Ley 2771

El Organo Electoral competente, según corresponda a la Agrupación Ciudadana de Carácter nacional, departamental o municipal, registrará y reconocerá la personalidad jurídica a las Agrupaciones Ciudadanas que cumplan los siguientes requisitos:

a)	Acta de declaración expresa de los fundadores para constituir una Agrupación Ciudadana con fines electorales, consignando los apellidos, nombres, edad, profesión u ocupación, número del documento de identidad y constancia de registro en el Padrón Nacional Electoral de los fundadores.
b)	Declaración expresa de cada uno de los fundadores de no tener militancia en Partido Político alguno o pertenecer a otra Agrupación Ciudadana con similares fines, o haber renunciado a ella en forma anticipada, expresa y comunicada al Organo Electoral.
c)	Nombre, sigla, símbolos y colores que adoptarán y que, en ningún caso, podrán ser iguales o similares a los legalmente reconocidos a otros partidos o agrupaciones.
d)	Estatuto Interno que especifique la forma de elección de sus candidatos, la responsabilidad de los fundadores y representantes legales para asumir derechos y obligaciones ante el Organismo Electoral, autoridades administrativas y judiciales del Estado y ante terceros.
e)	Programa de Gobierno o plan de trabajo, según corresponda.
f)	Declaración jurada de bienes de los representantes legales.
g)	Domicilio de la agrupación.

Todos los documentos enumerados anteriormente, deben ser protocolizados por Notario de Fe Pública.

Los Libros de Registro de simpatizantes, tendrán las siguientes características:

a)	En la carátula constará el nombre de la agrupación, el Departamento, la circunscripción y el municipio al que corresponden y la numeración correlativa.
b)	Un acta de apertura, con la firma y rúbrica de los dirigentes autorizados para ello, certificada por Notario de Fe Pública, especificando el número de folios útiles del libro, así como el número de partidas que contenga cada uno de ellos. El Notario validará cada uno de los folios.
c)	Los folios serán numerados correlativamente del primero al último.
d)	Cada folio deberá tener un número determinado de partidas para el registro de los simpatizantes, con los siguientes datos: apellidos y nombres, lugar y fecha de nacimiento, sexo, profesión u ocupación, lugar de residencia y/o domicilio, número de documento de identidad, declaración de no estar registrado en otra agrupación con los mismos fines, lugar y fecha de inscripción, firma o impresión digital si no supiera escribir.
e)	Un acta de cierre, con la firma y rúbrica de los dirigentes autorizados para ello, certificada por Notario de Fe Pública, en la que se dejará constancia del número de partidas de inscripción utilizadas, no utilizadas o anuladas y cualquier otra observación que se juzgara pertinente.

Los Libros de Registro de adherentes deberán acreditar, según corresponda, los siguientes porcentajes:

a)	Cuando se trate de Agrupaciones Ciudadanas que vayan a participar en la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores y Diputados Plurinominales, deberán acreditar como mínimo el registro de firmas equivalente al dos por ciento (2%) del total de votos válidos de la última elección nacional.
b)	Cuando se trate de Agrupaciones Ciudadanas que pretendan participar en la elección de diputados uninominales, deberán acreditar como mínimo el registro de firmas equivalente al dos por ciento (2%) del total de votos válidos en la circunscripción correspondiente en la última elección nacional.
c)	Cuando se trate de Agrupaciones Ciudadanas que pretendan participar en elecciones municipales, deberán acreditar el registro de firmas equivalente al dos por ciento (2%) del total de votos válidos en el municipio correspondiente en la última elección. En aquellos municipios en el que el dos por ciento (2%) signifique menos de cinco firmas, las Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas deben lograr la adhesión expresa de cinco firmas como mínimo.

I.	Dentro del plazo de treinta (30) días, la instancia directiva correspondiente solicitará directamente al Órgano Electoral, el reconocimiento de la personalidad jurídica para fines electorales y registro, acompañando los Libros correspondientes.
II.	Recibida y admitida la solicitud, el Organo Electoral correspondiente dispondrá, por el procedimiento que establezca, la verificación de los libros a objeto de constatar la correcta elaboración de los registros, la autenticidad y veracidad de los datos consignados y la eventual duplicidad de inscripciones.

