Código CNNA

Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la vida y a la salud. El Estado tiene la obligación de garantizar y proteger estos derechos, implementando políticas sociales, que aseguren condiciones dignas para su gestación, nacimiento y desarrollo integral.

El Estado a través de los organismos correspondientes, debe asegurar a todo niño, niña y adolescente, el acceso universal e igualitario a los servicios de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud, más el suministro gratuito, para quien no tenga recursos suficientes, de medicinas, prótesis y otros relativos al tratamiento médico, habilitación o rehabilitación que fueran necesarios.

Corresponde al Estado proteger la maternidad a través de las entidades de salud y garantizar:

1.	La atención gratuita de la madre en las etapas pre-natal, natal y post-natal, con tratamiento médico especializado, dotación de medicinas, exámenes complementarios y apoyo alimentario;
2.	A las mujeres embarazadas privadas de libertad, los servicios de atención señalados en el numeral anterior. El juez de la causa y los encargados de centros penitenciarios son responsables del cumplimiento de esta disposición y otras que rigen la materia;
3.	Que en las entidades de salud estatales, personal médico y paramédico, brinden a las niñas o adolescentes embarazadas, atención gratuita y prioritaria, así como la orientación médica, psicológica y social requeridas, durante el período de gestación, parto y post-parto.

Los hospitales y demás establecimientos públicos y privados de atención a la salud de las gestantes están obligados a:

1.	Mantener un registro de los casos atendidos por medio de fichas médicas individuales por un plazo de 21 años, donde conste la identificación pelmatoscópica o impresión plantal del recién nacido y la identificación dactilar de la madre, sin perjuicio de otros métodos de identificación;
2.	Realizar exámenes del recién nacido para diagnosticar y tratar adecuadamente las enfermedades que, por defectos inherentes al metabolismo y otros trastornos, pudiera tener, así como para brindar la orientación a los padres sobre posibles malformaciones congénitas y otros problemas genéticos;
3.	Expedir gratuitamente el certificado de nacido vivo o muerto y la alta médica donde conste necesariamente las incidencias del parto y el desarrollo del recién nacido;
4.	Garantizar la permanencia del recién nacido junto a su madre.

Es deber del Estado, de las instituciones públicas, privadas y de los empleadores en general, proporcionar las condiciones adecuadas para la lactancia materna, inclusive en aquellos casos en que las madres se encuentran privadas de libertad.

En todos los casos de internación de niños y niñas, los establecimientos de atención a la salud deben proporcionar condiciones adecuadas para la permanencia de los padres o responsables junto a ellos.

En casos de adolescentes, la permanencia de los padres o responsables será facilitada cuando las circunstancias de la internación o gravedad del caso lo requieran.

Las entidades públicas desarrollarán programas gratuitos de prevención médica y odontológica. Asimismo, difundirán y ejecutarán campañas de educación en salud, con el fin de prevenir las enfermedades que afectan a la población infantil.

La vacunación contra las enfermedades endémicas y epidémicas es obligatoria y gratuita, tanto en centros públicos como privados.

Todo niño, niña o adolescente con discapacidad física, mental, psíquica o sensorial, además de los derechos reconocidos, tiene derecho a:

1.	Recibir cuidados y atención especial adecuados, inmediatos y continuos que le permitan valerse por sí mismo, participar activamente en la comunidad y disfrutar de una vida plena en condiciones de dignidad e igualdad;
2.	La prevención, protección, educación, rehabilitación y a la equiparación de oportunidades, sin discriminación, dentro de los principios de universalidad, normatización y democratización.

Para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el Artículo precedente, el Estado a través del Poder Ejecutivo debe desarrollar y coordinar programas de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación para niños, niñas y adolescentes con discapacidad; con este fin creará y fomentará instituciones y centros especializados de atención y cuidado gratuito.

Los padres, tutores o responsables, en general, tienen la obligación de garantizar que los niños, niñas o adolescentes, bajo su tutela, con discapacidad, reciban los servicios de atención y rehabilitación oportunos y adecuados a través de las instituciones especializadas y cumplir con las orientaciones y tratamiento correspondiente.

Las personas que conozcan de la existencia de un niño, niña o adolescente con discapacidad y que no se halle en tratamiento, tienen la obligación de presentar el caso a las entidades de atención correspondientes.

Las entidades estatales de salud y las instituciones especializadas, evaluarán el grado de discapacidad de los niños, niñas y adolescentes, para que puedan ingresar preferentemente al sistema educativo regular o, en su caso, a centros de educación especial.

El niño, niña o adolescente internado en un establecimiento para fines de atención, protección y tratamiento de su salud física o mental, tiene derecho a evaluaciones periódicas del tratamiento a que está sometido, como mínimo una vez cada seis meses.

Igual derecho tienen los niños, niñas o adolescentes discapacitados que estén con tratamiento externo.

La protección y atención integral a que se refiere los Artículos 20º, 21º, 22º, 23º y 24º de este Código, no impide ni afecta el cumplimiento de otras leyes o disposiciones específicas.

El Estado a través de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los Gobiernos Municipales, otorgarán las partidas presupuestarias necesarias y suficientes para cubrir requerimientos del área de salud.

Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen y, excepcionalmente, en una familia sustituta que le asegure la convivencia familiar y comunitaria.

El niño, niña o adolescente no será separado de su familia, salvo circunstancias especiales definidas por este Código y determinadas por el Juez de la Niñez y Adolescencia, previo proceso y con la exclusiva finalidad de protegerlo.

La familia de origen es la constituida por los padres o por cualquiera de ellos, los ascendientes, descendientes o parientes colaterales, conforme al cómputo civil.

La falta o carencia de recursos materiales y económicos, no constituye motivo para la pérdida o suspensión de la autoridad de los padres. No existiendo otra causa que por sí sola autorice la aplicación de estas medidas. El niño, niña o adolescente no será alejado de su familia de origen, la cual será obligatoriamente incluida en programas prefecturales, municipales y no gubernamentales de apoyo y promoción familiar

Cuando ambos padres se encuentren privados de libertad y, habiéndose establecido que sus hijos no tienen familia extendida o teniéndola, ésta no cuente con las posibilidades para ejercer la Guarda o Tutela de aquéllos, se procederá a su ubicación en entidades de acogimiento o Familia Sustituta mientras dure la privación de libertad, en la misma localidad donde se encuentren detenidos los padres, excepto los niños menores de seis años, quienes permanecerán junto a su madre.

El Juez de la causa remitirá antecedentes a conocimiento del Juez de la Niñez y Adolescencia, para viabilizar los fines de este Artículo.

Esta ubicación de niños, niñas o adolescentes, no implica su privación de libertad y es deber de las autoridades penitenciarias, del Juez de la Niñez y Adolescencia que conoce el caso, así como de los responsables del programa, proyecto o de la familia sustituta, el posibilitar que los hijos visiten periódicamente a sus padres, compartan con ellos y estrechen los vínculos paterno filiales.

La autoridad de los padres es ejercida en igualdad de condiciones por la madre o por el padre, asegurándoles a cualesquiera de ellos, en caso de discordancia, el derecho de acudir ante la autoridad judicial competente, para solucionar la divergencia.

Los padres están obligados a prestar sustento, guarda, protección y educación a los hijos conforme a lo dispuesto por el Código de Familia. Asimismo, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir las determinaciones judiciales impuestas en favor de sus hijos que no hayan llegado a la mayoría de edad.

La suspensión de la autoridad de uno o de ambos padres puede ser total o parcial para ciertos actos especialmente determinados, en los siguientes casos:

1.	Por interdicción judicialmente declarada;
2.	Por la declaración de ausencia;
3.	Por falta, negligencia o incumplimiento injustificado de deberes, teniendo los medios para cumplirlos;
4.	Por acción u omisión, debidamente comprobado por autoridad competente, que ponga en riesgo la seguridad y bienestar del niño, niña o adolescente, así sea a título de medida disciplinaría.

