Ley 870

I.

La Defensoría del Pueblo es la institución de derecho público nacional, encargada de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado, las Leyes y los Instrumentos Internacionales.

II.

Asimismo, le corresponderá la promoción y defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades urbanas, interculturales, afrobolivianos y de las bolivianas y los bolivianos en el exterior, en coordinación con las instancias correspondientes.

III.

La Defensoría del Pueblo tiene autonomía funcional, financiera y administrativa; en el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los Órganos del Estado, está sometida al control fiscal y tiene su sede en la ciudad de La Paz.

1.

Accesibilidad. La Defensoría del Pueblo deberá otorgar a todas las personas naturales o jurídicas el acceso a sus servicios, evitando patrocinios, trámites o condiciones para su intervención.

2.

Celeridad. Los asuntos de competencia de la Defensoría del Pueblo, serán tramitados en forma rápida y oportuna, procurando la oralidad, sin la exigencia de formalidades que retarden o impidan la resolución del caso.

3.

Gratuidad. Todos los servicios, apoyos y asesoramientos de la Defensoría del Pueblo, serán gratuitos.

4.

Interculturalidad. La Defensoría del Pueblo promoverá la interculturalidad entendida como la interacción entre las culturas, que se constituye en instrumento para la cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones, para la construcción de relaciones de igualdad y equidad de manera respetuosa.

5.

Solidaridad y Servicio al Pueblo. Es la capacidad de comprender, cooperar y apoyar de forma efectiva, a las personas individuales y colectivas que requieren sus servicios, identificándose con las necesidades o demandas de quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, trabajando en beneficio del pueblo y de los sectores más desfavorecidos.

6.

Oficiosidad. La Defensoría del Pueblo actuará de oficio en el ejercicio de su mandato.

7.

Motivación de los Actos. Los actos que emanen de las investigaciones de la Defensoría del Pueblo, deben tener la debida motivación derivadas del análisis de la prueba recabada en el procedimiento investigativo, así como de-corroborar si los mismos se apegan al ordenamiento jurídico.

8.

Confidencialidad y Reserva. La Defensoría del Pueblo tiene la obligación de proteger la fuente y la identidad de las personas que resulten víctimas o proporcionan información, cuando exista temor fundado, peligro o riesgo de afectación a sus derechos fundamentales. En estos casos, la información recogida puede ser declarada de carácter reservada.

1.

Interponer las acciones de inconstitucionalidad, de libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento y el  recurso directo de nulidad, en casos de vulneración de derechos individuales y colectivos manifiestamente.

2.

Presentar Proyectos de Ley y proponer modificaciones a Leyes, Decretos y Resoluciones no judiciales, en materia de su competencia, en diferentes niveles de gobierno.

3.

Investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución Política del Estado, las Leyes y los Instrumentos Internacionales, e instar al Ministerio Público el inicio de las acciones legales que correspondan.

4.

Solicitar a las autoridades, servidores públicos, representantes legales de empresas privadas, mixtas y cooperativas que prestan servicios públicos, o autoridades indígena originario campesinas, la información que requiera para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones.

5.

Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas que aporten al cumplimiento, vigencia y promoción de los derechos humanos, a todos los órganos e instituciones del Estado, y emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones.

6.

Acceder libremente a los centros de detención e internación, policial o militar; institutos de formación policial o militar, casas de acogida, centros de atención de la niñez y adolescencia, y de adultos mayores; hospitales, centros de salud o instituciones que brindan servicios de salud; refugios temporales; centros de formación y educación; sin que pueda oponerse objeción alguna, a efectos de velar por el cumplimiento y promoción de los derechos de las personas que ahí se encuentran.

7.

Ejercer sus funciones sin interrupción de ninguna naturaleza, aun en caso de declaratoria de estado de excepción.

8.

Asistir con prontitud y sin discriminación a las personas que soliciten sus servicios.

9.

Elaborar los reglamentos y la normativa interna para el ejercicio de sus funciones, en el marco de la presente Ley.

10.

