Decreto Supremo 0214

El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción - PNT, que en Anexo forma parte de ésta disposición normativa, con la finalidad de contar con instrumentos orientados a la prevención, investigación, transparencia, de acceso a la información y sanción de actos de corrupción.

I.	Todas las entidades e instituciones que pertenecen a los cuatro (4) Órganos del Estado Plurinacional de Bolivia, así como las entidades territoriales autónomas, deben trabajar por la transparencia en sus instituciones y para prevenir y sancionar actos de corrupción, en el marco de la PNT.
II.	Todas las entidades e instituciones mencionadas en el parágrafo anterior incorporarán los principios, directrices y lineamientos de la PNT en sus planes sectoriales, específicos, operativos, estratégicos y de gestión, respetando la misión, visión y los objetivos institucionales.

El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción es responsable de la implementación. coordinación, seguimiento y evaluación de la ejecución de la PNT, en todas las entidades e instituciones que forman parte del Estado Plurinacional de Bolivia.

La PNT contempla cuatro (4) ejes o áreas de acción preventiva y anticorrupción:

-	EJE 1: Fortalecimiento de la participación ciudadana.
-	EJE 2: Fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública y el derecho de acceso a la información.
-	EJE 3: Medidas para eliminar la corrupción.
-	EJE 4: Mecanismos de fortalecimiento y coordinación institucional.

Los señores Ministros de Estado, en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil nueve.

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Nardy Suxo Iturry, Carlos Romero Bonifaz, Alfredo Octavio Rada Vélez, Walker Sixto San Miguel Rodríguez, Héctor E. Arce Zaconeta, Noel Ricardo Aguirre Ledezma, Luís Alberto Arce Catacora, Oscar Coca Antezana, Patricia Alejandra Ballivián Estenssoro, Walter Juvenal Delgadillo Terceros, Luís Alberto Echazú Alvarado, Celima Torrico Rojas, Calixto Chipana Callizaya, Jorge Ramiro Tapia Sainz, René Gonzalo Orellana Halkyer, Roberto Iván Aguilar Gómez, Julia D. Ramos Sánchez, Pablo Groux Canedo.

Desde que el Presidente Evo Morales Ayma asumió el mando de la Nación el 22 de enero de 2006, ha promovido como Política de Estado la lucha abierta y frontal contra el flagelo de la corrupción, sin descuidar la prevención y la transparencia de las entidades públicas.

Uno de los principios fundamentales del gobierno liderizado por el Presidente Evo Morales es la "Gestión Pública con Transparencia"; para el efecto, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción ha iniciado una lucha frontal contra la corrupción, con la finalidad de erradicar este mal que afecta al país. Esta práctica, generada por el comportamiento deliberado de personas particulares que causan daño al bien público y que se institucionalizó como una forma de vida durante los pasados gobiernos, provocó descontento social y descrédito de las instituciones públicas. Los lineamientos de política del Plan Nacional de Desarrollo para erradicar la corrupción institucionalizada tienen como objetivo "Cero tolerancia a la corrupción", lo que implica luchar contra la impunidad y promover la plena transparencia en la gestión pública y la vigencia efectiva de mecanismos de control social en el Estado Plurinacional de Bolivia.

En este marco, la creación del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción es una muestra de la jerarquización del Despacho anticorrupción nacional, ya que antes del 7 de febrero de 2009, esta tarea estaba encomendada al entonces Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que en su gestión elaboró la presente Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, misma que fue ajustada¹ y que responde no sólo a los mandatos Constitucionales, sino también a las competencias ampliadas del Ministerio.

La presente Política de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción fue elaborada en base a la participación activa de los sectores sociales; puesto que se inició con la realización de diálogos con los actores sociales a fin de recoger las experiencias de los ciudadanos y ciudadanas en cada una de las regiones del país, proceso que dejó un aprendizaje importante. Las vivencias y propuestas de los participantes se plasman en la presente Política, la cual permitirá enfrentar la corrupción, a partir del cambio de comportamiento de cada uno de los ciudadanos, de las organizaciones sociales y del propio gobierno, sólo de esta manera, los bolivianos y las bolivianas estaremos contribuyendo a la construcción de un "Estado transparente para Vivir Bien".

Cabe mencionar que en la construcción de la Política participaron las organizaciones sociales, las comunidades campesinas y las instituciones de la sociedad civil, mismas que fueron y son protagonistas de este proceso de cambio político, social, económico y cultural que está viviendo el Estado Plurinacional de Bolivia y que hoy en día se constituyen en la estructura social que sustenta al Gobierno del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma.

Asimismo esta Política responde a los postulados y principios sobre prevención y lucha contra la corrupción, establecidos en la Constitución Política del Estado, puesto que incorpora el control social, la transparencia y el acceso a la información, la imprescriptibilidad, la retroactividad de la ley penal anticorrupción, la rendición pública de cuentas, la participación social en las políticas anticorrupción, temas que son desarrollados en la presente Política.

El 16 de junio de 2006, el Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma presentó el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se plantea la transformación del país en el lapso de una generación, y configura una Bolivia Digna, Soberana, Productiva, Democrática para que todos los bolivianos y las bolivianas, "vivamos bien".

El Pilar Bolivia Democrática plantea que en el año 2015, se habrá consolidado el control social y la participación ciudadana en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas de desarrollo regionales y nacionales; alcanzado un alto nivel de transparencia en la gestión pública y disminuido drásticamente la corrupción.

