Ley 975

I.

Se autoriza al Banco Central de Bolivia, otorgar un crédito extraordinario de Bs93.480.996,52 (Noventa y Tres Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Novecientos Noventa y Seis 52/100 Bolivianos), a objeto de proseguir la construcción e implementación del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en de La Paz y El Alto, en su segunda fase. Para tal efecto, se autoriza al Ministerio dc Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, contraer el crédito en condiciones concesionales; para lo cual se exceptúa al Banco Central de Bolivia de la aplicación de los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995.

II.

La Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico", a cargo de la administración y funcionamiento del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico), es responsable del uso y destino de los recursos efectivamente transferidos por el Tesoro General de la Nación.

III.

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, es responsable de la evaluación y seguimiento de la construcción e implementación del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico), en las ciudades de La Paz y El Alto. 

IV.

Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, emitir y otorgar Bonos del Tesoro No Negociables a favor del Banco Central de Bolivia, para garantizar el referido crédito. 

I.

Los recursos económicos provenientes de la ejecución de garantías otorgadas en las contrataciones efectuadas por entidades y empresas públicas del nivel central del Estado, cuya fuente y organismo financiador sea el Tesoro General de la Nación, o se trataren de créditos externos asumidos por el TGN, deberán ser transferidos al Tesoro General de la Nación. 

II.

Se exceptúan de la aplicación de la disposición precedente, los recursos provenientes de instrumentos o mecanismos de garantía regulados por Ley y que tenga como destino financiar políticas sociales.

III.

Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de un registro presupuestario, proceder a la reasignación de los recursos que ingresaron al Tesoro General de la Nación, provenientes de la ejecución de garantías de correcta inversión de anticipo, únicamente cuando éstos sean invertidos en el proyecto de origen. 

I.

Se autoriza al Banco Central de Bolivia a realizar pagos pendientes y reembolsos inherentes a la administración, el perfeccionamiento de bienes inmuebles, la transferencia del derecho propietario, incluyendo los pagos de obligaciones tributarias, gastos judiciales y honorarios profesionales, de los activos remanentes y otros derechos a ser transferidos de los Fideicomisos de los Procedimientos de Solución de la Ex Mutual La Frontera, Ex Mutual Manutata, Ex Mutual Del Pueblo y Ex Cooperativa Trapetrol Ltda., en el marco de lo previsto en el Artículo 5 de la Ley N° 742 de 30 de septiembre de 2015. 

II.

Se autoriza al Banco Central de Bolivia a disponer de los activos remanentes de los fideicomisos señalados en el Parágrafo precedente, en los términos, valores, forma y condiciones determinados por su Directorio, mediante resolución expresa. 

I.

Se reconocen en la Empresa Minera Huanuni las mitas convenio vigentes, adicionalmente a las remuneraciones señaladas en el Parágrafo I del Artículo Único del Decreto Supremo N° 1319 de 8 de agosto de 2012, quedando suprimida cualquier otra forma de remuneración.

II.

Con carácter excepcional, se reconocen las planillas salariales pagadas desde la vigencia del Decreto Supremo N° 28901 de 31 de octubre de 2006, hasta la fecha de promulgación de la presente Ley.

a)

En los Gobiernos Autónomos Departamentales que en el primer semestre del 2016, presenten una ejecución en inversión por encima del 50% y/o hayan obtenido certificación en la cual los indicadores de Servicio de la Deuda y/o Valor Presente de la Deuda, superen el y/o 150%, respectivamente.

b)

En los Gobiernos Autónomos Departamentales, que no hayan percibido recursos del Fondo de Compensación Departamental provenientes del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) en las últimas tres gestiones y que no sean productores de hidrocarburos.

I.

El incremento salarial de las empresas constituidas legalmente como Sociedad de Economía Mixta (S.A.M.), Sociedad Anónima (S.A.) o Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), en las que el Estado posea participación accionaria, será aprobado mediante Decreto Supremo específico.

II.

Los requisitos y parámetros para el mencionado incremento, serán reglamentados por el Órgano Ejecutivo considerando su naturaleza jurídica. 

