Ley 913

I.

El Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas – CONALTID es el máximo organismo para el diseño, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.

II.

El CONALTID está conformado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud.

III.

Será presidido por la o el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y en su ausencia por la o el Ministro de Gobierno.

IV.

El CONALTID para su funcionalidad contará con dos Secretarías: de Coordinación y Técnica que dependerán del Ministerio de Gobierno, mismas que deberán coordinar acciones para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas.

V.

Las atribuciones; del CONALTID serán establecidas en reglamento.

I.

Se crea el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, como entidad desconcentrada dependiente del Ministerio de Gobierno, que tiene la función de recopilar, generar, procesar, analizar, interpretar y difundirá información sobre seguridad ciudadana, criminalidad transnacional y delitos en todas sus manifestaciones en el territorio nacional, que contribuya a la toma de decisiones, implementación y evaluación de políticas adoptadas en materia de seguridad estatal; cuando sea necesario la comparación de datos con otros países.

II.

Sistematizará toda la información y estadística referente a delitos de sustancias controladas.

III.

Su estructura, funciones y dependencia administrativa, serán' establecidas en el reglamento de la presente Ley.

IV.

El Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas implementará el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Estatal (SNISE), que será integrado por entidades públicas, cuyas actividades estén vinculadas a la temática inherente del Observatorio.

V.

Las instituciones públicas y privadas tienen la obligación de proporcionar información oportuna y confiable.

I.

La investigación por delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas, podrá ser iniciada por informes de la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico – DG-FELCN, a través de su unidad especializada, la misma que realizará tareas de investigación e inteligencia.

II.

Dentro de un proceso penal por delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas o delitos conexos, esta unidad deberá realizar tareas coordinadas con la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

a)

Apersonarse ante el Ministerio Público y las autoridades judiciales, para hacer seguimiento de procesos penales, cuando en éstos existan bienes secuestrados, incautados y confiscados por delitos vinculados a tráfico ilícito de sustancias controladas.

b)

Solicitar la incautación de bienes y presentar los recursos que estime necesarios en procesos penales por delitos vinculados a tráfico ilícito de sustancias controladas.

c)

Solicitar a la o el Juez de la causa orden de desalojo de bienes inmuebles incautados y confiscados, salvando derechos de terceros de buena fe.

d)

Administrar los bienes incautados y confiscados relacionados a delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas, hasta el momento de su monetización, transferencia o devolución, asumiendo las medidas de resguardo, cuidado y conservación.

e)

Monetizar los bienes confiscados relacionados a delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas que cuenten con sentencia judicial ejecutoriada, por medio de subasta pública o venta directa, según corresponda, conforme al reglamento.

f)

Monetizar los bienes muebles secuestrados o incautados que sean consumibles, perecibles, fungibles, de difícil conservación o susceptibles de desactualizarse tecnológicamente así como los semovientes, conforme al artículo 59, 60 y 61 de la presente Ley.

g)

Recepcionar las sustancias químicas controladas secuestradas y las provenientes de excedentes por entrega voluntaria a la Dirección General de Sustancias Controladas, para su posterior monetización. La venta directa de estas sustancias se realizará únicamente a personas naturales o jurídicas autorizadas para desarrollar actividades industriales.

h)

Registrar los bienes muebles e inmuebles que estén bajo su administración.

i)

Suscribir contratos de comodato, depósito o custodia de bienes incautados con instituciones estatales y de forma excepcional con personas jurídicas sin fines de lucro, de acuerdo a reglamento.

j)

Solicitar a instituciones públicas o entidades registradoras y financieras, certificaciones e informes necesarios para la administración y monetización de los bienes; mismos que deberán ser emitidos en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, bajo sanción conforme a Legislación Penal.

k)

Informar de manera circunstanciada e inmediata al CONALTID, sobre los bienes confiscados.

l)

Establecer una base de datos actualizada de los bienes secuestrados, incautados y confiscados bajo su administración.

m)

Desarrollar acciones conducentes al cumplimiento de sus funciones.

I.