Los padres, conjunta o separadamente, pierden su autoridad:

1.	Cuando son declarados mediante sentencia judicial ejecutoriada, autores, cómplices o instigadores de delitos contra el hijo;
2.	Cuando por acción u omisión culposa o dolosa los expongan a situaciones atentatorias contra su seguridad, dignidad o integridad;
3.	Cuando sean autores intelectuales de delitos cometidos por el hijo.

La autoridad de los padres se extingue:

1.	Por la muerte del último progenitor que la ejercía;
2.	Por abandono del hijo o hija debidamente comprobado;
3.	Por consentimiento dado para adopción del hijo o hija ante el Juez de la Niñez y Adolescencia.

Cuando no exista o se desconozca la identidad de los padres o familiares de un niño, niña o adolescente, se procederá de acuerdo con lo señalado por este Código.

Todo niño, niña o adolescente tiene nacionalidad boliviana desde el momento de su nacimiento en el territorio de la República, al igual que los nacidos en el extranjero de padre o madre bolivianos, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Política del Estado.

El Estado tiene la obligación de proteger a todos los niños, niñas y adolescentes bolivianos domiciliados en el territorio nacional o en el extranjero; a estos últimos mediante sus representaciones oficiales en el exterior.

El derecho a la identidad del niño, niña o adolescente comprende: el derecho al nombre propio e individual, a llevar dos apellidos, el de su padre y de su madre, a gozar de una nacionalidad, a conocer a sus padres biológicos y estar informado de sus antecedentes familiares.

Todo niño o niña debe ser inscrito en Registro Civil y recibir el certificado correspondiente, en forma gratuita, inmediatamente después de su nacimiento y tiene derecho a llevar un nombre que no sea motivo de discriminación en ninguna circunstancia.

En caso de desconocerse la identidad de uno o ambos progenitores y no poderlos identificar, el niño o niña será registrado con nombre y dos apellidos convencionales; debiendo figurar también en el registro los nombres y apellidos convencionales de ambos padres o de uno de ellos, según el caso, situación que quedará registrada en la partida correspondiente, pero no en el certificado de nacimiento.

La filiación se rige de acuerdo con lo dispuesto por el Código de Familia.

El niño, niña o adolescente tiene derecho a la libertad, al respeto y a la dignidad como persona en desarrollo.

Asimismo, como sujeto de derecho, están reconocidos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales garantizados por la Constitución, las Leyes, Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales ratificados por el Estado Boliviano.

El niño, niña y adolescente tienen derecho a una educación que les permita el desarrollo integral de su persona, les prepare para el ejercicio de la ciudadanía y cualifique para el trabajo, asegurándoles:

1.	La igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en la escuela;
2.	El derecho a ser respetado por sus educadores;
3.	El derecho a impugnar criterios de evaluación, pudiendo recurrir a las instancias escolares superiores;
4.	El derecho de organización y participación en entidades estudiantiles;
5.	El acceso en igualdad de posibilidades a becas de estudio;
6.	La opción de estudiar en la escuela más próxima a su vivienda;
7.	Derecho a participar activamente como representante o representado en la junta escolar que le corresponda;
8.	Derecho a su seguridad física en el establecimiento escolar.

Se prohibe a los establecimientos educativos en toda la República, de todos los niveles, escuelas e institutos de formación técnica, media, superior que funcionen bajo cualquier denominación, sean públicos o privados, rechazar o expulsar a las estudiantes embarazadas, sea cualquiera su estado civil, debiendo permitir que continúen sus estudios hasta culminarlos sin ningún tipo de discriminación.

Los educandos y sus padres o responsables tienen derecho a una adecuada información del proceso pedagógico.

El Estado tiene el deber de asegurar a todo niño, niña y adolescente:

1.	La educación primaria obligatoria y gratuita, inclusive para aquellos que no tuvieron acceso a ella en la edad adecuada, asegurando su escolarización, especialmente en el área rural;
2.	La progresiva ampliación gratuita de la cobertura en la educación secundaria;
3.	La enseñanza especial integrada, dentro de la modalidad regular, para niños, niñas y adolescentes con dificultades especiales de aprendizaje;
4.	La creación, atención y mantenimiento de centros de educación pre-escolar necesarios y suficientes para atender los requerimientos de niños y niñas de cuatro a seis años de edad;
5.	La posibilidad de acceso a los niveles más elevados de enseñanza, investigación y creación artística en igualdad de condiciones;
6.	La oferta de enseñanza regular, adecuada a las condiciones del adolescente trabajador, otorgándole facilidades para su ingreso al sistema educativo;
7.	La atención del educando en la enseñanza primaria a través de programas complementarios dotándole de material didáctico escolar, transporte, alimentación y asistencia médica;
8.	La asistencia regular de niños, niñas y adolescentes a la escuela, a través de los órganos correspondientes y junto a los padres o responsables;
9.	Adoptar mecanismos efectivos para evitar la deserción escolar.

El Estado, a través de las Prefecturas, Municipalidades y otros organismos correspondientes, está en la obligación de adoptar las medidas más eficaces para garantizar la escolarización de los niños, niñas y adolescentes de las áreas rurales y, entre otras:

1.	Crear escuelas, con la dotación de ítems para el personal, material pedagógico y recursos necesarios para su funcionamiento;
2.	Adecuar el calendario escolar y horarios de asistencia, a la realidad local y a los calendarios agroproductivos de las diferentes zonas;
3.	Efectivizar campañas de sensibilización comunitaria en torno a la obligación que tienen los padres sobre el ingreso y permanencia en la escuela de niños, niñas y adolescentes varones y mujeres, en igualdad de condiciones y oportunidades.

El incumplimiento al derecho de la educación obligatoria y gratuita para niños, niñas y adolescentes o cumplimiento irregular, implica responsabilidad de la autoridad competente.

Los padres o responsables tienen la obligación de inscribir a sus hijos o pupilos en escuelas públicas o privadas y coadyuvar en el proceso educativo.

Los responsables de establecimientos de educación comunicarán a los padres de familia o responsables, a la respectiva Junta Escolar o a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, los casos de:

1.	Reiteradas inasistencias injustificadas y deserción escolar, agotando las instancias pedagógicas - administrativas;
2.	Elevados niveles de reprobación;
3.	Maltrato o violencia que se produzca dentro o fuera del establecimiento y que afecten a los alumnos.

En caso de incumplimiento a este derecho de educación el afectado, sus padres, representantes o terceras personas, presentarán la denuncia ante las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a:

1.	Participar libre y plenamente en la vida cultural y artística de su comunidad;
2.	Que la información, cultura, diversiones, espectáculos, productos y servicios respeten su condición peculiar de persona en desarrollo;
3.	Al descanso, esparcimiento, juego, deportes, actividades creativas y recreativas adecuadas a su edad.

Los Gobiernos Municipales tienen la responsabilidad de:

1.	Tomar las medidas apropiadas para asegurar, en condiciones de igualdad la participación de niños, niñas y adolescentes en programas y actividades culturales y de esparcimiento;
2.	Estimular y facilitar la asignación de recursos humanos, materiales y espacios para programaciones culturales, deportivas y de esparcimiento dedicados a la niñez y a la adolescencia;
3.	Garantizar que en toda planificación urbana, se incluyan espacios comunitarios suficientes y adecuados a los requerimientos de los niños, niñas y adolescentes de la zona, debiendo ser implementados de acuerdo con normas vigentes.

Toda organización que agrupe niños, niñas o adolescentes tiene la obligación de programar actividades recreativas en el marco de las políticas nacionales de atención al desarrollo integral.

