Decreto Supremo 4896

a)

Canalizar las solicitudes de acceso a la justicia y, si corresponde, prestar servicios integrales de justicia;

b)

Establecer, regular y administrar la Red Interinstitucional de Acceso a la Justicia;

c)

Implementar mecanismos operativos y tecnológicos que faciliten la gestión, integración, derivación y atención adecuada de los servicios integrales de justicia al interior de la Red Interinstitucional de Acceso a la Justicia;

d)

Gestionar e implementar mecanismos de interoperabilidad con entidades públicas y privadas para el adecuado funcionamiento de la Red Interinstitucional de Acceso a la Justicia;

e)

Monitorear y evaluar la prestación de servicios de las entidades que forman parte de la Red Interinstitucional de Acceso a la Justicia;

f)

Hacer seguimiento a la demanda de servicios integrales de justicia a nivel nacional para la aplicación de medidas que permitan su atención adecuada y oportuna;

g)

Coadyuvar en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la modernización de los procesos institucionales y de gestión, así como los servicios públicos, a fin de incrementar su eficiencia, transparencia y accesibilidad, en el marco del acceso a la justicia y las políticas de gobierno electrónico vigentes;

h)

Administrar el Registro Público de la Abogacía;

i)

Gestionar los mecanismos e instrumentos para el procesamiento de las denuncias por faltas a la ética y el adecuado funcionamiento de los Tribunales de Ética de la Abogacía;

j)

Verificar que las abogadas y los abogados posean la formación y experiencia, precautelando la función social de interés público que representa el ejercicio de la abogacía;

k)

Establecer acciones y mecanismos de capacitación y actualización de conocimientos para abogadas y abogados;

l)

Generar los medios e instrumentos de verificación del cumplimiento efectivo de la Ley N° 387, de 9 de julio 2013, del Ejercicio de la Abogacía y su reglamento, de parte de las abogadas y abogados e instituciones públicas y privadas;

m)

Establecer acciones y mecanismos de seguimiento destinadas a regular el correcto ejercicio profesional de la abogacía.

I.

La Gestora SAJ-RPA está a cargo de una Directora o Director General Ejecutivo, nombrado por la Ministra o Ministro de Justicia y Transparencia Institucional mediante Resolución Ministerial.

II.

La estructura de la Gestora SAJ-RPA se aprobará mediante Resolución Ministerial, en el marco de la normativa vigente.

a)

Recursos específicos provenientes del ejercicio de sus actividades, en el marco de la normativa vigente;

b)

Tesoro General de la Nación - TGN, de acuerdo a disponibilidad financiera;

c)

Transferencias de recursos, de acuerdo a normativa vigente;

d)

Créditos y donaciones internas y externas.