DIRCABI será responsable de la administración de bienes incautados y confiscados, a partir de su recepción notariada.

II.

Ejecutará las medidas de resguardo, cuidado y conservación de los bienes para su preservación, salvo el deterioro normal que sufran por el transcurso del tiempo o debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito; hasta su monetización, transferencia o devolución.

III.

Adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de su función, pudiendo solicitar apoyo al Ministerio Publico, la fuerza pública, gobernaciones, municipios y otros.

IV.

Para el desempeño de sus funciones contará con recursos materiales y humanos suficientes, además de los recursos provenientes de la monetización de bienes que le corresponde por Ley.

V.

Elaborará informes anuales que incluyan los inventarios actualizados, documentados sobre los estados de los bienes incautados y confiscados.

VI.

Se establecerá un mecanismo para la reposición de los gastos administrativos, ocasionados por administración de bienes, de acuerdo a reglamentación.

I.

La o el Fiscal a cargo de la investigación en el proceso penal por delitos de sustancias controladas, una vez secuestrados los bienes deberá proporcionar a la autoridad-judicial la información suficiente para el registro de la anotación preventiva, bajo responsabilidad.  

II.

En caso de bienes sujetos a registro, la autoridad judicial deberá resolver, a solicitud de las partes, si corresponde la anotación preventiva del bien mediante resolución judicial, en un plazo improrrogable de tres (3) días hábiles. 

III.

En todos los casos, el Ministerio Público tendrá la responsabilidad de solicitar fundadamente la anotación preventiva de los bienes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación, con la resolución judicial. 

IV.

DIRCABI con la notificación de un proceso por de titos de sustancias controladas, donde existen bienes comprometidos, podrá solicitar fundadamente al Ministerio Público la anotación preventiva de dichos bienes.

V.

La anotación preventiva deberá ser ejecutada por el representante del Ministerio Público en el plazo establecido, bajo responsabilidad.

VI.

La anotación preventiva de medios de transporte público presuntamente utilizados como instrumento, no procederá hasta que el Ministerio Público cuente con los suficientes elementos de convicción que establezcan la participación del titular de los mismos en el hecho ilícito.

I.

Los bienes muebles, inmuebles, dineros y valores incautados en procesos por delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas, quedarán bajo responsabilidad única y exclusiva de DIRCABI, a quien se le deberá entregar físicamente con acta notariada y copia legalizada de la resolución que determine su incautación.

II.

Esta entrega se la deberá realizar cumpliendo las formalidades establecidas en el Régimen de Bienes Secuestrados, Incautados y Confiscados, bajo responsabilidad.

III.

En los casos que la o el Juez disponga la incautación de bienes inmuebles y éstos no cuenten con partida de registro en Derechos Reales, ordenará el registro preventivo del bien inmueble a nombre de DIRCABI, hasta que se determine el destino final del bien, debiendo precederse a su registro definitivo a favor del Estado a nombre del CONALTID, en caso de confiscación.

IV.

En el caso que la o el Juez disponga la devolución del bien inmueble incautado, se procederá con la cancelación del registro preventivo.

V.

En los casos que se disponga la incautación de un predio en zonas rurales y que no cuenten con registro en él Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA, la autoridad judicial ordenará a dicha institución, ejecute las medidas precautorias sobre el bien, hasta que la autoridad judicial notifique al INRA, con la confiscación o la devolución del bien.

I.

Declarada la incautación o confiscación de los bienes en cualquier etapa procesal, la o el Fiscal asignado deberá entregar el bien en cinco (5) días hábiles.

II.

La o el Fiscal liendra un plazo de cinco (5) días para presentar requerimiento dirigido a la Policía Boliviana, para que ésta en el plazo de diez (10) días hábiles entregue los bienes a DIRCABI, a efectos de su administración.

I.

Al momento de declararse la confiscación de bienes muebles e inmuebles que no cuenten con registro de propiedad, la autoridad judicial ordenará a los registros públicos su inscripción a favor del Estado a nombre del CONALTID, para lo cual proporcionará la información suficiente, que permita la correcta identificación del bien.

