Ley 1864

La presente ley tiene por objeto otorgar mayores oportunidades a los ciudadanos bolivianos para ampliar su condición de propietarios y potenciales inversores con acceso democratizado al crédito. Para este propósito, esta ley norma: (I) las formas de participación de los bolivianos en las empresas capitalizadas por efecto de la Ley de Capitalización Nº 1544, (II) la movilización del ahorro y la inversión popular, la ampliación del microcrédito productivo, de servicios y de vivienda y su mejor distribución, (III) la reforma de la administración de las cooperativas de servicios públicos con el fin de mejorar y ampliar la cobertura de los mismos, (IV) la expansión de servicios financieros a los municipios, (V) el fortalecimiento del sistema de intermediación financiera, su reglamentación y supervisión, y (VI) la reestructuración y unificación del registro de personas.

Para efectos de la presente ley se usará las siguientes definiciones:

Acción Popular (AP): Es el Valor representativo de un Certificado Fiduciario perteneciente a la Cuenta de Acciones Populares que, para efectos de la presente ley se denominará Acción Popular.

Administradora de Fondo de Pensiones (AFP): Es la sociedad anónima encargada de la administración y representación del Fondo de Pensiones y del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) de conformidad con la Ley de Pensiones Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996 y la presente ley.

BOLIVIDA: Es el beneficio anual, no heredable, otorgado en forma vitalicia que el país reconoce a los Beneficiarios de la Capitalización registrados en la Cuenta Solidaria.

Comité de Normas Financieras de Prudencia (CONFIP): Es el comité creado por esta ley con el objeto de aprobar normas financieras de prudencia.

Cooperativas de Servicios Públicos: Son aquellas sociedades cooperativas que tienen como actividad principal los servicios de distribución de electricidad en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) o la actividad del servicio de generación, transmisión y distribución en los sistemas aislados; telecomunicaciones locales, agua potable y alcantarillado.

Certificados Fiduciarios: Son los Certificados Fiduciarios del FCC. El número de estos certificados será igual al valor del FCC denominado en dólares de Estados Unidos de América, a la fecha que se establezca mediante reglamento, entre el Valor Inicial del Certificado Fiduciario, el cual será igual a un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1).

Fecha de inicio: Es el 1º de mayo de 1997, conforme a la definición de la Ley de Pensiones Nº 1732.

Fundación de Acción Social (FAS): Fundación sin fines de lucro, cuyo patrimonio está constituido por el valor de las AP y de las anualidades vitalicias donadas voluntariamente y cuyo objeto es beneficiar a centros de niños desamparados y hogares de ancianos.

Fondo de Capitalización Colectiva (FCC): Es el patrimonio autónomo constituido mediante fideicomiso irrevocable, de duración indefinida, dividido en dos cuentas independientes, cada una con distintos beneficiarios.

Ley de Bancos y Entidades Financieras: Es la Ley de Bancos y Entidades Financieras Nº 1488 de 14 de abril de 1993.

Ley de Capitalización: Es la Ley de Capitalización Nº 1544 de 21 de marzo de 1994.

Ley SIRESE: Es la Ley SIRESE Nº 1600 de 28 de octubre de 1994.

Ley del Banco Central de Bolivia: Es la Ley del Banco Central de Bolivia Nº 1670 de 31 de octubre de 1995.

Ley de Pensiones: Es la Ley de Pensiones Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996.

Ley del Mercado de Valores: Es la Ley del Mercado de Valores, Nº 1834 de fecha 31 de marzo de 1998.

NAFIBO: Es la Nacional Financiera SAM cuyo convenio constitutivo fue aprobado por Ley Nº 1670.

ONG: Es una Organización No Gubernamental.

RIN: Es el Registro de Identificación Nacional (RIN).

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF): Es la superintendencia creada por la Ley de Bancos de 11 de julio de 1928, modificada por la Ley Nº 1488 de 14 de abril de 1993.

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS): Es la Superintendencia creada por esta ley mediante la fusión de la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Seguros.

Superintendencia de Recursos Jerárquicos (SRJ): Es la Superintendencia creada por esta ley, mediante la conversión de la Superintendencia General del SIREFI normada en la Ley de Pensiones.

El FCC tiene dos cuentas totalmente independientes, indivisas, imprescriptibles e inafectables por gravámenes o medidas precautorias de cualquier naturaleza. En ningún caso podrá transferirse de una cuenta a la otra, bienes, valores, derechos, obligaciones u otros similares que tengan valor económico bajo responsabilidad de los administradores. Los ciudadanos bolivianos que participen en una cuenta no podrán participar en la otra. Los bienes que componen el FCC sólo pueden disponerse de conformidad a lo establecido en el Articulo 40 de la Ley de Pensiones modificado por la presente ley.