Este proceso de construcción se realiza con la implementación de cuatro pilares nacionales: 1) Estrategia económica; Bolivia Productiva, 2) Estrategia sociocomunitaria: Bolivia Digna, 3) Estrategia de relacionamiento internacional: Bolivia Soberana, 4) Estrategia del poder social: Bolivia Democrática.

La Bolivia Digna comprende los siguientes sectores: Protección Social, Salud, Educación, Justicia, Seguridad Pública, Defensa Nacional, Culturas y Saneamiento Básico. La propuesta de cambio en el Sector Justicia está orientada a construir un sistema de justicia plural, participativa, transparente y esencialmente restaurativa con equidad e igualdad. Para lograr este objetivo propone como Política erradicar la corrupción institucionalizada que se enmarca en "Cero tolerancia a la corrupción e impunidad, plena transparencia en la gestión pública y vigencia efectiva de mecanismos de control social en el Estado".

La Bolivia Democrática comprende los sectores de: Descentralización. Coordinación con movimientos sociales y sociedad civil, y Gestión pública y transparencia. La propuesta de cambio de este último sector es la articulación de las demandas de los grupos sociales y la respuesta de las entidades estatales responsables de la gestión pública.

En ese marco, y dado que uno de los objetivos centrales del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción es liderizar una gestión pública transparente, se elaboró la presente Política de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, consensuada con instituciones públicas y actores sociales de todo el país.

El objetivo de la presente política pública es prevenir y sancionar actos de corrupción facilitando a las instituciones públicas, empresas privadas, a la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones sociales los instrumentos necesarios para desarrollar en los bolivianos y bolivianas una cultura de CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN.

La metodología para la formulación de la presente Política se inscribe esencialmente en un proceso participativo ciudadano sustentado con información cuantitativa y cualitativa.

Previo a la realización de este proceso participativo, se hizo una revisión de la información relevante para la construcción del marco de referencia conceptual, mismo que fue elaborado sobre la base de informes nacionales e internacionales en torno a la evolución de la corrupción, a antecedentes de intervención a través de políticas, planes y programas y a otras experiencias comparables en la región.

Los documentos consultados fueron los siguientes:

Documentos Consultados

Documentos Nacionales	Documentos Internacionales
• Plan Nacional de Desarrollo -PND	• Convención Americana sobre Derechos Humanos
• Propuesta de Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz	• Jurisprudencia Corte Interamericana de Derechos Humanos
• Plan Nacional de Capacitación	• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
• Plan Integral Anticorrupción - PIA	• Convención Interamericana contra la Corrupción.
• Línea base sobre corrupción en Bolivia	• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
• Proyecto de Ley de Acceso a la Información • Otras Leyes y Normas en vigencia	• Carta Democrática

Se hizo una revisión cuidadosa del Plan Nacional de Desarrollo para tomar en cuenta los lineamientos del mismo en temas de Transparencia de la Gestión Pública y la Lucha contra la corrupción.

Con esta información y en talleres con servidores públicos, se formuló primero la visión de la gestión pública boliviana y luego se plantearon los ejes estratégicos de trabajo y formulación del marco conceptual de la Política.

Debido a que el nuevo Estado Plurinacional se basa en el poder democrático que emergió del proceso reivindicatorio de los pueblos originarios y de los movimientos sociales, se hace necesaria la participación efectiva de estos sectores como sujetos políticos, asumiendo la corresponsabilidad en la gestión pública. Por esa razón, la presente Política se formuló con la participación activa de representantes de organizaciones sociales, de movimientos sociales y de instituciones públicas, es así que, se realizaron trece talleres, detallados a continuación, y que implicaron la participación de 1.090 personas en total, distribuidas de la siguiente manera:

Ver gráfico en www.derechoteca.com

La participación de las organizaciones sociales y de otras entidades que no pertenecen al sector público superan el 56%, en tanto que la participación de los servidores públicos en estos talleres alcanzó a un número de 477 participantes y que corresponde al 44% del total, como se observa en la gráfica siguiente:

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También es importante destacar la participación que tuvieron las mujeres en este trabajo de formulación de la Política Nacional de Transparencia, aunque en la mayoría de las ciudades la presencia de hombres fue mayor a la de mujeres, salvo el caso de la ciudad de Santa Cruz, donde resalta el hecho que cerca del 60% de las participantes fueron mujeres.

Ver gráfico en www.derechoteca.com

En una tercera etapa la información recabada en todos los talleres fue sistematizada y analizada por cada uno de los equipos de trabajo que tuvieron a su cargo la interpretación, ampliación y validación de las propuesta que surgieron de los talleres, agregándoles un valor técnico y político a estas propuestas.

Cabe señalar que en esta tercera etapa también se hizo una revisión cuidadosa de los Proyectos de Ley, así como de los planes y estrategias desarrolladas y que se encuentran actualmente en curso.

Finalmente se organizaron las propuestas según los ejes definidos en el marco conceptual.

Existen variados conceptos respecto a los temas que se abordan en la presente Política, sin embargo, se hizo una reflexión especial en torno a los conceptos que son la base de la Política.

