Ley 331

I.	El Artículo 306 de la Constitución Política del Estado, define entre otros aspectos que el modelo económico boliviano es plural, estableciendo cuatro formas de organización económica: comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.
II.	El Artículo 309 del Texto Constitucional, establece que la forma de organización económica estatal comprende a las empresas y otras entidades económicas de propiedad estatal, que cumplirán determinados objetivos de interés público y social, entre ellos la producción directa de bienes y servicios.
III.	El numeral 4 del Artículo 316 de la Constitución Política del Estado, referido a la función del Estado en la economía, determina la participación directa del Estado en la economía mediante el incentivo y la producción de bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y social, e impulsar el desarrollo, evitando el control oligopólico de la economía.
IV.	El parágrafo V del Artículo 330 del Texto Constitucional, determina que las operaciones financieras de la Administración Pública, en sus diferentes niveles de gobierno, serán realizadas por una entidad bancaria pública, cuya creación se preverá mediante ley.

La presente Ley tiene por objeto la creación de la Entidad Bancaria Pública en el marco de lo previsto en el Artículo 330 de la Constitución Política del Estado y los demás preceptos constitucionales establecidos en el Artículo precedente de la presente Ley.

Créase la Entidad Bancaria Pública, como una Entidad de Intermediación Financiera Bancaria Pública en la persona del Banco Unión S.A. y como una forma de organización económica en la que el Estado, a través del Tesoro General de la Nación – TGN, mantendrá una participación accionaria mayor al noventa y siete por ciento (97%) de capital social que tendrá por objeto realizar, en el marco de lo previsto en esta Ley, las operaciones y servicios financieros de la Administración Pública, en sus diferentes niveles de gobierno, como también operaciones y servicios financieros con el público en general en el marco de lo previsto en esta Ley, y la Ley que regula la actividad de entidades de intermediación financiera.

I.	La Entidad Bancaria Pública tendrá como finalidad realizar las operaciones y servicios financieros de toda la Administración Pública en sus diferentes niveles de gobierno, administrando los depósitos de las entidades del sector público no financiero por cuenta del Banco Central de Bolivia BCB, para lo cual todas ellas deberán mantener sus fondos en cuentas fiscales en el BCB. Asimismo, la Entidad Bancaria Pública tendrá la finalidad de realizar las operaciones y servicios financieros al público en general, favoreciendo al desarrollo de la actividad económica nacional, mediante el apoyo al sector productivo constituido principalmente por las micro y pequeñas empresas, artesanía, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción, sin exclusión de otro tipo de empresas o unidades económicas en el marco de las políticas públicas establecidas por el Estado Plurinacional.
II.	La realización de las operaciones y servicios financieros a la Administración Pública, en sus diferentes niveles de gobierno, alcanza a todas las entidades del sector público sin excepción alguna, las cuales se mencionan a continuación con carácter enunciativo y no limitativo: Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial, Órgano Electoral Plurinacional, Tribunal Constitucional Plurinacional, Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, entidades territoriales autónomas, universidades públicas, instituciones, organismos y empresas públicas, y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio.
III.	Las operaciones y servicios financieros suministrados a las entidades de la Administración Pública, serán proveídos en función de sus respectivas capacidades legales y financieras.
IV.	Por operaciones y servicios financieros se entenderá al conjunto de operaciones activas, pasivas, contingentes, como de servicios financieros autorizados a realizar a la Entidad Bancaria Pública en la presente Ley y disposiciones legales y regulatorias que norman la actividad de la Entidad Bancaria Pública.

La Entidad Bancaria Pública se regirá por lo previsto en la presente Ley, la misma que será de aplicación preferente respecto de cualquier otra disposición legal; la Ley que regula la actividad y entidades de intermediación financiera, las normas que emita el Ministerio que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público, las normas del BCB referidas al sistema de pagos y a sus competencias con el sistema financiero y, en lo que no sea contrario a la presente Ley, regirán las disposiciones establecidas en el Código de Comercio. No le serán de aplicación las disposiciones generales o especiales relativas al sector público.

