Ley 1103

I.

Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, establecer el monto de la Subvención Ordinaria para la Gestión 2018 de las Universidades Públicas Autónomas, en el marco de los Convenios suscritos con cada Universidad.

II.

Para la presente gestión, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, otorgar una subvención extraordinaria a las Universidades Públicas de acuerdo a disponibilidad financiera y previa evaluación, a objeto de garantizar la sostenibilidad financiera de las mismas. 

III.

En el marco de los Parágrafos precedentes, el incremento en la Subvención Ordinaria para las siguientes gestiones, será otorgado previa evaluación y cumplimiento de los compromisos asumidos en los Convenios, suscritos con cada Universidad Pública Autónoma. 

I.

Las Empresas Públicas del nivel central del Estado, podrán realizar operaciones de crédito público justificando técnicamente las mejores condiciones en términos de tasas, plazos y monto, así como demostrar la capacidad de generar ingresos futuros para asumir dicho endeudamiento.

II.

La contratación de deuda pública externa de las Empresas Públicas, debe ser autorizada por Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

III.

La contratación de deuda pública interna de las Empresas Públicas, debe ser autorizada mediante Decreto Supremo. 

IV.

Con carácter previo a la contratación de cualquier endeudamiento interno y/o externo, las Empresas Públicas deben cumplir las siguientes condiciones: 

V.

Se exceptúa del cumplimiento de los Artículos 33 y 35 de la Ley N° 2042 de 21 de diciembre de 1999, a las Empresas Públicas, debiendo adecuarse a los criterios establecidos en el Parágrafo anterior. 

VI.

La contratación del endeudamiento y el pago del servicio de la deuda, son de responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva y/o Directorio.

VII.

De manera previa a la tramitación de la autorización para la contratación de deuda interna o externa, las empresas públicas remitirán al Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la información necesaria para la verificación del cumplimiento de las condiciones previstas en el Parágrafo IV del presente Artículo. 

VIII.

Las Empresas Públicas remitirán información del o los endeudamientos contraídos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

IX.

El Órgano Ejecutivo mediante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, emitirá la reglamentación que requiera la operativa y aplicación de las operaciones de crédito público, por las Empresas Públicas.

I.

Se autoriza al Banco Central de Bolivia - BCB efectuar, previa solicitud del Fondo Nacional de Desarrollo Regional - FNDR y del Ministerio de Planificación del Desarrollo - MPD, la modificación de las condiciones financieras, con excepción de la tasa de interés, establecidas en el Contrato de Préstamo Excepcional concedido por el BCB al Fideicomiso, representado por el FNDR, en su calidad de fiduciario, en el marco del Parágrafo IV del Artículo 9 de la Ley N° 742 de 30 de septiembre de 2015, para lo cual se autoriza suscribir los Contratos Modificatorios correspondientes.

II.

El Contrato de Constitución de Fideicomiso y el Contrato de Préstamo suscrito con el BCB, así como sus modificaciones posteriores, quedan exentos del pago de gastos de protocolización.

I.

Se autoriza al Ministerio de Gobierno, otorgar una compensación económica mensual a favor del personal operativo del Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana, misma que no será considerada como doble percepción. La aplicación de la mencionada compensación, no representará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación - TGN.

II.

En el marco del Artículo 30 de la Ley N° 264 de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana "Para una Vida Segura", y considerando las características de riesgo en el ejercicio de sus funciones, con carácter excepcional, se reconocen los pagos realizados al personal del Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana. 

I.

Se modifica el Parágrafo III del Artículo 19 de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado - Gestión 2013, con el siguiente texto: 

II.

Se modifica el Artículo 19 de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado - Gestión 2013, incorporándose los Parágrafos VIII y IX, con el siguiente texto: 

"III.

Cuando la participación del Estado en las Empresas señaladas en el Parágrafo I del presente Artículo corresponda a Entidades Territoriales Autónomas, el incremento salarial deberá regirse por el Decreto Supremo de incremento salarial anual, emitido por el nivel central Estado.  

IV.

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento - EPSAS S.A., en tanto adopte su tipología definitiva, se enmarcará a lo dispuesto en el Parágrafo precedente."

"V.

El otorgamiento de créditos a entidades y empresas del sector público, en todos los casos, se efectuará en el marco de lo previsto en la Ley que regula la actividad y entidades de intermediación financiera, las disposiciones de endeudamiento público y del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público y las normas de regulación prudencial de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero."

"II.

Los recursos no reembolsables establecidos en el Parágrafo I del Artículo 6 de la presente norma, así como los rendimientos, podrán ser otorgados o consolidados en calidad de aporte de capital a nombre del TGN a las empresas públicas beneficiarias del FINPRO, recursos que deberán retornar al TGN a partir de la generación de rendimientos de las empresas.

El aporte de capital no deberá superar el cincuenta por ciento (50%) del financiamiento autorizado, con cargo a los recursos antes señalados. El porcentaje del aporte y las condiciones del mismo, serán definidos por Decreto Supremo específico."

"I.

Cualquier persona podrá denunciar ante la autoridad judicial la existencia de bienes vacantes. Esta, al admitir la denuncia, designará curador al Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado – SENAPE, quien tendrá personería suficiente para intervenir en todos los trámites y recursos ordinarios y extraordinarios, aún en el caso de que el procedimiento se tornare contencioso.