Artículo 389 bis. (Medidas de protección especial).

1.

Salida o desocupación del domicilio donde habita la víctima, independientemente de la titularidad del bien inmueble;

2.

Prohibición de ingreso al domicilio de la víctima, aunque se trate del domicilio familiar;

3.

Prohibición de comunicarse directa o indirectamente y por cualquier medio con la víctima;

4.

Prohibición de intimidar por cualquier medio o a través de terceras personas a la víctima, así como a cualquier integrante de su familia;

5.

Suspensión temporal del régimen de visitas, guarda o custodia y convivencia con la víctima; medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva en la jurisdicción correspondiente;

6.

Prohibición de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de la víctima;

7.

Devolución inmediata de objetos y documentos personales de la víctima;

8.

Prohibición de acercarse, en el radio de distancia que determine la jueza o el juez, al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de la víctima;

9.

Prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima;

10.

Prohibición de concurrir o frecuentar lugares de custodia, albergue, estudio o esparcimiento a los que concurra la víctima;

11.

Someterse a programas de tratamiento reflexivos, educativos o psicológicos tendientes a la modificación de conductas violentas y delictuales;

12.

Fijación provisional de la asistencia familiar, cuando la persona imputada sea el progenitor; y,

13.

Fijación provisional de la guarda, debiendo otorgar inmediato aviso a la jueza o juez en materia de la niñez y adolescencia, y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; en caso de delito de feminicidio cometido por el cónyuge o conviviente, la guarda provisional de la niña, niño o adolescente, se otorgará en favor de los abuelos u otro familiar cercano por línea materna, con el acompañamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, debiendo otorgar inmediato aviso a la jueza o juez en materia de la niñez y adolescencia, y ordenar que toda la familia ingrese al sistema de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público. La fijación provisional dispuesta, se mantendrá hasta tanto el juez de la niñez y adolescencia resuelva.

1.

Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación;

2.

Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes;

3.

Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer;

4.

Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia;

Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia;

Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia;

Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos;

Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima;

9.

Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijas e hijos o dependientes; 

10.

La retención de documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles, mientras se decide la reparación del daño; 

11.

Ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos a registro del agresor, así como el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar; 

12.

Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer;

Prohibición de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los hijos;

Prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima; y,

15.

Someterse a programas de tratamientos reflexivos, educativos o psicológicos tendientes a la modificación de conductas violentas y delictuales