La Sala Plena del Órgano Electoral correspondiente, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, computables a partir de la admisión de la solicitud, dictará resolución, disponiendo:

a)	La anulación del o los libros en los que se constatará que el cinco por ciento (5%) o más de simpatizantes correspondiera a personas fallecidas o inexistentes, o cuando se encontraran vicios de alteración o falsificación.
b)	Si el cinco por ciento (5%) o más de las inscripciones hubieran sido efectuadas de manera dolosa, se rechazará definitivamente la solicitud.
c)	Si se constatara duplicidad de firmas u otras fallas subsanables, se otorgará un plazo de treinta (30) días, computables desde el momento de la notificación, para que se salven las observaciones.
d)	Si las inscripciones irregulares se encontraran por debajo del cinco por ciento (5%), se anularán las partidas correspondientes.
e)	El Organo Electoral rechazará las firmas que acrediten las Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas de los ciudadanos y las ciudadanas que se encuentren registrados, ya sea como militantes en Partidos Políticos o como participantes en otras Agrupaciones Ciudadanas y/o Pueblos Indígenas, entre tanto éstos no renuncien en forma escrita a tales condiciones.

En todos los casos de alteración o falsificación, la Corte Nacional Electoral o la Corte Departamental Electoral, según corresponda, remitirá antecedentes al Ministerio Público para los fines de Ley.

La resolución pronunciada será publicada en la Gaceta Oficial de la Corte Nacional Electoral y en un medio de prensa de circulación nacional o departamental, según corresponda.

I.	La Agrupación Ciudadana reconocida y registrada podrá iniciar sus actividades electorales, con todos los derechos, obligaciones y garantías constitucionales y legales, a partir de la fecha de su notificación, con la resolución respectiva. Esta notificación deberá efectuarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ser emitida la resolución.
II.	Para que una Agrupación Ciudadana pueda intervenir en elecciones, deberá obtener su reconocimiento y registro al menos noventa (90) días antes de la fecha de los comicios.

Toda Agrupación Ciudadana, al constituirse a los fines electorales, elaborará su Estatuto Orgánico con el siguiente contenido básico:

a)	La denominación de la agrupación.
b)	Las normas básicas de organización interna y de selección de candidatos.
c)	Los derechos y obligaciones de sus dirigentes.
d)	Las normas que regulen el accionar de quienes resultaren electos y las correspondientes sanciones a sus infractores.
e)	La definición precisa de sus instancias directivas.
f)	Las normas que establezcan los responsables de administrar correctamente los recursos provenientes del financiamiento estatal.

Cada Agrupación Ciudadana adoptará como distintivo un nombre, sigla, símbolo y color, los que, a efectos electorales, deberán ser aprobados por el Órgano Electoral correspondiente, cuidando que no sean iguales o similares a los adoptados por otras agrupaciones, Pueblos Indígenas y Partidos Políticos registrados. El Escudó de Armas de la República, el Himno y la Bandera Nacional, la Wiphala y los Escudos, Banderas e Himnos de los Departamentos, no podrán ser utilizados como símbolos o emblemas con fines electorales.

Las Agrupaciones Ciudadanas con personalidad jurídica y registro ante el Organo Electoral, tienen, además de los que la Constitución Política del Estado y las leyes les reconocen, los siguientes derechos fundamentales:

a)	Participar en elecciones y en la conformación de los poderes públicos.
b)	Probar, modificar y divulgar su normativa interna y otros documentos.
c)	Reunirse y emitir libremente sus opiniones en el marco de la Ley.
d)	Presentar estudios y proyectos de interés público.
e)	Solicitar información de los poderes y organismos del Estado.
f)	Acceder libremente a los medios de comunicación masiva en igualdad de condiciones, de acuerdo con las disposiciones que rigen la materia.
g)	Participar en todas las etapas de los procesos electorales, de conformidad con lo establecido en el Código Electoral, y nombrar delegados ante los organismos electorales y de identificación nacional.
h)	Conformar alianzas.
i)	Realizar actos de proselitismo, campañas electorales y de propaganda, dentro de, los límites establecidos por Ley.
j)	Recibir, en forma obligatoria y oportuna, la información que soliciten de la Corte Nacional Electoral o Cortes Departamentales Electorales.

