Ley 1096

a)

Democracia intercultural, como el ejercicio complementario y en igualdad de condiciones de las democracias recta y participativa, representativa y comunitaria, para la convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos garantizados en la Constitución Política del Estado.

b)

Democracia paritaria, como el cumplimiento del enfoque y criterio de paridad en la vida orgánica de las organizaciones políticas y en Complementariedad entre mujeres y hombres en las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

c)

Representación política, como garantía del ejercicio de los derechos líticos de la ciudadanía, mediante las organizaciones políticas reconocidas para la elección de autoridades y representantes y la conformación de los órganos de poder público. 

d)

Libre determinación, corno el ejercicio de los derechos colectivos, el autogobierno y la autonomía de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, mediante normas y procedimientos propios. 

e)

Democracia interna, como el ejercicio democrático y orgánico en todo proceso de toma de decisión en la estructura y vida orgánica de las organizaciones políticas, así como en la conformación de sus dirigencias y la selección de candidaturas en todos los niveles. 

f)

Pluralismo político, corno el reconocimiento de la diferencia, el disentimiento y la existencia de diferentes opciones políticas e ideológicas, así como de distintas cosmovisiones, proyectos de país, plataformas programáticas y actoras y actores para la representación política y la participación en procesos democráticos.

g)

Obligatoriedad, como el carácter obligatorio y vinculante que tienen todas las organizaciones políticas de cumplir estrictamente la presente Ley y la normativa electoral para ejercer sus derechos democráticos.

a)

Partidos políticos. Son organizaciones políticas de alcanee nacional, con estructura y carácter constituidas de voluntaria por militantes con base en un Estatuto Orgánico, una Declaración de Principios y una Programática; cumpliendo los requisitos establecidos en la presente Ley para su reconocimiento.

b)

Agrupaciones ciudadanas. Son organizaciones políticas de alcance departamental o municipal, con estructura y carácter permanente, constituidas de, forma voluntaria por militantes con base en un Estatuto Orgánico, una Declaración de Principios y una Plataforma Programática; cumpliendo los requisitos establecidos en la presente Ley para su reconocimiento. En el nivel regional podrán constituirse agrupaciones ciudadanas en el marco de la vigencia de una autonomía regional.

c)

Organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Son organizaciones que posibilitan la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en elecciones subnacionales. Su organización y funcionamiento obedece a normas y procedimientos propios. A fin de postular candidaturas en procesos electorales, deben cumplir los requisitos de registro establecidos en la presente Ley. 

a)

Otorgar personalidad jurídica a los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, y registrar a las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos para su participación en elecciones. 

b)

Sustanciar los procedimientos y llevar registro del reconocimiento, otorgamiento, extinción y cancelación de la personalidad jurídica, así como los registros de sus órganos de representación y dirección, conforme a Ley.

c)

Validar y administrar el registro de militantes. 

d)

Reconocer y registrar a las delegadas y los delegados de las organizaciones políticas. 

e)

Regular y fiscalizar el funcionamiento de las organizaciones políticas para que se sujeten a la  y a sus estatutos, especialmente en lo relativo a la elección de sus dirigencias y candidaturas, así como a las condiciones, exigencias o requisitos de género y generacionales y referidas a la prevención, atención y sanción del acoso violencia política hacia las mujeres. 

f)

Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente y los estatutos internos de las organizaciones políticas en la elección de sus dirigencias y candidaturas.

g)

Fiscalizar el patrimonio, origen y manejo de los recursos económicos de las organizaciones políticas. 

h)

Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente y los reglamentos en la contratación de medios de comunicación por parte de organizaciones políticas en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato. 

i)

Vigilar y fiscalizar en todas las fases de los procesos electorales, el cumplimiento de las normas vigentes en relación a la participación de las mujeres en las candidaturas de acuerdo a lo establecido en la Ley.

j)

Vigilar el cumplimiento de los estatutos de las organizaciones políticas en relación a la equidad de género, la equivalencia de condiciones, principios de paridad y alternancia en los órganos e instancias dirigenciales, verificando el cumplimiento de los procedimientos establecidos en sus estatutos.

k)

Considerar y sancionar los casos de acoso y violencia política que se den dentro de las organizaciones políticas y que sean denunciados o de conocimiento de esta instancia. 

l)

Promover el fortalecimiento de las organizaciones políticas, sus dirigencias y sus militancias o integrantes mediante programas de formación, espacios de deliberación y estudios comparados.