La primera cuenta del FCC se denomina Cuenta de Acciones Populares (CAP), a la que pertenecen los Beneficiarios de la Capitalización menores a 50 años al 31 de diciembre de 1995. La segunda cuenta, se denomina Cuenta Solidaria a la que pertenecen los Beneficiarios de la Capitalización que hubieran cumplido 50 años o más a la misma fecha.

El setnta por ciento (70%) de los Certificados Fiduciarios será distribuido entre los ciudadanos bolivianos registrados en la CAP. El treinta por ciento (30%) de los Certificados Fiduciarios será utilizado en beneficio de los ciudadanos registrados en la cuenta solidaria.

Las AFP no podrán contraer créditos con garantía de los activos del FCC.

Los párrafos segundo y tercero del Artículo 6 de la Ley de Pensiones serán aplicables al FCC.

A fin de quedar registrados en la Base de Datos del FCC de la AFP correspondiente, los Beneficiarios de la Capitalización deberán registrarse ante el RIN, creado mediante la presente Ley, dentro de los tres (3) años calendario de la Fecha de Inicio, prorrogables por un año adicional mediante Decreto Supremo. Transcurrido el plazo indicado, quien no estuviere registrado perderá su derecho sobre los Certificados Fiduciarios. El Valor de los Certificados Fiduciarios de los Beneficiarios de la Capitalización no registrados, beneficiará a quienes se hubiesen registrado.

Cada Certificado Fiduciario de los ciudadanos bolivianos que participen en la CAP constituye un valor que se denominará Acción Popular (AP). La distribución de las AP entre la población participante en la CAP se definirá mediante reglamento. La AP tendrá las siguientes características:

a)	Será transmisible por sucesión hereditaria;
b)	Será libremente transferible y podrá constituirse en garantía;
c)	Será redimible por intermedio de las AFP por dinero, o alternativamente, por una anualidad vitalicia no heredable que incluya gastos funerarios, contratada en una empresa de seguros a través de las AFP; y
d)	El contenido de los incisos (b) y (c) precedentes se aplicarán cuando se cumplan las condiciones y requisitos exigidos por reglamento.

Los Certificados Fiduciarios de los ciudadanos bolivianos que se encuentren registrados en la Cuenta Solidaria serán utilizados por las AFP para otorgarles los siguientes beneficios:

a)	Una anualidad vitalicia variable, no transmisible por sucesión hereditaria, denominada BOLIVIDA que será pagada a partir de los 65 años de edad. El valor del primer año de la anualidad vitalicia será fijado mediante Decreto Supremo. En años posteriores, el monto de la anualidad vitalicia será determinado por las AFP en base a estudios actuariales y de acuerdo a reglamento. El Estado garantizará que el valor de la anualidad vitalicia en años posteriores, no sea inferior al monto pagado el primer año.
b)	Una prestación por gastos funerarios para el titular; equivalente al beneficio de la anualidad vitalicia fijada por la AFP para el año correspondiente, de acuerdo a reglamento. Este beneficio será pagado únicamente en favor de los no afiliados de acuerdo a la Ley de Pensiones; y
c)	Un pago en efectivo equivalente a dos anualidades del BOLIVIDA, a los herederos de los titulares de la Cuenta Solidaria que fallezcan antes de cumplir los 65 años de edad, además de lo establecido en el inciso (b) anterior y de acuerdo a reglamento.

Los propietarios de las AP y los beneficiarios del BOLIVIDA podrán transferir a título gratuito, conforme a reglamento, sus AP o sus beneficios a una fundación con objeto social y sin fines de lucro que será constituida de acuerdo a las normas del Código Civil. La fundación será administrada por una entidad de la Iglesia Católica u otras personas colectivas sin fines de lucro, conforme a sus estatutos.

Los recursos de la fundación mencionada en el artículo precedente estarán destinados, exclusivamente, a financiar proyectos que beneficien a centros de niños desamparados y asilos de ancianos.

Alternativamente a lo señalado en el Artículo II, los bolivianos registrados en la CAP y los registrados en la Cuenta Solidaria, podrán voluntariamente donar sus AP y su BOLIVIDA al Tesoro General de la Nación, el que monetizará las donaciones para ser utilizadas en infraestructura caminera.

Los bancos, fondos financieros privados, mutuales, cooperativas de ahorro y crédito y las ONG financieras podrán efectuar operaciones de microcrédito, de acuerdo a las normas aprobadas por el CONFIP.