I.	Para el cumplimiento del objetivo y demás finalidades establecidas en la presente Ley, la Entidad Bancaria Pública, además de las operaciones establecidas en la Ley que regula la actividad y entidades de intermediación financiera, cumplirá las siguientes funciones relacionadas con el Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público, la gestión de tesorería del BCB y con su rol de contribuir al desarrollo de la actividad económica nacional: 1. Prestar servicios de administración de cuentas corrientes fiscales por cuenta del BCB de todas las entidades de la Administración Pública en sus diferentes niveles de gobierno, según normativa reglamentaria del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado y/o el Ministerio que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público; 2. Prestar servicios de pago de planillas salariales a todas las entidades y empresas públicas, pago de rentas a jubilados y beneficiarios de programas sociales, pago a proveedores y pago por otros conceptos según normativa reglamentaria del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado y/o el Ministerio que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público; 3. Brindar servicios de recaudación de tributos y gravámenes arancelarios sean impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes, en el marco de convenios o contratos suscritos con las entidades competentes; 4. Actuar como intermediario por cuenta y orden del TGN en la colocación de valores y, previa provisión de fondos, en la redención de los mismos; 5. Otorgar créditos a entidades y empresas del sector público en el marco de lo previsto en la presente Ley; 6. Prestar servicios que puedan ser requeridos por el BCB, incluyendo la recepción de depósitos por encaje legal y custodia y distribución de material monetario por cuenta del BCB, sujetos a convenios y tarifas que ambas partes establezcan; 7. Realizar otras operaciones o servicios financieros autorizados por la normativa vigente, compatibles con el objeto, finalidad y alcance de la Entidad Bancaria Pública.
II.	Para favorecer al desarrollo de la actividad económica nacional y en particular apoyar al sector productivo, la Entidad Bancaria Pública desarrollará las siguientes funciones: 1. Otorgar crédito a los sectores de las micro y pequeñas empresas, artesanía, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción, sin exclusión de otro tipo de empresas o unidades económicas, principalmente en los sectores productivos, para promover la generación de empleo y apoyar políticas estatales de desarrollo económico y social; 2. Administrar y actuar como fiduciario de fondos especiales que constituyan el nivel central del Estado, entidades territoriales autónomas y entidades internacionales de financiamiento con fines específicos de fomento al sector productivo; 3. Coordinar con entidades del Estado y otras instituciones que tengan a su cargo programas de asistencia técnica, para integrar ésta al apoyo financiero, principalmente en los sectores productivos; 4. Establecer convenios con entidades microfinancieras a objeto de cumplir su finalidad; 5. Promover y contribuir a la inclusión financiera buscando continuamente la extensión de las operaciones y servicios financieros a toda la población; 6. Realizar otras operaciones o servicios financieros autorizados por la normativa vigente, compatibles con el objeto, finalidad y alcance de la Entidad Bancaria Pública.
III.	Conforme a las normas que emita el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado y/o el Ministerio que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público, la Entidad Bancaria Pública implementará el sistema de cuenta única para las entidades territoriales autónomas y universidades públicas, de manera gradual.
IV.	Para la realización de operaciones y servicios financieros relacionados con el Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público, la Entidad Bancaria Pública podrá establecer relaciones de corresponsalía con entidades financieras, bajo el ámbito de supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
V.	El otorgamiento de créditos a entidades y empresas del sector público, en todos los casos, se efectuará en el marco de lo previsto en el numeral 10 del Artículo 158 y el Artículo 322 de la Constitución Política del Estado, la Ley que regula la actividad y entidades de intermediación financiera, las disposiciones de endeudamiento público y del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público y las normas de regulación prudencial de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
VI.	El otorgamiento de crédito a entidades y empresas públicas deberá efectuarse con garantías que podrán consistir en coberturas otorgadas por fondos de garantías, compañías de seguro, la garantía del TGN cuando sea autorizada por Ley u otros mecanismos de garantía establecidos en disposiciones legales vigentes.
VII.	La Entidad Bancaria Pública podrá otorgar crédito a los empleados, trabajadores o servidores públicos de las empresas y entidades públicas, observando la Ley que regula la actividad y entidades de intermediación financiera y las normas de regulación prudencial de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, sin que dichas operaciones de crédito puedan ser consideradas operaciones vinculadas.
VIII.	Las solicitudes de crédito que pudieran efectuar la Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE y los Viceministros del Ministerio que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público, además de cumplir con los requisitos y procedimientos ordinarios establecidos para el otorgamiento de créditos, requerirán la autorización expresa de la MAE del Ministerio de la Presidencia, sobre la base de una certificación que acredite los términos y condiciones de la operación crediticia a ser emitida por la Entidad Bancaria Pública.