5.1	Transparencia Es un diálogo auténtico y responsable entre gobierno y sociedad, que se desarrolla en un ambiente ético y de confianza, para establecer compromisos orientados al logro del bienestar común y que como proceso demanda cambios políticos, sociales e institucionales. Los componentes para impulsar la transparencia en la gestión pública son: el acceso a la información, el control social, la ética y la rendición pública de cuentas, mismos que se definen a continuación:
5.2	Acceso a la información Es un derecho fundamental de las personas a conocer el manejo de la cosa pública. Permite a los ciudadanos saber acerca del destino y uso de los recursos públicos, constituyéndose en un instrumento de participación ciudadana.
5.3	Control social Se entiende como Control Social de la gestión pública a los mecanismos o medios de seguimiento y participación activa de toda persona individual o colectiva en los procesos, acciones y resultados que desarrollan las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia para el logro de sus objetivos.
5.4	Ética pública Es la promoción en los servidores públicos a una cultura ética basada en principios, valores y conductas que permitan el desarrollo de la gestión pública más plena y armónica posible.
5.5	Rendición pública de cuentas Se entiende por Rendición Pública de Cuentas a la acción de toda institución de poner a consideración de la ciudadanía los resultados obtenidos en la gestión así como el cumplimiento de compromisos asumidos con los actores sociales involucrados y con la sociedad civil en general.
5.6	Corrupción Es el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento, directo o indirecto, de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado.

La formulación de la visión de la gestión pública, significa construir la imagen objetivo de la gestión pública e identificar los caminos que conducirán a lograr ese fin. Se entiende como imagen objetivo la situación ideal que se pretende alcanzar.

La visión de una gestión pública transparente es una propuesta del actual Gobierno y está orientada a lograr una gestión pública articulada, eficiente y libre de corrupción. Para lograr esta visión, el principio que guía la asignación de recursos es también la transparencia y el compromiso de los servidores públicos debe plasmarse en un mejor desempeño de sus funciones en el marco de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

"La Gestión Pública Boliviana cuenta con instituciones transparentes, fortalecidas, eficientes y eficaces que otorgan mayor confiabilidad, credibilidad y seguridad jurídica, coadyuvando en la construcción de una sociedad más justa y equitativa para VIVIR BIEN."

La Política de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se enmarca en dos principios fundamentales: los derechos humanos y el diálogo social.

7.1

Principio de derechos humanos Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que "el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso". Asimismo, señaló que "el control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad"2 De lo anterior fluye el carácter recíproco y complementario que existe entre transparencia, acceso a la información y participación ciudadana y el importante rol que cabe en este contexto el control social. De esta manera, resulta imposible encarar una política de transparencia sin abordar sus componentes participativos y, a la inversa, no resulta lógico proponer el fortalecimiento de la participación ciudadana sin promover, a la vez, un régimen de mayor transparencia. Ambos son cara y sello de una misma moneda, y de su correcto desempeño depende que se cierren los espacios a la corrupción. Por último, el carácter dual de estos derechos, obliga al Estado no sólo a promover su respeto desde una perspectiva individual, sino que debe poner especial énfasis en el carácter social y colectivo de los mismos, lo que pone de relieve la necesidad de otorgar un rol activo a la ciudadanía a través del control social.

7.2

Principios de diálogo social La presente política se fundamenta en la activa participación ciudadana de todos los actores sociales en la gestión pública, a través del ejercicio de la auditoria y el control social. De esta forma, se logra una articulación directa entre las demandas de los grupos sociales y la respuesta de las entidades estatales responsables de la gestión pública. En este sentido, la base que fundamenta las medidas de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción es el diálogo social, el que se expresa tanto en el proceso de formulación de políticas, a fin de considerar la visión de todos los actores sociales, como en el desarrollo y en la ejecución. Por ello, la transparencia no debe ser concebida como un regalo del Estado, sino como el ejercicio del poder legítimo que detentan los actores y organizaciones sociales. La presente política debe ser un instrumento del poder social, que considere la participación de todos los ciudadanos; en consecuencia, el Estado mantendrá una política de comunicación destinada a garantizar la difusión de los resultados de la gestión pública y de su impacto político y social, como instrumento de transparencia de la gestión pública. A su vez, la retroalimentación de la ciudadanía, debiera ser tomada en cuenta para la toma de decisiones en el Órgano Ejecutivo.

La lucha contra la corrupción es una tarea de todos. Si bien la obligación primaria de adoptar medidas para combatir este fenómeno recae en manos del mismo Estado, no es menos cierto que dichos esfuerzos no podrían ser sostenidos en el tiempo sin la inclusión de la ciudadanía y de las organizaciones sociales como garantes; por tal razón, el origen democrático y participativo de esta política nacional es el eje en torno al cual se construyen las propuestas, otorgándoles legitimidad y sustento ético y es, también, el fundamento de la inclusión de medidas de fortalecimiento, promoción y fomento del derecho humano de participación ciudadana en la implementación, seguimiento y monitoreo de cada una de sus propuestas.

No obstante, dicha participación no sería efectiva si, al mismo tiempo, la gestión de las autoridades no es sometida al escrutinio de las ciudadanas, ciudadanos y organizaciones sociales. De aquí que otro pilar estructural de la presente política sea el fortalecimiento de medidas de transparencia en la gestión pública, que obliguen a las autoridades a poner en conocimiento de la ciudadanía, sin necesidad de requerimiento, información relevante para el ejercicio del control y auditoria social. Junto con ello, resulta clave la promoción y fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública, garantizando que las solicitudes de información de los ciudadanos y organizaciones sociales sean efectivamente recibidas, procesadas y respondidas.