Con el propósito de incrementar el financiamiento a la microempresa y democratizar el crédito, los microcréditos que sean otorgados con respaldo de garantías hipotecarias, acciones populares, garantías solidarias, o garantías prendarias conforme a reglamento aprobado por el CONFIP, serán considerados como debidamente garantizados para fines del Artículo 45 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras.

Las ONG que no capten recursos del público y que realicen actividades de crédito utilizando recursos propios, fondos de donación o recursos provenientes directamente de organismos internacionales sin intermediación o participación del Estado, quedan excluidas de la fiscalización, control e inspección de sus actividades por parte de la SBEF. Las que utilicen recursos públicos serán supervisadas por la Contraloría General de la República en el marco de la ley SAFCO.

Sin perjuicio de lo señalado por el articulo 5 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, las ONG y entidades financieras no fiscalizadas, quedan prohibidas de recibir de personas naturales y bajo cualquier modalidad, depósitos u obtener fondos destinados a ser intermediados, salvo lo establecido en el artículo siguiente.

No obstante lo indicado en el artículo anterior y a fin de promover el ahorro popular, las personas colectivas podrán solicitar autorización de la SBEF para movilizar recursos del público de manera restringida, sujetas a las condiciones, requisitos y limitaciones que ésta establezca, conforme a reglamentación a ser aprobada por el CONFIP. Dicha reglamentación establecerá requisitos de inversión obligatoria. El cumplimiento de los requisitos será supervisado por la SBEF.

I.

El Poder Ejecutivo, a partir de la promulgación de la presente ley, tomará las medidas que corresponda para otorgar, por una sola vez, apoyo institucional integral en favor de entidades financieras intermediarias establecidas o en proceso de formalización que atiendan demandas de microcrédito, conforme a reglamento. El Poder Ejecutivo podrá instruir la otorgación de créditos a las instituciones receptoras del apoyo institucional para contratación de asistencia técnica, pero no para su intermediación.

II.

El Poder Ejecutivo también podrá brindar apoyo institucional a personas colectivas que promuevan, fortalezcan o incrementen las operaciones de microcrédito de entidades autorizadas por la SBEF.

I.	Los servicios auxiliares financieros que no sean de intermediación financiera podrán ser realizados por entidades autorizadas por la SBEF; limitados al pago de sueldos, sueldos para el funcionario público, giros, transferencias, manejo de tesorería de entidades públicas, apertura de cuentas fiscales, recaudaciones de tributos o aportes previsionales y cambio de monedas.
II.	Los gobiernos municipales podrán brindar incentivos a entidades autorizadas por la SBEF, para que presten los servicios mencionados en el numeral anterior, en las localidades y comunidades de su jurisdicción, otorgándoles apoyo limitado. Este apoyo deberá ser establecido en cada licitación pública y deberá seleccionarse al proponente que, cumpliendo plenamente con los requisitos técnicos y de solvencia necesaria, precise el menor apoyo.
III.	El Poder Ejecutivo diseñará un mecanismo estandarizado para la prestación de servicios auxiliares financieros en los municipios.

El Poder Ejecutivo promoverá la fusión de mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda con patrimonio insuficiente, ya sea con otras mutuales o con otras entidades de intermediación financiera que sean solventes y tengan aceptación de la SBEF. El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento para promover la fusión de estas mutuales, garantizando la cobertura de patrimonios negativos previos a la fusión, a través de la compra de cartera a valor nominal, antes de considerar previsiones.

El Sistema de Regulación Financiera (SIREFI), creado mediante el artículo 44 de la Ley de Pensiones, bajo la tuición del Ministerio de Hacienda, está conformado por la Superintendencia de Recursos Jerárquicos del SIREFI (SRJ), la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) normada por la ley de Bancos y Entidades Financieras, y la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) creada por la presente ley, como órganos autárquicos y personas jurídicas de derecho público con jurisdicción nacional.

El CONFIP, creado por la presente ley, aprobará normas de prudencia que regulen uniformemente a todas las entidades del sistema financiero, con excepción del BCB, independientemente de su naturaleza jurídica y forma de organización, incluyendo:

a)	Requisitos patrimoniales mínimos;
b)	Coeficientes de ponderación de riesgos;
c)	Calificación de cartera y requisitos de previsionamiento;
d)	Límites de concentración de activos y créditos;
e)	Requisitos de calce de liquidez, moneda y riesgos de tasas de interés;
f)	Calidad de dirección y administración, incluyendo aspectos de contabilidad, controles internos, auditorías interna y externa; y
g)	Operaciones permitidas, limitaciones y prohibiciones.