Las Agrupaciones Ciudadanas, tienen los siguientes deberes:

a)	Cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes de la República, sus normas internas, los documentos constitutivos y resoluciones que aprobaran de acuerdo con ellos.BR>
b)	Preservar, desarrollar y consolidar el sistema democrático de gobierno.
c)	Garantizar el ejercicio de la democracia interna.
d)	Comunicar, al Organo Electoral correspondiente, las modificaciones que se introdujeran en sus documentos constitutivos o en la composición de sus órganos directivos, dentro de los treinta (30) días siguientes a su aprobación, acompañando acta notariada de la instancia que adoptó tal decisión.
e)	Llevar la contabilidad de su movimiento económico y presentar rendición de cuentas ante el Organo Electoral, cuando perciban recursos provenientes de financiamiento estatal.

Los procedimientos para la nominación de candidatos estarán contenidos en el Estatuto Orgánico y las normas internas de la Agrupación Ciudadana. El Organo Electoral, a tiempo de inscribir las nóminas de candidatos, verificará el cumplimiento de dichas disposiciones internas.

Las Agrupaciones Ciudadanas están obligadas a presentar, ante el Órgano Electoral, normas internas que regulen su organización y funcionamiento, de acuerdo al artículo 15° de la presente Ley.

Son nulas todas las disposiciones o pactos que establezcan procedimientos extraordinarios a los establecidos en las normas internas de la agrupación y las que confieran poderes de excepción a una o varias personas de la organización.

Constituyen infracciones leves:

a)	La alteración de los requisitos exigidos para el registro de la Agrupación Ciudadana o Pueblo Indígena conforme con lo establecido en la presente Ley.
b)	La exigencia de sumas de dinero, bienes u otros a título de aportes, por medios coercitivos, a los simpatizantes de la Agrupación Ciudadana o miembros de Pueblos Indígenas.
c)	El pago de sumas de dinero o entrega de especies, como forma de acción política.
d)	Incumplimiento de normas internas, no vinculadas a temas electorales;

Las sanciones a las infracciones leves establecidas en el Artículo anterior, serán:

a)	Multa, hasta un monto equivalente al diez por ciento (10%) del financiamiento estatal que perciban en los casos de los incisos a) y c) del artículo anterior. En caso de reincidencia, se aplicará el doble de la sanción establecida.
b)	Suspensión de uno (1) a seis (6) meses del dirigente infractor, en los casos de los incisos b) y d).

Constituyen infracciones graves:

a)	La alteración de la información provista por el Órgano Electoral.
b)	La organización, fomento o mantenimiento de grupos de acción violenta.
c)	La falta de rendición de cuenta documentada.

Las sanciones a las infracciones graves establecidas en el Artículo anterior, serán:

a)	Multa equivalente al veinticinco por ciento (25%) del monto percibido por financiamiento estatal; la misma que será impuesta a sus representantes legales, en el caso del inciso a).
b)	Cancelación de registro e inhabilitación de sus representantes legales para participar como candidatos en las próximas elecciones nacionales o municipales inmediatamente posteriores, en el caso del inciso b).
c)	Multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto percibido por financiamiento estatal, en el caso del inciso c).

Las sanciones previstas con anterioridad no son excluyentes de las responsabilidades civiles y penales emergentes de comisión de delitos o de malos manejos de recursos estatales. A tales efectos, los Órganos Electorales deberán constituirse en parte civil o querellantes, según el caso.

Las Cortes Departamentales Electorales, son competentes para conocer y resolver los procesos derivados de recursos de queja por infracciones graves y leves de las instancias directivas de Agrupaciones Ciudadanas y/o Pueblos Indígenas. En caso de ser competentes dos o más Cortes Departamentales Electorales, lo será aquélla en la que resida el dirigente denunciado.

Los recursos de queja por las infracciones a la presente Ley, se iniciarán a denuncia escrita de cualquier persona mayor de dieciocho (18) años. Partido Político, Alianza o Agrupación Ciudadana y/o Pueblo Indígena debiendo ser presentada ante la Corte Electoral competente acompañando toda la prueba sobre el hecho denunciado, cumpliendo en lo pertinente con lo dispuesto por el Artículo 327° del Código de Procedimiento Civil. Se tendrá por domicilio legal del denunciante, la Secretaría de la Corte.

Recibida la denuncia, se sorteará a un Vocal, quien la evaluará.

Si fuera manifiestamente improcedente o no se hubieran cumplido las formalidades exigidas en el Artículo anterior, la rechazará “in límine`. Si la admite, en un plazo máximo de cinco (5) días, ordenará se notifique a la parte demandada con la denuncia y el señalamiento de día y hora de audiencia pública.

