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Decreto Supremo 4872
2 de Febrero, 2023
Vigente
Versión original
LUIS ALBERTO ARCE CATACORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.-
Con la finalidad de fortalecer la lucha efectiva y decidida contra la corrupción en todos los niveles del Estado y la promoción y consolidación de una gestión pública transparente, se aprueba la Política Plurinacional de Lucha Contra la Corrupción "Hacia una nueva gestión pública digitalizada y transparente", que en Anexo forma parte indisoluble del presente Decreto Supremo.
DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS
DISPOSICIONES ABROGATORIAS.-
Se abroga el Decreto Supremo Nº 0214, de 22 de julio de 2009.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.-
La aplicación del presente Decreto Supremo no implica la asignación de recursos adicionales del Tesoro General de la Nación - TGN.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Transparencia Institucional, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los dos días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.
FDO. LUIS ALBERTO ARCE CATACORA, Maria Nela Prada Tejada MINISTRA DE LA PRESIDENCIA E INTERINA DE RELACIONES EXTERIORES, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, Edmundo Novillo Aguilar, Sergio Armando Cusicanqui Loayza, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Franklin Molina Ortiz, Néstor Huanca Chura, Edgar Montaño Rojas, Ramiro Félix Villavicencio Niño De Guzmán, Iván Manolo Lima Magne, Verónica Patricia Navia Tejada, Jeyson Marcos Auza Pinto, Juan Santos Cruz, Edgar Pary Chambi, Remmy Rubén Gonzales Atila, Sabina Orellana Cruz.
POLÍTICA PLURINACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
“HACIA UNA GESTIÓN PÚBLICA DIGITALIZADA Y TRANSPARENTE”
1. INTRODUCCIÓN
Mediante Decreto Supremo Nº 0214, de 22 de julio de 2009, y en el marco del Artículo 8 de la Constitución Política del Estado, se aprobó la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, con el objetivo de articular acciones para lograr una gestión pública transparente, y materializar las directrices vigentes en la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción y la Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción. Ambas Convenciones presentan como ejes estratégicos, la adopción de medidas preventivas, la penalización de hechos de corrupción, el fortalecimiento de mecanismos de cooperación internacional, la efectiva recuperación de activos, la asistencia técnica entre Estados parte y el intercambio de información.
Para la aplicación de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se creó el marco institucional competente y se aprobaron leyes destinadas a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción. Este marco normativo se compone por la Ley N° 004,de 31 de marzo de 2010, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”; Ley N° 341,de 5 de febrero de 2013, de Participación y Control Social; Ley N° 458,de 19 de diciembre de 2013, de Protección de Denunciantes y Testigos; Ley N° 974, de 4 de septiembre de 2017, de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; y Ley N° 1390, de 27 de agosto de 2021, de Fortalecimiento Para la Lucha Contra la Corrupción.
Durante la gestión 2021, el Gobierno Nacional, mediante Ley N° 1407,de9 de noviembre de 2021,aprobó el Plan de Desarrollo Económico y Social2021 -2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, en cuyo Eje 7 se define la meta de Impulsar el Acceso a la Justicia Social y Reparadora para Todas y Todos sobre la Base de la Reforma del Sistema Judicial y de una Gestión Pública Transparente que Lucha Frontalmente Contra la Corrupción.
Los resultados del Plan de Desarrollo Económico y Social–PDES en materia de transparencia y lucha contra la corrupción se orientan al fortalecimiento de la lucha efectiva y decidida contra la corrupción en la administración pública en todos los niveles del estado, y la promoción y consolidación de una gestión pública transparente a través dela publicación de información de las instituciones y empresas públicas.