I.

En el ejercicio de la democracia representativa, los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos concurren, según su alcance, mediante sufragio universal, en la elección de autoridades y representantes en los diferentes niveles del Estado Plurinacional de Bolivia. 

II.

Las organizaciones políticas, de acuerdo a su alcance, podrán postular candidatas y  candidatos para la presidencia y vicepresidencia del Estado Plurinacional, senadurías y diputaciones, gobernaciones, asambleístas departamentales, asambleístas regionales, alcaldías y concejalías municipales, ejecutivos regionales, constituyentes, representantes electos ante organismos supranacionales y otras autoridades y representantes definidos por Ley, estatutos autonómicos o cartas orgánicas. Para la elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, y para la selección directa de asambleístas y concejales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, se cumplirá la normativa aplicable vigente.

III.

Los procesos electorales de organizaciones de la sociedad civil, cooperativas de servicio público y universidades, se realizan sin la participación directa de organizaciones políticas. 

I.

En el ejercicio de la democracia directa y participativa, el pueblo soberano decide, a través de la participación ciudadana y de manera directa, sobre políticas públicas y decisiones colectivas, la iniciativa popular, el control social sobre la gestión pública y la deliberación democrática, según mecanismos de participación ciudadana y de consulta popular.

II.

Las organizaciones políticas intervienen en referendos y revocatorias de mandato, de acuerdo a la electoral vigente. 

I.

Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercen sus derechos colectivos, el autogobierno, la deliberación, la libre determinación, la representación, según normas, procedimientos, sistemas y saberes propios. 

II.

En las autonomías indígena originaria campesinas, la selección y elección de autoridades será directa, de conformidad a sus estatutos autonómicos y según normas y procedimientos propios.

III.

Se respetará la selección y elección directa de asambleístas y concejales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, para la constitución de órganos deliberativos de acuerdo a la normativa vigente.

IV.

La sustitución de representantes designados directamente por las naciones y pueblos indígena originario campesinos, se realizará de conformidad a sus estatutos y/o normas y procedimientos propios. 

I.

Para la constitución de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, las promotoras y los promotores realizarán una comunicación formal ante el Tribunal Electoral competente manifestando su intención y el alcance, declarando el conocimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley, que son los siguientes:

II.

La verificación del requisito de militancia, mediante la verificación completa de datos personales y la revisión muestral de niveles y huellas dactilares, será realizada por el Tribunal Electoral correspondiente conforme al Reglamento. 

III.

Para habilitar su participación en procesos electorales, los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas deberán haber concluido su trámite de constitución y reconocimiento al menos noventa (90) días antes de la convocatoria a la Elección en el nivel subnacional y ciento veinte (120) días antes de las elecciones primarias para las elecciones generales.

I.

Para la constitución de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, el registro de militancia deberá satisfacer el porcentaje establecido en el numeral 3 del Parágrafo I del Artículo 13 de la presente Ley, cuyo cumplimiento será responsabilidad de las y los  promotores de la organización política. Los registros serán válidos siempre que hayan sido recabados en los libros o soportes biométricos establecidos por el Órgano Electoral Plurinacional para tal efecto y una vez que la información del registro sea contrastada con el padrón electoral biométrico correspondiente, y siempre que el proceso haya sido realizado con a las disposiciones establecidas en Reglamento específico.

II.

La actualización del registro de militancia deberá ser realizada por los partidos  políticos y las agrupaciones ciudadanas al menos una por cada periodo constitucional y hasta un año después de las elecciones subnacionales, según Reglamento del Tribunal Supremo Electoral.

III.

Los padrones de militantes de los partidos políticos y de las ciudadanas son públicos. En ese marco, el Tribunal Supremo implementará un módulo de consulta personal en su portal web, para que las y los ciudadanos puedan acceder a los datos de su registro propio. Asimismo, el Órgano Electoral Plurinacional podrá atender la consulta sobre la militancia de las personas previa acreditación del interés legal, de acuerdo a normativa vigente. 