Se considera adolescente trabajador:

1.	Al que realiza actividades productivas o presta servicios de orden material, intelectual u otros, como dependiente o por cuenta propia, percibiendo a cambio un salario o generando un ingreso económico;
2.	Al que desempeña actividades orientadas a la satisfacción de necesidades básicas que permitan la sobrevivencia individual y familiar, tanto en el área urbana como rural. así no perciba remuneración económica ni exista relación obrero patronal por tratarse de trabajo familiar o comunitario.

Todo adolescente tiene derecho a la protección en el trabajo, a la formación integral y la capacitación profesional de acuerdo con su vocación, aptitudes y destrezas en relación a las demandas laborales.

Se fija en catorce años la edad mínima para trabajar.

Los empleadores garantizarán que el trabajo del adolescente se desarrolle en actividad, arte u oficio que no perjudique su salud física y mental, ni el ejercicio de sus derechos a la educación, cultura y profesionalización, encomendándose la función de control a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la jurisdicción a la que pertenece.

De la misma forma, las Defensorías protegerán al adolescente trabajador de la explotación económica. Las instituciones privadas coadyuvarán en la protección del adolescente trabajador tomando en cuenta las normas que rigen la materia y el presente Código.

Todo adolescente que sea trasladado de una localidad a otra para realizar cualquier tipo de trabajo precisa de la autorización escrita de los padres o responsables. Asimismo, se comunicará este traslado a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de su jurisdicción.

Queda prohibida la contratación de adolescentes para efectuar cualquier tipo de trabajo en el exterior excepcionalmente y velando por el interés superior del adolescente, el Juez de la Niñez y la Adolescencia podrá autorizar dicha contratación, previa comprobación de la licitud de la actividad por desarrollar.

El salario para adolescentes será establecido de acuerdo con normas vigentes, en ningún caso será menor al salario mínimo nacional. Para fijar el monto y efectuar su cancelación se procederá en las mismas condiciones que a un adulto que efectúa el mismo trabajo.

Los empleadores incorporarán a los adolescentes trabajadores a todos los beneficios establecidos por Ley.

Los programas sociales que tengan por base el trabajo educativo bajo responsabilidad de entidades gubernamentales o privadas, otorgarán la remuneración correspondiente a quien participe en éstos, además les brindarán condiciones para que puedan ejercer dicha actividad de manera regular e independiente.

1.	Se entiende por trabajo educativo, la actividad laboral en la cual las exigencias pedagógicas relativas al desarrollo personal y social del educando prevalecen sobre el aspecto productivo;
2.	La remuneración que se reciba por el trabajo efectuado, o la participación en la venta de los productos de su trabajo, no desvirtúa el carácter educativo.

Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y las dependencias pertinentes de las Direcciones Departamentales de Trabajo, tienen la responsabilidad de velar y asegurar para que se efectivicen los derechos y la protección integral establecidos por el presente Titulo.

Se prohibe el desempeño de trabajos peligrosos, insalubres y atentatorios a la dignidad de los adolescentes

Son trabajos peligrosos e insalubres:

1.	El transporte, carga y descarga de pesos desproporcionados a la capacidad física;
2.	Los realizados en canteras, subterráneos, bocaminas y en lugares que representen riesgo;
3.	La carga y descarga con el empleo de grúas, cabrías o cargadores mecánicos y eléctricos;
4.	El trabajo como maquinistas, fogoneros u otras actividades similares;
5.	El fumigado con herbicidas, insecticidas o manejo de sustancias que perjudiquen el normal desarrollo físico o mental;
6.	El manejo de correas o cintas transmisoras en movimiento;
7.	El trabajo con sierras circulares y otras máquinas de gran velocidad;
8.	La fundición de metales y la fusión o el sopleo bucal de vidrios;
9.	El transporte de materias incandescentes;
10.	Trabajos realizados en frontera que ponen en riesgo su integridad;
11.	Los realizados en locales de destilación de alcoholes, fermentación de productos para la elaboración de bebidas alcohólicas o mezcla de licores;
12.	La fabricación de albayalde, minio u otras materias colorantes tóxicas, así como el manipuleo de pinturas, esmaltes o barnices que tengan sales de plomo o arsénico;
13.	El trabajo en fábricas, talleres o locales donde se manipula, elabora o depositen explosivos, materiales inflamables o cáusticos;
14.	Los lugares donde habitualmente hayan desprendimientos de polvos, gases, vahos o vapores irritantes y otros tóxicos;
15.	Los sitios de altas temperaturas o excesivamente bajas, húmedos o con poca ventilación;
16.	El trabajo en actividades de recolección de algodón, castaña y zafra de caña; y,
17.	En general las actividades que crean riesgo para la vida, salud, integridad física y mental.

Son los realizados en:

1.	Salas o sitios de espectáculos obscenos, talleres donde se graban, imprimen, fotografían, filman o venden material pornográfico;
2.	Locales de diversión para adultos como boites, cantinas, chicherías, tabernas, salas de juegos y otras similares;
3.	Propagandas, películas y vídeos que atenten contra la dignidad.

Se considera trabajo de adolescentes en régimen de dependencia laboral, al desarrollado en actividades que se realizan por encargo de un empleador a cambio de una remuneración económica.

Los trabajadores y trabajadoras del hogar son los adolescentes que trabajan en forma continua en régimen de dependencia para un solo empleador en menesteres propios del servicio del hogar.

No son trabajadores y trabajadoras del hogar los que trabajan en locales de servicio y comercio con fines lucrativos, aunque éstos se realicen en casa particular.

El Estado, a través de los mecanismos correspondientes, confiere al adolescente trabajador las siguientes garantías y derechos:

1.	De los derechos de prevención, salud, educación, deporte y esparcimiento:
	a) Entre otros, tener un horario especial de trabajo y gozar de todos los beneficios sociales reconocidos por Ley; b) Ser sometidos periódicamente a examen medico; c) Tener acceso y asistencia a la escuela en turnos compatibles con sus intereses y atendiendo a las peculiaridades locales, sin deducir suma alguna de su salario.
2.	De los derechos Individuales de libertad, respeto y dignidad;
3.	De los derechos laborales de organización y participación sindical;
4.	De protección especial en el trabajo, al adolescente que sufre de discapacidad física o mental, conforme con normas internacionales y nacionales que rigen la materia;
5.	De capacitación, a través de un sistema de aprendizaje, que será organizado, ejecutado y supervisado por la entidad departamental correspondiente.

Se considera aprendizaje a la formación profesional metódica que corresponda a un proceso educativo y a un oficio determinado en operaciones coordinadas de conformidad con un programa, bajo la orientación de un responsable y en un ambiente adecuado.

Los límites de tiempo máximo requerido para el aprendizaje metódico no podrán exceder las ocho horas diarias.

La formación técnica profesional de adolescentes se rige por los siguientes principios:

1.	Acceso y asistencia obligatoria a la enseñanza regular;
2.	Actividad adecuada con su desarrollo físico y psicológico;
3.	Horario compatible para el ejercicio de sus actividades laborales y su formación técnica profesional.

El adolescente trabajador, en relación de dependencia, será afiliado con carácter de obligatoriedad al régimen de la seguridad social, con todas las prestaciones y derechos establecidos por las leyes que rigen la materia.

En caso de enfermedad o accidente, el empleador está obligado a prestar al adolescente trabajador los primeros auxilios y a trasladarlo inmediatamente a un centro de asistencia médica, dando parte del hecho a sus padres o responsables y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Sufragará todos los gastos que demande su curación, en caso de que aún no haya sido afiliado al seguro social.

La jornada máxima de trabajo para el adolescente es de ocho horas diarias, de lunes a viernes.

El adolescente trabajador tendrá descanso obligatorio dos días a la semana, días que no podrán ser compensados con remuneración económica.