Dicho proceso de profundización democrática, fundada en la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información, requiere además abordar de manera inmediata y urgente situaciones anómalas que están afectando a nuestro país. Por ello se incorporan una serie de medidas para combatir y erradicar la corrupción, en el más corto tiempo posible, puesto que las malas prácticas y vicios en la gestión pública dan espacio para el uso indebido de los recursos públicos, por ello es importante establecer medidas de prevención, pero además obtener la reparación de los daños producidos. Con ello, el Estado Plurinacional de Bolivia asume. de manera activa su obligación de prevenir, investigar y sancionar estos hechos.

Este propósito no sería posible sin incorporar mecanismos de fortalecimiento y coordinación institucional, para optimizar el trabajo de las instituciones vigentes, tanto para la lucha contra la corrupción, como para la implementación de las medidas que se proponen en la presente política.

Desde esta perspectiva, la presente política nacional adopta un rol visionario, que va más allá del sólo mejoramiento de la gestión pública y se inserta en una lógica de reconocimiento, promoción y protección de derechos humanos fundamentales, base sobre la cual se podrá construir no sólo un Estado Plurinacional transparente, eficiente y eficaz, sino también profundamente democrático, participativo y diverso.

Una verdadera democracia se sustenta en la participación de sus ciudadanos y ciudadanas y organizaciones sociales en los asuntos públicos, la cual no se limita a la elección de sus representantes, sino que se extiende a la dirección de los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante el debate y el diálogo con sus representantes. En este sentido, se ha señalado que "la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas al desarrollo social es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia"³.

Este carácter amplio del concepto de participación ciudadana, sustentada en este diálogo social, fundamenta la adopción de medidas orientadas a fortalecer los procesos de auditoría social de la gestión pública, a través de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, y de participación en el diseño y monitoreo de las políticas públicas y de promoción de herramientas efectivas de control social, por medio de instrumentos efectivos de fiscalización ciudadana y denuncia. Todo ello supone la adopción de mecanismos para robustecer la asociatividad como reconocimiento al rol fundamental que deben desempeñar en esta materia las organizaciones sociales ya existentes, y a fin de promoverla conformación de nuevos colectivos y referentes sociales.

Conjuntamente con ello, se incorporarán de manera general mecanismos de rendición pública de cuentas por parte de las autoridades, y todos aquellos sujetos que manejen recursos públicos. Estos mecanismos se concretan en acciones destinadas a poner en consideración de la ciudadanía y de las organizaciones sociales los procesos y resultados obtenidos durante su gestión, reflejados en sus indicadores; y la obligación de reportar el cumplimiento de los compromisos asumidos frente a los diversos actores sociales.

Una Bolivia más participativa e inclusiva, respetuosa de la diversidad cultural, regional y étnica, es el primer paso hacia la erradicación de la corrupción. Se ha señalado que "el control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un margen reducido a cualquier restricción del debate político o del debate sobre cuestiones de interés público"⁴.

La participación social es una de las condiciones imprescindibles para una gestión publica transparente y efectiva desde la concepción de los planes, programas y proyectos, la formulación, implementación, seguimiento, hasta la evaluación de los mismos, que forma parte del Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, por tanto la participación social estará coordinada con el órgano rector de Planificación.

9.1	Fortalecimiento de las herramientas de auditoría y control social
	9.1.1 Instítiicionalización del control social Se reconocerá el derecho a todo ciudadano y organización social, cualquiera sea su forma de organización, de acuerdo a normas y/o usos y costumbres, de ejercer el control y auditoria social de la gestión pública con total autonomía, con el propósito de garantizar el interés público. Para ello, se promoverán las reformas legales y administrativas que sean necesarias para el pleno y efectivo ejercicio de este derecho. Además, se promoverá la creación de sistemas de organización de niveles nacional, departamental, territorial autónomo y local, que faciliten la coordinación de los actores y organizaciones sociales. 9.1.2 Incorporación de la denuncia ciudadana Se otorgará legitimidad activa a todos los actores y organizaciones sociales para denunciar hechos de corrupción ante las autoridades encargadas de atender estos casos, y se promoverán efectivos mecanismos de información para que puedan hacer seguimiento de las mismas, evitando de esta manera la impunidad. 9.1.3 Instauración de las audiencias públicas para la rendición de cuentas de los actos públicos Se facilitará la participación de todos los actores y organizaciones sociales en las rendiciones de cuentas públicas de las autoridades, a través del establecimiento con carácter obligatorio de audiencias públicas periódicas, de acuerdo a normas y/o usos y costumbres. 9.1.4 Inclusión del control social en contrataciones Se generarán mecanismos legales para permitir la participación de las organizaciones sociales como observadores de los procesos de contratación pública, con opinión consultiva, en las Comisiones de Calificación, a manera de asegurar que dichos procesos resguarden debidamente el interés general de la sociedad.
9.2	Fomento de la participación ciudadana y la asociatividad
	9.2.1 Profundización de la Participación Ciudadana en la Gestión Pública Se generarán las modificaciones legales necesarias a fin de que los ciudadanos y las organizaciones sociales, participen de manera activa en la formulación de las políticas públicas, así como en el seguimiento, fiscalización y monitoreo ciudadano de las mismas. 9.2.2 Promoción de los liderazgos Se fomentará la promoción de nuevos liderazgos (líderes ocultos) al interior de las organizaciones sociales, de manera de empoderar como ejecutores del control y auditoria social, a aquellos ciudadanos que se caractericen por sus altos valores éticos y morales. 9.2.3 Desarrollo de programas de capacitación ciudadana Se generarán programas de capacitación ciudadana de alcance amplio en materias relativas a participación pública, transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. Se dará énfasis a la comprensión de las funciones de las instituciones públicas y la normativa que tiene que ver con la conducta del servidor público y con el destino adecuado de los recursos del Estado, a fin de fortalecer sus capacidades de ejercer el control social, y monitorear las rendiciones de cuentas.
9.3	Incorporación de mecanismos de Rendición Pública de Cuentas
	9.3.1 Obligatoriedad de la rendición de cuentas A fin de dar contenido profundamente democrático a la gestión pública, se establecerá de manera obligatoria que todos los organismos públicos deban dar cuenta de su gestión de manera periódica, en espacios que faciliten el ejercicio del control social por parte de los actores y organizaciones sociales. 9.3.2 Propiciar espacios de concertación para enriquecer las políticas públicas Se promoverá la generación de mesas de diálogo entre los organismos públicos, y los actores y organizaciones sociales, como espacios plurales a fin de fortalecer una cultura de diálogo y concertación entre las partes involucradas, y que contribuyan a enriquecer con sus contenidos el diseño y ejecución de las políticas públicas sectoriales. Se fortalecerán las instancias de planificación participativa de la gestión pública. 9.3.3 Compromisos institucionales con los actores y organizaciones sociales Se fomentará una cultura de la responsabilidad en la gestión pública, estableciendo de manera amplia la necesidad de que todos los organismos públicos generen compromisos institucionales con los actores y organizaciones sociales, que serán objeto de medidas de monitoreo y control social. 9.3.4 Monitoreo y control social de la gestión pública Se fortalecerán las capacidades de los actores y organizaciones sociales, para el monitoreo de la gestión pública, especialmente la ejecución del POA y las rendiciones de cuentas de las instituciones, en coordinación con los órganos rectores correspondientes. 9.3.5 Educación y sensibilización para la rendición de cuentas Se generarán mecanismos de difusión pública, a fin de comunicar a todos los actores sociales los beneficios y oportunidades que presenta la participación en los procesos de rendición de cuentas, tanto en las instancias del Estado, en las organizaciones sociales, en los sectores empresariales, en los ámbitos académicos y en los medios de comunicación. Para este fin, se recurrirá a campañas de sensibilización educativa y de promoción, así como a debates, publicaciones y otros mecanismos.