"f)

Ser servidor público, salvo casos excepcionales cuando lo solicite el Ministerio responsable de la política del sector y se autorice con Resolución del COSEEP o Ley, según corresponda en cada Empresa."

I.

Las empresas públicas podrán recurrir a financiamiento por medio de diferentes modalidades:

La empresa estatal y la estatal intergubernamental deberán presentar al COSEEP la documentación que justifique la necesidad, destino del financiamiento y forma de pago de la deuda: la decisión de contraer deuda será asumida por sus máximas instancias de decisión. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con carácter previo a la contratación de deuda, deberá evaluar la capacidad de endeudamiento de la empresa. La autorización del COSEEP habilita a la empresa para iniciar la gestión del crédito, De constituirse el Tesoro General de la Nación en garante de la deuda, deberá constar de manera expresa.

En el caso de las empresas estatales mixtas y empresas mixtas, la decisión de contraer deuda será asumida por su máxima instancia de decisión; con carácter previo, los representantes del sector público en las referidas empresas, deberán obtener la autorización correspondiente del COSEEP.

II.

Las empresas públicas deberán asumir la obligación del pago de la deuda contraída a su favor. El TGN podrá asumir la deuda de las empresas públicas, únicamente en lo que corresponde a la participación del nivel central del Estado en la empresa, previa autorización del COSEEP y evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que determine la incapacidad de pago, siempre que la deuda hubiese sido previamente garantizada por el TGN, o se disponga mediante Ley. 

III.

IV.

La emisión de títulos valores crediticios o de titularización y la obtención de créditos internos por las empresas públicas no requerirán autorización por norma expresa, siendo suficiente la autorización previa emitida por el COSEEP.

Las empresas públicas deberán utilizar prioritariamente agencias de bolsa vinculadas a entidades bancarias públicas.

V.

El financiamiento externo de las empresas públicas deberá observar lo previsto en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158, y el Articulo 322 de la Constitución Política del Estado." 

I.

Todas las trabajadoras y los trabajadores, las servidoras y los servidores públicos, tienen derecho a contar con las condiciones suficientes que garanticen el desarrollo de actividades deportivas en el ámbito laboral. 

II.

Las entidades públicas que cuenten con instalaciones o predios destinados a la práctica del deporte, la cultura física y la recreación deportiva, deberán garantizar el acceso de sus servidores y ex servidores públicos, así como sus dependientes, mismo que deberá ser reglamentado por cada entidad.

III.

Con el fin de promover el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura y espacios deportivos en el territorio boliviano, las entidades públicas en función a su presupuesto, podrán ejecutar en sus instalaciones: construcciones, refacciones, remodelaciones y otros similares." 

I.

En contravenciones y delitos flagrantes de contrabando de importación y exportación, las mercancías decomisadas aptas para su uso y consumo, serán entregadas con posterioridad al Acta de Intervención, a título gratuito, exentas del pago de tributos, sin pago por servicio de almacenaje y de otros gastos emergentes, de la siguiente forma: 

II.

En caso de que las mercancías requieran certificados sanitarios, fitosanitarios, de inocuidad alimentaria u otras certificaciones para el despacho aduanero, la Administración Tributaria Aduanera previa a la entrega, solicitará la certificación oficial del órgano competente, la cual deberá ser emitida en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles administrativos a partir de su requerimiento, sin costo, bajo responsabilidad del Ministerio cabeza de sector. 

III.

Las mercancías que se encuentren prohibidas de importación conforme a normativa específica, aquellas que no sean susceptibles de división o partición, las que no puedan ser sujetas a certificación y las que necesiten una autorización previa emitida por autoridad competente para su despacho aduanero, serán dispuestas por la Aduana Nacional conforme a normativa en vigencia, no siendo susceptibles de entrega para el denunciante. 

IV.

A efectos de dar cumplimiento al incentivo por la denuncia de contrabando de las mercancías señaladas en el Parágrafo III del presente Artículo, la Aduana Nacional entregará al denunciante de la comisión del ilícito, el monto de dinero en efectivo y en moneda nacional equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las mercancías definido en el informe de valoración efectuado por la administración aduanera."