II.

Los trámites inherentes a la inscripción o cancelación en los registros públicos, estarán exentos del pago de tributos, tasas y valores.

III.

En el caso de aeronaves, la Dirección General de Aeronáutica Civil, emitirá la matrícula correspondiente a nombre del CONALTID.

IV.

Las deudas tributarias sobre bienes confiscados en favor del Estado, se declararán extinguidas.   

V.

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) deberá notificar a DIRCABI el inicio de saneamiento en áreas donde identifique predios con medidas precautorias o de confiscación dentro de procesos penales por delitos de sustancias controladas.

I.

En los casos previstos en el Código de Procedimiento Penal se procederá a la confiscación a favor del Estado, de bienes muebles, dineros y valores, que hayan sido instrumento, medio, producto, resultado o utilizados; y de bienes inmuebles que hayan sido producto o resultado de la comisión de delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas; los cuales serán registrados a nombre del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas – CONALTID; para esto la autoridad, jurisdiccional dispondrá en su resolución que las instituciones encargadas del registro lo hagan, con copia legalizada de dicha resolución; la administración quedará bajo responsabilidad única y exclusiva de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados – DIRCABI, a quien se le deberá entregar físicamente con acta notariada y copia legalizada de la resolución que determina la confiscación de dichos bienes. 

II.

Esta entrega se la deberá realizar cumpliendo las formalidades establecidas en el Régimen, de Bienes Secuestrados, Incautados y Confiscados de la presente. Ley, bajo responsabilidad.  

I.

La disposición anticipada es una forma de administración que se aplica sobre los bienes incautados bajo administración de DIRCABI, con el objetivo de precautelar el valor del bien hasta que se disponga su destino final mediante Resolución Judicial Ejecutoriada.

II.

La disposición anticipada se realizará bajo las siguientes modalidades:

III.

La disposición anticipada, podrá ser efectuada en cualquier momento del proceso, hasta antes de la sentencia ejecutoriada, sin necesidad de consentimiento del titular del bien; debiendo tomarse los recaudos de conservación y preservación necesarios.

IV.

La disposición anticipada de los bienes deberá cumplir los requisitos y condiciones establecidos en el reglamento de DIRCABI.

V.

El dinero generado por la subasta pública o venta directa debe ser depositado en la cuenta de DIRCABI, asegurando su valor e intereses hasta que la autoridad judicial determine su destino final. 

VI.

Los gastos erogados por DIRCABI, para la firma de contratos con instituciones estatales y de forma excepcional con personas jurídicas sin fines de lucro, deberán ser repuestos por los beneficiarios.

I.

La disposición definitiva es una forma de administración, que se aplica sobre los bienes confiscados, cuando exista una resolución judicial debidamente ejecutoriada.   

II.

La disposición definitiva se aplicará bajo las siguientes modalidades:

III.

Los dineros provenientes de la aplicación de las modalidades descritas en el Parágrafo precedente, serán distribuidos conforme lo establecido en el Artículo 63 de la presente Ley.

I.

Los bienes confiscados por los delitos de sustancias controladas, así como el producto de su monetización, serán destinados a la Lucha Integral Contra el Narcotráfico y para cubrir los gastos de administración de DIRCABI.

II.

Los ingresos obtenidos de la monetización, serán distribuidos de la siguiente manera:

III.

Hasta el Cinco por ciento (5%) de los recursos destinados a la UELICN, podrán ser asignados al pago de informantes.

IV.

El proceso de distribución de los, recursos será establecido mediante Reglamento.

I.

La acción de pérdida de dominio de bienes a favor del Estado, es de naturaleza jurisdiccional, especial e independiente de cualquier otra acción judicial o administrativa.

II.

La acción de pérdida de dominio de bienes a favor del Estado, se ejercerá en cualquier momento, por ser bienes de procedencia ilícita vinculados a actividades de tráfico ilícito de sustancias controladas que no pueden configurar un derecho de propiedad por carecer de título legítimo; y se sustanciará por las disposiciones contenidas en la presente Ley, Convenios y Tratados Internacionales.