La Entidad Bancaria Pública podrá mantener participación accionaria o patrimonial en entidades que se encuentren en el ámbito de supervisión y regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y/o de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, así como realizar estudios de factibilidad para establecer en el país nuevas sociedades cuyas actividades guarden relación con su objeto y se encuentren en los ámbitos de supervisión y regulación antes señalados. Las nuevas sociedades podrán constituirse en sociedades anónimas. El Estatuto establecerá los niveles de aprobación requeridos para estas operaciones.

I.	La Entidad Bancaria Pública tendrá domicilio en la ciudad de La Paz y podrá abrir o cerrar, dentro o fuera del territorio nacional, sucursales y agencias, observando las disposiciones legal y normativa que regula la actividad y entidades de intermediación financiera.
II.	La duración de la Entidad Bancaria Pública será indefinida.

I.	El capital de la Entidad Bancaria Pública estará representado por acciones y no será menor al monto mínimo establecido para entidades bancarias en la Ley que regula la actividad y entidades de intermediación financiera. La constitución del capital de la Entidad Bancaria Pública podrá admitir la participación de personas naturales o jurídicas en una proporción menor al tres por ciento (3%) del monto total.
II.	El Estado deberá mantener la participación accionaria de la Entidad Bancaria Pública a través del TGN y podrá concentrar la propiedad del cien por ciento (100%) de las acciones con al menos otras dos entidades públicas o empresas estatales del nivel central del Estado. El TGN deberá en todo momento mantener una participación accionaria mayor al noventa y siete por ciento (97%).
III.	Las acciones que pertenezcan al Estado a través de entidades públicas o empresas estatales del nivel central del Estado, no son transferibles al sector privado ni a entidades o empresas públicas del nivel sub-nacional. Serán transferibles solamente entre entidades públicas o empresas estatales del nivel central del Estado.
IV.	Las entidades públicas y/o empresas estatales del nivel central del Estado, podrán adquirir de titulares privados o públicos las acciones de la Entidad Bancaria Pública en función de sus disponibilidades presupuestarias consignadas en el Presupuesto General del Estado.

I.	El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, mediante Decreto Supremo podrá disponer efectuar nuevos aportes de capital para fines de expansión de sus operaciones, cobertura de las necesidades de requerimiento patrimonial que deriven de su crecimiento y otros relacionados con el cumplimiento del objeto de la Entidad Bancaria Pública.
II.	Cuando los nuevos aportes de capital tuvieran como propósito la reposición de capital afectado por pérdidas, los mismos deberán efectuarse con autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante Ley del Estado.
III.	Los accionistas privados podrán suscribir nuevas acciones en proporción al número que posean. En ningún caso la participación social de los accionistas privados podrá ser mayor al porcentaje que posean.
IV.	La participación accionaria del sector público no podrá ser objeto de disminución por reducción voluntaria del capital estatal aportado.

Cuando la estructura del capital también integre la participación del sector privado, el Estado tendrá derecho preferente en la compra de las acciones ordinarias propiedad de titulares privados.

La administración de la Entidad Bancaria Pública se regirá de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Entidad Bancaria Pública, enmarcado en lo previsto en la Ley que regula la actividad y entidades de intermediación financiera y el Código de Comercio para la sociedad anónima, en todo que no sea contrario a la presente Ley.

La distribución de utilidades efectivas y líquidas, luego de constituidas las reservas de carácter legal y voluntarias que la Entidad Bancaria Pública juzgue convenientes, y siempre que tal distribución no afecte el cumplimiento de relaciones legales establecidas en la Ley que regula la actividad y entidades de intermediación financiera y demás disposiciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, será aprobada por la Junta de Accionistas.

I.	La representación en la Junta General de Accionistas con plenas facultades, voz y voto, de las acciones a nombre del TGN, será ejercida por el Ministro de Economía y Finanzas Públicas o, mediante delegación expresa, por el Viceministro del Tesoro y Crédito Público.
II.	Cuando la estructura accionaria contemple la participación de otra(s) entidad(es) o empresa(s) estatal(es), la representación correspondiente será ejercida por la(s) Máxima(s) Autoridad(es) Ejecutiva(s), y en su caso, a través de la delegación a una autoridad de la misma entidad cuya autoridad titular designe de manera expresa.