Resulta prioritario profundizar los mecanismos de transparencia en la gestión pública y fortalecer el derecho de todos los actores y organizaciones sociales de acceder a la información en poder del Estado, consagrando el principio general de publicidad de los actos de Órgano Ejecutivo, para lo cual es indispensable "que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones"⁵. Dicha práctica crea entornos favorables para la discusión pública informada y el diálogo social, cerrando paso a espacios de actos de corrupción.

Empero, no basta que el Estado Plurinacional de Bolivia se abstenga de censurar información, sino que se requiere que tome la iniciativa, promoviendo efectivas herramientas, de transparentar la gestión pública, poniendo a disposición de los ciudadanos y organizaciones sociales, de manera permanente, la información relevante para que ejerzan el control y auditoria social, en materias de interés público. Junto con ello, resulta vital el fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública de documentos que se encuentran en las instituciones públicas y que no están a disposición del público y que sean relevantes desde el punto de vista del interés general. En este sentido, se ha señalado que "el derecho de acceder libremente a la información existente en los archivos y documentos en poder del Estado es una de las garantías fundamentales de la democracia constitucional por cuanto asegura a la vez la participación de la ciudadanía en la discusión y decisión de los asuntos comunes, y la transparencia de las actuaciones estatales"⁶.

Conjuntamente a la publicidad de la gestión pública, y con el fin de avanzar con pasos más decididos hacia la profundización de estas reformas democráticas, se requiere promover la probidad y la ética en la gestión de los asuntos públicos, con el propósito de generar un entorno cultural favorable para el avance de estas medidas al interior de la administración y, a la vez, para que los sujetos se sientan obligados a mejorar su accionar, en base a la internalización de las ideas de integridad y honradez.

Resulta necesario desarrollar programas de capacitación a servidores públicos, y promover buenas prácticas en la gestión pública, de manera tal que se destaque el correcto desempeño de los buenos organismos y servidores públicos.

Finalmente, en el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, el manejo de la información será integrada en un sistema único, lo que implica la coordinación con el órgano rector de Planificación.