Las acciones que permitirán alcanzar los resultados propuestos son el desarrollo e implementación de un sistema de Gestión de Riesgos para identificar áreas vulnerables a la corrupción en las instituciones, mejora en la gestión de denuncias sobre posibles hechos de corrupción a través del desarrollo de un Sistema de Gestión de Denuncias de Corrupción en Línea, implementación de instrumentos para la prevención y lucha contra la corrupción dirigido al sector privado y al sistema educativo, compatibilización de Códigos de Ética de las entidades públicas, desarrollo de un sistema de verificación de oficio de las Declaraciones de Bienes y Rentas Interoperable, un sistema de seguimiento y gestión de procesos penales, el desarrollo de un Sistema Parametrizado de Rendición Pública de Cuentas y publicación de información Institucional en los portales Web de las entidades y empresas públicas.
El PDES plantea nuevos desafíos en la lucha contra la corrupción, cuyos resultados esperados requieren que la Política Nacional sea actualizada y se constituya en una nueva directriz que permita lograr los objetivos a mediano plazo, considerando que los ejes de trabajo planteados en el Decreto Supremo Nº 0214, se han cumplido, y que la actual coyuntura nos presenta un escenario en el que las Tecnologías de Información y Comunicación, nos ofrecen herramientas para mejorar la gestión pública, incluso a distancia, con mayores posibilidades de acceso a la información para la ciudadanía, y por tanto, de articular con la sociedad los mecanismos de prevención y lucha.
La presente Política Nacional responde a la declaratoria de prioridad nacional sobre la promoción del uso de las tecnologías de información y comunicación para procurar el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos señalada en la Ley N° 164, de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación.
2. OBJETIVO DE LA POLÍTICA PLURINACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN HACIA UNA GESTIÓN PÚBLICA DIGITALIZADA Y TRANSPARENTE
El objetivo de la presente Política es fortalecer la lucha efectiva y decidida contra la corrupción en todos los niveles del Estado y la promoción y consolidación de una gestión pública transparente, a partir de una gestión pública digitalizada, el desarrollo e implementación de sistemas de gestión de riesgos, gestión de denuncias, verificaciones patrimoniales interoperables, rendiciones públicas de cuentas, así como la gestión y seguimiento de procesos penales; articular a los sectores de la sociedad, a través del compromiso del sector privado, la gestión de herramientas educativas en todos los niveles de la educación regular, de formación profesional y de especialidad en materia de transparencia; la estandarización de procedimientos y normas de transparencia y ética en las entidades públicas, para lograr resultados de impacto, medibles y comparables, que permitan la toma oportuna de decisiones optimizando los mecanismos de prevención y lucha.
3. MARCO CONCEPTUAL
Para ingresar al análisis de los fundamentos conceptuales de la política, es necesario hacer algunas precisiones de los términos empleados en el presente documento.
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Compromiso de Ética.-Es un conjunto de preceptos de carácter moral que guían las acciones y comportamiento de las servidoras y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. La nueva corriente en materia de prevención recomienda que dichos principios se incorporen en un documento declarativo para fortalecer la integridad en cualquier organización; |
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Compliance.- Referido al Corporate Compliancey entendido como “cumplimiento normativo”, es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones privadas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos; |
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Sistema de Gestión de Riesgos.- Entendido como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de un daño o pérdida en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, que permite generar efectos de corto o mediano plazo y apuntan a la responsabilidad de los actores. Por esta razón, la prevención radica en la posibilidad de medir estos efectos con anticipación, a través de herramientas y metodologías estandarizadas. El riesgo es una función de dos variables: la amenaza y la vulnerabilidad, ambas son condiciones necesarias para expresar al riesgo, el cual se define como la probabilidad de pérdidas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha trabajado en lineamientos para desarrollar sistemas de Gestión de Riesgos, que han sido aplicados en Bolivia en sesenta (60) municipios el año 2021; |
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Sistema de Rendición Pública de Cuentas.- Es una herramienta tecnológica, que permite el registro y la publicación de información oficial de las entidades del Estado referidas a presupuesto, recursos humanos, contrataciones, auditorías, servicios, proyectos, entre otros, para un efectivo ejercicio de la participación y control social por parte de la ciudadanía en general; |