III.

El Estado garantiza y respeta los derechos adquiridos de buena fe en la acción de pérdida de dominio de bienes. 

IV.

Para iniciar la acción de pérdida de dominio de bienes a favor del Estado, no es necesario que el titular del derecho, poseedor o tenedor del bien, haya participado en la actividad ilícita que compromete los bienes, ya que es independiente de la existencia de un proceso penal por delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas. 

V.

La muerte del titular, poseedor, tenedor o de la persona que se haya beneficiado o lucrado con bienes de procedencias ilícitas o vinculadas a actividades de tráfico ilícito de sustancias controladas, no extingue la acción de pérdida de dominio de bienes en favor del Estado.

I.

Se crean los Juzgados Especializados en Pérdida de Dominio, los cuales tendrán competencia para conocer y resolver procesos de pérdida de dominio de bienes ilícitos por actividades de tráfico de sustancias controladas.

II.

La ubicación de los Juzgados Especializados en Pérdida de Dominio será determinada por la entidad responsable previa evaluación de las necesidades.

a)

Ministerio Público, quien es responsable de investigar, interponer, promover y concluir los procesos de pérdida de dominio sobre la base de los elementos colectados.

b)

El Afectado, es la persona natural o jurídica contra quien se dirige la acción de pérdida de dominio de bienes vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas a favor del Estado.

a)

Acceso a las actuaciones procesales, directamente o a través de la asistencia y representación legal, desde la materialización de las medidas cautelares reales o desde la notificación con la acción de pérdida de dominio de bienes a favor del Estado.

b)

Conocer los hechos y fundamentos que sustentan el proceso.

c)

Presentar, ofrecer, producir pruebas e intervenir ampliamente en el proceso en resguardo de sus derechos para acreditar el origen lícito de los bienes.

d)

Pronunciarse sobre los hechos alegados en la acción.

I.

DIRCABI podrá actuar dentro del proceso de Pérdida de Dominio como entidad responsable de la administración de bienes objeto de Pérdida de Dominio a favor del Estado, cuando le asista un interés legal a partir de su notificación con la acción presentada por el Ministerio Público.

II.

En los casos donde DIRCABI tenga conocimiento e información fehaciente de la existencia de bienes de origen ilícito vinculados a actividades de tráfico ilícito de sustancias controladas, en el término máximo de dos (2) días denunciará por escrito al Ministerio Público.

a)

Etapa Pre Procesal. Inicia a partir del momento en que el Ministerio Público pone en conocimiento de la o el Juez Especializado el informe de inicio de acciones para la identificación e individualización de los bienes de procedencia ilícita vinculadas a tráfico de sustancias controladas y de los titulares, poseedores o tenedores; y concluye con la formalización de la acción de pérdida de dominio. 

b)

Etapa Procesal. Inicia con la admisión de la acción de pérdida de dominio hasta la emisión de la sentencia.

1.

De oficio, en los casos que sean remitidos por la o el Fiscal a cargo de los procesos penales relacionados con el tráfico ilícito de sustancias controladas cuyo Informe de Acción Directa o de Intervención de la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (DG – FELCN) consigne uno o varios bienes. Este Informe deberá ser puesto a conocimiento del Fiscal Especializado en la Acción de Pérdida de Dominio en el plazo de dos (2) días.

Los informes de Acción Directa o de Intervención de la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (DG – FELCN), en los que existan bienes muebles e inmuebles, valores, dinero o joyas, deberán establecer el relato circunstanciado del operativo, indicación del nombre d6 las personas arrestadas o aprehendidas, cantidad de sustancias controladas y descripción de los bienes y su ubicación exacta; además se respaldara el Informe acompañando un álbum fotográfico.

2.

A denuncia de las entidades coadyuvantes o, cualquier persona natural, adjuntando documentación o información relativa a bienes de procedencia ilícita derivadas o vinculadas a actividades de tráfico ilícito de sustancias controladas.

I.