Interponer las acciones correspondientes contra las autoridades o servidoras y servidores públicos, representantes legales de empresas privadas, mixtas o cooperativas que presten servicios públicos, o autoridades indígena originario campesinas, en caso de no ser atendidas sus solicitudes.

1.

Ser de nacionalidad boliviana.

2.

Tener treinta (30) años de edad, cumplidos al momento de su designación.

3.

Tratándose de hombres, haber cumplido los deberes militares.

4.

No tener pliego de cargo ejecutoriado o sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento.

5.

No estar comprendida o comprendido en los casos de prohibición o incompatibilidad establecidas en la Constitución Política del Estado.

6.

Estar inscrita o inscrito en el Padrón Electoral.

7.

Hablar al menos dos (2) idiomas oficiales del Estado.

8.

No tener ningún grado de parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con las autoridades jerárquicas de los Órganos del Estado o con la Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional.

9.

Contar con probada integridad personal y ética, determinada a través de la observancia pública.

10.

11.

No haber sido sentenciado por delitos ni sancionado por faltas referidas a la violencia contra la mujer, violencia contra niñas, niños o adolescentes, trata y tráfico de personas o cualquier delito comprendido en la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas.

I.

El ejercicio del cargo de la Defensora o el Defensor del Pueblo, es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, con remuneración o sin ella, exceptuándose la actividad de docencia universitaria.

II.

Si la incompatibilidad sobreviniere una vez posesionado como Defensora o Defensor del Pueblo, implicará el cese de funciones en la fecha en que aquella se hubiera producido.

I.

Cuarenta y cinco (45) días antes de la finalización del mandato de la Defensora o el Defensor del Pueblo, la Asamblea Legislativa Plurinacional iniciará el proceso de selección aprobando la convocatoria pública respectiva, estableciendo los criterios de evaluación, méritos, idoneidad, trayectoria e integridad personal y ética, así como etapas de impugnación ciudadana establecidas en la reglamentación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

II.

El proceso de selección estará a cargo de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, las condiciones generales del acceso al servicio público y las incompatibilidades establecidas en normativa vigente, a través de un proceso transparente, pudiendo cruzar información con registros públicos oficiales a efectos de compulsar la trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la idoneidad de las y los postulantes.

III.

La Comisión Mixta de Constitución, por simple mayoría de votos calificará y elevará la nómina y el informe correspondiente a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que en un plazo de quince (15) días convoque a la Elección de la Defensora o el Defensor del Pueblo.

I.

Corresponderá al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la elección y designación, por dos tercios de votos de los presentes, de la Defensora o el Defensor del Pueblo, de la nómina preseleccionada por la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral.

II.

La posesión estará a cargo de la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

I.

El cese de funciones procederá en los siguientes casos:

II.

Cuando se produzcan las causales señaladas, la Defensora o el Defensor del Pueblo podrá ser reemplazado interinamente por cualquier Delegada o Delegado Defensorial Adjunto, mismo que será nombrado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en tanto se realice un nuevo proceso de elección, selección y designación.

1.

Promover la cultura del diálogo y de respeto a los derechos humanos, en situación de conflictos sociales, a través de la gestión y la prevención.

2.

Promover el cumplimiento de los derechos específicos establecidos en la Constitución Política del Estado, en los Instrumentos Internacionales de derechos humanos y en las Leyes.

3.

Promover el cumplimiento de los derechos específicos de la infancia, niñez y adolescencia, y de los derechos de las mujeres y grupos vulnerables, con énfasis en medidas contra la violencia y discriminación.

4.

5.

Diseñar, ejecutar y supervisar políticas, programas y proyectos institucionales para la defensa y cumplimiento de los derechos humanos.

6.

Promover y ejecutar campañas de comunicación, información y sensibilización de la opinión pública para el conocimiento, comprensión y defensa de los derechos humanos.

7.

Servir de facilitador en la resolución de conflictos en las materias de su competencia cuando las circunstancias permitan tener un mayor beneficio a los fines tutelados.

8.

Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos individuales y colectivos e intereses legítimos de las personas contra arbitrariedades, deficiencias y errores cometidos en la prestación de los mismos.

9.

Impulsar la participación ciudadana para vigilar la vigencia de los derechos y garantías constitucionales.

10.

Desarrollar investigaciones a denuncia o de oficio, audiencias públicas, orientación ciudadana, generar alertas tempranas y recomendaciones, recordatorios, sugerencias o correctivos para garantizar la vigencia plena de los derechos humanos.

11.

Ejercer la representación legal de la Defensoría del Pueblo.

12.

Designar y cesar de sus funciones a las Delegadas o los Delegados Defensoriales Adjuntos, Departamentales y Especiales, así como a las servidoras y servidores públicos de la institución.

13.

Aprobar los Reglamentos y las Instrucciones para el correcto funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.

14.

Suscribir convenios interinstitucionales y alianzas, en el marco de la Ley y los objetivos institucionales, con Organismos Internacionales establecidos en Bolivia, entidades públicas, instituciones académicas, Organizaciones No Gubernamentales, organizaciones sociales, pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y el pueblo afroboliviano, para la realización de actividades, programas y proyectos, e iniciativas de promoción y difusión de los derechos humanos; y de cooperación técnica o financiera con instituciones nacionales o extranjeras.

15.

La Defensora o el Defensor del Pueblo puede actuar como parte o como coadyuvante en las acciones de defensa establecidas en la Constitución Política del Estado, sea de oficio o a solicitud de parte.

16.

Promover la ratificación, adhesión o suscripción de Tratados y Convenciones Internacionales sobre derechos humanos, velar por su observancia y promover su difusión y aplicación.

17.

Elaborar y presentar informes temáticos o periódicos sobre temas de su competencia, a las Comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la Asamblea Legislativa Plurinacional ya los sistemas de protección internacional de derechos humanos, cuando le sean requeridos.

18.

Promover el cumplimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígena, originario campesinos, comunidades interculturales y del pueblo afroboliviano; mujeres, niñez y adolescencia, y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad; de las consumidoras y los consumidores, usuarias y usuarios de servicios públicos; así como los derechos de la Madre Tierra y el acceso al agua como derecho humano fundamental.

I.

La Defensora o el Defensor del Pueblo deberá informar a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Control Social, la situación de los derechos humanos de las bolivianas y los bolivianos, y sobre la gestión de su administración, anualmente, sin perjuicio de las convocatorias que realice la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de sus Cámaras o Comisiones, para temas específicos que correspondan según su competencia.

II.

El Control Social se sujetará a las reglas previstas en la Ley N° 341, de 5 de febrero de 2013, de Participación y Control Social.

I.

La Defensora o el Defensor del Pueblo es inviolable por las opiniones, resoluciones y recomendaciones que emita en el ejercicio de sus funciones.

II.

Mientras dure su mandato, no podrá ser enjuiciada o enjuiciado, acusada o acusado, perseguida o perseguido, detenida o detenido o multada o multado por los actos que realice en el ejercicio de las atribuciones propias de su cargo. En caso de la comisión de delitos, se aplicará el procedimiento de juzgamiento previsto en la Ley N° 044 de 8 de octubre de 2010, "Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público", modificada en parte por la Ley N° 612 de 3 de diciembre de 2014.

I.

La Defensora o el Defensor del Pueblo estará asistida o asistido, en el desempeño de sus funciones, por servidoras o servidores públicos de libre designación e igual jerarquía, denominadas o denominados Delegada o Delegado Defensorial Adjunto, en los que podrá delegar responsabilidades específicas.

II.

III.

La Defensora o el Defensor del Pueblo nombrará hasta tres (3) Delegadas o Delegados Defensoriales Adjuntos, teniendo en cada caso su área y denominación específica según las prioridades institucionales en el marco de su presupuesto.

IV.

La Defensora o el Defensor del Pueblo, a partir de su posesión, tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles para designar a las Delegadas o los Delegados Defensoriales Adjuntos, debiendo éstos ser ratificados por la Cámara de Senadores para ejercer sus funciones.