IV.

El Tribunal Supremo Electoral conformará un padrón biométrico único de militantes de las organizaciones políticas. Las condiciones técnicas y los procedimientos para el efecto, serán establecidos en Reglamento.

a)

Nombre, sigla, símbolo y colores específicos que identifiquen a la organización y con los que obtuvieron su personalidad jurídica, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios expresados en actas, estatutos o documentos reconocidos por la propia organización. 

b)

Personalidad Jurídica de la organización de la nación y pueblo indígena originaria campesina otorgada por la instancia estatal correspondiente.

c)

Estatuto Orgánico o Acta  que consigne su naturaleza como organización de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

d)

Acta o instrumento que acredite la decisión orgánica de participar en elecciones y las condiciones de su participación, asumidos mediante normas y procedimientos propios.

e)

Propuesta programática para la elección en la que participa.

I.

Cada organización de las naciones pueblos indígena originario campesinos, definirá las condiciones para su participación en procesos electorales, la nominación y/o selección de sus candidaturas, delegaciones y representantes, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios.

II.

Las condiciones para su participación, establecidas mediante sus normas y procedimientos propios, respetarán los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y los principios de la presente Ley. 

a)

Nombre, sigla, símbolo y colores adoptados. 

b)

Principios, además de los establecidos en la presente Ley. 

c)

Estructura orgánica en los ámbitos territoriales correspondientes, con la definición explícita y detallada de las funciones y atribuciones de los miembros de las instancias directivas de los órganos en cada ámbito.

d)

Procedimiento e instancia de modificación del Estatuto.

e)

Procedimientos democráticos de elección y periodo de mandado de las diligencias que conforman su estructura orgánica, incluyendo mecanismos de renovación, sustitución, destitución o revocatoria a realizarse al menos una vez por cada período constitucional; y de selección de delegaciones que participan en congresos, asambleas, convenciones, juntas o reuniones ordinarias y extraordinarias en los diferentes ámbitos. Todos estos  procedimientos deberán respetar la paridad y alternancia del 50% de mujeres y hombres, así como la inclusión de jóvenes, además de establecer la periodicidad de su realización. 

f)

Procedimientos democráticos y paritarios para la nominación de sus candidaturas a cargos electivos para su postulación en procesos electorales, para el cumplimento de la paridad y alternancia y no discriminación.

g)

Mecanismos democráticos internos de participación y toma de decisiones, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado. 

h)

Procedimientos orgánicos de designación de sus delegadas y delegados políticos, económicos y electorales ante el Órgano Electoral Plurinacional, estableciendo las funciones y obligaciones de cada uno y respetando la paridad y alternancia. 

i)

Régimen interno de género que garantice la equivalencia y la igualdad de oportunidades y el 50% de mujeres y hombres en la conformación de la estructura de la organización política en todos sus niveles e instancias decisión y deliberación.

j)

Elaboración de protocolos internos para la prevención, atención de y sanción del acoso y la violencia política hacia las mujeres, que incluyan procedimientos, instancias competentes y sanciones. 

k)

Normativa interna para el relacionamiento democrático con sus representantes electos. 

l)

Procedimientos e instancias competentes para aprobar o modificar los documentos constitutivos.

m)

Instancia encargada de garantizar los derechos de las y los militantes y, a solicitud de éstos, representarlos ante cualquier instancia directiva y/o dirigencia interna. 

n)

Derechos, deberes y prohibiciones de la dirigencia y la militancia.

o)

Procedimientos internos o mecanismos de fiscalización a los diferentes niveles representativos por parte de la militancia. 

p)

Procedimiento de admisión de militantes. 

q)

Régimen interno de infracciones y sanciones para las y los dirigentes y los y las militantes o Código de Ética. 

r)

Instancias y procedimientos para dirimir los conflictos entre militantes, entre militantes y dirigentes, y entre éstos últimos.

s)

Mecanismos que promuevan la participación efectiva de mujeres, jóvenes y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

t)

Instancias y procedimientos de fiscalización y rendición de clientas internas y del patrimonio. 

u)

Procedimientos para su participación en alianzas, fusiones y/o conversiones en función a lo establecido en la presente Ley. 

v)

Procedimiento para la extinción comunitaria de la organización política. 

