Decreto Supremo 2935

I.

Respecto al ámbito de protección:

II.

Respecto a los actos de acoso político hacia las mujeres:

III.

Respecto a los actos de violencia política hacia las mujeres.

a)

Diseñar e implementar programas orientados a la lucha contra los estereotipos que existen respecto a la participación política de las mujeres y a la formación, empoderamiento, fortalecimiento del liderazgo y desarrollo de capacidades para la gestión pública de mujeres candidatas y electas, en particular de las mujeres indígena originaria campesinas;

b)

Diseñar e implementar estrategias y mecanismos de información, prevención y capacitación a nivel nacional sobre el contenido de la Ley N° 243 y el presente Decreto Supremo a mujeres candidatas, servidoras públicas electas y designadas en coordinación con los diferentes órganos del nivel nacional, departamental, regional, municipal e indígena originario campesino;

c)

Desarrollar procesos de información y sensibilización en las instituciones de la administración pública para prevenir actos de acoso y violencia política hacia las mujeres, en coordinación con los diferentes órganos del nivel nacional, departamental, regional, municipal e indígena originario campesino;

d)

Diseñar e implementar estrategias de formación y capacitación para el personal encargado de la atención, protección, investigación y sanción de actos de violencia previstos en la Ley N° 348, de 9 de marzo de 2013, Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que incluya la especialización en la prevención y atención de los casos de acoso y violencia política hacia las mujeres descritos en la Ley N° 243, en coordinación con el Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía Boliviana y entidades territoriales autónomas;

e)

Promover acciones de prevención, capacitación, sensibilización, reflexión y análisis de la problemática del acoso y violencia política hacia las mujeres, en coordinación con el Órgano Electoral Plurinacional, Ministerio de Autonomías y las entidades territoriales autónomas dirigidas a organizaciones sociales, políticas y otras.

I.

Los órganos deliberativos de las entidades territoriales autónomas implementarán video grabaciones de sus sesiones, debiendo mantener obligatoriamente y bajo responsabilidad, el archivo de las grabaciones por orden cronológico, a fin de prevenir y registrar cualquier acto de acoso y violencia política.

II.

Las grabaciones de las sesiones y la transcripción de las mismas son de acceso público y podrán ser solicitadas por las o los integrantes de los órganos deliberativos o cualquier ciudadana o ciudadano debiendo ser facilitadas con carácter obligatorio a costo de la o el solicitante. La transcripción de las sesiones incluirá la nómina de las y los representantes que hayan asistido a las sesiones.

I.

Se implementa el Mecanismo de Prevención y Atención Inmediata de defensa de los derechos de las mujeres en situación de acoso y/o violencia política, para la coordinación, atención y articulación de acciones en casos que requieran su intervención.

II.

El Mecanismo de Prevención y Atención Inmediata será activado por alguno de sus miembros cuando tenga conocimiento de un caso de acoso o violencia política hacia las mujeres de notoria gravedad y/o riesgo que pongan en peligro inminente la vida o la integridad física de la afectada y que requieran acciones inmediatas, a través de:

III.

El Mecanismo de Prevención y Atención Inmediata estará integrado por:

a)

Coordinar con las instituciones públicas del nivel nacional del Estado y de las entidades territoriales autónomas la implementación de la Ley N° 243 y el presente Decreto Supremo;

b)

Diseñar protocolos de atención para casos de acoso y violencia política hacia las mujeres en coordinación con el Ministerio Público, la Policía Boliviana a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia – FELCV, el Órgano Judicial, el Órgano Electoral Plurinacional, los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional - SIJPLU, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima – SEPDAVI y los Servicios Legales Integrales Municipales – SLIM;

c)

Coordinar con las instituciones públicas del nivel nacional del Estado y de las entidades territoriales autónomas, la implementación de los protocolos de actuación para casos de acoso y violencia política a fin de garantizar el acceso, atención y procesamiento de denuncias de acoso y violencia política.

a)

Informar, asesorar legalmente y dar asistencia integral a mujeres en situación de acoso y violencia política;

b)

Otorgar patrocinio legal gratuito en procesos penales y/o constitucionales sobre casos de acoso y violencia política hacia las mujeres;

c)

Realizar, a solicitud de parte, el seguimiento a casos de acoso y/o violencia política interpuestos en la vía administrativa, penal y constitucional cuando la denuncia no haya sido procesada, exista demora injustificada o incumplimiento de plazos, solicitando se proceda al tratamiento correspondiente;

d)