V.

La Designación de Delegadas o Delegados Defensoriales Adjuntos, deberá respetar los principios de equidad de género y plurinacionalidad.

VI.

Las Delegadas o Delegados Defensoriales Adjuntos, deberán cumplir los mismos requisitos e incompatibilidades que se requieren para ser Defensora o Defensor del Pueblo.

I.

II.

Las Delegadas y los Delegados Defensoriales Departamentales, tendrán dependencia directa de la Defensora o el Defensor del Pueblo y coordinarán su trabajo con las Delegadas o los Delegados Defensoriales Adjuntos, en sujeción a la normativa y los procedimientos internos.

III.

La designación de Delegadas y Delegados Defensoriales Departamentales, deberá respetar los principios de equidad de género y plurinacionalidad.

IV.

Las Delegadas y los Delegados Defensoriales Departamentales, deben cumplir las condiciones generales de acceso al Servicio Público y no incurrir en las incompatibilidades para la designación de la Defensora o el Defensor del Pueblo.

I.

II.

Las Delegadas o Delegados Defensoriales Especiales de la Defensoría del Pueblo, dependerán directamente de la Defensora o el Defensor del Pueblo o de una de las Adjuntorías designadas, mientras dure su comisión o mandato, y podrán ejercer sus funciones en cualquier parte del territorio del Estado Plurinacional.

1.

Asistir a la Defensora o al Defensor del Pueblo en las áreas de su competencia y de acuerdo al mandato que les asigne la normativa interna.

2.

3.

Proponer a la Defensora o al Defensor del Pueblo, políticas y estrategias institucionales en el área de su competencia.

4.

Proponer la creación de cargos y funciones de las servidoras y los servidores públicos bajo su dependencia, en concordancia con la normativa vigente.

I.

Las estrategias de intervención de la Defensoría del Pueblo, serán las siguientes:

II.

a selección de las estrategias de intervención de la Defensoría del Pueblo, no se aplica de manera excluyente entre sí, podrá ser utilizada más de una y dependerá de las etapas del proceso de investigación.

I.

Concluida la investigación de los casos y comprobada la vulneración de derechos, la Defensoría del Pueblo podrá emitir Resoluciones fundamentadas que contengan, según sea el caso, recomendaciones, recordatorios, sugerencias o correctivos y censura pública.

II.

En caso de encontrar indicios de un hecho ilícito, la Defensora o el Defensor del Pueblo mediante Resolución, remitirá antecedentes al Ministerio Público.

III.

Emitida la Resolución que contenga las recomendaciones, recordatorios, sugerencias o correctivos, ésta será puesta a conocimiento de la autoridad o servidor público, quien tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles para su pronunciamiento.

1.

Cuando se trate de la rectificación, modificación, inmediata cesación de la violación o la restitución de los derechos conculcados, emergentes de la comprobación del caso.

2.

Cuando se trate de la iniciación de acciones legales.

3.

Cuando se trate de la rectificación en la aplicación de una norma que provoque situaciones injustas y perjuicios.

I.

En caso de que la autoridad o servidor público no hubiera adoptado la recomendación, recordatorio o sugerencia, o las razones que estime para no adoptarlas no sean justificadas, la Defensora o el Defensor del Pueblo emitirá Censura Pública.

II.

La Censura Pública consistirá en incluir en el Informe Anual Especial del Defensor del Pueblo, la mención de los nombres de las autoridades o servidores públicos, así como los hechos y las pruebas bajo el principio de motivación de los actos.

1.

Acción de inconstitucionalidad abstracta.

2.

Acción de libertad.

3.

Acción de Amparo Constitucional.

4.

Acción de protección a la privacidad.

5.

6.

Acción de cumplimiento.

7.

Recurso directo de nulidad;

8.

Recurso de Revisión Extraordinaria de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada Penal, a personas privadas de libe

a)

Recursos económicos asignados por el Tesoro General de la Nación - TGN.

b)

Donaciones y legados.

c)