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Justicia Restaurativa.- También llamada justicia reparadora, es un modelo alternativo de solución a un conflicto penal, cuyo objetivo es buscar la reparación integral del daño causado al Estado, sea económico, material e incluso moral, por parte del sindicado; |
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Colaboración Eficaz.- Es la colaboración de manera efectiva por parte de una persona imputada, que permite obtener información esencial y útil, para evitar la consumación de un hecho o perpetración de otros, que se materializa mediante la solicitud del fiscal al juez. |
4. PRINCIPIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA
Los principios aplicables a la presente Política Plurinacional, las líneas de acción propuestas y sus componentes han sido planteados para dar consistencia metodológica al documento, reconocen las corrientes modernas en transparencia, y para efectos del presente documento son los siguientes:
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Amplia cooperación interinstitucional.- Es la relación y articulación que se establece entre dos o más instituciones, con el objetivo de alcanzar metas consensuadas y comunes, en un marco de respeto mutuo y colaboración permanente; |
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Cultura de participación.- Se fundamenta en una comunicación horizontal en la que todos los individuos tienen el mismo poder y la posibilidad de intercambiar ideas, sugerencias, comentarios y experiencias, y trabajar de manera colaborativa; |
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Estandarización.- Es el proceso de ajustar o adaptar características en los procedimientos con el objetivo de que estos se asemejen a un tipo, modelo o norma en común; |
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Gestión pública digitalizada.- Es el proceso por el cual las entidades reorganizan sus métodos de trabajo y estrategias, para lograr eficiencia y la calidad de los servicios, ahorrar costos, y mejorar las relaciones de la entidad con los ciudadanos, a partir de un proceso de modernización de la gestión pública, que incorpora estándares tecnológicos de interacción con los ciudadanos, permite mayor eficiencia, descentralización, inclusión, a partir de un gobierno abierto; |
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Participación digital con el Estado.- Es toda aquella interacción del administrado con el Estado, por medio de la cual se manifiestan quejas, propuestas y sugerencias, a través de herramientas digitales y el uso de tecnologías de información y comunicación; |
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Publicidad y simplicidad.- La transparencia de la gestión pública depende de la publicidad de los actos, resoluciones y procedimientos de la administración, así como facilitar su acceso a cualquier persona. Se debe garantizar, no solo la comunicación, sino la comprensibilidad de la información publicada; |
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Transparencia Activa.- Es la obligación del Estado y las instituciones que componen la Administración Pública de publicar la información de forma periódica, a través de diferentes canales de difusión que aseguren que llegará al ciudadano, de forma comprensible, medible, utilizable para los fines que le beneficien; |
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Transparencia Pasiva.- Es el derecho de la ciudadanía, organizada o no, para solicitar y recibir la información pública que requiera, cuyo derecho está garantizado por un marco normativo, procedimientos expeditos y claros. Esta información debe ser comprensible y orientada a absolver dudas en torno a la gestión pública; |
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Transparencia Colaborativa.- Es la interacción entre la obligación de la Administración Pública de publicar los datos generales e información básica, con el derecho de la ciudadanía a procesarlos para producir nueva información. En este caso, se establecen marcos que generan corresponsabilidad y control ciudadano; |
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Transparencia Efectiva.- Es la articulación entre el marco legal, las acciones y resultados del Estado para promover la participación ciudadana en procesos de rendición pública de cuentas y control social, generando compromiso y corresponsabilidad, así como la posibilidad de evaluación, a través de los mecanismos de difusión de la información. |
5. ENFOQUE DE LA POLÍTICA
El fenómeno de la corrupción no se limita a las esferas del Estado, es un problema transversal que abarca diferentes sectores de la organización social, es por eso que, todos los esfuerzos que se puedan realizar en la lucha y prevención, resultan limitados en sus resultados si no se trabaja en generar compromiso de todos los actores de la sociedad, en este sentido, un primer esfuerzo y logro de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción aprobada mediante Decreto Supremo Nº 0214, fue el de incorporar a la sociedad civil organizada en el control de la gestión pública a partir del mecanismo de Control Social.