La o el Fiscal Especializado en pérdida de dominio, previa valoración de los Informes de Acción Directa o de Intervención de la DG-FELCN que le hayan sido remitidos o de la denuncia presentada por las entidades coadyuvantes o cualquier persona natural, en el plazo improrrogable de dos (2) días pondrá en conocimiento del Juzgado Especializado el inicio de la etapa pre procesal, adjuntando al mismo la documentación respectiva y si fuere el caso el álbum fotográfico, actuación que marcará el inicio de la etapa pre procesal.

II.

La etapa pre procesal tiene los siguientes fines:

I.

El Ministerio Público podrá emitir Resolución de Archivo previa motivación fáctica, jurídica y probatoria, en cualquier momento que verifique alguna de las siguientes circunstancias: 

II.

El Ministerio Público pondrá en conocimiento de la o el Juez Especializado y DIRCABI, la Resolución de Archivo que emita, en el plazo de dos (2) días hábiles. La DIRCABI podrá oponerse en el plazo de cinco (5) días hábiles. El trámite de la oposición seguirá el procedimiento y los plazos de la objeción previstos en el Código de Procedimiento Penal.

III.

El Ministerio Público podrá emitir Resolución de Desarchivo dentro del plazo de un (1) año de archivado el caso, si surgen nuevos elementos de prueba que permitan desvirtuar las causales establecidas en el Parágrafo I del presente Artículo.

IV.

Las denuncias que sean recepcionadas por el Ministerio Público y carezcan de sustento o sean infundadas, serán rechazados mediante Resolución de Archivo.

I.

La diligencia de citación con la acción de pérdida de dominio podrá ser declarada nula, si el domicilio en el que se practicó resultare ser falso o inexistente, impidiendo su finalidad.

II.

No obstante, la diligencia de citación será válida, si la misma cumplió con el objeto procesal al que estaba destinada.

a)

Las providencias de mero trámite admitirán recurso de reposición el cual deberá ser planteado y resuelto en la misma audiencia.

b)

La resolución que declare improbadas las excepciones planteadas, admitirá recurso de apelación en el efecto diferido sin recurso ulterior, en cuyo caso se limitará al simple anuncio del recurso, reservándose su interposición y fundamentación en forma conjunta en apelación de la sentencia.

c)

La resolución que declare probadas las excepciones admitirá recurso de apelación en el efecto suspensivo, el cual podrá ser planteado por escrito en un plazo de tres (3) di as hábiles.

d)

Los autos interlocutorios simples como el que admita o deniegue la aplicación de las medidas cautelares reales, serán objeto de impugnación en el efecto diferido.

a)

La Pérdida de Dominio, cuando el Ministerio Público haya demostrado la o las causales de aplicación de la pérdida de dominio, que dio origen a la acción, conforme a la presente Ley;

b)

La Pérdida de Dominio en Parte, cuando el Ministerio Público demuestre la aplicación de la pérdida de dominio sobre alguno o algunos de los bienes, acciones o derechos sujetos al proceso. En este caso, la o el Juez deberá individualizar cada uno de los bienes;

c)

Improcedente, cuando el Ministerio Público no haya demostrado que los bienes sean objeto de pérdida de dominio o la prueba aportada por el afectado o terceros de buena fe, desvirtúen la pretensión de pérdida de dominio, en cuyo caso se determinará la cesación de todas las medidas cautelares reales y la devolución de los bienes, acciones o derechos correspondientes o el producto de su monetización.

I.

Posterior al saneamiento de los actos procesales, en la misma audiencia por su tumo las partes podrán rarificar la acción y en su caso también la contestación.

II.

Las partes procesales producirán todos los medios de pruebas ofrecidos y propuestos en la acción y en la respuesta, no siendo admisible ningún otro medio, salvo prueba de reciente obtención.

III.

En esta fase procesal la o el Juez dará lugar a la intervención del tercero de buena fe para que acredite su interés legítimo y produzca todos los elementos de prueba en los que funda su derecho.

IV.

Concluida la producción de prueba las partes procesales podrán formular su fundamentación conclusiva.