"I.

Las mercancías decomisadas por ilícito de contrabando que cuenten con Resolución Sancionatoria emitida por la Administración Aduanera, serán adjudicadas por la Aduana Nacional mediante Declaración de Mercancías de Importación que tendrá un carácter simplificado, al Ministerio de la Presidencia, a título gratuito, exentas del pago de tributos aduaneros de importación, y los gastos concernientes al servicio de almacenaje y logística.

La interposición de cualquier recurso administrativo contra la Resolución Sancionatoria emitida por la Administración Aduanera, no paralizará el proceso de adjudicación de las mercancías a fin de evitar una mayor depreciación del valor de las mismas y/o descomposición por el transcurso del tiempo.

Las mercancías decomisadas por delito de contrabando, serán adjudicadas por la Aduana Nacional al Ministerio de la Presidencia, a título gratuito, exentas del pago de tributos aduaneros de importación, y los gastos concernientes al servicio de almacenaje y logística, previa comunicación al fiscal o a la autoridad jurisdiccional.

La obtención de certificados para el despacho aduanero de las mercancías a ser adjudicadas al Ministerio de la Presidencia, estará a cargo de la Aduana Nacional."

a)

Previo a la adjudicación y entrega de mercancías, la Aduana Nacional y el Concesionario de Depósito Aduanero o Zona Franca, deberán realizar el inventario y la verificación del estado de las mercancías, a efectos de determinar su buen estado y condiciones aptas para su uso o consumo.

Tratándose de vehículos automotores y maquinaria autopropulsada, se realizará previa certificación de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos, la cual establecerá que el motorizado no cuenta con denuncia de robo.

Las certificaciones y autorizaciones previas o su equivalente, que acrediten que las mercancías a ser adjudicadas son aptas para su uso o consumo, serán obtenidos por la Administración Aduanera, con recursos propios en caso de corresponder.

Si las mercancías no se encuentran en buen estado o en condiciones aptas para su uso o consumo, la administración aduanera procederá a su destrucción en coordinación con las instancias competentes, debiéndose elaborar el acta correspondiente.

b)

La Aduana Nacional adjudicará las mercancías comisadas por ilícito de contrabando y las abandonadas aptas para su ti.so o consumo, al Ministerio de la Presidencia, mediante Resolución Administrativa de Adjudicación y Declaración de Mercancías de Importación que tendrá un carácter simplificado. Para el caso de bienes muebles sujetos a registro, su adjudicación requerirá la elaboración de la Declaración Única de Importación.

Aquellas mercancías cuyo destino se encuentren normadas en normas específicas, serán entregadas directamente por la Aduana Nacional a las instancias correspondientes, previa elaboración de la Declaración Única de Importación.

c)

La adjudicación de las mercancías resultantes de la inventariación, deberá considerar el siguiente orden: 

d)

En caso que el Ministerio de la Presidencia, no considere necesario la adjudicación de ciertas mercancías contenidas en el inventario, las mismas quedarán a disposición de la Aduana Nacional para su posterior subasta pública que podrá ser efectuada hasta seis (6) veces por año sin precio base. Las mercancías adjudicadas mediante subasta, quedan exentas del pago de tributos aduaneros, gastos de almacenaje y logísticos, de acuerdo a Reglamento a ser emitido por la Aduana Nacional. 

e)

Las mercancías adjudicadas al Ministerio de la Presidencia, deberán ser retiradas de los recintos aduaneros en un plazo de treinta (30) días hábiles administrativos posteriores a la entrega oficial de la Declaración de Mercancías, pudiendo solicitar la ampliación de dicho plazo por única vez por el lapso de quince (15) días hábiles administrativos, caso contrario  vencidos los plazos señalados, la Aduana Nacional destinará las mercancías a las subastas públicas, previa anulación de la Resolución de Adjudicación y la Declaración Única de Importación. 