El adolescente recibirá su salario en días hábiles, durante las horas de trabajo y en moneda de curso legal. Queda prohibido el pago en especie.

Los empleadores le otorgarán papeletas mensuales de pago con la constancia de las deducciones legales que efectúen.

El empleador no podrá deducir, retener, compensar ni realizar otras formas de descuento que disminuyan el monto del salario, por concepto de alquiler de habitaciones, consumo de energía eléctrica, agua potable, atención médica o medicamentos, uso de herramientas, daños ocasionados a implementos o productos de trabajo, por alimentación o multas no reglamentadas.

El empleador no podrá descontar ni retener el salario del adolescente trabajador, aunque alegue hurto o robo; asimismo, no retendrá sus beneficios sociales, efectos o documentos personales, mientras no pruebe ante autoridad competente que el adolescente trabajador es autor de tales hechos.

El adolescente trabajador en relación de dependencia tiene derecho a gozar de quince días hábiles de vacación anual, de preferencia deberá coincidir con las vacaciones escolares.

Los empleadores que contraten adolescentes que no hubieran terminado su instrucción primaria o secundaria, están en la obligación de concederles el tiempo necesario en horas de trabajo para que concurran a un centro educativo.

Está prohibido el trabajo nocturno de adolescentes.

El empleador está en la obligación de proporcionar al adolescente trabajador y trabajadora del hogar las condiciones de vivienda y alimentación acordes a su dignidad de ser humano.

Trabajo por cuenta propia es aquel que, sin formar parte del trabajo familiar, realiza el adolescente sin subordinación ni dependencia de ninguna empresa o patrón.

El Estado, a través de la instancia competente, tanto nacional como departamental, brindará información, orientación y protección integral a los adolescentes trabajadores por cuenta propia, adoptando para éstos las medidas y disposiciones que fueran necesarias.

Los adolescentes que trabajan por cuenta propia gozan del derecho de afiliación al sistema de Seguridad Social. Las cotizaciones correspondientes al aporte patronal serán cubiertas por el Estado a través de las instituciones correspondientes. El aporte que corresponde al adolescente trabajador por cuenta propia será fijado considerando su capacidad de pago, para lo cual se tomará en cuenta necesariamente su particular situación económica.

El Estado, a través de las Prefecturas, los Gobiernos Municipales y la familia, asegurará el acceso al sistema educativo de todos los adolescentes trabajadores por cuenta propia, así como el apoyo pedagógico necesario para el aprovechamiento adecuado y acorde con su desarrollo.

Se considera trabajador en régimen de trabajo familiar, al que desempeña actividades orientadas a la satisfacción de necesidades básicas que permitan la sobrevivencia individual y familiar, tanto en el área urbana como rural.

Por tratarse de actividades que se desarrollan en el seno de la propia familia, este régimen de trabajo no está sujeto a una remuneración económica ni implica una relación obrero- patronal.

Es deber de los padres o responsables en régimen de trabajo familiar, cuidar que el desempeño de estas actividades no sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico o mental, no ponga en riesgo ni perjudique su educación, debiendo adoptar medidas para:

1.	Garantizar su acceso y permanencia en la escuela;
2.	Fijar un horario especial de trabajo que sea compatible con el de la escuela y permita la realización de los deberes escolares;
3.	Brindar las condiciones necesarias para que pueda ejercer sus derechos al descanso, a la cultura y al esparcimiento.

El incumplimiento a cualquiera de estas disposiciones implicará maltrato y será de conocimiento del Juez de la Niñez y Adolescencia, de acuerdo con el presente Código.

Lo dispuesto por el presente Capitulo se aplica en los casos en que niños y niñas realicen trabajo en régimen familiar.

El Estado y la sociedad en su conjunto están en la obligación de dar prioridad a la prevención de situaciones que pudieran atentar contra la integridad personal de niños, niñas o adolescentes y los derechos reconocidos en el presente Código, quedando responsables de adoptar las medidas que garanticen su desarrollo integral.

La inobservancia a las normas de prevención, importará responsabilidad a la persona natural o jurídica que incurriera en ella, la obligación de reparar el daño ocasionado ya sea por acción u omisión, sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes.

Las obligaciones previstas en el presente Código no excluyen otras formas de prevención.

Toda persona en general, y los directores y maestros de establecimientos educativos en especial, que detecte cualquier señal o indicio de maltrato, violencia, explotación, abuso, tenencia o consumo de bebidas alcohólicas o drogas prohibidas, está obligada a comunicar inmediatamente estas situaciones a los padres o responsables y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de su jurisdicción.

Los Gobiernos Municipales reglamentarán las diversiones, espectáculos públicos y programación de medios de comunicación, analizando e informando sobre su naturaleza; grupos etáreos a los que van dirigidos y los horarios en que su presentación sea adecuada para niños, niñas o adolescentes.

Está prohibida la venta a niños, niñas y adolescentes de:

1.	Armas, municiones y explosivos;
2.	Bebidas alcohólicas;
3.	Fármacos y otros productos cuyos componentes constituyan un peligro o puedan causar dependencia física o psíquica;
4.	Fuegos artificiales y otros similares, excepto aquellos que por su reducido potencial, no provoquen daño físico;
5.	Revistas, publicaciones y videos a que se refiere este Código.

Los medios de comunicación oral, escrito y televisivo están obligados a emitir y publicar programas y secciones culturales, artísticos, informativos y educativos dirigidos a la niñez y a la adolescencia, de acuerdo a reglamentación.

Toda emisión de programas que atente contra la formación y salud mental del niño, niña o adolescente, así fuere publicidad de tabaco o bebidas alcohólicas, sólo podrá ser emitida en horarios destinados a adultos. Ninguna persona, empresa u organización podrá utilizar imágenes de niños, niñas ni adolescentes en la publicidad de esos productos u otros similares, bajo sanciones contenidas en este Código y demás disposiciones vigentes.

Los Gobiernos Municipales deberán realizar la clasificación necesaria de las cintas de video a las que acceden niños, niñas o adolescentes. Las personas o empresas que vendan, alquilen o truequen cintas de video, cumplirán obligatoriamente dicha clasificación.

Las cintas a las que se refiere este Artículo llevarán impresas la información sobre la naturaleza de la obra y el grupo etáreo al que están destinados.

Las revistas, publicaciones y vídeos que contengan material inadecuado e inapropiado para niños, niñas y adolescentes, serán comercializados sin exhibirse.

Las revistas y publicaciones destinadas a niños, niñas o adolescentes no podrán contener ilustraciones, fotografías, leyendas, crónicas o anuncios inadecuados e inapropiados.

El Fiscal de la Niñez y Adolescencia o la autoridad competente del Municipio dispondrán la incautación y destrucción inmediata del material literario, cinematográfico, televisivo o fotográfico que directa o indirectamente incentiven a la drogadicción, alcoholismo, violencia o dañen la salud mental del niño, niña o adolescente, cuando los mismos infrinjan lo previsto en los artículos 163, 164 y 165 del presente Código.

Dispondrán también la clausura de los locales y establecimientos frecuentados por niños, niñas o adolescentes que violenten lo establecido en el presente Capítulo.

En ambos casos, el Fiscal de la Niñez y Adolescencia formulará la denuncia respectiva para que la autoridad competente aplique las sanciones correspondientes.

Los propietarios o administradores de hoteles, residenciales, alojamientos, pensiones y similares, tienen la obligación de comunicar en el día a la autoridad competente el alojamiento de niños, niñas y adolescentes que se encuentren solos o estén en compañía de personas que no acrediten su calidad de padres o responsables.

Los Gobiernos Municipales reglamentarán el funcionamiento de todos los establecimientos señalados en el presente Capítulo y sancionarán su incumplimiento de acuerdo a sus competencias.