Para poder avanzar en este esfuerzo es imperativo incluir en el proceso de prevención a los miembros de la sociedad en formación, y a los actores que se mantienen al margen del problema, generar compromiso de todos los ciudadanos en diferentes ámbitos, los estudiantes deben fortalecer su formación en valores para poder enfrentar una sociedad en la que se ha normalizado el problema de la corrupción y cambiar sus paradigmas para convertirse en actores con responsabilidad; por su parte, las empresas privadas al ser co-actores de los procesos de contratación del Estado deben generar mecanismos de prevención y denuncia oportuna para evitar posibles hechos de corrupción, y finalmente las organizaciones sociales, deben intervenir de forma más activa en el control de los procesos que les benefician a través de un mecanismo de fiscalización objetivo.
En materia de lucha contra la corrupción es importante resaltar que la carencia de datos objetivos de seguimiento y gestión de procesos genera incertidumbre sobre el estado y etapa de los procesos iniciados en el ámbito penal, por lo que la generación de información optimizará el logro de resultados y la recuperación de activos. Dentro de la información relevante en el seguimiento de procesos, se debe incorporar las medidas de salida de oportunidad a través de las figuras de justicia restaurativa y cooperación eficaz.
Se han introducido principios de gestión pública transparente contemporáneos que responden a los desafíos actuales cuya aplicación es transversal en los resultados esperados, los ejes conductores y las metas propuestas que son de mediano plazo y otorgan la posibilidad de aplicar planes anuales con indicadores de seguimiento de corto plazo.
6. DESAFÍOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE POLÍTICA
A partir de la necesidad de sistematizar la información generada, tanto en el resultado de las medidas aplicadas, como en su efectividad, se presentan los principales desafíos de mediano plazo, que se ha propuesto el Estado Plurinacional de Bolivia en los documentos de planificación correspondientes para prevenir y luchar contra la corrupción:
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El desarrollo de un Sistema de Gestión de Riesgos en materia de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción es una tarea interinstitucional, que se requiere compartir desde un sistema interoperable, que permita a cada institución pública identificar áreas vulnerables a riesgos de corrupción, implementar políticas de prevención, medidas correctivas o mecanismos de control según la naturaleza del riesgo. El sistema de gestión de riesgos debe ser implementado por el Estado, para prevenir hechos de corrupción y generar prueba objetiva en los casos en los que el hecho se hubiera consumado, con la finalidad de iniciar procesos penales documentados, y asegurar un resultado eficiente en su tramitación; |
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La modificación del Procedimiento de Gestión de denuncias debe alcanzar a las Unidades de Transparencia de las entidades del sector público, a partir de un rediseño en el Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción –SITPRECO, que permita uniformar el flujo y procedimiento de la gestión de investigación de dichas denuncias en la vía administrativa, generar reportes estadísticos y monitorear los resultados de las investigaciones; |
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Toda vez que el Sistema Integral de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado –SIIARBE, consume información proporcionada por los diferentes registros y entidades públicas que generan información, y teniendo en cuenta que el inciso c) del Artículo6del Decreto Supremo N°2065,de 23 de julio de 2014, establece que dicho Sistema debe intercambiar información en línea con las entidades especializadas en la lucha contra la corrupción, esta instancia requiere ser fortalecida para que la misma sea compartida de forma efectiva en la investigación de hechos vinculados al enriquecimiento ilícito, verificación de procesos de contratación y verificación parametrizada de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas. Se prevé la implementación de un sistema de verificación de Declaraciones Juradas, parametrizado, interoperable y de alerta temprana; |
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Los registros de documentos y datos digitales deben permitir una integridad y consistencia de la información, que posibilite verificar la posteriormente con grado de certeza en cuanto a la existencia y orden cronológico de los documentos o datos incorporados en los diferentes sistemas a ser implementados. Un elemento no menos importante es la seguridad de la información interoperable, por lo que deben asegurar mecanismos eficaces para su custodia, registro y niveles de consulta con responsabilidad; |