10.1	Profundización de las medidas de Transparencia
	10.1.1 Ampliar la base de sujetos obligados en materia de transparencia Se promoverán las medidas administrativas y legales necesarias para que la iniciativa pública en materia de transparencia obligue no sólo a los órganos de la administración del Estado Plurinacional de Bolivia, sino también a las entidades privadas que presten, reciben o administran recursos del Estado, y a aquellas que por sus propias características y funciones, revisten un alto interés público. 10.1.2 Garantizar la publicidad de un catálogo mínimo de información y documentos, sin necesidad de requerimiento ciudadano Se promoverá y fiscalizará, en colaboración con los actores y organizaciones sociales, que todos los sujetos obligados hagan público un catálogo de informaciones y documentos relevantes para el ejercicio del control social, y que promuevan el conocimiento de los actos, procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones de las autoridades. 10.1.3 Universalización del uso de Internet y las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en los sujetos obligados Con el fin de llegar a la sociedad, se instruirá a todos los servicios disponer su información en sus respectivas páginas web institucionales, conforme a estándares uniformes. Junto con ello, se generarán programas de capacitación a servidores públicos, especialmente de las oficinas que atienden al público, a fin de que cumplan con dicha labor. 10.1.4 Sistematización de la información para hacerla accesible Se apoyará la creación de índices en cada uno de los sujetos obligados, que contenga de manera sistemática y ordenada todos los datos necesarios para acceder de manera efectiva a la información pública relevante, y se generarán mecanismos adecuados para que la ciudadanía pueda consultarlos cuando así lo requiera. 10.1.5 Diversificación de soportes en los que la información se entrega a la ciudadanía En la ejecución de las medidas de transparencia, se promoverá la utilización de soportes diversificados, tales como impresos, medios escritos, cartillas, y medios radiofónicos locales etc., que sean idóneos para llegar de manera efectiva a todos los actores y organizaciones sociales, reconociendo las diversidades regionales y culturales.
10.2	Fortalecimiento de los mecanismos de Acceso a la Información
	10.2.1 Apoyar la formalización de un régimen de acceso a la información pública Se promoverá la generación de un estatuto legal que contenga un procedimiento claro y efectivo para que los actores y organizaciones sociales puedan solicitar información a los organismos públicos, estableciendo la obligación de respuesta. Asimismo este estatuto deberá considerar un procedimiento sencillo de recursos administrativos y judiciales para impugnar las decisiones de las autoridades que nieguen el acceso a la información. 10.2.2 Generar mecanismos administrativos expeditos para que las solicitudes de información sean debidamente atendidas Se mejorarán todos los procedimientos de las instituciones públicas, adaptando los mecanismos de gestión interna para recibir las solicitudes de acceso a la información, procesarlas, y responderlas oportunamente. 10.2.3 Promover la generación de un Sistema de archivo de la información Se generarán mecanismos legales y se dispondrán recursos materiales para conservar los archivos públicos durante un periodo razonable, de manera que se asegure el debido control social por parte de los actores y de las organizaciones sociales. Junto a ello, se velará por la correcta sistematización y archivo de la información, a fin que su acceso sea fácil, económico y sencillo.
10.3	Promoción de la Probidad y Ética en los asuntos públicos
	10.3.1 Desarrollo de un Plan de Capacitación en Ética Pública y Probidad a servidores públicos Se capacitará a los servidores públicos para que asuman las implicancias éticas y jurídicas de sus acciones, frente a la legislación nacional vigente, los tratados internacionales, y la experiencia comparada. Adicionalmente, se formularán criterios y orientaciones en torno a los principios y reglas morales que los servidores públicos deben seguir en el desempeño de sus funciones. 10.3.2 Desarrollo de estrategias de prevención a través de la educación formal Se implementarán políticas educativas que fortalezcan los conceptos de ética y moral en la curricula de educación básica, secundaria y superior, incorporándolos como contenidos transversales, con el objeto de formar ciudadanos responsables con sólidos valores de ética pública. 10.3.3 Premiar las buenas prácticas en la gestión pública Con el fin de destacar a los buenos servidores públicos y las iniciativas para promover la transparencia, el acceso a la información y la lucha contra la corrupción, se generará un sistema de incentivos a las experiencias exitosas, a los organismos públicos y a las organizaciones, para que suscriban compromisos y/o convenios de colaboración en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. 10.3.4 Identificar buenas prácticas de gestión pública intercultural Para enriquecer la gestión del sector público con aportes de todos los sectores, se promoverán campañas para identificar buenas prácticas en gestión pública en las organizaciones sociales, a fin de evaluar si estas iniciativas pueden ser incorporadas en el sector gubernamental. En particular, se fortalecerán los espacios de intercambio cultural y de diálogo intercultural rescatando y fortaleciendo las diferentes prácticas de transparencia y rendición de cuentas existentes en el país. 10.3.5 Observatorio Ciudadano de buenas prácticas Desarrollar un observatorio ciudadano de buenas prácticas de la gestión pública que evalúe permanentemente las experiencias de las instituciones públicas y realice sugerencias y recomendaciones.

En el actual proceso de transformación que está experimentando nuestro país, los hechos de corrupción no tienen cabida, puesto que uno de los mayores obstáculos para el fortalecimiento de la democracia son los hechos de corrupción que involucran a los servidores públicos. Estas prácticas deben ser erradicadas mediante una combinación de esfuerzos dirigidos a elevar el nivel de transparencia de los actos del Órgano Ejecutivo, fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública y el debido control y auditoria social. Cualquier política dirigida a obstaculizar la libre circulación de la información respecto a la gestión estatal, pone en peligro el interés de la sociedad en su conjunto, debilitando la democracia. "La ausencia de control efectivo implica una actividad reñida con la esencia del Estado democrático y deja la puerta abierta para transgresiones y abusos inaceptables. Garantizar el acceso a la información en poder del Estado contribuye a aumentar la transparencia de los actos de gobierno y la consecuente disminución de la corrupción en la gestión estatal"⁷.

En los hechos de corrupción de los servidores públicos existe usurpación del bienestar social por lo individual o particular. Por ello, con el fin de proteger el interés general y en colaboración con los actores y organizaciones sociales, se hace necesario establecer medidas efectivas e inmediatas para luchar contra la corrupción, evitando la impunidad y persiguiendo a los culpables. De manera conjunta, es necesario también prevenir todos estos actos, mediante adecuados mecanismos de protección del patrimonio estatal y de reducción del enriquecimiento a costa de todos los ciudadanos. Asimismo, para restablecer el orden quebrantado, es imperativo promover por todos los medios posibles la recuperación de patrimonio público que ha ido a parar a manos de los corruptos. Por último, es necesario establecer mecanismos de control social en las contrataciones públicas y transferencias de recursos del Estado, para lograr que estos sean destinados efectivamente al fin al que fueron asignados.