Los viajes al exterior serán expresamente autorizados por el Juez de la Niñez y Adolescencia, en los siguientes casos:

1.	Cuando el niño, niña o adolescente viaje con uno solo de los padres, caso en que se requerirá la autorización expresa del otro. En ausencia del otro progenitor que debe otorgar la autorización, el Juez exigirá la garantía de dos personas que radiquen en la localidad donde se tramita la solicitud;
2.	Cuando el niño, niña o adolescente viaje sin sus padres, se precisará la autorización de ambos. En ausencia de uno de los progenitores, se procederá de acuerdo con el numeral anterior;
3.	En caso de viaje con ambos padres no se requiere de autorización alguna, basta la presentación de documentos de identidad de ambos progenitores y del niño, niña o adolescente.

Toda autorización de viaje está exenta de cualquier pago.

Las políticas de protección considerarán la situación de los niños, niñas o adolescentes en forma general y, en particular, la situación de riesgo social que amenazare a éstos por el incumplimiento y violación a sus derechos.

Los Gobiernos Municipales cumplen las funciones de protección a la niñez y adolescencia en representación del Estado y la Sociedad a través de las Comisiones Municipales y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.

Las políticas municipales de protección y defensa seguirán las siguientes estrategias:

1.	Contar con la asignación y mantenimiento suficiente y necesario de fondos en cada municipio para su ejecución;
2.	La creación de una Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia en cada Municipio, como órgano consultivo y fiscalizador de las acciones municipales en el área de la niñez y adolescencia;
3.	Funcionamiento de Defensorías de la Niñez y Adolescencia, como instancia promotora y defensora de los derechos;
4.	Concientización y movilización de la ciudadanía a través de los medios de comunicación social y otros, a objeto de lograr la más amplia participación de los diversos sectores en la defensa y protección a la niñez y adolescencia.

Las instituciones gubernamentales o privadas de atención, protección y defensa a niños y adolescentes, serán fiscalizadas por las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo, de los Gobiernos Municipales y los Consejos Departamentales de la Niñez y Adolescencia.

Los órganos legitimados para ejercer fiscalización tendrán libre acceso a cualquier entidad gubernamental o privada de atención, protección o defensa a niños, niñas o adolescentes, en días hábiles, feriados, domingos y horas ordinarias y extraordinarias.

Las entidades de atención, protección y defensa a la niñez y adolescencia que no cumplan con las obligaciones contenidas en el presente Código y otras disposiciones legales, serán pasibles a sanciones administrativas establecidas en este cuerpo legal, sin perjuicio de las acciones por responsabilidad civil o penal a que de lugar en la persona de sus representantes legales conforme con la Ley.

Las medidas de protección social al niño, niña y adolescentes son aplicables cuando los derechos reconocidos por este Código estén amenazados o sean violados:

1.	Por acción u omisión de la sociedad o del Estado;
2.	Por acción u omisión de los padres o responsables;
3.	En razón de la conducta del niño, niña o adolescente.

Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia podrán aplicar las siguientes medidas:

1.	Orientación, apoyo y acompañamiento temporales;
2.	Derivación a programas de ayuda a la familia, al niño, niña o adolescente;
3.	Inscripción y asistencia obligatoria del niño, niña o adolescente en establecimientos oficiales de enseñanza;
4.	Derivación a la atención médica, psicológica o psiquiátrica en régimen hospitalario o ambulatorio;
5.	Derivación a programas de ayuda, orientación o tratamiento para casos de dependencia al alcohol y/u otras drogas.

La responsabilidad de la atención y los gastos serán imputados a los padres, tutores o guardadores, si no existieran o no tuvieran los recursos necesarios se responsabilizará de la atención a las unidades de gestión social de las prefecturas.

Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia conocerán los casos de niños o niñas autores de infracción, debiendo brindar atención interdisciplinaria permanente, al niño o niña y su familia, por el tiempo que sea necesario y, en su caso, aplicar cualquiera de las medidas señaladas en el Artículo precedente.

Ante la inexistencia de padres o responsables, la Defensoría deberá solicitar ante el Juez de la Niñez y Adolescencia, su integración a un hogar sustituto, donde recibirá el tratamiento adecuado.

Además de las establecidas en los numerales 1 al 5 del Artículo 208°, el Juez de la Niñez y Adolescencia de acuerdo con el caso y en los términos previstos por esta Ley puede aplicar las siguientes medidas:

1.	Ordenar por tiempo determinado, la salida del agresor del domicilio familiar, pudiendo derivarlo a un centro de atención psicológica;
2.	Prohibir el tránsito del agresor por los lugares que transita la víctima;
3.	Entrega del niño, niña o adolescente a los padres o responsables, previa suscripción de compromiso de asumir su responsabilidad y disponer la orientación técnica y seguimiento respectivo;
4.	Colocación en hogar sustituto;
5.	En caso en que el agresor fuera funcionario de una institución pública o privada, disponer que se envíen los antecedentes a la respectiva institución, para que se tomen las medidas administrativas correspondientes;
6.	En caso de maltrato, las medidas dispuestas por la Ley 1674, en todo lo que no se oponga al presente Código. Si el maltrato fuera un acto reincidente o revistiera gravedad que ponga en riesgo la integridad física y mental del niño, niña o adolescente, se remitirá los obrados a la jurisdicción penal;
7.	Acogimiento en centros de atención.

El acogimiento es una medida de carácter provisional y excepcional, viable únicamente en casos extremos y como transición a la colocación en un hogar sustituto u otra medida adecuada. Esta medida no implica privación de libertad.

De acuerdo al caso y en los términos previstos por esta Ley, las Defensorías o el Juez de la Niñez y Adolescencia, pueden aplicar las medidas previstas aislada o conjuntamente, así como sustituirlas en cualquier tiempo, en atención al interés superior del niño, niña o adolescente.

En la aplicación de las mismas tendrán preferencia las de carácter pedagógico y aquellas que propendan al fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios.

No procede la mediación y conciliación en los asuntos en que existan derechos contrapuestos de las partes, principalmente en los relacionados con maltrato y suspensión o pérdida de la autoridad paterna.

El Estado garantiza a todo niño, niña y adolescente el acceso, en igualdad de condiciones, a la justicia en todas las instancias.

El Estado garantiza un sistema de administración de justicia especializada en la protección del niño, niña y adolescente. En todos los procesos en los que estos se vean involucrados, deberán ser tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas, sujetos de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas y periciales, al interés superior de los mismos.

Cuando se trate de niños, niñas o adolescentes pertenecientes a grupos étnicos o comunidades nativas o indígenas, se tomará en cuenta sus usos y costumbres, siempre que no se oponga a la Constitución Política del Estado, el presente Código y leyes vigentes; pudiendo consultarse con las autoridades de la comunidad a la cual pertenecen.

Todo proceso que se refiera a la niñez y adolescencia, debe cumplir con los siguientes principios, además de los señalados por otras disposiciones legales:

1.	ORALIDAD: Sin excepción alguna, para lograr la celeridad y el impulso procesal correspondiente.
2.	ESPECIALIDAD: La aplicación de este Código, tanto en el proceso como en su ejecución, estará a cargo de órganos especializados en materia de niñez y adolescencia.
3.	CELERIDAD: El cumplimiento estricto de los plazos procesales, conforme establece el presente Código.

Se prestará la asistencia gratuita e integral a todo niño, niña o adolescente que lo precise, por medio de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o abogado de oficio.

Los niños, niñas o adolescentes serán representados por sus padres o responsables legales.

El Juez de la Niñez y Adolescencia proporcionará tutor especial al niño, niña o adolescente siempre que los intereses de éstos se contrapongan a lo de sus padres o responsables, o cuando carezca de representante legal, así sea eventualmente.