I.

Los estatutos de los partidos y agrupaciones ciudadanas incorporarán un régimen interno de despatriarcalización para la promoción de la paridad y equivalencia, la igualdad de oportunidades y la implementación de acciones afirmativas, a través de una instancia interna como parte de su estructura decisional. 

II.

La instancia encargada de implementar el régimen de despatriarcalización en los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas deberá ser garantizada en lo funcional, administrativo y presupuestario.

III.

Este régimen deberá establecer claramente acciones de prevención y procedimientos, instancias competentes, sanciones y medidas de restitución de derechos en casos de acoso y violencia política; acciones afirmativas en la conformación de la estructura partidaria y los correspondientes mecanismos de seguimiento de las mismas; acciones para promover la igualdad de género; mecanismos procedimiento o reglamentos internos para dar seguimiento a denuncias de acoso y violencia política; y planes y programas para promover la paridad la igualdad de género entre la militancia. 

IV.

Las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, garantizarán la complementariedad de hombres y mujeres. 

a)

Cumplimiento de la Constitución  listado y principios de la presente Ley.

b)

Reconocimiento del Estado Plurinacional de Bolivia y de la democracia intercultural y paritaria en sus diferentes concepciones y prácticas.

c)

Respeto de los derechos humanos y garantía del ejercicio individual y colectivo de los derechos y deberes políticos. 

d)

Respeto a la plurinacionalidad y la diversidad cultural, jurídicas económica, institucional y lingüística de la sociedad boliviana.

e)

Respeto de las cosmovisiones, sistemas, saberes, normas y procedimientos indígena originario campesinos. 

f)

Respeto y reconocimiento al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. 

g)

Rechazo al racismo y toda forma de discriminación.

h)

Rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer, y de manera particular al acoso y violencia política.

i)

Rechazo a toda forma de disgregación o separatismo que atente contra la unidad e integridad del Estado Plurinacional de Bolivia. 

a)

Acuerdo de la propia organización política, conforme a lo dispuesto en su Estatuto Orgánico en el caso de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas o según normas y procedimientos propios, en el caso de organizaciones de naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

b)

Fusión con otra organización política.

c)

Conversión a otro tipo de organización política. 

d)

Integración, en el caso de la organización política subsumida.

a)

Acuerdo de las organizaciones políticas que las conforman, conforme lo dispuesto en los documentos constitutivos de la alianza. 

b)

Cumplimiento del plazo acordado o del plazo máximo establecido en esta norma para las alianzas.

c)

Cumplimiento del objeto acordado.

I.

El Tribunal Electoral correspondiente cancelará la personalidad jurídica de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, por las siguientes causales: 

II.

El Tribunal Supremo Electoral establecerá mediante reglamento, una gradación de sanciones en el caso de los incisos d), e), f) g) e i) del Parágrafo I de este Artículo. 

I.

El Tribunal Electoral correspondiente suspenderá el registro de las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, por las siguientes causales: 

II.

Para el cumplimiento del Parágrafo anterior, se deberán tomar en cuenta las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, en el marco de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado. 

III.

El Tribunal Supremo Electoral establecerá mediante reglamento, una gradación de sanciones en el caso de los incisos e) y d) del Parágrafo I de este Artículo.

IV.

Las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos podrán tramitar nuevamente su registro cumpliendo lo establecido en esta Ley y Reglamento. 

a)

El nombre, sigla, símbolo y colores que lo identifican. 

b)

Sus documentos constitutivos e historia como organización política.

c)

Documentos producidos por la organización política en cualquier soporte. 

d)

La identidad digital, que incluye plataformas de redes sociales virtuales, páginas web, u otras, de cada organización política, las que deberán ser debidamente inscritas ante el Tribunal Electoral correspondiente al momento de su creación, para las organizaciones políticas existentes, o de presentar la documentación de constitución para las futuras organizaciones políticas.

e)

Las contribuciones y donaciones de sus militantes y simpatizantes, u otras recibidas por la organización política.

f)

Sus bienes muebles e inmuebles. 

g)

El autofinanciamiento que generen mediante actividades de la organización. 