Otras funciones previstas en la Ley N° 348 para los casos de violencia política.

a)

Requerir información a las instituciones públicas del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas sobre los procesos por acoso y violencia política conocidos por su institución;

b)

Requerir información a las instituciones públicas del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas, respecto al avance y cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley N° 243 y el presente Decreto Supremo.

a)

En el nivel central del Estado por el Ministerio de Justicia en coordinación con el Ministerio de Comunicación;

b)

Las entidades territoriales autónomas en el ámbito de su jurisdicción;

c)

El Órgano Electoral Plurinacional en coordinación con el Ministerio de Justicia.

I.

La Comisión de Ética de cada órgano deliberativo es la instancia encargada de conocer y resolver las denuncias en la vía administrativa sobre acoso y/o violencia política contra autoridades electas tanto titulares como suplentes.

II.

La Comisión de Ética deberá estar conformada considerando criterios de pluralidad representativa y equidad de género, de acuerdo a su normativa interna.

III.

No podrá ser integrante de la Comisión de Ética, la servidora o él servidor público que tenga antecedentes de violencia.

I.

La denuncia deberá ser presentada ante la Comisión de Ética y deberá contener mínimamente nombres y apellidos, cédula de identidad, domicilio del o la denunciante; nombres y apellidos de la o el denunciado; relación circunstanciada del hecho y firma o impresión dactilar del o la denunciante.

II.

En caso de una denuncia verbal, la Comisión de Ética deberá levantar Acta donde consten los datos establecidos en el Parágrafo precedente.

III.

Se hará entrega a la parte denunciante la constancia de presentación de la denuncia señalando fecha, hora e identificación del receptor de la denuncia.

IV.

La denuncia presentada no podrá ser rechaza por motivos de forma.

I.

En caso de presentarse una denuncia contra un o una integrante de la Comisión de Ética, se designara temporalmente a su reemplazante.

II.

Si la denuncia fuera declarada probada, se lo separará definitivamente de la Comisión de Ética quedando su reemplazante como titular hasta la conclusión del mandato.

I.

Los integrantes de la Comisión de Ética podrán excusarse de conocer una denuncia en los siguientes casos:

II.

Los integrantes de la Comisión de Ética podrán ser recusados de conocer una denuncia, por las causales señaladas en el Parágrafo I y por las siguientes:

I.

La excusa o la recusación deberá ser presentada en forma escrita a la Comisión de Ética, invocando la causal para su procedencia.

II.

La Comisión de Ética en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles de recibida la excusa o recusación deberá resolver según corresponda.

III.

En la Resolución que declare procedente la excusa o la recusación, se designará a una o un reemplazante del integrante excusado o recusado para el caso concreto, de acuerdo a su normativa interna.

I.

En el marco de la Ley N° 243, la Comisión de Ética sustanciará las denuncias de acoso y violencia política que sean de su conocimiento, de acuerdo al siguiente procedimiento:

I.

La Comisión de Ética emitirá Resolución declarando probada o improbada la denuncia e imponiendo la sanción según corresponda, conforme al Artículo 17 de la Ley N° 243.  

II.

La Comisión de Ética, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles de emitida la Resolución, deberá remitir una copia de la misma:

I.

La Comisión de Ética, de oficio o a petición de parte, y sin perjuicio de la sustanciación del procedimiento administrativo, podrá disponer de forma inmediata las siguientes medidas de protección:

II.

Las instancias representativas de autoridades electas, podrán solicitar las medidas de protección que consideren necesarias, en favor de la afectada.

III.

Para la ejecución de las medidas de protección se podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.

a)

Ejercer presión hacia servidoras públicas electas para que renuncien o abandonen sus funciones político - públicas, en favor de sus suplentes;

b)

Limitar o impedir la participación de las autoridades mujeres en programas de capacitación o de representación inherentes a su cargo, negándoles la autorización y la asignación de recursos.

I.

Las entidades territoriales autónomas indígena originarias campesinas, en el marco de su jurisdicción y competencia, deberán incorporar medidas para la prevención, atención y sanción del acoso y violencia política hacia las mujeres indígenas originarias campesinas.

II.

Las mujeres autoridades indígena originarias campesinas, en situación de acoso y violencia política, podrán presentar sus denuncias en la jurisdicción ordinaria o constitucional cuando corresponda.