La relación de la Entidad Bancaria Pública con el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, se realizará únicamente por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, salvo en cuanto a los asuntos operativos o de mero trámite, en cuyos casos la comunicación con las reparticiones públicas será directa.

Las relaciones laborales entre la Entidad Bancaria Pública y sus trabajadores se regirán por la Ley General del Trabajo, su Reglamento y normas complementarias.

La Entidad Bancaria Pública para cubrir sus necesidades de liquidez podrá solicitar financiamiento al BCB, entidad que podrá conceder de acuerdo con la normativa que regula las operaciones crediticias de liquidez para bancos y otras entidades financieras privadas.

La supervisión y fiscalización de las operaciones y servicios financieros realizados por la Entidad Bancaria Pública, serán efectuadas, en forma exclusiva, por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, como órgano rector del sistema de control de toda captación de recursos públicos y de intermediación financiera del país que ejerce y supervisa el control externo, determinando, y en su caso exigiendo, el cumplimiento de las disposiciones legales, normas técnicas y reglamentarias por todas las entidades que realizan en el territorio nacional intermediación en la oferta y demanda de recursos financieros.

El Ministerio que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público, en el ámbito de sus funciones y atribuciones relacionadas con el referido Sistema, cumplirá la función de vigilancia de la Entidad Bancaria Pública respecto a las operaciones financieras que realicen las entidades y empresas públicas en el marco del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público, sin perjuicio de las competencias de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. La función de vigilancia consistirá en las siguientes actividades:

1.	Velar que las operaciones financieras del sector público que procese la Entidad Bancaria Pública en el marco del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público, se efectúen con criterios de seguridad y eficiencia;
2.	Coordinar y vigilar el adecuado acceso, uso y prestación de servicios y productos; formas y medios de pago; procedimientos y otros aspectos relacionados con la efectividad y eficiencia de las operaciones financieras realizadas con el sector público inherentes al Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público;
3.	Verificar la consistencia de la información reportada por la Entidad Bancaria Pública sobre las operaciones y servicios financieros prestados a las entidades del sector público mediante conciliaciones y otras pruebas de consistencia y, cuando considere pertinente, proponer ajustes operativos y de otra índole que considere conveniente para mejorar los procesos de interacción de la Entidad Bancaria Pública con el Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público. Para el efecto, el Ministerio que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público, tendrá acceso a toda información que requiera relacionada con tales operaciones financieras;
4.	Instruir a la Entidad Bancaria Pública procesar débitos, transferencias e inmovilizaciones de recursos de las cuentas corrientes fiscales de las entidades de la administración pública en todos los niveles de gobierno, a efectos de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, relacionados con el Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público;
5.	Sancionar con multas pecuniarias a la Entidad Bancaria Pública por incumplimiento de las funciones relacionadas con la Administración Pública descritas en el Artículo 6 de la presente Ley, conforme al Reglamento específico que emita el órgano que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público;
6.	Realizar otras acciones orientadas a promover o preservar el suministro de servicios financieros al sector público de manera continua y bajo adecuados estándares de calidad.

La Entidad Bancaria Pública deberá elaborar la memoria anual sobre las actividades desarrolladas y presentar un ejemplar de la misma para remisión y conocimiento a la Asamblea Legislativa Plurinacional, Contraloría General del Estado, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y demás instancias competentes; documento que mínimamente deberá contener el informe de gestión anual, especificando entre otros aspectos primordiales, la evolución patrimonial, informe del síndico, informe de auditoría externa sobre estados financieros y cualquier otro documento relevante relativo a la gestión de la Entidad Bancaria Pública.

I.	A efectos de la aplicación de las limitaciones y prohibiciones establecidas en la Ley que regula la actividad y entidades de intermediación financiera, se considerará que ninguna de las entidades y empresas del sector público, tengan o no participación accionaria en la Entidad Bancaria Pública, tiene vinculación alguna con la misma, ni conforman entre ellas un grupo económico.
II.	Las operaciones de crédito otorgadas a servidores públicos y empleados u obreros de las empresas estatales o donde el Estado tenga participación accionaria, no se considerarán préstamos vinculados.