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En cuanto a las acciones de lucha contra la corrupción, es importante contar con información uniforme en el seguimiento y gestión de procesos penales, para tener información sobre el estado de los casos, ya sea de forma individual o a través de reportes, un comparativo de los tipos penales frecuentes, el avance de los procesos, las sentencias condenatorias y absolutorias, los datos de recuperación de activos y la aplicación de salidas de oportunidad tales como la cooperación eficaz y justicia restaurativa, para mejorar la gestión de procesos penales; |
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El reconocimiento a la participación de la sociedad civil organizada permite plantear desafíos que incluyan a estos actores en dos líneas de acción; la primera referida a la organización de un observatorio en transparencia y lucha contra la corrupción, que a partir de la información parametrizada y sistematizada, establezca mecanismos de evaluación continua y percepción ciudadana, respecto del cumplimiento de las políticas, planes y programas en la materia, así como su incidencia y efecto en la sociedad; la segunda línea de acción se debe trabajar con la red de Jóvenes por la Transparencia, como grupo organizado y proactivo de la sociedad civil organizada y las organizaciones sociales ya constituidas, para encarar procesos de capacitación específicos en materia de contrataciones públicas, y constituir grupos de control y evaluación de proyectos y programas que sean de beneficio directo, tales como la mejora en la infraestructura de educación, el desayuno escolar y otros; |
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Para contar con el apoyo efectivo de otro de los componentes de la sociedad, es importante coordinar con las empresas del sector privado la implementación de mecanismos de compliance que incorporen medidas de control, supervisión, detección temprana y denuncia oportuna en los procesos de contratación en los que participan; asimismo, es importante trabajar en la modificación de las normas de contratación pública para establecer cláusulas anticorrupción, como medida de prevención; |
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Generar mecanismos formales y no formales de educación, que permitan la generación de conciencia ciudadana en la lucha contra la corrupción, considerando que la transmisión de conocimientos no se agota en la simple exposición de la normativa vigente, por lo que es necesario establecer un sistema de formación continuo que incluya ambos mecanismos, manteniendo la formación escolar en los marcos formales de aprendizaje, abarcando también el sistema universitario bajo la premisa de la especialidad; y estableciendo mecanismos no formales para funcionarios públicos y sociedad civil, orientados a la generación de compromiso con la gestión, y la conformación de redes de difusión; |
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En el ámbito de la rendición pública de cuentas e información publicada a través de portales Web institucionales, el desafío consiste en generar articulación entre ambas herramientas para que puedan constituirse en portales de consulta y seguimiento, como un mecanismo de evaluación a corto plazo en el cumplimiento de los objetivos; y brindará a la sociedad, información oportuna de fácil comprensión en un ámbito de transparencia colaborativa; |
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Toda la información generada en la gestión pública debe ser traducida en cifras estadísticas que permitan efectuar estudios comparativos y contribuyan a la toma oportuna e informada de decisiones de las autoridades, para detectar desviaciones y poder ejercer acciones correctivas, generar estudios de impacto y mecanismos de actualización permanentes; |
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Fortalecer la independencia y funcionamiento de las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en el marco de la normativa vigente; |
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Establecer mecanismos para perfeccionar la aplicación efectiva de las figuras de Justicia Restaurativa y Colaboración Eficaz establecidas en la Ley N° 1390; |
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Evaluar y fortalecer la normativa que garantiza la participación y control social para un ejercicio más efectivo de este derecho; |
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Fortalecer el Sistema de Protección de Testigos y Denunciantes por hechos de corrupción, a través del seguimiento y aplicación de la Ley N° 458. |
7. NUEVA POLÍTICA PLURINACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
A trece años de la implementación de la Política Nacional de Lucha Contra la Corrupción, las transformaciones en la estructura del Estado, el uso de tecnologías de la información, los efectos de la falta de interacción social generada por la pandemia, y el cumplimiento de metas y objetivos propuestos en dicho documento, permiten replantear estos lineamientos, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 -2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, que plantea la redistribución del ingreso y reestablece el papel protagónico del Estado en la economía, para alcanzar el horizonte civilizatorio del Vivir Bien.