En este marco se trabajará en la creación de una Unidad destinada a evitar que las personas naturales y/o jurídicas que adeudan al Estado Plurinacional de Bolivia, vuelvan a contratar con éste; en consecuencia se creará un sistema informático de riesgo y verificación de los dictámenes de responsabilidad civil con el propósito de proteger el patrimonio del Estado.

11.1	Lucha contra la corrupción
	11.1.1 Penas más drásticas para actos de corrupción Se adoptarán medidas implacables para castigar de manera ejemplar la conducta ilegal del servidor público que haya incurrido en hechos de corrupción, a objeto de que tengan un efecto disuasivo en todas aquellas personas que ejercen la función pública. Asimismo, se evitará por todos los medios que éstos vuelvan a desempeñar funciones públicas en el futuro, para lo cual se diseñarán estrategias, planes y programas de implementación efectiva de esta limitación, en coordinación con las instituciones y entidades de los otros órganos. 11.1.2 Coordinación entre instancias gubernamentales y actores sociales para la lucha contra la corrupción Se fortalecerán los espacios de coordinación entre los organismos públicos encargados de combatir la corrupción, y los ciudadanos que ejercen el control social, a fin de desarrollar estrategias de colaboración y seguimiento a los casos de corrupción. 11.1.3 Incorporación de estrategias de comunicación Se diseñarán e implementarán estrategias de difusión sobre las políticas del Estado Plurinacional de Bolivia orientadas a la lucha contra la corrupción, sobre las herramientas con las que se cuentan y a las que pueden acceder los actores y organizaciones sociales para ejercer el control social. 11.1.4 Garantías de confidencialidad y protección al denunciante Se garantizará a todos los actores y organizaciones sociales, así como a los servidores públicos probos, la posibilidad de denunciar hechos de corrupción de manera confidencial, evitando probables represalias en contra suya y de su familia. Esta garantía se extenderá además a los testigos y demás intervinientes en las investigaciones y procesos de corrupción. 11.1.5 Independencia de las Unidades u oficinas que ejercen el control gubernamental Se otorgará mayor independencia a las Unidades u oficinas que ejercen control gubernamental dentro de cada entidad o institución del Estado, a fin de asegurar que velen por el correcto desempeño de los servidores públicos, y aseguren la protección del interés social. 11.1.6 Procedimientos disciplinarios más rápidos y efectivos Se modificará el proceso administrativo disciplinario, a fin de asegurar una mayor simplicidad y celeridad en la sanción de los responsables de los actos de corrupción. 11.1.7 Fortalecimiento de la defensa del Estado frente a hechos de corrupción Se velará por la protección de los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia gestionando su defensa y representación oportuna en procesos judiciales en los cuales sea parte como víctima de hechos de corrupción. Asimismo, se monitoreará continuamente el desempeño de los abogados defensores, con el objeto de evitar que por descuido o negligencia se vea perjudicado el Estado Plurinacional de Bolivia. 11.1.8 Coordinación de los organismos que manejan información sobre el uso de los recursos públicos Se modificarán y ampliarán los alcances del manejo de la información generada por la Unidad de Investigaciones Financieras con la finalidad de utilizar la información procesada por esta institución en procura de identificar el destino de los recursos públicos desviados no sólo en procesos judiciales penales sino también en los civiles. Además, se generarán mecanismos de coordinación con todos los organismos que manejen información relevante, sobre el uso de recursos públicos, para que sean utilizados por las entidades encargadas de perseguir los actos de corrupción.
11.2	Prevención de la corrupción
	11.2.1 Ampliar el ámbito del control social de los actos de corrupción Se extenderá el control social a los actos de corrupción no sólo a los organismos públicos, sino también, a las instituciones privadas que prestan servicios públicos, y en general, a todas aquellas que administran recursos del Estado Plurinacional y organizaciones que reciben aportes estatales. 11.2.2 Régimen de inhabilidades y regulación de los conflictos de intereses Se combatirá el nepotismo, incorporando medidas que hagan efectivas las prohibiciones de las autoridades de contratar o designar, en la misma institución en la que desempeña sus funciones, a parientes, estableciéndose penas y sanciones específicas por estos actos. Junto con ello, se regularán de manera más rigurosa los conflictos de intereses que puedan tener los servidores públicos, a fin de que sólo atiendan el interés de la sociedad, y no el suyo propio. 11.2.3 Agilizar y mejorar el control gubernamental Se generarán mecanismos de coordinación adecuados y se promoverán las reformas que fueran necesarias para lograr mayor eficiencia y eficacia en las labores de control gubernamental de todas las instituciones públicas que cumplen este rol. 11.2.4 Hacer efectivo el sistema de Declaración Jurada de Bienes y Rentas Se llevarán a cabo las reformas pertinentes para hacer efectivo el sistema de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de los servidores públicos, de manera que prevenga el enriquecimiento ilícito y la apropiación indebida de recursos del Estado Plurinacional de Bolivia. Se incorporarán mecanismos de control social en el monitoreo de las mismas. 11.2.5 Régimen de garantías para el ejercicio de la función pública Con el fin de proteger el patrimonio del Estado Plurinacional de Bolivia, se exigirá algún tipo de solvencia y/o garantía para aquellos servidores públicos que ocupen cargos jerárquicos y/o administrativos en los que se manejan recursos económicos de consideración.
11.3	Recuperación del Patrimonio Público
	11.3.1 Persecución de todo acto de corrupción que atente contra el patrimonio público Se harán todos los esfuerzos para evitar la impunidad de los actos de corrupción que atenían al patrimonio, a los intereses y a los bienes del Estado Plurinacional de Bolivia y se promoverán las reformas administrativas y legales que sean necesarias para investigar y sancionar a aquellos servidores públicos que en el pasado, hubieren cometido este tipo de actos, apropiándose de recursos que pertenecen a todos los bolivianos. 11.3.2 Persecución de la responsabilidad civil de los corruptos Se adoptarán las medidas legales necesarias para obtener la recuperación eficaz y eficiente de los recursos públicos, persiguiendo como objetivo la responsabilidad civil de los corruptos, de manera que respondan con sus propios bienes por los daños que han provocado al interés público. 11.3.3 Auditorias procesales en los juicios donde el Estado persiga la recuperación de bienes En aquellos juicios en los que el Estado, a raíz de hechos de corrupción, esté persiguiendo la recuperación de bienes o recursos públicos, se implementarán auditorias procesales continuas y permanentes a fin de garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para lograr este fin. 11.3.4 Procedimientos legales más rápidos y eficaces Se propondrán modificaciones legales, a fin de establecer procedimientos legales más idóneos, rápidos, eficaces y transparentes, para obtener la recuperación de los recursos públicos. 11.3.5 Recuperación de las deudas con el Estado Se generarán los mecanismos de coordinación necesarios, a fin de lograr que los ex servidores públicos que tuvieran deudas pendientes con el Estado Plurinacional, tengan que pagarlas de manera previa al ejercicio de cualquier otra función pública.
11.4	Control social en contrataciones y transferencias de recursos públicos
	11.4.1 Control social en contrataciones Se velará para que en las contrataciones públicas los proponentes o intervinientes actúen correcta y honestamente, mediante la aprobación de un régimen jurídico específico que establezca responsabilidades y sanciones administrativas a los particulares o proveedores que participen en los procesos de contrataciones públicas. Se permitirá el control social en todo el proceso, desde la convocatoria, hasta, la adjudicación y la ejecución. 11.4.2 Transparencia y control social en las transferencias de fondos públicos Se generará un registro de libre acceso público, que contenga todas las transferencias que, por alguna razón, el Estado Plurinacional de Bolivia efectúe a instituciones privadas y/o organizaciones sociales, indicando el monto de la misma, y el fin para el que son destinados dichos recursos. De esta manera, se busca evitar la desviación de los recursos públicos hacia fines alejados del interés social.

