de la normativa vigente.

II.

Cuando las entidades públicas financiadas con recursos del Tesoro General de la Nación – TGN, no cuenten con los recursos suficientes para cumplir dichas obligaciones, podrán tramitar la asignación presupuestaria de recursos adicionales del TGN, mediante Decreto Supremo, para lo cual deberán contar con información verificable, cuantificable y registrada en los Estados Financieros debidamente auditados, la correspondiente Sentencia con calidad de cosa juzgada formal y material, cuyo importe sea debidamente cuantificado y verificable, así como los informes técnico y jurídico que determinen que el proceso tiene la calidad de cosa juzgada formal y material, además de los requisitos previstos en la normativa vigente. La asignación presupuestaria estará sujeta a disponibilidad financiera del TGN, y se efectuará en la partida de gasto “Contingencias Judiciales”. El Servicio Nacional de Patrimonio del Estado – SENAPE queda exento de la presentación de Estados Financieros, únicamente en casos de aquellas entidades disueltas o liquidadas.

III.

Las entidades públicas afectadas con estas obligaciones, son responsables de la tramitación de los procesos judiciales y de la documentación respaldatoria; así como del registro en sus Estados Financieros.

I.

Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el marco de lo establecido en los numerales 8 y 10 del Parágrafo I del Artículo 158, y el Artículo 322 de la Constitución Política del Estado, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, celebrar operaciones de deuda pública en los mercados de capital externos por un monto de hasta USD3.000.000.000.- (Tres Mil Millones 00/100 Dólares Estadounidenses) o su equivalente en otras monedas, para apoyo presupuestario y/o manejo de pasivos.

II.

Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la contratación directa en el ámbito nacional y/o internacional, de servicios de asesoría legal y financiera, y de otros servicios especializados vinculados a la operación de deuda pública en mercados de capital externos, señalada en el Parágrafo I del presente Artículo, de acuerdo a prácticas internacionales. 

III.

Los intereses a favor de acreedores de deuda pública mediante la emisión de títulos valor en mercados de capital externos, conforme al presente Artículo, están exentos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – IUE.

IV.

Los pagos por la prestación de servicios de asesoría legal y financiera, y de otros servicios especializados, vinculados a la operación de deuda pública en los mercados de capital externos, conforme al presente Artículo, están exentos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – IUE.

V.

El procedimiento para la contratación prevista en el Parágrafo II del presente Artículo, será aprobado mediante Resolución Ministerial expresa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

I.

Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, realizar la baja contable del activo exigible a la Corporación Minera de Bolivia, a favor del Tesoro General de la Nación – TGN, registrado en los estados Financieros del Órgano Ejecutivo por USD46.384.422,90 (Cuarenta y Seis Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintidós 90/100 Dólares Estadounidenses).

II.

La Corporación Minera de Bolivia deberá concluir con la entrega a favor del Tesoro General de la Nación – TGN, de todos los bienes inmuebles detallados en los Anexos de los Decretos Supremos Nos. 23974 y 24403 de 1° de marzo de 1995 y 7 de noviembre de 1996.

I.

Se autoriza de manera extraordinaria al Banco Central de Bolivia – BCB, Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR, Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo – FONDESIF, Banco de Desarrollo Productivo – BDP S.A.M. y Banco Unión S.A. – BUSA, realizar el diferimiento automático de las cuotas de pago de capital e intereses correspondiente a la gestión 2021, de los préstamos u otras operaciones de deuda pública interna, otorgados o realizados con entidades del sector público.

II.

Las entidades referidas en el Parágrafo precedente, deberán convenir con los prestatarios del sector público, los términos para el pago de las cuotas diferidas, manteniendo las condiciones crediticias vigentes al momento de la publicación de la presente Ley, sin aplicar intereses adicionales sobre el capital diferido por el tiempo transcurrido, multas ni otro tipo de recargos.

III.

Se autoriza al BCB, efectuar el diferimiento del vencimiento de las cuotas pagaderas de la gestión 2021, correspondientes al pago del servicio de la deuda del contrato de Préstamo Excepcional concedido por el BCB al Fideicomiso, en el marco del Parágrafo IV del Artículo 9 de la Ley N° 742 de 30 de septiembre de 2015 y de la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 840 de 27 de septiembre de 2016, manteniendo las condiciones crediticias vigentes al momento de la promulgación de la presente Ley, sin contemplar intereses adicionales por el tiempo transcurrido, multas ni otro tipo de recargos, debiendo coordinar con el FNDR la suscripción de la adenda al citado contrato de préstamo y los términos para el pago de las cuotas diferidas.

IV.

Se instruye a las entidades referidas en el Parágrafo I, suscribir con las entidades públicas, las adendas correspondientes, para la modificación de las condiciones establecidas en el presente Artículo, en un plazo de hasta treinta (30) días calendario computables a partir de la publicación de la presente Ley, instrumentos que quedan exentos de los costos de protocolización y otros que se requieran para su formalización.

I.

Se autoriza al Banco Central de Bolivia – BCB, con carácter excepcional y por única vez, efectuar una transferencia interinstitucional no reembolsable al Tesoro General de la Nación – TGN, por un monto de Bs350.000.000.- (Trescientos Cincuenta Millones 00/100 Bolivianos), proveniente de las Reservas Patrimoniales del BCB, para los fideicomisos destinados al financiamiento al sector productivo.

II.

La protocolización de los contratos de constitución, administración, adendas y contratos de extinción de los fideicomisos señalados en el Parágrafo precedente, estará exenta del pago de aranceles.

I.

Se autoriza al Banco Central de Bolivia – BCB, a otorgar un crédito extraordinario de hasta Bs500.000.000.- (Quinientos Millones 00/100 Bolivianos), a favor del Tesoro General de la Nación – TGN, para la constitución de un fideicomiso destinado a la otorgación de créditos de capital de operación a las empresas públicas del nivel central del Estado, para lo cual se exceptúa al BCB de la aplicación de lo dispuesto en los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995, del Banco Central de Bolivia.

II.

Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que, en su condición de fideicomitente, suscriba un contrato de fideicomiso con los recursos mencionados en el Parágrafo precedente, a ser administrado por el Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta (BDP - S.A.M.) en calidad de fiduciario.

III.

Las condiciones para la constitución y administración del fideicomiso, así como las condiciones para la otorgación de los créditos, serán establecidas en un Decreto Supremo. 

IV.

Para la otorgación de créditos de capital de operación a las empresas públicas del nivel central del Estado, se exceptúa la aplicación del Artículo 5 de la Ley N° 1103 de 25 de septiembre de 2018.

V.

La protocolización de los contratos de constitución, administración, adendas, préstamos de dinero o mutuo, así como de extinción del Fideicomiso, estará exenta del pago de aranceles.