El Eje 7 de Reforma Judicial, Gestión Pública Digitalizada y Transparente; Seguridad y Defensa Integral con Soberanía Nacional del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, reconoce la importancia de los factores planteados y determina que, para alcanzar los objetivos macro propuestos, en materia de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se deben cumplir los resultados 7.1.1 y 7.1.2 de la meta 7.1, que señalan:
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Meta 7.1 Impulsar el Acceso a la Justicia Social y Reparadora para Todas y Todos sobre la Base de la Reforma del Sistema Judicial y de una Gestión Pública Transparente que Lucha Frontalmente Contra la Corrupción:
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La armónica convivencia que permite al ciudadano vivir bien, no es posible cuando los hechos de corrupción en la gestión pública le restan al ciudadano recursos efectivos para mejorar su calidad de vida, lo que incide negativamente en la redistribución del ingreso. Por otra parte, no es menos importante el hecho de que la falta de gestión o la gestión burocrática se pierde en procesos y procedimientos que no dan respuesta oportuna a los requerimientos de la sociedad.
Los recursos que el Estado distribuye a las entidades territoriales autónomas, deben llegar efectivamente al ciudadano para poder reducir las asimetrías del desarrollo entre regiones, en este sentido la participación ciudadana no se puede restringir a un control social pasivo, es momento de incentivar la participación activa en la gestión pública con información confiable, comprensible, que le permita incidir en las políticas públicas para determinar la satisfacción de sus necesidades, el logro de sus metas personales en su propio proyecto de vida, y a la vez evaluar si estos recursos llegaron efectivamente a cubrir las necesidades insatisfechas en términos reales.
La falta de acceso a la información ha incidido de forma negativa en la participación de la sociedad, debido a que las herramientas hasta ahora utilizadas, no se han simplificado para lograr una atención directa y oportuna al ciudadano. La digitalización de la gestión y la interoperabilidad, permiten que los bolivianos y bolivianas, puedan acceder a los servicios que brindan las entidades públicas de manera remota, sin necesidad de incurrir en gastos excesivos para lograr la atención a sus requerimientos.
La atención a la ciudadanía en materia de gestión de denuncias no solo es importante, hace a la diferencia entre el periodo anterior, y la actual coyuntura, debido a que la gestión pública contemporánea se acerca más al ciudadano y tiene una participación más colaborativa. La lucha efectiva contra la corrupción, en la actualidad, depende de gran manera de la calidad de información con la que se pueda contar para demostrar o descartar un hecho de corrupción; , es necesario que las entidades involucradas y las entidades que generan registros públicos e investigan estos hechos puedan contar con un mecanismo y herramientas de interoperabilidad para lograr resultados eficaces y para determinar responsabilidades, que en última instancia podrían generar un impacto positivo en la recuperación de activos.
La posibilidad de acceso a la información generada a través de registros públicos administrada con responsabilidad se constituye en una herramienta de prevención efectiva, puesto que se limitan las posibilidades de omitir información relevante sobre el patrimonio de quienes administran fondos públicos.
Para complementar estos elementos, no es menos importante preparar al ciudadano desde la edad temprana a identificar hechos de corrupción, basados en valores que, al ser reforzados en toda su escolaridad y formación profesional, se internalizan en la subjetividad y se constituye en una barrera de comportamiento que define un esquema mental basado en la transparencia de sus actos.
8. LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PLURINACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN HACIA UNA GESTIÓN PÚBLICA DIGITALIZADA Y TRANSPARENTE
Para alcanzar los resultados propuestos en el PDES vigente, se plantean las siguientes líneas de acción:
LÍNEA DE ACCIÓN 1.- DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN E INTEROPERABILIDAD
Constituye la digitalización de la información, interoperabilidad entre instituciones y participación digital con el Estado a través de herramientas de gobierno electrónico y el uso de Tecnologías de Información y Comunicación –TICs, con los siguientes componentes:
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a) |
Sistema de Gestión de Riesgos en materia de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción implementada en todas las entidades y empresas públicas, a partir de una base uniforme de registro de posibles desviaciones, alertas tempranas e identificación de efectos adversos de la gestión pública y la ejecución de medidas correctivas en forma oportuna; |
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b) |
Sistema de Gestión de Denuncias en Línea, que consolide y uniforme la atención, procesamiento y conclusión de las denuncias por posibles hechos de corrupción, mediante un registro de orden cronológico con integridad de documentos digitales, evitando el uso de papel y priorizando la trazabilidad digital; |
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c) |
Sistema Interoperable de Verificación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, a partir de la amplia cooperación interinstitucional y basado en la interoperabilidad de sistemas y registros que permitan objetividad y automatización de la investigación patrimonial; |
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d) |
Sistema Parametrizado de Seguimiento y Gestión de Procesos Penales por Delitos de Corrupción y de Legitimación de Ganancias Ilícitas, producto de hechos de corrupción, que permita establecer las etapas procesales, medir el cumplimiento de plazos, establecer objetivamente las acciones efectuadas en cada proceso y registre los datos de recuperación de activos, medidas cautelares reales y otras tendientes a la reparación; así como las salidas de oportunidad aplicables para evaluar la efectividad de los procesos sancionatorios, la oportunidad de la investigación y la eficacia de las sanciones aplicables. Este sistema debe desarrollarse en observancia y cumplimiento de los parámetros del principio y garantía de confidencialidad del proceso y todas sus actuaciones emergentes. |
LÍNEA DE ACCIÓN2.-ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVILORGANIZADA
Constituye la articulación con la sociedad civil organizada y empresas del sector privado, basado en principios de transparencia activa, colaborativa y efectiva, mediante los cuales se prioriza la participación y compromiso social con enfoque de comunicación horizontal, con los siguientes componentes:
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a) |
Control Social efectivo, implica el involucramiento de los beneficiarios de las obras, bienes y servicios públicos para efectuar el seguimiento de los procesos y medir su impacto, basados en la transparencia activa de las entidades públicas hacia la población beneficiaria, para lograr compromiso, cultura de participación y mecanismos de evaluación; |
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b) |
Observatorio ciudadano de transparencia, para que los bolivianos y bolivianas que ya cuentan con acceso a información de calidad puedan valorar a través de encuestas de opinión los resultados de las políticas aplicadas, su accesibilidad y sus resultados. Se debe priorizar la simplicidad en la publicación de la información, para que los ciudadanos puedan procesarla con su propio enfoque como destinatarios de la gestión pública y esta información permita la construcción de un mecanismo de evaluación externa permanente; |
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c) |
Compliance, como una herramienta a promover en las empresas del sector privado, con la finalidad de establecer mecanismos de prevención, alerta temprana y denuncia oportuna por posibles hechos de corrupción en los procesos de contratación estatales o de otros ámbitos relacionados. |
LÍNEA DE ACCIÓN 3.- FORMACIÓN ENVALORES DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA
Constituye la formación en valores de ética y transparencia, desde la escolaridad, la educación superior y el ejercicio profesional, basado en la cultura de participación, participación digital con el Estado y la comunicación horizontal, con los componentes de:
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a) |