Las operaciones y servicios financieros que preste la Entidad Bancaria Pública a favor de la Administración Pública, en todos sus niveles de gobierno, serán remunerados en función de una tarifa que deberá contar con la no objeción del Ministerio que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público para su aplicación, debiendo la Entidad Bancaria Pública para tal efecto, presentar el tarifario respaldado en un análisis de estructura de costos y otros sustentos técnicos y financieros que correspondan o sean requeridos. La construcción de las tarifas admitirá un margen de utilidad razonable que permita mantener sistemas y tecnologías vigentes, ampliar puntos de atención y ejecutar nuevas inversiones que contribuyan de manera continua a mejorar los estándares de calidad con que los servicios financieros deben ser brindados. El tarifario podrá ser revisado periódicamente.

La Entidad Bancaria Pública queda sujeta al cumplimiento de las obligaciones tributarias y a todas las disposiciones que rigen la materia.

I.	La creación de la Entidad Bancaria Pública en la persona del Banco Unión S.A. por mandato expreso de la presente Ley no requiere del cumplimiento de requisito o formalidad alguna en virtud a que el Estado, a través del TGN, es accionista con el noventa y siete punto cuarenta y dos por ciento (97.42%) de dicha Entidad de Intermediación Financiera Bancaria Pública.
II.	La institución del Banco Unión S.A. como Entidad Bancaria Pública, no disuelve la sociedad, no altera sus derechos y obligaciones preexistentes, no condiciona la continuidad de su funcionamiento al cumplimiento de requisito alguno, ni exige la reinscripción o adecuación en registros públicos o privados, manteniéndose subsistentes e invariables los que se encontraren vigentes, salvo la actualización de los estatutos en los aspectos que modifica la presente Ley.
III.	Para todos los fines el balance inicial del Banco Unión S.A. como Entidad Bancaria Pública será el Balance General de dicha entidad bancaria elaborado al cierre del mes en el que se publique la presente Ley.

Se incorpora en el Artículo 1 de la Ley N° 1488, de 14 de abril de 1993, de Bancos y Entidades Financieras (texto ordenado), la siguiente definición:

"Entidad de Intermediación Financiera Bancaria Pública (Entidad Bancaria Pública):

Entidad bancaria con participación accionaria del Estado mayor al noventa y siete por ciento (97%), con competencia privativa para administrar las cuentas fiscales de la Administración Pública en sus diferentes niveles de gobierno por cuenta del Banco Central de Bolivia, con mandato para realizar operaciones y servicios financieros, establecidas en su Ley orgánica, orientadas a la modernización de la gestión financiera del Estado y apoyo al desarrollo de la actividad económica nacional."

Se modifica el Artículo 24 de la Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995, del Banco Central de Bolivia, con el siguiente texto:

“Artículo 24. Todas las entidades del Sector Público no financiero deberán mantener sus fondos en cuentas fiscales en el Banco Central de Bolivia. La Entidad Bancaria Pública con carácter privativo será la entidad financiera encargada de la administración de las cuentas fiscales por cuenta del Banco Central de Bolivia.”

Los estatutos sociales del Banco Unión S.A. como Entidad Bancaria Pública deberán ser adecuados en el plazo de ciento ochenta (180) días hábiles computables a partir de la publicación de la presente Ley.

El Banco Unión S.A. como Entidad Bancaria Pública, en forma coordinada con el TGN, elaborará un plan de inversión y operación que deberá prever gradualmente la adecuación y/o ampliación de su infraestructura física, organizacional, tecnológica y demás medios que requiera para cubrir plenamente la prestación de servicios financieros a toda la Administración Pública en sus diferentes niveles de gobierno.

Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a comprometer y efectuar por cuenta del TGN, aportes adicionales de capital al Banco Unión S.A., hasta el monto de Bs.350.000.000.- (TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES 00/100 BOLIVIANOS) de acuerdo a disponibilidades del TGN, para fines de sostener el crecimiento de dicha entidad bancaria.

I.

Se faculta al Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado y al Ministerio que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público, a reglamentar mediante Decreto Supremo o Resolución Ministerial, según corresponda, la prestación de operaciones y servicios financieros a la Administración Pública, sus procesos, procedimientos y todo otro aspecto relacionado con el Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público, que deberán aplicar el BCB, la Entidad Bancaria Pública y las entidades del sector público en todos los niveles de gobierno.

II.

En tanto, se emita la reglamentación referida en el parágrafo precedente, serán aplicables las previsiones y disposiciones contractuales de administración delegada, guías operativas y otras disposiciones relacionadas.

Se deroga el inciso g) del Artículo 29 de la Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995, del Banco Central de Bolivia, y se derogan y abrogan todas las demás disposiciones contrarias a la presente Ley.