En caso de duda sobre la edad del niño, niña o adolescente la autoridad competente establecerá un plazo máximo de 15 días para la presentación de las pruebas.

En los casos en que los derechos reconocidos por este Código fueran amenazados o violados por maltrato, faltas, abuso, supresión u omisión, así sea a titulo de disciplina, el Juez de la Niñez y Adolescencia de acuerdo con la gravedad del hecho podra imponer las siguientes medidas:

1.	Padres o responsable legal:
	a) Advertencia; b) Derivación a programas gubernamentales y no gubernamentales de promoción de la familia; c) Inclusión en programas gubernamentales y no gubernamentales, de tratamiento a alcohólicos y toxicómanos; d) Obligación de recibir tratamiento Psicológico o psiquiátrico; e) Obligación de asistir a cursos o programas de orientación; f) Obligación de inscribir y controlar la asistencia y aprovechamiento escolar del hijo o pupilo; g) Obligación de llevar al niño, niña o adolescente a tratamiento especializado; h) Suspensión o pérdida de la autoridad de los padres, de la Guarda o Tutela, de acuerdo con lo dispuesto por el presente Código.
2.	Terceros:
	a) Advertencia; b) Multa de treinta a cien días; c) Suspensión temporal del cargo, función, profesión u oficio.

En caso de reincidencia y en aquellos que constituyan delito, el Juez remitirá obrados a la justicia penal.

Consiste en una amonestación verbal del Juez de la Niñez y Adolescencia, cuyos términos serán transcritos en un acta de compromiso de responsabilidad firmada por los padres o responsables y en la que se advierte la sanción a ser aplicada en caso de incumplimiento.

En los casos en que se evidencie el incumplimiento de las disposiciones previstas por este Código, el Juez de la Niñez y Adolescencia podrá aplicar, sin perjuicio del proceso penal correspondiente de acuerdo con la gravedad de la infracción, las siguientes sanciones:

1.	Advertencia;
2.	Prestación de servicios a la comunidad;
3.	Multa; y,
4.	Clausura del establecimiento.

Cuando el centro de atención a la salud no cumpla con lo establecido en el Artículo 16º de este Código será pasible al pago de una multa de veinte a cien días.

El médico, profesor o responsable de establecimientos de salud o de educación, que incumpla la obligación de comunicar a la autoridad competente lo establecido en el Artículo 159º de este Código, será pasible a la prestación de trabajo comunitario de quince a treinta días, o su equivalente en días multa.

En caso de reincidencia, se aplicará el doble de la sanción.

El responsable o funcionario del establecimiento de atención que no cumpla con lo dispuesto por el Artículo 185º de este Código, será pasible a una multa de quince a sesenta días, en caso de reincidencia será exonerado del cargo.

El propietario o administrador de hotel, alojamiento y locales afines señalados en el Artículo 167º del presente Código que no cumpla con el deber de informar sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes sin sus padres o responsables, será pasible a multa de sesenta a doscientos días de trabajo comunitario; en caso de reincidencia a la clausura del establecimiento.

El propietario o responsable de establecimiento comercial que permita la venta de bebidas alcohólicas, fármacos y otros productos cuyos componentes puedan causar dependencia física o psíquica a niños, niñas o adolescentes será sancionado por primera vez con una multa de sesenta a trescientos días. En caso de reincidencia podrá duplicarse este monto o, en su defecto, por la gravedad del caso, se procederá a la clausura del establecimiento, sin perjuicio del proceso penal correspondiente.

Los Juzgados de la Niñez y Adolescencia ejercen su jurisdicción en el territorio comprendido en el área de capitales de Departamento y en todo el territorio de la respectiva Provincia.

El Consejo de la Judicatura creará Juzgados de la Niñez y Adolescencia, de acuerdo con las necesidades de cada capital de Departamento y Provincias, dotándoles de toda la infraestructura necesaria e inclusive de los servicios auxiliares e interdisciplinarios a los que se refiere este Capítulo.

El Juez de la Niñez y Adolescencia es la única autoridad judicial competente para conocer, dirigir y resolver los procesos que involucren a niños, niñas o adolescentes, de acuerdo con la Ley de Organización Judicial y el presente Código.

Para ser Juez de la Niñez y Adolescencia, se requiere:

1.	Ser boliviano y ciudadano en ejercicio;
2.	Ser Abogado con Título en Provisión Nacional;
3.	Haber ejercido la profesión con crédito, ética y moralidad por lo menos seis años, o la judicatura por cuatro años;
4.	No estar comprendido en los casos de exclusión o incompatibilidad establecidos por la Ley de Organización Judicial y otras disposiciones vigentes;
5.	No tener antecedentes de incumplimiento de deberes familiares; y,
6.	Haber realizado cursos de especialización en derecho de familia, de la niñez y la adolescencia o Derechos Humanos.

La competencia territorial del Juez de la Niñez y Adolescencia se determina:

1.	Por el domicilio de los padres o responsables;
2.	Por la residencia donde se encuentre el niño, niña o adolescente, a falta de los padres o responsables;
3.	En los casos de infracciones, es competente el Juez del lugar de la acción u omisión, debiendo observarse las disposiciones de conexión, equidad y prevención; y,
4.	La ejecución de las medidas puede ser delegada a la autoridad competente de la residencia de los padres o responsables, o del lugar donde tenga su sede la entidad que acoja al niño, niña o adolescente.

El personal de los juzgados está constituido por el Juez de la Niñez y Adolescencia, por un secretario abogado, un auxiliar, un oficial de diligencias y un Equipo Interdisciplinario de apoyo y asesoramiento, conformado de acuerdo con el presente Código.

El Juez de la Niñez y Adolescencia conocerá y decidirá acciones para lograr la plena vigencia de los derechos individuales, del niño, niña o adolescente de acuerdo con las siguientes atribuciones:

1.	Conocer y resolver la suspensión, pérdida y extinción de la autoridad paterna;
2.	Conocer y decidir las solicitudes de Guarda, Tutela, Adopción Nacional e Internacional y llevar un registro documentado de los sujetos de la adopción;
3.	Colocar al niño, niña o adolescente bajo el cuidado de sus padres, tutores, guardadores o parientes responsables, excepto en casos de divorcio o separación judicial;
4.	Conocer y resolver las denuncias planteadas sobre actos que pongan en peligro la salud o desarrollo físico, moral del niño, niña o adolescente, adoptando las medidas necesarias, siempre que estas denuncias no estén tipificadas como delitos en la legislación penal;
5.	Conocer y resolver los requerimientos del Ministerio Público, para el procesamiento de infracciones atribuidas a adolescentes;
6.	Concertar o negar la remisión;
7.	Disponer las medidas necesarias para el tratamiento, atención y protección del niño, niña o adolescente en las situaciones que dispone este Código;
8.	Aplicar medidas a los padres o responsables;
9.	Conocer y resolver las irregularidades en que incurran las entidades de atención de la niñez y adolescencia, aplicando las medidas que correspondan;
10.	Inspeccionar semanalmente, por sí mismo y en coordinación con instituciones gubernamentales o privadas, los recintos policiales, centros de detención y privación de libertad y los establecimientos destinados a la protección y asistencia de la niñez y adolescencia, adoptando las medidas que estime pertinentes;
11.	Aplicar sanciones administrativas, en caso de infracciones a normas de protección establecidas en este Código; y,
12.	Disponer las medidas cautelares que fueren necesarias y emitir los Mandamientos de Ley.