Cuando las entidades financieras con licencia de funcionamiento soliciten autorización para realizar nuevas operaciones o cuando nuevas entidades financieras soliciten licencia de funcionamiento, la SBEF y la SPVS dentro de sus respectivos campos de jurisdicción, quedan facultadas para autorizar las nuevas operaciones y licencias solicitadas, con restricciones o limitaciones operativas, en función a la capacidad administrativa, operativa, desempeño y responsabilidad de la entidad solicitante.

La suplencia de los superintendentes, corresponderá al intendente que ellos designen.

I.	Se crea el Comité de Normas Financieras de Prudencia (CONFIP) como órgano encargado de la aprobación de las normas de prudencia para el funcionamiento del sistema financiero nacional e instancia de coordinación de las actividades de la SBEF y de la SPVS. El CONFIP considerará y aprobará normas de prudencia en relación a las materias contempladas en los artículos 30, 31, 32 y 33 de la ley del Banco Central de Bolivia, y las que correspondan para la aplicación de la ley de Pensiones, ley del Mercado de Valores y ley de Seguros. Además, será atribución del CONFIP aprobar las normas de prudencia, acorde con la normatividad legal vigente, sobre:
	a) La naturaleza, constitución, órganos de dirección, capitales mínimos, actividades permitidas y prohibidas, transformación, fusión y liquidación de las entidades financieras no bancarias; b) La regulación del microcrédito en todo el territorio de la República, fijando su naturaleza, alcances, ámbito de aplicación, instituciones intermediarias, beneficiarios y garantías del crédito en apoyo a los microempresarios; c) La solvencia y planes de rehabilitación de las entidades que operan en los sectores de seguros, pensiones y valores, en el marco de las leyes sectoriales vigentes; y d) Las operaciones de entidades de intermediación financiera de segundo piso.
II.	El CONFIP es un cuerpo colegiado integrado por el Presidente del Banco Central de Bolivia, el Superintendente de Bancos y Entidades Financieras, el Superintendente de Pensiones, Valores y Seguros y un Viceministro del Ministerio de Hacienda.
III.	Las normas que apruebe el CONFIP serán emitidas obligatoriamente, sin alterar, modificar o restringir su contenido, como resoluciones de la Superintendencia correspondiente. Es atribución de las superintendencias vigilar el cumplimiento de las normas aprobadas por el CONFIP.
IV.	El CONFIP no tiene facultades para considerar ni pronunciarse en relación a aspectos monetarios y cambiarios, los cuales se mantienen como facultad exclusiva del Banco Central de Bolivia.
V.	Corresponde a las superintendencias elaborar y aprobar los reglamentos de las normas de control y supervisión aprobados por el CONFIP.

Las reuniones serán dirigidas por el Presidente del Banco Central de Bolivia. Los miembros del CONFIP podrán solicitar la inclusión de temas en la agenda. La aprobación de normas se efectuará mediante votación, en caso de empate, el Superintendente del área al que corresponda la norma, contará con voto dirimidor.

I.	El CONFIP analizará, considerará y aprobará las normas financieras de prudencia que propongan la SBEF, la SPVS, el BCB o el Ministerio de Hacienda. En caso de aprobación, el CONFIP dispondrá que la Superintendencia correspondiente, según el tema tratado, dicte obligatoriamente bajo responsabilidad la correspondiente resolución conforme a ley.
II.	Los intendentes de Pensiones, de Valores y de Seguros, por intermedio del correspondiente Superintendente, podrán proponer normas para sus sectores regulados, debiendo sustentarías ante el CONFIP.

Las previsiones de los artículos 30, 31, 32 y 33 de la ley del Banco Central de Bolivia, se transfieren al ámbito del CONFIP, cuyas normas aprobadas serán emitidas como resoluciones de la SBEF, en la forma prevista en el artículo anterior.

El CONFIP no tendrá organización administrativa, ni presupuesto. La SBEF actuará como secretaria permanente.

Se crea la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS), fusionando la Superintendencia de Pensiones creada mediante ley de Pensiones, la Superintendencia de Valores creada mediante la misma ley y la Superintendencia de Seguros creada por Decreto Ley No 15516 de, 2 de junio de 1978, como órgano autárquico y persona jurídica de derecho publico, con autonomía de gestión técnica y administrativa y jurisdicción nacional, bajo la tuición del Ministerio de Hacienda.

I.	La SPVS estará dirigida y representada por un superintendente quien designará un intendente de Pensiones, un intendente de Valores y un intendente de Seguros.
II.	El superintendente de Pensiones, Valores y Seguros será designado de acuerdo a las normas de los artículos 4, 5 y 6 de la ley SIRESE en lo conducente, por un período de seis años y gozará de caso de corte.
III.	El reglamento de funcionamiento de la SPVS será aprobado mediante Decreto Supremo.