En el caso de las mercancías establecidas en los Parágrafos II, III y IV del Artículo 192 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, "Código Tributario Boliviano", serán adjudicadas en el plazo máximo de hasta cinco (5) días hábiles y el Ministerio de la Presidencia deberá recoger las mercancías en el plazo máximo de hasta cinco (5) días hábiles.

Los adjudicatarios de mercancías mediante subasta pública, deben retirar las mismas de los recintos aduaneros en un plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos.

f)

En caso que la mercancía no haya sido adjudicada hasta en dos (2) procesos de subastada, la Administración Aduanera procederá a su destrucción en un plazo de dos (2) meses desde la fecha de la subasta.

En caso que las mercancías no sean recogidas por el Ministerio de la Presidencia o el beneficiario de la subasta en los plazos correspondientes, la Administración Aduanera procederá a su destrucción en un plazo de dos (2) meses.

En ambos casos la destrucción se efectuará en coordinación con las instancias competentes y la elaboración del acta correspondiente.

g)

La Aduana Nacional no podrá adjudicar a ninguna institución pública o privada, animales vivos o plantas, frutos, semillas afectadas por enfermedades, productos alimenticios, bebidas en estado de descomposición, adulterados o que contengan sustancias nocivas a la salud; materiales tóxicos, radiactivos, desechos mineralógicos contaminantes, ropa usada, bebidas alcohólicas, energizantes, cigarrillos o tabacos en cualquier estado; y otras mercancías abandonadas o comisadas, en razón de su naturaleza peligrosa o nociva. Estas mercancías, cuando corresponda deberán ser destruidas por la administración aduanera o entregadas ante autoridad competente a efectos de que se proceda conforme a normativa en vigencia."

1.

La lucha contra el contrabando. 

2.

El resarcimiento del valor total o parcial de la mercancía, para aquellos casos en los que deforma posterior a la adjudicación, subasta o destrucción, se dispusiere a través de resolución firme o sentencia ejecutoriada la devolución de las mismas, de acuerdo al informe de valoración efectuado por la administración aduanera.

3.

Para el proceso de destrucción de las mercancías abandonadas o producto de ilícitos de contrabando.

4.

El pago por el incentivo a la denuncia de ilícitos de contrabando.

5.

El pago equivalente al cuatro y medio por ciento (4,5%) del monto total obtenido en cada subasta, que cubrirá los costos por almacenamiento y otros servicios efectivamente prestados por el concesionario de los depósitos aduaneros."

"j)

Imponer sanciones administrativas a las entidades financieras bajo su control o en proceso de adecuación, normalización o trámite de constitución, cuando éstas infrinjan las disposiciones legales y reglamentarias." 

I.

La ejecución del Programa Nacional de Telecomunicaciones Social - PRONTIS, estará a cargo de la Unidad de Ejecución de Proyectos del PRONTIS, la cual del total de las recaudaciones de la gestión, deducirá hasta el 0.5%, para su funcionamiento.

Del importe restante, se autoriza Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, suscribir contratos de hasta un 75% con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - ENTEL S. A. para la ejecución de proyectos de instalación de comunicaciones por fibra óptica, radio bases y dotación de servicio de internet para Unidades Educativas; si la empresa no pudiese ejecutar los proyectos de telecomunicaciones señalados, el Ministerio podrá licitar los proyectos entre los operadores de servicios establecidos en el país.

El 5% será transferido al Ministerio de Salud, para gastos de funcionamiento de telecentros de salud a nivel nacional, en el marco de la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural – SAFCI.

El 20% restante será transferido al Ministerio de Comunicación, para proyectos de inclusión social, del cual se destinará hasta 75% para Bolivia TV y Red Patria Nueva, y hasta 25% a TV Culturas.

II.

Se autoriza a las entidades beneficiarias de los recursos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social – PRONTIS, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, destinar hasta un 20% de los recursos que perciban, para gastos de mantenimiento y operaciones. Asimismo, los costos del servicio de internet provisto en las Unidades Educativas con recursos del PRONTIS, serán cubiertos por el mismo Programa por un año a partir del inicio de la provisión del servicio.