I.

Las organizaciones políticas no podrán gestionar, aceptar o recibir, directa o indirectamente, total o parcialmente, ningún tipo de aportes, donaciones, subsidios o apoyos que provengan de manera probada de las siguientes fuentes:

II.

Ninguna Contribución, donación, subsidio o aporte individual podrá exceder el diez por ciento (10%) del presupuesto anual de la organización política o del presupuesto de campaña en el marco de un proceso electoral.

III.

Las restricciones establecidas para las organizaciones políticas en el Parágrafo I del presente Artículo, aplican a las candidaturas a cargos públicos electivos. 

IV.

Quedan exentas de las restricciones del presente Artículo, las donaciones de entidades extranjeras, siempre que sean realizadas y/o canalizadas a través del Órgano Electoral Plurinacional, que las distribuirá con los criterios de igualdad y proporcionalidad señalados en el Artículo 75 de la presente Ley para todas las organizaciones políticas. 

I.

El fortalecimiento público, administrado por el Órgano Electoral Plurinacional, consiste en subvenciones indirectas en periodos electorales para el acceso a propaganda en medios de comunicación e impresos en elecciones generales y para la formación y capacitación de sus dirigencias y militancia en años no electorales. El Órgano Electoral Plurinacional difundirá en su página web el Reglamento, la distribución y el uso de recursos del fortalecimiento público.

II.

El fortalecimiento público que, por cualquier razón, no fuera utilizado por la organización política a la que corresponde, será debidamente informado en los estados financieros anuales del Tribunal Electoral correspondiente.

I.

Con el propósito de garantizar el ejercicio al voto informado, el acceso a los medios de comunicación y la competencia electoral, el Órgano Electoral Plurinacional dispondrá de una franja horaria en radio y televisión, así como de espacios en prensa escrita, sobre candidaturas y ofertas programáticas, que serán distribuidos mediante la combinación de criterios de igualdad y de proporcionalidad entre las organizaciones políticas que correspondan y alianzas participantes en el proceso electoral. El alcance de los medios será nacional en elecciones generales.

II.

En períodos electorales, los medios de comunicación audiovisuales e impresos que se habiliten para la difusión de propaganda electoral, cederán gratuita y obligatoriamente al Órgano Electoral Plurinacional la misma cantidad de espacio y tiempo que éste les contrate para la implementación del fortalecimiento público.

III.

El Órgano Electoral Plurinacional destinará el tiempo y espacio contratado y cedido por los medios de comunicación a las organizaciones políticas que correspondan y alianzas de acuerdo a los criterios de distribución establecidos en la presente Ley.

I.

Los tiempos y espacios en medios de comunicación masiva (televisión, radio prensa) serán distribuidos entre todos los partidos políticos y alianzas que presenten candidaturas de acuerdo a los siguientes criterios:

II.

Los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas que conforman una alianza, acordarán de forma previa y expresa los criterios de distribución del fortalecimiento público durante su campaña electoral, bajo resguardo de las condiciones establecidas en la presente Ley.

III.

Los partidos políticos o alianzas establecerán internamente la distribución y uso de los tiempos y espacios que les correspondan para propaganda en medios de comunicación a fin de promover todas sus candidaturas, de conformidad a la estrategia electoral y de comunicación de la organización política que corresponda, con énfasis en los siguientes criterios: 

IV.

El Tribunal Supremo Electoral establecerá en Reglamento los procedimientos Y condiciones técnicas para la contratación y distribución de los tiempos y espacios en medios masivos de comunicación, estatales y privados.

I.

Los planes anuales, ejecutados con el presupuesto asignado, incluirán la realización de cursos, talleres, conferencias, paneles, coloquios, conversatorios y otras modalidades de formación y capacitación en el ámbito del programa nacional de educación ciudadana para la democracia intercultural y paritaria impulsado por el Órgano Electoral Plurinacional a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, la Unidad de Género y el Instituto para la Democracia Intercultural. 

II.

Los planes anuales de formación y capacitación incluirán contenidos relacionados con la plurinacionalidad, la interculturalidad, la equivalencia de género, la equidad intergeneracional, así como programas específicos para mujeres, indígenas y jóvenes líderes. 