La implementación de las medidas contenidas en la presente Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, requiere generar cambios institucionales que incorporen en su diseño esfuerzos de control social de los ciudadanos con el fin de que den cuenta de manera eficiente y eficaz, de su aporte para transparentar la gestión pública.

Las primeras medidas, las más urgentes e inmediatas, exigen la creación de mecanismos de coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción, que rescaten las particularidades de cada institución y que incorporen instancias que centralicen la información respecto de actos de este tipo. En segundo lugar, se requiere redefinir las funciones de control de la gestión pública, y el rol que corresponde a cada institución involucrada en esta materia, desde un triple punto de vista: (i) legalidad, (ii) auditoría contable y (iii) evaluación de eficiencia y cumplimiento de metas. Por último, es necesario optimizar y fortalecer la función administrativa, mediante la mejora de procedimientos administrativos internos, lo que facilita los procesos de auditoría y control social, y hace más expedito el cumplimiento de las medidas de transparencia y de acceso a la información pública; y por otra parte, a través del fortalecimiento de la carrera funcionaría, eliminando los factores de discrecionalidad en el acceso y la permanencia en el cargo.

12.1.	Apoyo a los mecanismos de coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción Se fortalecerá el funcionamiento de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción en cada uno de los organismos del Estado para prevenir y perseguir actos de corrupción mediante la dotación de mayores recursos económicos y humanos. Asimismo, se consolidarán las estrategias de colaboración con los actores y organizaciones que ejerzan el control social.
12.2	Redefinir las funciones de control de la gestión pública Se generará un sistema de control público de los actos de corrupción, que aproveche las capacidades de cada uno de los organismos con competencia en la materia (Contraloría General del Estado, Órgano Judicial, Ministerio Público, Unidades de Auditoría Interna, entre otros), que coordine las acciones conjuntas, y que facilite el intercambio de información.
12.3	Optimizar y fortalecer la función administrativa Se propondrán las reformas legales y administrativas específicas, a fin de desburocratizar y simplificar los procedimientos de la administración pública y judicial, incorporando procedimientos simples, expeditos y transparentes, que no den espacios a prácticas corruptas por parte de los servidores públicos. Además, se fortalecerá la institucionalización de los cargos públicos evitando la intromisión política partidaria, el nepotismo y el tráfico de influencias. Con ese fin se establecerán mecanismos de provisión de los cargos públicos que aseguren el acceso y permanencia en el cargo sólo en base a razones objetivas basadas en las capacidades y el desempeño. Asimismo, que impidan el acceso a personas que carecen de la calificación necesaria para el cargo específico, para ello, también se fortalecerán los mecanismos de evaluación de los servidores públicos sobre la base de una gestión por resultados. Por último, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se evaluarán mecanismos de incentivos salariales según una escala en el Órgano Ejecutivo, acordes con la responsabilidad de trabajo a fin de prevenir la comisión de posibles actos de corrupción.