Actualización permanente de la currícula en todo el sistema educativo, para internalizar estos valores en todos los ámbitos del desarrollo biopsicosocial del estudiante. Si bien los resultados de este componente son de largo plazo, su impacto es más relevante, puesto que la conducta del ser adulto se basa en los valores que se replican durante su desarrollo; |
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b) |
Promover la implementación de cursos de especialidad como maestrías y diplomados, así como seminarios y otros en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, dirigido a servidores públicos que ejercen funciones en las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción, en todos los niveles del Estado, y a todos los profesionales de distintas ramas científicas, así como a sectores no profesionales, con la previsión de establecer las bases deontológicas aplicables a sus correspondientes áreas y actividades, con valoración y acreditación curricular; |
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c) |
Construir de forma colectiva un Compromiso de Ética a partir de valores individuales de los servidores públicos articulados a la misión y visión institucionales, que permitan generar un compromiso personal con la entidad y con el Estado. El uso de herramientas de motivación e incentivos no monetarios son eficientes en el logro de objetivos de prevención en el ejercicio de funciones públicas. |
LÍNEA DE ACCIÓN 4.- ACCESO A LA INFORMACIÓN DE FORMA COLABORATIVA
Constituye el acceso a la información de forma colaborativa entre el Estado y los ciudadanos, a través de la participación digital con el Estado, la gestión pública digitalizada, la publicidad y simplicidad de la información, y la aplicación de la transparencia activa, pudiendo generar información a través de portales Web y estadística que permita obtener información de calidad, con los siguientes componentes:
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a) |
Sistema de Rendición Pública de Cuentas, parametrizado y uniforme, para todas las entidades públicas o que administren recursos públicos, que permita efectuar una evaluación en términos comparativos, identificar proyectos de impacto y sus beneficiarios, y permita medir la ejecución de políticas públicas dirigidas a sectores vulnerables, de riesgo, de género y generacionales; |
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b) |
Estandarización de la información publicada por las entidades públicas a través de los portales Web y redes sociales institucionalizadas, que se correlacionen con el avance de los objetivos propuestos en la rendición pública de cuentas inicial y permita efectuar su seguimiento trimestral; |
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c) |
Generación y publicación de datos estadísticos de relevancia en un enlace específico asociado a los portales Web institucionales, que cuenten con datos base y de evolución, mensual y anual, que permita efectuar estudios comparativos y evolutivos. |
9. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA
Toda vez que la presente política establece las directrices de transparencia y lucha contra la corrupción, en el mediano y largo plazo, debe ser considerada a momento de establecer los objetivos, estrategias y actividades del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción (documento de trabajo del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción), de carácter anual, en el cual se establecen las actividades específicas a ser aplicadas, las modalidades, los actores responsables y los plazos de ejecución de las mismas. Asimismo, para el cumplimiento de dicho plan se deben elaborar y aprobar los planes anuales de trabajo al inicio de cada gestión, en los que de la misma forma se incorporen objetivos, acciones, resultados e indicadores cuantitativos y/o cualitativos que permitan medir el impacto de su aplicación a corto plazo.
La metodología de valoración sobre el cumplimiento de las líneas de acción y componentes se aplicará a través del estudio de los datos estadísticos, la información pública, las acciones realizadas y su impacto en la sociedad a través de un sistema nacional de evaluación de las acciones que se ejecuten, las mismas que, para ser consistentes requieren de un dato base que se tomará de los resultados efectivos generados históricamente los últimos cinco años, y el registro de los nuevos datos obtenidos en torno a las actividades realizadas, lo que permitirá medir, si los hechos de corrupción son investigados de manera uniforme o si existen distorsiones en el procedimiento y/o resultados, si los mismos se incrementan respecto del quinquenio anterior o reducen, si los procesos iniciados logran sentencias condenatorias y permiten la recuperación efectiva de activos para el Estado y sus niveles territoriales, si los mecanismos de prevención son efectivos en la generación de conductas éticas y positivas de los actores sociales, los servidores públicos y las empresas del sector privado.