V.

Si una de las partes o el tercero dé buena fe, demuestra la ilicitud de una de las pruebas ofrecidas y producidas, esta deberá ser rechazada por la autoridad judicial, por carecer de eficacia probatoria.   

a)

Recepción de prueba las excepciones que hubieren sido pedidas al momento de oponerse. 

b)

Emisión de Resolución de las excepciones planteadas, por el afectado, mediante Auto Interlocutorio.

c)

Si la Resolución declara probada la excepción de litis pendencia, se ordenará la acumulación al proceso que hubiese iniciado primero.

d)

Si la Resolución declara probada la excepción de incompetencia, la o el Juez ordenará de oficio la remisión de obrados a la autoridad competente en el plazo de un (1) día hábil.

e)

Si la Resolución declara probada la excepción de acción defectuosamente propuesta, se determinará la imposibilidad temporal de continuar su tramitación o prosecución de la acción.

I.

La decisión judicial de pérdida de dominio del bien en favor del Estado se tomará en audiencia oral, pública, contradictoria, continúa y con inmediación a desarrollarse de manera ininterrumpida todos los días y horas hábiles de la semana, pudiendo la o el Juez habilitar días y horas extraordinarias.

II.

El afectado comparecerá en forma personal o mediante apoderado.

III.

En caso de inasistencia del abogado defensor, el afectado deberá ser asistido por un defensor de oficio en forma inmediata.

IV.

Si las partes o una de ellas no asistiere justificadamente, la o el Juez en el acto, señalará por única vez nuevo día y hora dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, pudiendo la autoridad jurisdiccional habilitar para esta nueva audiencia días y horas extraordinarias.       

V.

Si las partes o una de ellas no justifica su inasistencia a la audiencia, la misma será instalada prosiguiendo el curso regular del proceso sin perjuicio de la responsabilidad para el ausente.  

I.

Si vencido el plazo para la respuesta, el afectado no compareciere, a petición de parte se declarará su rebeldía designándose defensor de oficio, quien ejercerá la defensa del afectado y velará porque se observen las garantías del debido proceso.

II.

El apersonamiento del defensor de oficio no interrumpirá, ni prolongará el plazo determinado para convocar a audiencia.

III.

Declarada la rebeldía, las notificaciones posteriores al defensor de oficio se efectuarán de acuerdo al Artículo 103 de la presente Ley, salvo la notificación con la sentencia definitiva, la cual se realizará mediante edicto como se establece en el Artículo 101 de la presente Ley.   

IV.

El rebelde podrá comparecer en cualquier estado del proceso para asumir su defensa, sin retrotraer el trámite.

I.

Una vez notificada, la parte afectada deberá responder en el plazo de quince (15) días hábiles.

II.

En la respuesta el afectado podrá reconocer o negar algunas o todas las pretensiones del Ministerio Público, exponiendo los fundamentos de hecho y de derecho, debiendo acompañar todos los documentos, medios de prueba u ofrecerlas para su producción en el proceso.

III.

En la respuesta el afectado podrá reconocer o negar algunas o todas las pretensiones del Ministerio Público, exponiendo los fundamentos de hecho y de derecho, debiendo acompañar todos los documentos, medios de prueba u ofrecerlas para su producción en el proceso.

IV.

Si a momento de responder la acción el afectado reconociere todos los hechos, la o el Juez emitirá sentencia, sin necesidad de otra prueba ni trámite, en el plazo máximo de tres (3) días hábiles.

V.

Si el afectado reconociere sólo una parte de los hechos, se continuará con la tramitación del proceso debiendo resolverse en audiencia.

a)

La indicación de la autoridad judicial ante la que se interpone la acción de pérdida de dominio.

b)

El nombre del afectado y su domicilio real o el lugar dónde puede ser notificado.

c)

El bien o bienes objeto de la acción de pérdida de dominio debidamente identificado e individualizado. 

d)

La relación circunstanciada de los hechos en los que se fundare la pretensión, enumerándolos y describiéndolos con claridad y precisión.

e)

Establecimiento de la causal o causales invocadas, enumerándolas con claridad y precisión.

f)

Los medios de prueba que respaldan la pretensión de pérdida de dominio o la proposición indicando el lugar donde se encuentran y solicitando su incorporación al proceso.