I.

La fiscalización a las organizaciones políticas por parte del Órgano Electoral Plurinacional abarca el funcionamiento de las organizaciones políticas, mismo que comprende: 

II.

Las organizaciones de naciones y pueblos indígena originario campesinos estarán sujetas a un régimen especial de control financiero y rendición de cuentas, tomando en cuenta sus normas y procedimientos propios. 

III.

El Tribunal Supremo Electoral, con la finalidad de dar cumplimiento a lo descrito en el Parágrafo anterior, emitirá la reglamentación correspondiente.

I.

Anualmente los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas deberán presentar ante el Tribunal Supremo Electoral sus estados financieros de la gestión, debidamente auditados por firma calificada de acuerdo a reglamentación. Estos estados deberán enmarcarse en el plan anual de actividades y respectivo presupuesto de la organización política.

II.

Los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas llevarán una contabilidad centralizada en la sede donde tengan su domicilio legal. Podrán llevar contabilidades separadas en cada uno de los departamentos o municipios donde actúen, y consolidarán los resultados antes de su presentación ante el Tribunal Supremo Electoral. Se prohíbe la ejecución de contabilidades paralelas.  

III.

El Órgano Electoral Plurinacional podrá requerir las aclaraciones y complementaciones que considere necesarias al balance presentado, debiendo las organizaciones políticas absolverlas dentro del plazo establecido en reglamentación. 

I.

Los recursos económicos de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, serán administrados por las instancias correspondientes, de acuerdo a lo establecido en sus estatutos. Al efecto, deberán gestionar la apertura de una cuenta bancaria en cualquier entidad financiera reconocida dentro del sistema financiero y regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

II.

La responsabilidad por el manejo de los recursos económicos de las cuentas de la organización política es solidaria y mancomunada entre la dirigencia y los responsables de la administración. 

III.

La máxima instancia del Órgano Electoral Plurinacional podrá requerir información sobre estas cuentas a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la misma que gestionará la información de manera pronta y oportuna.

I.

Las contribuciones y donaciones económicas a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y alianzas, deberán realizarse únicamente a la cuenta bancaria habilitada.

II.

Las contribuciones, donaciones y subvenciones en especie a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y alianzas o a las candidatas y candidatos de éstas, deberán ser registrados detalladamente por las instancias correspondientes dispuestas para tal efecto en su normativa interna. 

I.

La dirigencia de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y alianzas, realizarán su rendición de cuentas a sus militantes por lo menos una vez al año, la cual deberá contener mininamente las siguientes categorías: 

II.

Se reconoce la realización de otros espacios de rendición de cuentas que puedan realizarse en acuerdo entre la militancia y la dirigencia de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y alianzas. 

III.

Estos espacios podrán ser acompañados por las instancias correspondientes del Órgano Electoral Plurinacional, a Reglamento. 

IV.

Los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas establecerán mecanismos para transparentar el manejo de sus recursos económicos a la ciudadanía, de acuerdo a reglamentación. 

I.

Las denuncias procederán contra actos cometidos por la dirigencia y/o militancia de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas que se adecuen a las previsiones establecidas en la presente Ley como infracciones.

II.

Estas denuncias serán sustanciadas y resueltas a través de un proceso sumario por la instancia pertinente que determine el Estatuto de los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas.

III.

Las denuncias que no sean tratadas por las instancias pertinentes de los partidos políticos o las agrupaciones ciudadanas, podrán ser puestas en conocimiento del Tribunal Electoral correspondiente para que éste asuma competencia sobre misma.

a)

Imposición de contribuciones a militantes o simpatizantes de la organización política fuera de las establecidas en el Estatuto u otra normativa interna.

b)

Pago de sumas de dinero o entrega de especies a nombre de la organización política o alianza, como forma de acción política, a las personas no militantes. 

c)

Inobservancia de los procedimientos de admisión y separación de sus militantes. 

d)

No presentación del programa de gobierno, plan anual de actividades o presupuesto anual conforme a lo exigido por la presente Ley.

e)

Incumplimiento del deber de registrar los bienes muebles y/o inmuebles, de propiedad de la organización política, en los registros públicos respectivos.