La SPVS tendrá las atribuciones establecidas para las Superintendencias de Pensiones, de Valores y de Seguros por las leyes de Pensiones, de Mercado de Valores, de Seguros y la presente ley. Las normas que apruebe el CONFIP en relación a dichas leyes serán emitidas como resoluciones de la SPVS, conforme a lo establecido en el artículo 30 de la presente ley.

El Superintendente de Pensiones, Valores y Seguros asignará funciones de carácter técnico y legales a los intendentes de Pensiones, Valores y Seguros respectivamente, quienes las ejercerán con autonomía en el ámbito de su competencia.

La SPVS financiará sus actividades, logrando eficiencia y economías de escala, mediante los ingresos previstos en las respectivas leyes sectoriales para el funcionamiento de las superintendencias de Pensiones, de Valores y de Seguros antes de su fusión.

La Superintendencia General del SIREFI creada por la ley de Pensiones se transforma en la Superintendencia de Recursos Jerárquicos del SIREFI (SRJ), como órgano autárquico y persona jurídica de derecho público, con las atribuciones que le otorga la presente ley. La SRJ estará a cargo de un superintendente al que se le aplicará las disposiciones sobre nombramiento, estabilidad, requisitos, y prohibiciones establecidos en los artículos 4, 5 y 6 de la ley SIRESE. El Superintendente de Recursos Jerárquicos será nombrado por un período de 8 años y gozará de caso de corte.

La SRJ tendrá las siguientes atribuciones:

a)	Conocer y resolver los recursos jerárquicos contra las resoluciones del superintendente de Bancos y Entidades Financieras y del superintendente de Pensiones, Valores y Seguros, excepto las que se refieren a la liquidación forzosa de las entidades sujetas a supervisión de la SBEF y la SPVS, y
b)	Proponer al Poder Ejecutivo normas relativas a la organización y funcionamiento de la SRJ.

Son aplicables a los órganos que forman el SIREFI las disposiciones sobre recursos de revocatoria y jerárquicos determinados en la ley SIRESE. Excepto disposición legal en contrario, los recursos interpuestos contra las resoluciones del superintendente de Bancos y Entidades Financieras y del superintendente de Pensiones, Valores y Seguros, tendrán efecto devolutivo.

La SRJ adecuará su presupuesto en concordancia con las atribuciones que le otorga la presente Ley, y lo cubrirá con una alícuota de los ingresos de la SBEF y de la SPVS, determinadas mediante Decreto Supremo.

El reglamento de funcionamiento de la SRJ será aprobado mediante Decreto Supremo.

Se crea el Registro de Identificación Nacional (RIN) como entidad pública descentralizada, de duración indefinida con autonomía de gestión, bajo la tuición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo objeto es disponer de un sistema de Identificación personal y proporcionar un documento de identificación único, seguro y confiable a toda la población nacional.

El RIN tendrá un directorio compuesto por cinco miembros. Uno designado por el Ministro de Justicia, uno por el Ministro de Gobierno, uno por el Ministro de Hacienda, uno por la Corte Nacional Electoral y el Director del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Iglesia Católica y cada partido político con representación parlamentaria tendrán el derecho de designar un representante que asistirá con derecho a voz y sin voto a las sesiones. del directorio del RIN. La inasistencia de estos representantes a reuniones a las que hayan sido citados, no invalidará las decisiones que en ellas se tomen.

El RIN se financiará con recursos propios, generados por su actividad específica, incluyendo la comisión por información que provea para el funcionamiento del FCC, a ser cobrada a cada administradora del FCC, la cual será pagada con recursos de dicho fondo. También contará con recursos de financiamiento externo y cooperación técnica.

Los activos, archivos, información y bases de datos del Registro Unico Nacional y del Servicio Nacional de Identificación Personal de la Policía Nacional se transfieren al RIN. El Servicio de Registro Civil, manteniendo su actual estructura y organización, sin modificar las atribuciones que le otorga la ley, pasa a depender del RIN.

El RIN será la única entidad encargada y responsable de proveer la información oficial requerida para la base de datos referida en el artículo 8 de esta ley. La información contenida en dicha base de datos será la única con valor oficial para fines de información del Estado boliviano.

Se crea la Cédula de Identificación Nacional (CIN), en sustitución de la actual Cédula de identidad y del actual RUN. El Poder Ejecutivo reglamentará, mediante Decreto Supremo, las características, procedimientos de distribución y otros aspectos de la CIN.