El Secretario, además de lo previsto en la Ley de Organización Judicial, cumplirá las siguientes funciones:

1.	Llevar un registro del tiempo de permanencia del niño, niña o adolescente en entidades de acogimiento u hogares;
2.	Llevar un registro del tiempo de permanencia de adolescentes internos en Centros de semi-libertad, libertad asistida y de privación de libertad, debiendo informar de oficio al Juez el cumplimiento del término de la medida impuesta;
3.	Controlar el plazo otorgado al Equipo Técnico Interdisciplinario para elevar informes, a cuyo vencimiento representará de oficio al Juez. Igualmente informará sobre los términos establecidos por el Juez respecto a las medidas socio-educativas; y,
4.	Llevar un registro de las adopciones nacionales e internacionales, tramitadas en el juzgado y el control del plazo otorgado para los informes de seguimiento, cuyo vencimiento representará de oficio al Juez.

El Equipo Interdisciplinario está compuesto básicamente por un trabajador social y un psicólogo.

Este Equipo mantendrá su autonomía respecto a otros similares que puedan funcionar en entidades estatales, nacionales o departamentales.

El Consejo de la Judicatura proveerá recursos para su funcionamiento.

Los Fiscales de la Niñez y Adolescencia desempeñan sus funciones en los asientos donde funcionan Juzgados de la Niñez y la Adolescencia.

En caso de ausencia, falta o impedimento de los Fiscales de la Niñez y la Adolescencia, serán reemplazados por los Fiscales de Partido de Familia.

Son atribuciones del Fiscal de la Niñez y la Adolescencia, además de las generales establecidas por Ley:

1.	Concertar la remisión antes de iniciar el proceso, y en caso de estar iniciado, requerir ante el Juez la remisión, como forma de exclusión del proceso;
2.	Dirigir el levantamiento de diligencias de policía judicial en los casos de adolescentes infractores en conflicto con la Ley penal;
3.	Requerir la presencia y/o información de personas naturales o jurídicas, en los casos establecidos por el presente Código. En caso de inasistencia de los mismos a los actos procesales, ordenará su presencia bajo apercibimiento de Ley; y,
4.	Requerir la estricta aplicación de sanciones administrativas ante la autoridad competente, a quienes hubieran violado las normas que protegen al niño, niña o adolescente, sin perjuicio de promover la responsabilidad civil o penal.

Corresponde al juez de la niñez y de la adolescencia, conocer y resolver las demandas que se interpongan, en defensa de los derechos y garantías previstos en este código, conforme al procedimiento común y los procedimientos especiales.

La demanda debe presentarse por escrito, ofreciendo la prueba correspondiente, ante el juez del domicilio del niño, niña y adolescente, la misma que deberá contener:

1.	Indicación del Juez ante quien se la interpone;
2.	La suma o síntesis de la acción que se deduzca;
3.	El nombre, domicilio y generales de los padres, representantes legales o la entidad que asume la defensa de los derechos del niño, niña o adolescente;
4.	Nombre, domicilio y generales de Ley del demandado cuando corresponda;
5.	La petición en términos claros y precisos; y,
6.	El derecho expuesto sucintamente.

La demanda podrá ser modificada o ampliada hasta antes de la contestación.

Cuando la demanda no cumpla con las formalidades exigidas, el juez de oficio, ordenará que se subsanen los defectos dentro del plazo de 72 horas bajo apercibimiento de tenerla por no presentada.

Cuando la demanda sea manifiestamente improcedente, el juez la rechazara sin mas tramite.

Admitida la demanda ordenara su traslado.

El Juez en cualquier estado de la causa, si la seguridad del niño, niña o adolescente lo requiere, velando por su protección y seguridad, determinará las medidas cautelares previstas en este Código o en el Código de Procedimiento Civil, que considere convenientes.

El demandado deberá contestar la demanda dentro de los diez días siguientes a su citación y notificación, más el término de la distancia cuando corresponda.

En caso de haberse modificado o ampliado la demanda, el plazo se computará desde la notificación con ésta.

La contestación deberá contener los hechos que alegare como fundamento de su defensa, con claridad y precisión y ofrecer la prueba que se considere necesaria.

No será admisible la reconvención.

Se admitirán como medios legales de prueba los establecidos en el Código de Procedimiento Civil.

Si el demandado o el demandante no tuvieran a su disposición la prueba ofrecida, la individualizarán indicando el contenido, lugar, archivo y oficina pública o persona en poder de quien se encuentre, para que el Juez ordene su obtención hasta antes del señalamiento de la audiencia del juicio.

Luego de interpuesta la demanda, sólo podrán ser ofrecidos los medios probatorios de fecha posterior, los referidos a hechos nuevos y aquellos señalados por la otra parte en su contestación de la demanda.

El Juez de la causa señalará audiencia preparatoria del juicio, la misma que deberá realizarse improrrogablemente dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo para la contestación, se la haya presentado o no.

El día y hora señalados, el Juez de la causa escuchará:

1.	Al demandante para que fundamente su demanda y la prueba a producir; y,
2.	Al demandado para que explique o fundamente su defensa y la prueba por producirse.

Escuchadas las partes, el Juez si considera conveniente, ordenará al Equipo Interdisciplinario la elaboración de un informe técnico el que deberá presentarse hasta antes del señalamiento del juicio.

Concluida la fundamentación, en la misma audiencia el Juez, valorando la complejidad de la causa, señalará el día en el que celebrará la audiencia del juicio, la que deberá realizarse dentro de los veinte días siguientes.

Iniciada la audiencia, el demandante y el demandado, en ese orden, expondrán sus pretensiones en forma oral, precisa, ordenada y clara, además de producir en su turno toda la prueba ofrecida.

Seguidamente el Equipo Interdisciplinario presentará en forma oral su informe técnico, se recibirá el dictamen fiscal, y se escuchará al adolescente y, si la edad o madurez lo permite, al niño o niña.

Inmediatamente después de agotada la producción de la prueba y las alegaciones correspondientes, el Juez dictará sentencia en la misma audiencia, pudiendo postergar, únicamente su fundamentación para el día siguiente.

Se observarán las reglas de la sana crítica.

Iniciado el juicio, éste se realizará sin interrupción todos los días hábiles hasta que se dicte la sentencia, debiendo en caso necesario habilitarse horas extraordinarias, bajo responsabilidad disciplinaria del juzgador.

El Juez ordenará los recesos diarios indicando la hora en que continuará la audiencia. El juicio se llevará a cabo durante la mañana y la tarde procurando finalizarlo en un plazo de cinco días.

Las sentencias y resoluciones dictadas podrán ser apeladas en el plazo de tres días, ante el Juez que conoció la causa.

El recurso de casación deberá ser presentado en un plazo no mayor a diez días desde el momento de la notificación.

El Juez o Tribunal ante quien se interponga los recursos no se pronunciará sobre su admisibilidad.

Si se ha ofrecido prueba en segunda instancia el recurso no podrá resolverse sin escuchar a las partes en audiencia.

Toda excepción previa o incidente deberá ser planteado ante el Juez de la causa, quien dentro de las veinticuatro horas ordenará su traslado para que la contesten dentro las setenta y dos horas siguientes a su notificación.

Vencido el plazo previsto, el Juez con contestación o sin ella, señalará día y hora de audiencia para resolver la excepción o el incidente.

En la audiencia, el Juez resolverá las cuestiones planteadas aplicando en lo pertinente las normas del juicio.

Las excepciones perentorias serán resueltas en sentencia.

Cuando la excepción o el incidente sea planteado en el curso de la audiencia del juicio, se formulará verbalmente y, oída la parte contraria, se decidirá inmediatamente.

Las notificaciones se practicarán por cualquier medio legal de comunicación que el interesado expresamente haya aceptado, excepto las notificaciones personales.

Deberá notificarse personalmente con la demanda, con los incidentes o excepciones, con la sentencia y con los recursos.

Toda notificación en audiencia se la realizará en forma oral, debiendo constar en acta.