f)

Hacer uso de los elementos que hacen a la identidad de la organización política, con fines propios o ajenos a los intereses de la misma. 

g)

Otras establecidas en su estatuto. 

a)

En caso de dirigentes, suspensión del mandato del infractor por un periodo de hasta un (1) año.

b)

En caso de militantes, suspensión de la militancia por un periodo de hasta un (1) año. 

c)

Tanto para dirigentes como militantes, prohibición de participar en congresos, asambleas, convenciones, juntas o reuniones de acuerdo con su estatuto orgánico, por un periodo de un (1) año.

a)

No observancia de los principios, normas y procedimientos establecidos en la presente Ley. 

b)

Alteración de información provista por el Órgano Electoral Plurinacional, o uso de esta información distorsionada para fines electorales y/o de acción política. 

c)

No presentar los estados financieros ante el Tribunal Supremo Electoral.

d)

Alteración de los requisitos exigidos para el registro del partido político y la agrupación ciudadana, conforme a lo establecido en la presente Ley. 

e)

Aplicar descuentos por planilla a título de aportes a la organización política o alianza. 

f)

Utilización de recursos económicos y financieros del Estado o los provenientes de la cooperación externa en acciones políticas u orgánicas de la organización política.

g)

No realizar la contabilidad de los movimientos económicos realizados por la organización política o alianza.

h)

No convocar a congresos, asambleas, convenciones, juntas o reuniones de acuerdo con su estatuto orgánico, salvo postergación por causas extraordinarias y por decisión de la propia organización política en la  instancia facultada para ello. 

i)

No aplicar el principio de paridad y alternancia entre mujeres y hombres en la conformación de las listas de candidaturas en instancias legislativas para un proceso electoral y de delegaciones, dirigencias y otros, al interior de la organización política. 

j)

No tramitar y, en su caso, no sancionar casos, de acoso y violencia política conocidos o denunciados en la organización política. 

k)

No documentar la rendición de cuentas al momento de su presentación. 

l)

Conformar o promover la conformación de una organización política distinta a la propia. 

m)

Abandonar su organización política para postular a cargos electivos en otra, en el mismo proceso electoral. 

n)

Ser candidato de un partido político habiendo participado en las elecciones primarias de otra organización política para el mismo proceso electoral. 

o)

La comisión de dos (2) faltas leves de manera consecutiva en la misma gestión.  

a)

En el caso de dirigentes, suspensión del mandato y la militancia de trece (13) meses a dos (2) años. 

b)

En el caso de militantes, suspensión de la militancia de trece (13) meses a dos (2) años.

c)

Tanto para dirigentes como militantes, prohibición de participar en congresos, asambleas, convenciones, juntas o reuniones de acuerdo con su estatuto orgánico, por un periodo de dos (2) años. 

a)

Transfugio. 

b)

Vulnerar las restricciones del financiamiento privado para las organizaciones y políticas.

c)

Acoso y violencia política probada mediante sentencia penal ejecutoriada. 

d)

Ejercer violencia contra niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, en cualquiera de sus formas, probada mediante penal ejecutoriada. 

e)

Tener sentencia ejecutoriada en materia renal delitos cuya pena mínima legal sea igual o mayor a ocho (8) años.

a)

En el caso de que la o el representante que ocupe un cargo electivo órganos deliverativos de cualquier nivel de gobierno, pérdida de Ia representación.

b)

En el caso de dirigentes, suspensión del mandato de dirigente por un de cinco (5) años.

c)

En el caso de militantes, suspensión dc la militancia por un periodo de cinco (5) años. 

I.

Los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas remitirán al Tribunal Supremo Electoral las resoluciones emitidas dentro de procesos sancionatorios al interior de sus organizaciones de acuerdo a Reglamento aprobado por el Tribunal Supremo Electoral.

II.

El Tribunal Supremo Electoral creara y administrará, a través de la instancia correspondiente y de acuerdo a Reglamentos, una base de datos que registre a dirigentes y militantes que hayan sido sancionados. 

III.

Las y los dirigentes y/o militantes con sanciones ejecutoriadas, no podrán militar en otra organización política hasta el cumplimiento de la misma.