I.

Tratándose de afectados cuyo domicilio no pudiera establecerse o determinarse, el Ministerio Público solicitará su citación mediante edictos. El edicto se publicará por dos (2) veces con intervalo de cinco (5) días hábiles, en un periódico de circulación nacional y otro a nivel local.

II.

Se difundirá por un medio de comunicación radial local, los datos del proceso por dos (2) días seguidos.

III.

Si la parte afectada no compareciere en el plazo de quince (15) días hábiles, contados desde la última publicación, se le designará defensor de oficio, con quien se entenderán ulteriores actuaciones. Es obligación del defensor asignado, la defensa y seguimiento de la causa hasta la conclusión del proceso.

I.

La citación deberá practicarse en forma personal al afectado entregándole copia de la acción y su admisión, lo cual deberá constar en la diligencia respectiva, con indicación del lugar, fecha, hora y con firma del afectado, así como del servidor público responsable de realizar dicha diligencia.

II.

Si el afectado rehusare, ignorare o estuviere imposibilitado para firmar, se hará constar la diligencia con intervención de un testigo, debidamente identificado, que no esté vinculado a los sujetos procesales y quien firmará también la diligencia. En caso de evidenciarse duplicidad de domicilio la notificación se hará en ambos.

III.

Si el afectado no fuere encontrado, el servidor público o el comisionado, dejará la notificación en la puerta del domicilio real del afectado, con intervención de un testigo debidamente identificado y firmará también en la diligencia, debiendo realizar informe adjuntando fotografía de la diligencia practicada.

IV.

En los casos anteriores, el servidor público o el comisionado, deberá acompañar a la diligencia de notificación una fotografía del inmueble en la que se practicó la diligencia, agregando además un croquis de ubicación.

V.

Si la parte afectada tuviere su domicilio fuera de la jurisdicción territorial de la autoridad judicial, será notificada conforme al Artículo 137 del Código de Procedimiento Penal.

I.

Sin perjuicio de las reglas de citación establecidas en la presente Ley, se publicará mediante edicto la acción y el Auto de Admisión en un periódico de circulación nacional y otro a nivel local por dos (2) veces con intervalo de cinco (5) días hábiles para conocimiento de terceros de buena fe.

II.

Se difundirá mediante un medio de comunicación radial local, los datos del proceso por dos (2) días seguidos.   

III.

La lista de los bienes objeto de la acción de pérdida de dominio, deberá ser publicada en el sitio web de la Fiscalía General del Estado de forma permanente.

I.

La sentencia que declare la pérdida de dominio o la pérdida de dominio en parte determinará la pérdida de los derechos, principales o accesorios a favor del Estado a nombre del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas – CONALTID.

II.

Emitida la sentencia se notificará a las partes en la misma audiencia, debiendo entregar una copia escrita en el plazo de tres (3) días hábiles para efectos legales, salvo el caso de declaratoria de rebeldía, en cuyo caso la notificación se realizará mediante edicto conforme se tiene previsto en el Artículo 101 de la presente Ley.

III.

Si en la sentencia se reconocieren derechos de terceros de buena fe con efecto excluyente del bien, se dispondrá la entrega del mismo o el producto de su monetización según fuere el caso y en la parte que corresponda.

IV.

Si se reconocieren acreedores prendarios o hipotecarios sobre, los bienes que fueron declarados a favor del Estado, con el producto de la monetización se pagarán las acreencias en los términos que indique la sentencia.

V.

La o el juez, en caso de los bienes muebles e inmuebles que no cuenten con registro de propiedad o antecedente dominial, ordenará a los registros públicos competentes su inscripción a favor del Estado a nombre del CONALTID, para lo cual proporcionará la información, que permita la correcta identificación del bien.

VI.