Las resoluciones se pronunciarán dentro de los siguientes plazos:

1.	Las providencias de mero trámite se dictarán dentro de las veinticuatro horas de la presentación de los actos que las motivan;
2.	Los autos interlocutorios, en el plazo de tres días cuando no requieran de la celebración de audiencia; y,
3.	Las sentencias y autos interlocutorios simples o definitivos se dictarán en audiencia.

Los familiares dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad y el Ministerio Público, a denuncia de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia podrán demandar la suspensión, pérdida o extinción de la autoridad de los padres del niño, niña o adolescente.

En los casos de suspensión, pérdida y extinción de la autoridad de los padres, el Juez de la Niñez y Adolescencia, en sentencia designará guardador o tutor legal en los términos de este Código.

En las situaciones previstas en este Código, el Fiscal o las instituciones legalmente reconocidas de protección de niños, niñas y adolescentes podrán demandar ante el Juez de la Niñez y Adolescencia la inexistencia de filiación o desconocimiento del paradero de los padres.

Admitida la demanda y con el dictamen fiscal, el Juez dispondrá la publicación de avisos por dos veces consecutivas, con intervalo de tres días en un órgano de prensa escrita de circulación nacional, dando a conocer la realización del trámite y mostrando la fotografía del niño, niña o adolescente, a efectos de ser reclamados por sus parientes.

En caso de existir reclamo de padre o parientes, éstos adquirirán la calidad de demandados, debiendo en juicio constatarse el parentesco.

De no existir reclamo alguno o de no comprobarse en juicio el parentesco, en audiencia, mediante sentencia se establecerá la extinción por abandono comprobado o la inexistencia de filiación, disponiendo la inscripción del niño, niña o adolescente en el Registro Civil, con nombres y dos apellidos convencionales y otorgando su guarda a familia sustituta o a entidad de acogimiento.

Cuando se constate el parentesco, el Juez podrá disponer la reinserción familiar tomando las medidas necesarias de control y seguimiento por parte del Equipo Interdisciplinario del juzgado o de otra entidad pública o privada de atención y protección.

Todas las cuestiones vinculadas en materias de contenido civil donde intervengan niños, niñas o adolescentes, contemplados en el presente Código, se rigen supletoriamente por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

Las audiencias en las que se resuelvan incidentes o excepciones y la del juicio, únicamente se suspenderán:

1.	Cuando sea necesario practicar algún acto fuera del lugar de la audiencia y no pueda cumplirse en el intervalo entre una y otra;
2.	Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención sea indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta que el ausente sea conducido por la fuerza pública;
3.	Cuando el Juez se enferme en grado tal que no pueda continuar su actuación; o,
4.	Cuando sea necesario realizar, a criterio del Juez, alguna prueba para proveer mejor.

La denuncia por irregularidades, faltas e infracciones a normas de prevención, atención y protección de niños, niñas y adolescentes previstas en este Código, se regirán por el procedimiento previsto para los delitos.

Durante la investigación podrá promoverse el compromiso de la entidad o persona infractora, el cual deberá ser homologado por el Juez de la Niñez y adolescencia.

La sentencia podrá determinar:

1.	La aplicación de las sanciones o medidas dispuestas por este Código;
2.	La remisión de antecedentes a conocimiento de la autoridad competente para la acción civil, penal o administrativa correspondientes.

Los solicitantes nacionales, con orden del Fiscal de la Niñez y Adolescencia, solicitarán a la entidad técnica correspondiente, la elaboración de los certificados a que hacen referencia los numerales 5, 6 y 8 del Artículo 83º del presente Código, quienes deberán elaborar los mismos en un plazo máximo de treinta días.

Los ciudadanos extranjeros o bolivianos no residentes en Bolivia presentarán su solicitud de adopción ante el Juez, mediante responsable acreditado por la autoridad central del país de residencia de los solicitantes, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Capítulo II, Título II, Sección IV del Libro I del presente Código, pudiendo especificar en dicha solicitud el sexo y edad aproximada del niño, niña por adoptarse.

El responsable acreditado acompañará a los adoptantes en todo el proceso.

La demanda será presentada ante el Juez de la Niñez y Adolescencia del domicilio del adoptado exponiendo los motivos y cumpliendo los requisitos que señala este Código.

En caso de que se trate de niño, niña o adolescente sujeto a autoridad de uno o de ambos padres, será preciso adjuntar en forma escrita el consentimiento de éstos para la adopción.

Previa a la admisión de la demanda, el Juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público, quien con la prueba documental, en el plazo de veinticuatro horas, emitirá el dictamen correspondiente.

En los casos de niños, niñas y adolescentes con filiación conocida y/o que se encuentren en hogar sustituto, el Juez ordenará a la entidad técnica correspondiente eleve los informes técnicos, en un plazo no mayor de cinco días.

Con el requerimiento del Fiscal y previo informe técnico u homologación de los mismos por el Equipo Interdisciplinario del Juzgado, el Juez admitirá la demanda, procederá a la apertura del término de prueba por un plazo de treinta días y señalará día y hora para la audiencia de asignación.

En audiencia, el Juez previa a la asignación del niño, niña o adolescente a los futuros padres adoptivos, dará lectura al informe que contenga datos sobre: condiciones para su adopción, evolución personal y familiar, historia médica, así como sus necesidades particulares.

De no existir objeción por parte de los solicitantes, asignará al niño, niña o adolescente; dará a conocer su identidad y otorgará permiso a los solicitantes para que lo visiten en la entidad de acogimiento u hogar donde se encuentre, a su vez solicitará a esta entidad que realice el seguimiento de visitas por un lapso de tres días y eleve el respectivo informe.

En caso de existir objeción de los solicitantes, debidamente fundamentadas, el Juez previo dictamen fiscal, asignará por única vez a otro niño, niña o adolescente y procediendo a lo señalado anteriormente.

En caso de no existir fundamentos validos, el Juez dispondrá la inhabilitación permanente de los solicitantes, para efectos de adopción en el territorio nacional

Con el informe de seguimiento, y luego de escuchar personalmente al niño, niña o adolescente en los términos previstos por el presente Código, el Juez fijará audiencia en el plazo de veinticuatro horas para conferir la Guarda provisional como período preadoptivo de convivencia.

El tiempo de esta convivencia, será fijado por el Juez, tomando en cuenta los informes de seguimiento, la edad del niño, niña o adolescente y las circunstancias de la adopción. En la misma resolución que autoriza el período preadoptivo, la autoridad judicial ordenará a la entidad técnica o al Equipo Interdisciplinario, realizar el seguimiento de la convivencia y presentar informe a los tres días de vencido este período.

Cumplido el término probatorio, el Juez en audiencia, con la concurrencia del Fiscal, la entidad técnica correspondiente y los solicitantes, pedirá el asentimiento y la ratificación de quienes deban otorgarlos.

Dependiendo de la edad y madurez, el Juez escuchará al niño, niña y en todos los casos a los adolescentes.

En la misma audiencia, el Juez deberá informar y prevenir al niño, niña o adolescente, a los adoptantes y a quienes den el consentimiento, sobre las consecuencias jurídicas de la adopción, dejando en el expediente constancia escrita en acta.

El Juez a petición Fiscal o de oficio puede disponer las diligencias y esclarecimientos que crea oportunos.

Con la notificación y previo dictamen Fiscal, el Juez pronunciará sentencia en el plazo de tres días.

En la misma sentencia, el Juez ordenará la inscripción del adoptado en el Registro Civil, como hijo de los adoptantes, en los términos previstos por este Código.

También ordenará el seguimiento post-adoptivo, designando la entidad responsable, tanto para adopciones nacionales como para las internacionales, estableciendo el plazo para los informes y el período de seguimiento.

Tratándose de adopción internacional, autorizará la salida del adoptado al país de residencia de los adoptantes.