La contestación a la denuncia deberá ser presentada hasta veinticuatro (24) horas antes de la audiencia, acompañándose la prueba que se considere pertinente.

La audiencia deberá realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la denuncia, con la contestación o sin ella. Instalada la audiencia, con la presencia o no de la parte demandada, se llevará a cabo en forma continua, oral, pública y contradictoria.

La audiencia no podrá suspenderse, sino en los siguientes casos:

a)	Ausencia justificada, enfermedad o impedimento de más de la mitad de los Vocales de la Corte Nacional Electoral;
b)	Enfermedad o impedimento del Vocal de la Corte Departamental Electoral que conoce la causa.

En todo caso, se velará por la inmediación entre juzgador y las partes.

En primer lugar, se concederá la palabra al denunciante para que exponga en forma oral su acusación sobre la base de las pruebas presentadas; luego se le concederá la palabra al denunciado para que exponga, de igual forma, su defensa. De ser necesario, se dará lugar a la réplica y duplica.

Concluidas las exposiciones, se dictará resolución:

a)	Absolutoria y, si fuera el caso, declarando la temeridad o malicia de la acusación con imposición de multa de hasta cinco (5) salarios mínimos; o,
b)	Condenatoria, estableciendo la sanción por ser aplicada.

La resolución será fundamentada y leída en la misma audiencia quedando, por este acto, notificadas las partes.

Si la Corte percibiera la existencia de delitos, los remitirá al Ministerio Público para el ejercicio de la acción correspondiente.

Podrán interponer Recurso de Reconsideración contra las resoluciones finales en procesos por infracciones a la LEY DE AGRUPACIONES CIUDADANAS y Pueblos Indígenas, quienes aleguen interés legítimo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, en los siguientes casos:

a)	Cuando se hubiera causado indefensión a la parte demandada, durante el proceso.
b)	Cuando se hubiera aplicado erróneamente la norma adjetiva.

El recurso deberá ser presentado con fundamento y precisado el agravio alegado, ante la misma autoridad que dictó la resolución.

Recibido el Recurso y luego de radicarlo, la autoridad, dentro del plazo máximo de cinco (5) días, podrá:

a)	Rechazarlo `in límine`, cuando lo considere manifiestamente improcedente, o si hubiera sido presentado fuera de término o careciera de fundamentación; u,
b)	Ordenar su traslado a la parte contraria.

Con respuesta de la parte contraria o sin ella, y dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la radicación del Recurso, se dictará resolución:

a)	Rectificando o modificando la Resolución impugnada; o,
b)	Ratificando la Resolución impugnada.

La Resolución que se dicte deberá ser fundamentada y tendrá efectos de cosa juzgada.

La acción para denunciar las infracciones .establecidas en la presente Ley, prescribe al año de haber sido cometidas. Las sanciones prescriben a los dieciocho (18) meses de la ejecutoria de la Resolución.

Se modifican las siguientes disposiciones legales contenidas en la Ley de Municipalidades, con el siguiente texto:

	Artículo 11 °, se modifica de la siguiente manera:
	"Artículo 11°. (Elección de Concejal, Alcalde y Agentes Municipales). La elección de Concejal, Alcalde y Agentes Municipales están regidas por la Constitución Política del Estado, la Ley de Partidos Políticos, Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas y el Código Electoral".
	El Artículo 49°, se modifica de la siguiente manera:
	"Artículo 49° (Suspensión Definitiva y Pérdida de Mandato). Los Concejales o Alcaldes Municipales perderán el mandato, siendo destituidos, inhabilitados y suspendidos definitivamente como concejales, en los siguientes casos:
	a) Cuando exista en su contra sentencia condenatoria ejecutoriada a pena privativa de libertad; b) Pliego de Cargo Ejecutoriado; c) Sentencia Judicial Ejecutoriada por Responsabilidad Civil contra el Estado; d) En lo previsto por el artículo 109° del Código Electoral; y, e) Los casos previstos en la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, y sus reglamentos, cuando correspondan".

Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

La Corte Nacional Electoral, en el término de treinta (30) días de publicada la presente Ley, adecuará sus reglamentos internos a las disposiciones de ésta.

Las Agrupaciones Ciudadanas y los Pueblos Indígenas que pretendan participar en las Elecciones Municipales de 2004, deberán obtener registro ante el Órgano Electoral, por lo menos con sesenta (60) días de anticipación a la fecha señalada para la elección.