Los trámites inherentes a la inscripción en los Registros Públicos, estarán exentos del pago de tributos, tasas y valores.

I.

Las partes procesales podrán solicitar aclaración, enmienda y complementación de la Sentencia emitida en audiencia en el plazo de un (1) día hábil a partir de la notificación de forma escrita. Si se solicitara aclaración, enmienda y complementación a la resolución en la audiencia, ésta será resuelta en la misma.

II.

La aclaración, enmienda o complementación no podrá alterar lo sustancial de la decisión principal.

III.

Los errores materiales numéricos, gramaticales o mecanografícos podrán ser corregidos de oficio o a petición de partes, aún en ejecución de sentencia.

I.

La sentencia emitida en el proceso de pérdida de dominio que alcance su ejecutoria tendrá el valor de cosa juzgada material; ningún Juez o Tribunal ordinario puede declararse competente para su revisión.

II.

La sentencia ejecutoriada que declare la pérdida de dominio o su improcedencia, levantará todas las medidas precautorias que pesaren sobre el bien.

a)

Notificar con requerimiento fiscal; o

b)

Notificar con la Sentencia.

I.

La sentencia podrá ser recurrida en apelación, en única instancia, en el plazo de cinco (5) días computables desde su notificación por escrito. El recurso admitido tendrá efecto suspensivo.

II.

En el caso de haberse opuesto recurso de apelación contra la resolución que resolvió las excepciones, concedido el mismo en el efecto diferido, su fundamentación junto a la apelación de la sentencia, se correrán en traslado a la parte demandante. Si la sentencia no fuere apelada por la misma, el anuncio de apelación del auto interlocutorio con efecto diferido se tendrá por retirado.

III.

En el plazo de cinco (5) días hábiles de corrido el traslado con la notificación, se deberá contestar la apelación.

IV.

Vencido el plazo para la contestación, en el término de un (1) día hábil, de oficio deberá ser remitido ante el Tribunal de Alzada.    

a)

Cuando injustificadamente se haya negado la producción de la prueba ofrecida.

b)

Cuando la sentencia se base en elementos o medios probatorios no producidos en la audiencia.

c)

Cuando no exista fundamentación en la sentencia o que la misma sea claramente contradictoria.

d)

Cuando en la sentencia exista una interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo.

e)

Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho.

I.

Concedido el recurso, el Tribunal de Alzada decretará la radicatoria de la causa, señalando audiencia a realizarse en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles para la fundamentación de la causal de su apelación. Si el Tribunal viera por conveniente podrá hacer uso de su facultad de mejor proveer.

II.

Concluida la fundamentación se nombrará Vocal Relator para que en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, emita el Auto de Vista que resuelva la apelación.

III.

Una vez pronunciado el Auto de Vista, se notificará a las partes, en Secretaría.

I.

La revisión de la sentencia procede contra la Sentencia Ejecutoriada que determine la pérdida del dominio, en los siguientes casos:

II.

La revisión de sentencia podrá interponerse en el plazo de un (1) ano computable desde la notificación con la ejecutoria de la sentencia; sin embargo, si durante un año no se hubiere fallado aun en el proceso dirigido a la comprobación de las causales señaladas en el Parágrafo I, bastara que dentro de este plazo se hiciere protesta formal de usar el recurso, el cual deberá ser formalizado en el plazo fatal de sesenta (60) días computables desde la ejecutoria de la sentencia pronunciada en dicho proceso.

I.

La Revisión de la Sentencia se presentará por escrito ante el Tribunal Supremo de Justicia y deberá contener:

II.

La autoridad competente para resolver la Revisión de la Sentencia será el Tribunal Supremo de Justicia a través de su Sala Penal de Turno.

III.

Revisado el cumplimiento de requisitos de admisibilidad se dictará Auto de Radicatoria y se procederá a la notificación de las partes, las cuales tendrán diez (10) días hábiles para contestar la misma.

IV.

La Sala Penal de Tumo emitirá Auto Supremo en el plazo de diez (10) días hábiles que podrá ser: