Ley 165

La presente Ley tiene por objeto establecer los lineamientos normativos generales técnicos, económicos, sociales y organizacionales del transporte, considerado como un Sistema de Transporte integral – STI, en sus modalidades aérea, terrestre, ferroviaria y acuática (marítima, fluvial y lacustre) que regirán en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia a fin de contribuir al vivir bien.

La presente Ley, se rige por la Constitución Política del Estado, los Tratados, Convenios e instrumentos Internacionales y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

El Sistema de Transporte Integral – STI, en todo el Estado Plurinacional de Bolivia, se rige por la Constitución Política del Estado, los Tratados, Convenios e Instrumentos Internacionales, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la presente Ley, normas sectoriales y otras normas especificas del ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional.

I.

La presente Ley se aplica en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y rige a: a) Las instituciones, entidades y reparticiones de los diferentes niveles central y autonómicos de gobierno que norman, regulan, supervisan, controlan y fiscalizan el transporte. b) Las instituciones, entidades y reparticiones de los diferentes niveles central y autonómicos de gobierno que facilitan el flujo de pasajeros y carga a nivel nacional e internacional. c) Las personas naturales o jurídicas que prestan servicios de transporte en cualesquiera de sus modalidades existentes o por existir, sujeto a reglamentaciones especiales. d) Las personas naturales o jurídicas que desarrollan y/o administran infraestructura y prestan servicios logísticos complementarios al transporte. e) Los usuarios del sistema de transporte. f) Todas las modalidades de transporte.

II.

Las actividades del transporte aéreo, terrestre, ferroviario y acuático son libres en el territorio, agua y espacio aéreo boliviano, en cuanto no fueren limitados por esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones por razones de defensa, seguridad nacional o de interés público.

El Estado Plurinacional de Bolivia, ejerce soberanía completa y exclusiva sobre el territorio, agua y espacio aéreo de acuerdo con la Constitución Política del Estado, los principios del Derecho internacional y los Tratados vigentes.

Los principios son:

a)	Accesibilidad. Todas las usuarias y usuarios podrán acceder al Sistema de transporte integral — STI por el medio y modalidad que escojan, los mismos que deben contar con facilidades de acceso y estar en condiciones de equidad, calidad y seguridad.
b)	Calidad. EI Sistema de Transporte Integral – STI, debe proveer un servicio en conformidad a los requisitos y estándares que garanticen un nivel de servicio adecuado de bienestar, eficiencia y eficacia, de acuerdo a la contraprestación autorizada.
c)	Continuidad. El Sistema de Transporte Integral – STI, debe funcionar de manera permanente, regular y continua.
d)	Eficacia. El servicio de transporte debe cumplir el propósito para el cual fue convenido.
e)	Eficiencia. El Sistema de Transporte Integral – STI, debe prestar servicios en condiciones que garanticen el menor costo operacional y tiempo posible, contemplando un nivel de equidad, calidad y seguridad.
f)	Participación y control social. Se garantizará y facilitará la participación y control social sobre la gestión pública por parte de la sociedad civil organizada.
g)	Seguridad. El Sistema de Transporte Integral – STI, debe prestar servicios en condiciones que garanticen la integridad de personas y carga durante el traslado del lugar de origen al lugar de destino.
h)	Sostenibilidad. El sistema de transporte debe prestar servicios que garanticen el menor impacto sobre la salud y el medio ambiente local y global. En el corto, mediano y largo plazo, sin comprometer el desarrollo de futuras generaciones.
i)	Transparencia. Se garantiza la transparencia en el Sistema de Transporte Integral – STI.
j)	Universalidad. Todas las usuarias y usuarios sin distinción alguna, tienen el derecho de utilizar el Sistema de Transporte Integral – STI, para su libre movilidad.

Para los efectos de la presente Ley y sus normas reglamentarias, se definen los siguientes términos:

Abordaje (modalidad acuática). Llegar a otro buque, chocar o tocar con él. Las maniobras de abordaje y los acaecimientos considerados como tal, se realizarán con autorización de la autoridad competente, conforme a normas específicas establecidas para el efecto y/o procesadas para precautelar la seguridad en la navegación.

Aeronáutica. Ciencia o disciplina vinculada con todo lo referido a la navegación aérea.

Aeronáutica nacional. Actividad que comprende a la aviación militar, civil y todo medio que se desplaza en el espacio aéreo.

Agencia naviera. Persona natural o jurídica que representa a una o varias compañías navieras transportadoras de mercancías. Para tal efecto las mismas consideradas como tal, deberán estar debidamente registradas por la autoridad competente conforme a reglamentación específica.

Artefacto naval. Construcción flotante, que carece de propulsión propia, que opera en el medio acuático con reglamentación específica, previo registro ante la autoridad competente.

Astillero. Persona natural o jurídica, dedicada a la construcción o mantenimiento de embarcaciones en un lugar legalmente registrado y autorizado por la autoridad competente.

Buque. Toda clase de embarcaciones públicas, privadas o mixtas, incluidas aquellas sin desplazamiento y los hidroaviones, utilizados o que puedan ser operados como medio de transporte sobre el agua, con la debida autorización.

Calado. Profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de una embarcación.

Capitanías de puerto. Son los organismos ejecutores de la Dirección General de Capitanías de Puerto. Dentro de su área de responsabilidad desempeñan las funciones como delegados de la Autoridad Marítima, que tienen bajo su jurisdicción, el control, vigilancia y seguridad de todas las actividades que se desarrollan en el ámbito acuático navegable.

Carga. Se refiere a todo tipo de mercaderías, materiales y correo que serán transportados mediante unidades de transporte.

Carta náutica. Documento emitido por la autoridad competente como representación a escala de aguas navegables y regiones terrestres adjuntas. Indica las profundidades del agua y las alturas del terreno, naturaleza del fondo, detalles de la costa incluyendo puertos, peligros a la navegación, localización de luces y otras ayudas a la navegación. Las cartas de navegación son instrumentos esenciales y de uso obligatorio para la navegación náutica.

Centro de revisión técnica vehicular. Son las instalaciones en las cuales se realiza la revisión técnica vehicular, que debe hacerse en los vehículos, componentes o accesorios y que estén habilitados por el organismo competente.

Declaratoria de red. Documento que establece todas las especificaciones de cada una de las líneas de ferrocarril en la Red Ferroviaria Fundamental y las especificaciones de interoperabilidad.

Derecho de vía. Es la propiedad del Estado sobre las carreteras, vías férreas su infraestructura y elementos funcionales de las mismas a efectos de su uso, defensa y explotación.

Derrotero. Es una publicación náutica oficial y especifica. Consiste en una obra escrita e ilustrada, que describe las costas, bajo fondos, señalizaciones (boyas, faros, balizas, etc.), perfiles visuales de las costas, peligros, formas de navegación convenientes, puertos, terminales y otros, para información -- indispensable - del navegante.

Embarcación. Es toda construcción flotante destinada a navegar en los espejos de agua de Bolivia, conforme a normas nacionales, convenios o tratados en aguas internacionales, ya sea propulsada por sus propios medios o mediante el auxilio de otra.

Estado de abanderamiento. Figura del Derecho Internacional Marítimo que comprende la autoridad que tiene Bolivia sobre los buques que enarbolan su pabellón. Cada buque se vincula a un Estado y a la jurisdicción del mismo, para ser regulada conforme a la acción del buque y su bandera que enarbola.

Estado rector del puerto. Figura de Derecho Internacional Marítimo, por medio de la cual Bolivia y los estados ribereños tienen la facultad de ejercer un efectivo control sobre los buques que arriben a sus puertos o que circundan sus aguas con el fin de proteger los recursos marinos y prevenir desastres. Asimismo, corrobora que los buques cuenten con óptimas condiciones de seguridad y tripulaciones adecuadamente formadas. El Estado rector del puerto surge frente a la inoperancia del control por el Estado de abanderamiento, la cual estaba provocando un aumento en la tasa de siniestros yen la contaminación del medio marino.

Estado ribereño. Es la soberanía ejercida por Bolivia a través de la autoridad competente, más allá de sus límites terrestres y de las aguas interiores, extendiéndose al mar.

Infraestructura aeronáutica. Conjunto de edificaciones, instalaciones y servicios establecidos en la superficie y/o espacio aéreo, destinados a proveer los medios necesarios a la seguridad aérea y facilitar un adecuado movimiento del tráfico aéreo.

Infraestructura ferroviaria. Conjunto de obras civiles e instalaciones mecánicas, eléctricas y electrónicas, destinados a proveer un adecuado movimiento para los ferrocarriles.

Infraestructura portuaria. Comprende las obras civiles de instalaciones mecánicas, eléctricas y electrónicas, fijas y flotantes, construidas o ubicadas en los puertos, debidamente certificadas y autorizadas según reglamento especifico, para facilitar el transporte y el intercambio modal.

Infraestructura vial. Es toda superficie terrestre, pública a privada, por donde circulan peatones y unidades de transporte, que esta señalizada y bajo jurisdicción de las autoridades nacionales, departamentales, municipal e indígena originario campesinas.

Interoperabilidad. Capacidad de la infraestructura que permite la circulación ininterrumpida de mercancías o pasajeras y pasajeros.

Libre navegación. Principio soberano de Bolivia para realizar viaje con la embarcación sin interferencia alguna, por el tiempo que dure la misma.

Logística. Parte de la cadena de suministros, que planifica, implementa y controla el flujo y el almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen al punto de consumo, con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los exportadores e importadores, usuarias y usuarios, y consumidoras y consumidores.

Marina mercante nacional. Flota de buques y tripulantes debidamente registrados por la autoridad competente, para realizar actividades comerciales.

Nivel de servicio. Desde el punto de vista de la usuaria o usuario, el nivel de servicio es la integración de todas las reacciones e impresiones subjetivas que la utilización del servicio le produce, en todos los aspectos cualitativos y cuantitativos de la prestación, desde que obtiene el billete o sube al vehículo hasta que sale de la terminal o baja del vehículo en el punto de parada. Desde el punto de vista del operador, en función del servicio ofertado por el operador, considerando parámetros de cumplimiento obligatorio referidos a seguridad y calidad.

Normativa específica. Referida a todo tipo de normas que complementen la presente Ley, como leyes especificas por modalidad de transporte, reglamentos, decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones administrativas y cualquier otro tipo de disposición que asegure el cumplimiento de la presente Ley.

Operaciones. Se refiere a todas las actividades necesarias para el transporte de pasajeras o pasajeros y carga (que incluye correo).

Operador. Es la persona natural o jurídica que presta servicios de transporte. Se puede interpretar como sinónimo de transportador.

Personal aeronáutico. Todo titular con licencia otorgada por la autoridad competente que realice funciones aeronáuticas a bordo de aeronaves y/o en la superficie.

Piloto (Modalidad acuática). Aquel que cumple requisitos legalmente establecidos por la autoridad competente y entiende el ejercicio del arte de gobernar un buque, determinando su situación y los rumbos que debe seguir para trasladarse al punto de su destino.

Piloto (Modalidad aérea). Persona que posee licencia aeronáutica con entrenamiento y conocimientos especiales, que dirige y gobierna naves aéreas.

Plan maestro. Planificación que delimita las condiciones técnicas, de calidad, seguridad, circulación interna y otras de la infraestructura que sean aplicables según las disposiciones vigentes, en forma permanente y bajo responsabilidad del administrador de infraestructura.

Práctico. Aquel que cumple requisitos legalmente establecidos por la autoridad competente, para asesorar en rutas y maniobras en el puerto, pasos, ríos y canales a los capitanes de los buques.

Puerto. Es un conjunto de espacios, acuáticos, terrestres, naturales, artificiales e instalaciones fijas y móviles bajo la administración, control y dirección de la autoridad competente, que comprende obras, canales, vías de acceso, instalaciones y servicios, destinados a la atención de pasajeros, mercancías y embarcaciones.

Registro de buques. Es el principio que permite brindar la seguridad en la navegación que en su aceptación jurídico-marítima, es también la oficina pública en la que tiene lugar la inscripción del buque por la autoridad competente.

Servicios logísticos complementarios al transporte. Son todas las actividades conexas o auxiliares que están relacionadas con el servicio de transporte, incluidas la recepción, depósito temporal, tránsito, reexpedición y salida de mercancías de depósitos aduaneros y de zonas francas, y que no están comprendidas en lo referido a infraestructura o a los servicios propios de la actividad de transporte.

Sistema de revisión técnica vehicular. Conjunto de entidades, operaciones e instalaciones destinadas a reducir las fallas mecánicas a través de la verificación y evaluación del estado técnico de los vehículos, mejorar la seguridad vial, mejorar la capacidad de operación del vehículo, reducir las emisiones contaminantes y comprobar la idoneidad de uso a través del registro de los vehículos.

Sistema de transporte integral. Conjunto de varios elementos que interactuando entre sí, permiten que se lleve a cabo el traslado de personas y bienes, entre las que se encuentran infraestructura, operadores y usuarias o usuarios del servicio y otros servicios logísticos complementarios.

Solución de continuidad. Mecanismo que permite la interconexión entre líneas férreas, garantizando la circulación continua y segura del material rodante.

Transporte. Se denomina transporte al traslado de un lugar a otro de personas y carga. Para efectos de la presente Ley, la definición de transporte solo hace referencia al traslado en unidades motorizadas o no motorizadas de transporte, sin considerar ductos, líneas de electricidad o líneas de telecomunicación.

Transporte intermodal. Es la articulación entre diferentes modalidades de transporte utilizando una única medida de carga, realizando más rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de materiales y mercancías.

Transporte masivo. Serie de medios de transporte que actúan conjuntamente para desplazar grandes cantidades de personas en periodos de tiempo cortos.

Transporte multimodal. Es el transporte de personas y mercancías usando dos (2) o más modalidades de transporte, cubierto por un contrato de transporte multimodal.

Transporte sostenible. Es la provisión de servicios e infraestructura para la movilidad de personas y productos, necesarios para el desarrollo económico y social, que ofrece acceso seguro, confiable, económico, eficiente, equitativo y al alcance de todas y todos, al tiempo que reduce los impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente local y global, en el corto, mediano y largo plazo.

Unidad de transporte. Medio de locomoción que permite el traslado de pasajeros o cargas de un lugar a otro.

Usuaria o Usuario. Es la persona natural o colectiva, de derecho público o privado, que hace uso del Sistema de Transporte Integral – STI.

Vías navegables. Espacios acuáticos previstos por la autoridad competente con las condiciones físicas, naturales o artificiales, por donde pueda navegar una embarcación o artefacto naval de manera permanente o por lo menos la mayor parte del año.

I.	Las políticas de Estado en materia de transporte, serán establecidas en una visión sistémica e integral, por el nivel central a través de la autoridad competente.
II.	El Estado en todos sus niveles de Gobierno, deberá mejorar su institucionalidad, estableciendo mecanismos que mejoren la coordinación y coherencia en la formulación de políticas, planes y proyectos sectoriales.

La política sectorial de transporte, tiene el propósito de orientar la intervención del Estado Plurinacional en el nivel central, departamental, municipal y autonomías indígena originario campesinas, para contribuir a la consecución de los fines esenciales del Estado, lograr una movilidad libre y digna en todo el territorio nacional en todas sus modalidades de transporte y consolidar un país integrado e integrador a nivel nacional e internacional.

I.	Se deberá proyectar que el Sistema de Transporte Integral – STI, llegue efectivamente a toda la población del país, articulando la al desarrollo social, productivo y comercial.
II.	Se proyectara un Sistema de Transporte Integral – STI, eficiente que permita reducir los costos de transporte y logísticos, de modo de economizar los servicios en el Sistema de Transporte Integral – STI.
III.	Se garantizará equidad, calidad y seguridad para los usuarios del Sistema de Transporte Integral – STI, mejorando las condiciones de sus componentes que contribuyan a la consecución general del vivir bien y la conservación de la integridad física de personas y carga.
IV.	El Estado en todos sus niveles de Gobierno, promoverá una mejora continua del nivel del servicio, optimizará las condiciones de la prestación del servicio, en beneficio de la usuaria o usuario y operador.
V.	Se deberá reducir al máximo el nivel de accidentabilidad precautelando ante todo la vida humana.
VI.	Se deberá reducir el grado de contaminación, mejorar las condiciones de transitabilidad, facilitar el acceso de usuarias y usuarios, reducir tiempos relacionados al movimiento y espera; con la finalidad de contribuir efectivamente a mejorar las condiciones de vida de la población.
VII.	El transporte constituye una base fundamental de la integración y desarrollo, por lo que el Estado fomentará, protegerá y garantizará la continuidad de los servicios en el Sistema de Transporte Integral – STI.

I.	Se deberá promover la integralidad y complementariedad de las diferentes modalidades de transporte (aéreo, terrestre, ferroviario y acuático), y la logística comprendida por todas las actividades conexas o auxiliares complementarias al transporte como servicios de recepción, manejo, depósito, consolidación, desconsolidación y reexpedición de mercancías, para generar optimas condiciones socio productivas, contribuir a la competitividad del país y beneficiar a usuarias y usuarios, y proveedores, a través de servicios efectivos, eficientes y económicos de transporte y logística.
II.	Se deberá generar sinergia entre los componentes del Sistema de Transporte Integral – STI, en coordinación entre los diferentes niveles de la administración del Estado, como herramienta para impulsar el desarrollo socioeconómico del país.
III.	El nivel central del Estado periódicamente formulará el Plan Nacional Sectorial de Transportes – PLANASI, considerando la multimodalidad del Sistema de Transporte Integral – STI, y su integralidad con la logística; además formulará la normativa específica necesaria de acuerdo a la estrategia nacional, con lo que se definirán los lineamientos para las inversiones del nivel central del Estado, gobiernos autónomos departamentales, municipales e indígena originario campesinos.
IV.	Se considera parte primordial de la logística de transporte, la recepción, depósito, transformación, reexpedición y tránsito de mercancías a través de los almacenes aduaneros y zonas francas.

El desarrollo de la infraestructura y los servicios de transporte, deben estar necesariamente orientados a tres (3) objetivos:

1.	Integrar las naciones y pueblos de Bolivia con el mundo, aprovechando la privilegiada posición geográfica del país mediante una adecuada infraestructura interna de transportes, considerando para el efecto el desarrollo y mantenimiento de la Red Vial Fundamental, el desarrollo aeroportuario, ferroviario, fluvial, portuario y la implementación de eficientes pasos de frontera.
2.	Consolidar la integración interna del país, promoviendo el desarrollo de las regiones y establecimiento de polos productivos, mediante redes departamentales y municipales, integración de regiones con potencial productivo y promoción de inclusión al desarrollo.
3.	Coadyuvar en el control y soberanía del territorio, espacio aéreo, vías fluviales y espejos de agua del país.

Se deberá promover la integralidad del Sistema de Transporte Integral – STI, en lo referido a la infraestructura, servicios y logística, orientados a garantizar la equidad, calidad y seguridad del transporte de personas y carga en todo el territorio nacional.

I.	Se deberán realizar inversiones eficientes en infraestructura de transportes, con el criterio de optimizar al máximo los recursos y lograr la mayor generación de empleos. Se deberán considerar las opciones que permitan integrar inversiones de transportes con otros sectores, promover la industria nacional, impulsar microempresas para generar empleo local y promover la participación de inversiones privadas bajo criterios de beneficio a la sociedad.
II.	Las inversiones en infraestructura de transportes, deberán ser realizadas en el marco de un financiamiento concurrente entre el nivel central del Estado, gobiernos autónomos departamentales y municipales.
III.	La planificación de la infraestructura de transportes, en todos los niveles de Gobierno, deberá considerar aspectos estratégicos para el desarrollo integral y seguridad del país.
IV.	Dentro del planeamiento de infraestructura y servicios, se deberá considerar necesariamente a la logística como una herramienta estratégica para generar optimas condiciones socioeconómicas en el país.

Promover el uso de energías alternativas, limpias, renovables y disponibles, que permitan alcanzar la soberanía energética en el país, mediante la transformación de la matriz energética con la reconversión, remotorización o cambio de las unidades de transporte público que utilicen energías disponibles en nuestro país; la promoción del uso de gas natural a través de incentivos fiscales, facilidades para la adquisición de unidades de transporte e incentivos para la fabricación y ensamblado de vehículos y partes de unidades de transporte a Gas Natural Vehicular – GNV u otra energía; el establecimiento de redes accesibles para el abastecimiento de energía y el fomento a la investigación para el empleo de otras energías limpias y/o renovables disponibles en el país, entre otros aspectos a ser definidos de acuerdo a la evolución del sector energético en Bolivia.

I.	El Sistema de Transporte Integral – STI, en las actividades de planificación y operación de todos sus componentes (infraestructura, servicios de transporte y servicios complementarios) y modalidades de transporte (aéreo, terrestre, ferroviario y acuático), deberá promover la protección del medio ambiente, resguardando los derechos de la Madre Tierra.
II.	Se deberá promover que la infraestructura y los servicios de transporte, tengan el menor costo ambiental y social posible, considerando las modalidades de transporte menos contaminantes y más eficientes en términos energéticos.
III.	Se deberá promover el transporte sostenible en el Sistema de Transporte Integral – STI, que mitigue los impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente local y global, en el corto, mediano y largo plazo sin comprometer el desarrollo de futuras generaciones, mejorando la infraestructura y la gestión de los servicios de transporte mediante la adopción de tecnologías y prácticas más limpias, eficientes y seguras.
IV.	El gobierno central y los gobiernos territoriales autónomos, en coordinación con los operadores de transporte, deberán promover iniciativas para evitar el uso innecesario de vehículos, optimización de rutas y tender hacia el transporte público masivo.

Las diferentes modalidades de transporte estarán regidas por la autoridad competente en el ámbito de su jurisdicción.

a)	Autoridad competente del nivel central, entidad del Órgano Ejecutivo del nivel central que tienen atribuciones de emitir políticas, planificar, regular, fiscalizar y/o administrar la ejecución, gestión, operación y control del Sistema de Transporte Integral – STI, además de aprobar planes y proyectos relativos al transporte y realizar otras actividades inherentes al sector en el marco de sus atribuciones y funciones especificas.
b)	Autoridad competente del nivel departamental, representante del Órgano Ejecutivo del nivel departamental destinado a emitir políticas, planificar, regular, fiscalizar y/o administrar la ejecución, gestión, operación y control del Sistema de Transporte Integral – STI, además de aprobar planes y proyectos relativos al transporte y realizar otras actividades inherentes al sector en el marco de sus atribuciones y funciones específicas.
c)	Autoridad competente del nivel municipal, representante del órgano Ejecutivo del nivel municipal que emite políticas, planifica, regula, fiscaliza y/o administra la ejecución, gestión, operación y control del Sistema de Transporte Integral – STI además aprueba planes y proyectos relativos al transporte y realiza otras actividades inherentes al sector en el, marco de sus atribuciones y funciones especificas.
d)	Autoridad competente indígena originario campesina, autoridad que de forma concurrente con el nivel municipal, asume la competencia de construcción de caminos vecinales y comunales.

El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas ejercerán las competencias previstas en la Constitución Política del Estado y las definidas en la presente Ley.

De conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, las competencias se dividen en privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas.

De conformidad al Artículo 297 de la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el nivel central del Estado tiene las siguientes competencias:

1.	Privativas: Control del espacio y tránsito aéreo, en todo el territorio nacional y la construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos internacionales y de tráfico interdepartamental.
2.	Exclusivas: a) Formular y aprobar las políticas estatales, incluyendo las referidas a la infraestructura en todas las modalidades de transporte. b) Promover políticas de desarrollo portuario, medidas y acciones factibles en el aprovechamiento operativo del transporte acuático, de las zonas francas y puertos cedidos a través de convenios internacionales, con énfasis en puertos y vías internacionales, para facilitar el desarrollo del comercio interno y externo del Estado. c) Proponer iniciativas normativas, ejercer y ejecutar mecanismos de financiamiento para proyectos en el sector. d) Planificar, reglamentar y fiscalizar la aviación civil. e) Regular el transporte de acuerdo al Plan General de Desarrollo, establecer los parámetros o estándares técnicos mínimos y referenciales del transporte. f) Establecer los criterios de clasificación y clasificar los aeropuertos y puertos de todo el territorio nacional según el tipo de tráfico. g) Ejercer competencias exclusivas sobre el transporte fluvial, lacustre y marítimo de integración nacional e internacional. h) Ejercer competencias de control y fiscalización para los servicios de transportes de alcance interdepartamental e internacional. i) Regular las tarifas de transporte interdepartamental. j) Participar en la determinación de políticas internacionales de transporte en los organismos internacionales que corresponda. k) Planificar, diseñar, construir, mantener y administrar las carreteras, líneas férreas y ferrocarriles de la Red Fundamental. l) Establecer los criterios de clasificación de la Red Fundamental, departamental vecinal y comunitaria y clasificar las carreteras de la Red Fundamental. m) Establecer los criterios de clasificación y clasificar las líneas férreas de la Red Fundamental y vías férreas en los departamentos. n) Ejercer competencias exclusivas sobre el transporte por carretera y por ferrocarril de alcance interdepartamental e internacional de la Red Fundamental. o) Regular la actividad aeronáutica en el espacio aéreo del país.
3.	Concurrente con las entidades territoriales autónomas la administración de los puertos fluviales.

Los gobiernos autónomos departamentales tienen las siguientes competencias exclusivas:

a)	Aprobar políticas departamentales de transporte e infraestructura interprovincial e intermunicipal.
b)	Planificar y promover el desarrollo del transporte interprovincial por carretera, ferrocarril, fluvial, y otros medios, en el departamento.
c)	Ejercer competencias de control y fiscalización para los servicios de transportes de alcance interprovincial e intermunicipal.
d)	Regular el servicio y las tarifas de transporte interprovincial e intermunicipal.
e)	Planificar, diseñar, construir, mantener y administrar las carreteras de la Red Departamental.
f)	Clasificar las carreteras de la red departamental, vecinal y comunitaria en el departamento.
g)	Apoyar en la planificación de obras de infraestructura de caminos en la jurisdicción de las autonomías indígena originario campesinas del departamento.
h)	Construir y mantener líneas férreas, ferrocarriles y otros medios de la Red Departamental.
i)	Construir, mantener y administrar aeropuertos que atiendan el tráfico de alcance departamental.
j)	En proyectos de infraestructura acuática (puertos y vías navegables), los gobiernos departamentales coordinarán con el nivel central del Estado la participación sobre el mantenimiento, mejoramiento y/o construcción.

Los gobiernos autónomos municipales tienen las siguientes competencias exclusivas:

a)	Planificar y desarrollar el transporte urbano, incluyendo el ordenamiento del tránsito urbano en toda la jurisdicción municipal.
b)	Efectuar el registro del derecho propietario de los vehículos automotores legalmente importados, ensamblados o fabricados en el territorio nacional. Los gobiernos autónomos municipales remitirán al nivel central del Estado, la información necesaria en los medios y conforme a los parámetros técnicos determinados para el establecimiento de un registro centralizado, integrado y actualizado para todo el país.
c)	Desarrollar, promover y difundir la educación vial con participación ciudadana.
d)	Regular las tarifas de transporte en su área de jurisdicción, en el marco de las normas, políticas y parámetros lijados por el nivel central del Estado.
e)	El transporte urbano, ordenamiento y educación vial, administración y control del tránsito urbano, se lo ejercerá en lo que corresponda en coordinación con la Policía Boliviana.
f)	Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos locales.
g)	Planificar, diseñar, construir, mantener y administrar los caminos vecinales, en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos, cuando corresponda.

Los gobiernos autónomos indígena originario campesinos de acuerdo a la competencia exclusiva del numeral 6 parágrafo I del Artículo 304, de la Constitución Política del Estado, tienen las siguientes competencias exclusivas:

a)	Mantenimiento y administración de caminos vecinales y comunales.
b)	Construcción de caminos vecinales y comunales en concurrencia con el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, según corresponda.

I.	El nivel central del Estado establecerá la normativa específica que determine una organización eficaz del Órgano Ejecutivo en materia de transportes, asignando la responsabilidad a las entidades pertinentes, para el cumplimiento de todas las competencias correspondientes a la autoridad competente del nivel central descritas en la presente Ley y las normativas específicas reglamentarias. Para el efecto periódicamente se desarrollará un análisis funcional y de desempeño, sobre el cual se propondrá el establecimiento de nuevas entidades, la reestructuración de las mismas, la reasignación de funciones u otras acciones relacionadas a optimizar el desempeño de las entidades públicas.
II.	Sin perjuicio del ejercicio pleno de competencias en materia de regulación de los diferentes niveles de gobierno, el nivel central del Estado emitirá la normativa específica, para conformar el Sistema Nacional de Regulación.
III.	Cada modalidad de transporte contará con normativa específica, que establezca las condiciones del sistema de transporte de acuerdo a los lineamientos establecidos en la presente Ley.
IV.	Las entidades territoriales autónomas deberán emitir su propia normativa específica para las diferentes modalidades, en el ámbito de sus competencias y en concordancia con la presente Ley y su normativa específica. Además deberán estructurar una organización eficiente que les permita cumplir sus funciones, en el marco de los fines del Sistema de Transporte Integral – STI.

El transporte por cualquier modalidad, estará regido por la autoridad competente en el ámbito de su jurisdicción y le corresponderá planificar, normar, regular y fiscalizar la seguridad, calidad y equidad del servicio, además de la protección a la vida humana y medio ambiente en el ámbito donde realizan sus operaciones.

I.	La autoridad competente en el ámbito de su jurisdicción, formulará y ejecutará las políticas, planes, programas y proyectos que promuevan la seguridad y desarrollo del Sistema del Transporte Integral – STI, en concordancia con el Plan Nacional Sectorial de Transportes – PLANAST.
II.	La autoridad competente en el ámbito de su jurisdicción gestionará el financiamiento interno y externo para la ejecución de los planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo del Sistema de Transporte Integral – STI, y la seguridad de sus operaciones.

Comprenderá la facultad exclusiva de dictar, en el ámbito y materia de su competencia, reglamentos, normas de carácter regulatorio, u otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de los operadores, administradores de infraestructura y actividades reguladas. Las normas estarán enmarcadas en procedimientos administrativos a su cargo, infracciones y sanciones, resolución de controversias, procedimientos de participación de los usuarios en el proceso regulatorio y otros.

Comprenderá la facultad de fijar tarifas de los servicios regulados bajo su ámbito jurisdiccional y competencial, pero además definir periodos regulatorios, proponer metodologías para el cálculo y actualización tarifaria, normas generales para la aplicación de las tarifas, definir estándares de calidad, seguridad y comodidad para las unidades del servicio de transporte.

Facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y técnicas de las entidades prestadoras y de actividades económicas bajo su ámbito competencial. Pero además supervisar el cumplimiento del marco regulatorio aprobado.

Comprende la facultad de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones legales, contractuales y técnicas, la aplicación de las sanciones y medidas correctivas será exclusivamente a los operadores y, administradores de infraestructura dentro del marco normativo regulatorio.

I.	El nivel central del Estado establecerá una autoridad regulatoria competente, descentralizada para regular el Sistema de Transporte Integral – STI.
II.	Los gobiernos autónomos departamentales y municipales en el ámbito de sus competencias y su jurisdicción regularán el Sistema de Transporte Integral – STI.
III.	Las autoridades regulatorias en los diferentes niveles tendrán las siguientes atribuciones: 1. Otorgar permisos y autorizaciones. 2. Promover y defender la competencia. 3. Realizar el seguimiento de obligaciones y fiscalización. 4. Resolución de conflictos. 5. Proteger los derechos de las usuarias y los usuarios, y operadores. 6. Colectar y difundir información. 7. Intervención preventiva. 8. Aplicar sanciones por infracciones a la prestación del servicio de transporte. 9. Aprobar y verificar el régimen tarifario.

I.	La autoridad competente del nivel central, departamental y municipal, otorgará a los operadores del transporte o responsables de la implementación, mantenimiento y/o administración de infraestructura, permisos y autorizaciones de acuerdo a los requisitos establecidos en normativa específica reglamentaria a la presente Ley y la normativa vigente.
II.	Los operadores del servicio de transporte público, para acceder a las autorizaciones emitidas por la autoridad competente, deberán cumplir con las normas establecidas. Cada autoridad competente en su Jurisdicción determinará un periodo de adecuación para la otorgación de permisos y autorizaciones que no podrá ser superior a dos (2) años.
III.	La otorgación de autorizaciones debe incluir una asignación eficiente a fin de evitar la sobreoferta de servicios.

I.	Toda actividad en el sector de transporte se realizará adecuándose a principios de no discriminación y que garanticen la libre competencia, evitando actos anticompetitivos y prácticas desleales que la impidan, restrinjan o distorsionen la prestación del servicio y al cumplimiento de la normativa específica establecida, en el marco de la Constitución Política del Estado.
II.	La autoridad competente definirá los mecanismos e implementará los instrumentos necesarios para la promoción y defensa de la competencia en la prestación de los servicios de transporte público en todas sus modalidades.

I.	La autoridad competente a través de sus entidades responsables, efectuará el seguimiento de obligaciones establecidas en la normativa vigente y en los contratos de concesión en los casos que existan y fiscalizará la prestación de los servicios de transporte por parte de los operadores y administradores de infraestructura, debiendo diseñar y aplicar los instrumentos más idóneos para el efecto.
II.	Los funcionarios acreditados por la autoridad competente, exclusivamente para el seguimiento. Fiscalización, control y supervisión del servicio durante las inspecciones, estarán liberados de la cancelación de la totalidad de la tarifa, de acuerdo a normativa específica.
III.	Los parámetros y estándares técnicos y de calidad para la prestación de los servicios de transporte, serán establecidos por la autoridad competente del nivel central, pudiendo ser ajustados según la necesidad y servirán de referencia para que los gobiernos autónomos departamentales y municipales ajusten la calidad en la prestación de los servicios de transporte en el ámbito de su jurisdicción, en favor de las usuarias y los usuarios.

Facultad de conciliar intereses contrapuestos entre entidades bajo su ámbito competencial, reconociendo y desestimando derechos. Resolver en planos administrativos los conflictos, pero sujetos a impugnaciones en la vía contencioso administrativa.

La autoridad competente protegerá, los derechos de las usuarias y los usuarios, y operadores velando por el cumplimiento de la normativa vigente, la aplicación correcta de las tarifas, el control de la eficiente prestación de los servicios, atendiendo sus denuncias y reclamos.

La autoridad competente, podrá requerir todo tipo de información y podrá difundirla de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Información de Transporte – SINTRA.

La autoridad competente, podrá intervenir a los administradores de infraestructura en todas las modalidades de transporte y a operadores de servicio de transporte aéreo y ferroviario que cuenten con títulos habilitantes o autorizados, en caso que existiera peligro de suspensión del servicio público de transporte, conforme a normativa específica por modalidad de transporte.

I.	La autoridad competente, en el marco de sus atribuciones y competencias, podrá sancionar a los operadores del servicio de transporte y administradores de infraestructura por las infracciones a las disposiciones contenidas en la presente Ley, la normativa específica sectorial aplicable a cada modalidad de transporte y aquellas establecidas en los respectivos contratos, previo al debido proceso.
II.	De acuerdo a sus características, las infracciones para cada modalidad de transporte, se clasifican en: a) Prestación ilegal del servicio. b) Contra el Sistema de Transporte Integral – STI. c) Contra los derechos de las usuarias y los usuarios. d) Contra los derechos de los operadores. e) Contra las atribuciones de la autoridad competente. f) Otras infracciones establecidas en la normativa específica.
III.	Constituyen infracciones por prestación ilegal del servicio las siguientes: a) La realización de actividades, prestación u ofrecimiento del servicio de transporte, sin ser titular de una autorización para la prestación del servicio. b) La prestación ilegal del servicio de transporte cuando, teniendo un título habilitante, se realicen actividades, prestación u ofrecimiento de servicios de transporte distintos a los permitidos en su autorización o licencia.
IV.	Constituyen infracciones contra el Sistema de Transporte Integral – STI, las siguientes: a) Acuerdos anticompetitivos, prácticas anticompetitivas o abusivas y fusiones entre competidores, prohibidas en el marco normativo nacional, internacional o supranacional. b) Provisión de servicios a la usuaria y el usuario condicionada a otro tipo de aportación o cobro, que no sea parte de la estructura tarifaria y que se constituyan como cobros irregulares. c) Abandono injustificado o sin autorización de la prestación del servicio público. d) Incumplimiento del pago de la tasa de regulación.
V.	Constituyen infracciones contra los derechos de las usuarias y los usuarios las siguientes: a) Cobro indebido de tarifas. b) Proporcionar información calificada como falsa o engañosa por la autoridad competente. c) No aplicación de los procedimientos de atención de reclamos establecidos y aprobados por la autoridad competente. d) Inexistencia de oficinas de atención al usuario por parte de los operadores, en los casos en que la autoridad competente considere pertinente. e) Negativa sistemática e indebida, de provisión del servicio o prácticas discriminatorias con respecto a la usuaria y el usuario. f) Poner en riesgo o afectar la seguridad e integridad física de las usuarias y los usuarios por negligencia en la verificación y aplicación de las normas técnicas y condiciones de seguridad en la prestación de los servicios. g) Poner en riesgo la seguridad e integridad física de las usuarias o los usuarios por negligencia en las labores de mantenimiento y preservación de la infraestructura y equipamiento. h) La no devolución a la usuaria o al usuario del cobro de tarifas en exceso, cuando así lo dispone la autoridad competente. i) La pérdida o sustracción de equipaje, encomienda o carga. j) Deficiencias en el contenido o emisión de las facturas o en los contratos de transporte de acuerdo a normativa específica para cada modalidad de transporte. k) Incumplimiento de parámetros o estándares técnicos mínimos aprobados por la autoridad competente. l) Incumplimiento de los itinerarios de puntualidad y cancelación, aprobados por la autoridad competente.
VI.	Constituyen infracciones contra los derechos de los operadores las siguientes: a) Prestar el servicio por debajo de los topes o promedios mínimos tarifarios aprobados, cuando esto conduzca a situaciones anticompetitivas. b) Realizar fusiones, acuerdos, pactos, convenios o prácticas oclusivas con oíros operadores con la finalidad de capturar un mercado de usuarios significativo. La calificación y/o valoración de la magnitud de este mercado corresponde a la autoridad competente. c) Realizar, en general, cualquier práctica abusiva, anticompetitiva, predatoria, emisión de publicidad falsa o engañosa que induzca a error a la usuaria o el usuario, en posible beneficio de un prestador de servicios o menoscabo de otro u otros.
VII.	Constituyen infracciones contra las atribuciones de la autoridad competente las siguientes: a) Presentación a la autoridad competente de información falsa. b) Incumplimiento total o parcial u obstaculización de los actos administrativos dictados por la autoridad competente. c) Agresión física o verbal, al personal de la autoridad competente en funciones de fiscalización. d) Negativa, obstrucción o resistencia al ejercicio de las atribuciones de fiscalización y/o inspección administrativa de la autoridad competente. e) Negativa del representante legal a proporcionar información y/o documentación de carácter regulatorio y fiscalizador a requerimiento de la autoridad competente.
VIII.	Las infracciones serán sancionadas en aplicación a los principios de graduación y proporcionalidad con: a) Apercibimiento. b) Multa pecuniaria. c) Suspensión temporal de operaciones. d) Multa pecuniaria y suspensión temporal de operaciones. e) Revocatoria de la autorización, en los casos y con los alcances establecidos en la normativa específica reglamentaría. f) Caducidad de las autorizaciones y la revocatoria de las licencias en los casos que correspondan.
IX.	La autoridad competente en el marco de sus atribuciones podrá establecer otro tipo de infracciones considerando las características de cada modalidad de transporte y de acuerdo a normativa específica.

La multas impuestas a los operadores y administradores de infraestructura por infracciones a la prestación del servicio de transporte serán depositadas en una cuenta fiscal de la autoridad competente, cuyo destino estará orientado al desarrollo del sector de transporte, de acuerdo a normativa reglamentaria específica.

Los costos de la labor de regulación y fiscalización de la autoridad competente, serán financiados mediante una tasa de regulación a ser pagada por los operadores y administradores de infraestructura y será utilizada exclusivamente para labores regulatorias, cuya alícuota será determinada por normativa específica de acuerdo a la modalidad de transporte.

El régimen tarifario será de aplicación general y obligatoria para todos los servicios públicos de transporte regular y no regular que será definido por la autoridad competente de los niveles central, departamental y municipal en el ámbito de su jurisdicción. Las tarifas de transporte internacional se regirán en cumplimiento a los Acuerdos Internacionales.

Cada autoridad competente del nivel central, departamental y municipal de acuerdo al ámbito de sus competencias, establecerá un periodo tarifario, durante el cual permanecerán constantes las tarifas, mientras no ocurran cambios significativos en los costos operativos relacionados directamente al transporte y/o en variables económicas significativas.

Los mecanismos de regulación tarifaria para los sectores del transporte, buscarán incorporar elementos de ajuste tarifario en función a costos reales de operación, pero además en función a factores de eficiencia, calidad y seguridad, medidos a través del cumplimiento de metas que vayan en beneficio de las usuarias y los usuarios.

Los siguientes principios deben ser la base para la regulación tarifaria, mismos que deben ser considerados antes de emitir una tarifa:

a)	El régimen tarifario reflejará los costos reales que demande la prestación eficiente del servicio.
b)	El régimen tarifario atenderá los principios de solidaridad y compensación, de manera que se incluyan regímenes tarifarios diferenciados según segmentos poblacionales.
c)	El régimen tarifario será diseñado para promover la prestación eficiente del servicio de transporte y no se permitirán prácticas de competencia desleal y monopólicas.
d)	No estarán permitidos subsidios cruzados derivados del servicio de transporte.
e)	El régimen tarifario deberá considerar el nivel socioeconómico de la población usuaria, variación en los costos, y eficiencia en la operación y competitividad en el mercado de los operadores. El régimen tarifario deberá considerar el cumplimiento de estándares de calidad, comodidad y seguridad, pero además la eficiencia en la operación, reflejando el costo de operación y la inversión.

Las tarifas a ser aplicadas por los operadores de transporte y administradores de infraestructura, deben ser el resultado de la aplicación de una estructura real de costos eficientes, además que los recursos obtenidos por su recaudación, deben ser objeto de un manejo y administración adecuados para el logro del equilibrio Financiero.

Las tarifas a ser aplicadas por los operadores de transporte y administradores de infraestructura deberán cubrir, los costos reales para la sostenibilidad de sus operaciones, permitir la recuperación de la inversión, además de posibilitar una ganancia acorde a los costos incurridos.

La autoridad competente en el marco de su Jurisdicción, regulará la eficiencia y suficiencia financiera establecidos en los artículos 46 y 47, considerando los parámetros de calidad, seguridad, eficiencia, sostenibilidad y otros definidos por la presente Ley.

I.	Las autoridades competentes en coordinación con los operadores y administradores de infraestructura, promoverán políticas públicas basadas en principios de solidaridad destinadas a mejorar el acceso al transporte público, mientras no se comprometa la viabilidad financiera de los operadores.
II.	Los operadores del servicio público de transporte y administradores de infraestructura en todas sus modalidades deberán otorgar descuentos de las tarifas aprobadas por la autoridad competente de acuerdo a normativa específica, a las siguientes personas: a) Con discapacidad calificada en los niveles graveo muy grave. b) Adultos mayores, con edad igualo mayor a los 60 años.
III.	Para ser beneficiaria o beneficiario de dicho descuento, el pasajero deberá acreditar su condición a través de la presentación del documento extendido por la entidad competente.
IV.	Los descuentos para infantes, niños, niñas y estudiantes, serán definidos por la autoridad competente en el área de su jurisdicción de acuerdo a normativa específica.
V.	En casos de emergencia los operadores y administradores de infraestructura podrán proveer servicios con tarifas solidarias de forma temporal.

I.	Las autoridades competentes deberán elaborar mecanismos, procedimientos para la socialización y aprobación tarifaria.
II.	El régimen tarifario deberá ser de conocimiento público, a este efecto las autoridades competentes deberán utilizar los medios de difusión más adecuados para trasmitir de forma clara y oportuna la información a la población.

En el marco de la Constitución Política del Estado, la autoridad competente en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, deberá implementar mecanismos que permitan incorporar al régimen de tributación obligatoria a todos los servicios de transporte público regular y no regular, de acuerdo a los regímenes tributarios vigentes, considerando la capacidad económica y el tipo de operaciones realizadas; por cada modalidad de transporte.

Se constituirá el Consejo de Coordinación Sectorial de Transporte, liderizado por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través del Viceministerio de Transportes como cabeza de sector.

I.	El consejo estará conformado por representantes de las instituciones competentes del nivel central del Estado, de las modalidades de transporte, tos cuales serán designados mediante Resolución Ministerial.
II.	Serán miembros del consejo, los representantes de las entidades territoriales autónomas; asimismo y a través de los sub-consejos participarán los representantes de los operadores y sociedad civil organizada de acuerdo a normativa específica.
III.	Cuando corresponda, podrán participar; representantes de ministerios y viceministerios de otros sectores e instituciones relacionadas con el sector, de acuerdo a normativa específica.

En el marco del Consejo de Coordinación Sectorial, se conformarán Sub-consejos por representantes de las instituciones relacionadas a cada modalidad específica de transporte, cuando los temas a tratar y las necesidades así lo requieran y de acuerdo a normativa específica.

Las principales funciones del Consejo serán:

a)	Participar periódicamente en el proceso de formulación y evaluación de una política consensuada del sector transporte.
b)	Elaborar y evaluar el Plan Nacional Sectorial de Transporte – PLANAST.
c)	Coordinar la formulación del Plan Nacional Sectorial de Transporte – PLANAST y los programas departamentales y municipales de Transporte con las entidades territoriales autónomas.
d)	Proponer normativa específica de alcance nacional relacionada al transporte en cualquiera de sus modalidades.
e)	Compatibilizar la normativa de alcance nacional con la normativa emitida por los gobiernos autónomos departamentales, municipales e indígena originario campesinos.
f)	Fiscalizar la ejecución del Plan Nacional Sectorial de Transporte – PLANAST.
g)	Otras funciones que sean detalladas en el reglamento interno específico del Consejo.

I.	Para el financiamiento de las actividades del Consejo de Coordinación Sectorial y sus respectivos Sub-consejos, el gobierno central, los gobiernos autónomos departamentales y municipales destinarán un porcentaje de las recaudaciones obtenidas por concepto de regulación, a un fondo cuya administración será definida de acuerdo a reglamento interno específico.
II.	El funcionamiento del Consejo y Sub-consejos, será definido en su reglamento interno específico.

Se establece la creación del Sistema de Información de Transporte – SINTRA, a cargo del nivel central del Estado, el cual se alimentará de información y datos estadísticos proporcionados principalmente por las entidades públicas, gobiernos autónomos departamentales y municipales, a efectos de disponer de información estadística relativa al sector, para la toma de decisiones y desarrollo de las labores de formulación de normativa y planificación del sector.

Los gobiernos autónomos departamentales y municipales deberán establecer un sistema de información del sector transporte. La información contenida en el sistema deberá ser actualizada en forma periódica y remitida al Sistema de Información de Transporte – SINTRA.

Con el objetivo de contar con información fidedigna de las unidades de transporte, autorizaciones y operaciones, el nivel central del Estado de forma coordinada con las entidades territoriales autónomas, creará, procesará, actualizará y administrará el registro de datos. La información básica referencial a ser procesada se definirá de acuerdo a normativa específica.

Los fines del Sistema de Transporte Integral – STI, son:

1.	Equidad. Es la igualdad de condiciones de acceso de la población en general y en particular de adultos mayores, personas con discapacidad grave o muy grave, niñas, niños y otros casos especiales, así como de los operadores a la infraestructura, operaciones y servicios del Sistema de Transporte Integral – STI. Considerando los factores de accesibilidad, distancia, facilidad para conexiones, itinerarios, tiempo de espera, precio de pasajes y otros que faciliten el acceso de la población a la infraestructura y servicios de transporte.
2.	Calidad. Es el nivel de cumplimiento de los requisitos y la satisfacción que el proveedor de infraestructura, operaciones, servicios y otras actividades relacionadas, ofrece y proporciona a la usuaria o el usuario, en términos de bienestar, eficiencia y eficacia, que contemple condiciones de comodidad, adecuada atención, confiabilidad, mantención y conservación, plazos, niveles de contaminación permisibles, entre otros elementos, cuyos estándares serán definidos en la normativa específica para cada modalidad de transporte.
3.	Seguridad. Es el cumplimiento de las normas regulatorias que permitan preservar la integridad física de la usuaria, o el usuario, y de la carga, desarrollando planes y programas de prevención de accidentes, infraestructura vial y de servicios a cargo de las autoridades competentes de los diferentes niveles de gobiernos autonómicos, realizando inspecciones y controles de cumplimiento a cargo de la autoridad de regulación. Debiendo considerar los siguientes aspectos: a) Establecimiento de parámetros para la implementación de infraestructura y señalización de transporte. b) Cumplir con los requisitos para obtener la autorización de construcción, operación o servicios en transporte. c) Cumplir con los requisitos de habilitación correspondiente para ejercer la profesión en cada modalidad de transporte. d) Control del cumplimiento de las obligaciones concesionales de servicios regulares. e) Control de los pesos y dimensiones máximos autorizados de las unidades de transporte. f) Establecimiento de instrumentos de control en cada unidad de transporte. g) Control de los tiempos de conducción y descanso. h) Revisión de condiciones técnicas de las unidades de transporte. i) Otros de acuerdo a las particularidades de las diferentes modalidades de transporte.

I.	El gobierno central y los gobiernos territoriales autónomos deberán establecer sus políticas, normas, planes, programas y proyectos en concordancia con los fines del Sistema de Transporte Integral – STI.
II.	La otorgación de las respectivas autorizaciones en lo que respecta a infraestructura, operaciones, servicios y otras actividades relacionadas al Sistema de Transporte Integral – STI, deberán exigir necesariamente el cumplimiento de los estándares de equidad, calidad y seguridad establecidos.

Las modalidades del Sistema de Transporte establecidas por la presente Ley, son las siguientes: Aéreo, Terrestre, Ferroviario, Acuático (marítimo, fluvial y lacustre).

I.

El gobierno central y las entidades territoriales autónomas, en el ámbito de sus competencias serán responsables de promover la intermodalidad con la finalidad de integrar interna y externamente el territorio de Bolivia, mejorar el nivel competitivo de las actividades productivas y comerciales y facilitar los procesos de interacción social y cultural del país.

II.

La integralidad y complementariedad de las diferentes modalidades de transporte, se deberá sustentar en el desarrollo de un sistema de logística avanzada, como factor fundamental para promover el desarrollo económico y social. En ese contexto, el Estado en sus diferentes niveles de gobierno, deberá establecer una estrategia que permita implementar la logística avanzada como parte del Sistema de Transporte Integral – STI, con estrecha vinculación a la estrategia de desarrollo del país.

I.	Las entidades o reparticiones del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas que realicen labores de facilitación al servicio de transporte nacional e internacional, en ejercicio de sus atribuciones, deberán garantizar que el flujo de pasajeros y carga en dicho servicio sea prestado en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia, sin afectar el cumplimiento específico de sus funciones.
II.	Para generar en su conjunto un sistema eficiente y económico, para la facilitación del servicio de transporte, se deberá considerar el establecimiento y empleo de plataformas logísticas, centros almaceneros y zonas francas nacionales que posibiliten óptimas operaciones de manejo, almacenamiento y distribución de cargas.
III.	Para agilizar la recepción y despacho de mercancías homogéneas y fáciles de contar, en almacenes aduaneros y zonas francas, se autoriza el reconocimiento sobre la unidad de transporte, camión, vagón ferroviario o embarcación, cumpliendo los controles y seguridades correspondientes.
IV.	Para fomentar la modernización de las unidades de transporte, calidad del servicio y seguridad de las operaciones, se autoriza que personas naturales o jurídicas dedicadas al transporte, sean usuarios de zonas trancas.

El Sistema de Transporte Integral – STI, está compuesto por infraestructura, servicios de transporte y servicios logísticos complementarios al transporte. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, deberá promover sinergia entre los componentes del sistema de transporte, para optimizar el grado de eficiencia, calidad y seguridad de las operaciones de traslado de personas y carga.

I.	La planificación en transporte deberá ser integral, considerando en forma sistémica la infraestructura, los servicios y la logística, para el efecto deberán participar en la formulación de planes, programas y proyectos, los responsables de infraestructura, los que la utilizan, los que regulan y los que se encuentran en el área de servicios complementarios y logística.
II.	Por la transversalidad del Sistema de Transporte Integral – STI, con diferentes sectores socioeconómicos del país, los planes, programas y proyectos del sector transporte tendrán un carácter integral, para lo cual en su formulación participarán representantes de diferentes instancias del gobierno plurinacional y de los sectores económicos del país.
III.	Las Fuerzas Armadas participaran en el ámbito de su competencia en la planificación de la infraestructura del sector transporte, desde el punto de vista estratégico de la seguridad y defensa.

I.	Los gobiernos autónomos departamentales, deberán elaborar el Programa Departamental de Transporte – PRODET, por periodos de cinco (5) años. Asimismo, compatibilizará y articulará dentro del Plan de Desarrollo Departamental Económico y Social, los objetivos planteados en el Plan Nacional Sectorial de Transporte – PLANAST.
II.	Dando cumplimiento al parágrafo IV del Artículo 96 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el Programa Departamental de Transporte deberá incorporar los programas y proyectos de transporte presentados por los gobiernos autónomos municipales con población menor a 5.000 habitantes, en el marco de las competencias concurrentes establecidas en la presente norma.

Los gobiernos autónomos municipales, elaborarán el Programa Municipal de Transporte – PROMUT, por períodos de cinco (5) años, debiendo además compatibilizar y articular dentro del Plan de Desarrollo Municipal, los objetivos y políticas nacionales del Plan Nacional Sectorial de Transporte PLANAST. Los gobiernos autónomos municipales que tengan menos de 5.000 habitantes no están obligados a preparar el Programa Municipal de Transporte – PROMUT.

I.	El Programa Departamental de Transporte – PRODET para los gobiernos autónomos departamentales y el Programa Municipal de Transporte – PROMUT para gobiernos autónomos municipales con población mayor a 5.000 habitantes constituirán requisitos indispensables para acceder a recursos públicos destinados a preinversión e inversión en el sector de transporte.
II.	Los municipios con población menor a 5.000 habitantes, deberán presentar proyectos en el marco del Plan Nacional Sectorial de Transporte – PLANAST, ante los gobiernos autónomos departamentales de su Jurisdicción.

El nivel central del Estado, los gobiernos autónomos departamentales y municipales serán responsables de gestionar recursos de fuentes de financiamiento nacionales y/o internacionales, destinados a la preinversión e inversión de la infraestructura del sector de transporte a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en función a las prioridades establecidas en el Plan Nacional Sectorial de Transporte – PLANAST, los Programas Municipales de Transporte – PROMUT y el Programa Departamental de Transporte – PRODET, en el marco de sus competencias dispuestas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Con el propósito de coadyuvar las políticas de seguridad nacional e internacional en materia de transporte público, los operadores de transporte público y administradores de servicios complementarios, deberán contar con programas preventivos de conformidad a las normas específicas emanadas de las autoridades competentes en cada modalidad de transporte.

I.	La autoridad competente en cada modalidad de transporte tiene la obligación de investigar los accidentes e incidentes que se produzcan en el territorio boliviano, así como los que ocurran en medios de transporte bolivianos en el extranjero, para determinar sus causas probables y establecer las medidas tendientes a evitar su repetición.
II.	Los medios de transporte extranjeros que sufran accidentes en territorio boliviano así como los nacionales que sufran accidentes en territorio extranjero, quedarán sujetos a la investigación técnica prevista en los convenios internacionales.

La autoridad competente del nivel central del Estado, será responsable de elaborar la normativa y vigilar su cumplimiento a fin de que todos los planes, programas y proyectos del sector de transporte en sus diferentes modalidades,, incorporen la gestión de riesgos y desastres, basados en la identificación y zonificación en áreas vulnerables respaldada en base a datos geográficos y en forma coordinada con los sistemas de planificación y gestión territorial en los niveles central, departamental y municipal.

La autoridad competente del nivel central del Estado, normará y supervisará que se incorpore en los planes estratégicos y operativos de todas las autoridades competentes, operadores del servicio de transporte en todas sus modalidades y aquellos que prestan servicios logísticos complementarios al transporte, acciones de reducción de riesgo y respuesta a emergencias y desastres.

La autoridad competente del nivel central del Estado y entidades territoriales autónomas en correspondencia a sus Planes Operativos Anuales – POA, formularán su presupuesto incorporando los recursos de gasto e inversión necesarios para implementar acciones de prevención, mitigación, preparación y protección, así como también para la atención de emergencias y desastres.

Las autoridades responsables del sector transportes del nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas en el marco de sus competencias establecidas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, desarrollaran programas y proyectos de reducción de riesgos y atención de desastres o emergencias en coordinación con el Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias – SISRADE.

A fin de asegurar la actividad del transporte comercial en el orden internacional se establecen los siguientes principios:

a)	Que se asegure la reciprocidad real y efectiva en las negociaciones internacionales que permitan establecer y asegurar un intercambio igualitario y equivalente en cuanto a las condiciones de operación de los servicios de transporte con otro Estado.
b)	Que la demanda de transporte internacional dentro del territorio nacional y el de un determinado país, ofrezca a los transportadores oportunidades justas y equitativas para un mayor acceso al mercado, permitiendo al mismo tiempo que los niveles de servicio de los transportadores atiendan suficientemente las necesidades del usuario.
c)	Se tomarán las medidas apropiadas para eliminar cualquier forma de competencia desleal que perjudiquen las posibilidades de competir de los transportistas nacionales y extranjeros.
d)	Que en el otorgamiento de todo derecho a un transportador extranjero se tome en cuenta la necesidad de ajustar el tráfico en base a principios de la sana economía evitando distorsiones en la capacidad de transporte, teniendo en cuenta el aprovechamiento eficiente de los recursos humanos y materiales, así como la protección del medio ambiente.

Las empresas extranjeras podrán realizar servicios de transporte internacional desde y hacia Bolivia conforme a los convenios o acuerdos internacionales de carácter bilateral o multilateral en que Bolivia sea signatario, o bien mediante autorización otorgada por la autoridad competente de cada modalidad de transporte, quien deberá fijar el procedimiento respectivo para el trámite de las solicitudes.

El ingreso al país de aeronaves, vehículos, ferrocarriles y embarcaciones del extranjero, están condicionadas a la autorización o permiso concedidos por la autoridad competente del nivel central del Estado.

La prestación de los servicios de transporte en rutas dentro del territorio del Estado Plurinacional, es decir el traslado de pasajeros y/o carga desde un punto de origen dentro del territorio nacional a otro destino también dentro del territorio nacional, está reservado a personas naturales o jurídicas, e instituciones públicas de nacionalidad boliviana con domicilio en el Estado. Sólo en casos extremos y en ausencia o imposibilidad de operadores nacionales, la autoridad competente, podrá emitir una autorización expresa temporal, de acuerdo a normativa específica.

Si una aeronave, vehículo, ferrocarril o embarcación extranjera hubiese penetrado en territorio boliviano, sin autorización o hubiese violado las prescripciones relativas a la circulación, será detenida hasta que se hayan producido las aclaraciones del caso. En tal situación las autoridades competentes, harán uso de los medios admitidos por el Derecho Internacional, pudiendo establecer después de los procesos pertinentes la detención, embargo, confiscación o incautación según sea el caso.

Se deberá promover la participación, el control social y la educación, para que el Sistema de Transporte Integral – STI, que implica la infraestructura de transporte y sus servicios, llegue efectivamente a la población más pobre del país, articulándola al desarrollo territorial, productivo y comercial.

I.	Las organizaciones sociales y la sociedad civil organizada, participarán en el diseño de políticas de Estado planes, programas y proyectos de transporte.
II.	La autoridad competente generará mecanismos de acercamiento y espacios de participación y control social, para un eficiente servicio del transporte.
III.	En la fase de planificación a nivel central, departamental y municipal se reconoce la participación de la sociedad civil organizada en general para la formulación del Plan Nacional Sectorial de Transporte – PLANAST, Programa Departamental de Transporte – PRODET y el Programa Municipal de Transporte – PROMUT, respectivamente.

I.	Es de prioridad la inclusión de temas de educación vial en la currícula de educación formal y alternativa en todos sus niveles y modalidades, como competencia del nivel central del Estado.
II.	Adicionalmente, al momento de iniciar el viaje, los operadores de transporte y administradores de infraestructura, están en la obligación de explicar y transmitir a los pasajeros, aspectos de seguridad, los derechos y obligaciones de operadores y pasajeros de acuerdo a la modalidad de transporte.

Los medios masivos de comunicación audiovisual o impresa, locales y nacionales deberán asignar espacios gratuitos para la difusión de mensajes, spots, cuñas radiales u otros, sobre aspectos de educación vial y prestación de servicios de transporte público, a solicitud del nivel central del Estado, gobiernos autónomos departamentales y municipales de acuerdo a normativa específica.

I.	Todos los planes, programas, proyectos o actividades en el Sistema de Transporte Integral – STI, en todas sus categorías, existentes y nuevas, sean públicas o privadas, deberán enmarcarse en los derechos de la Madre Tierra y cumplir con lo establecido en el reglamento de prevención y control ambiental de la Ley del Medio Ambiente y la normativa ambiental sectorial a ser elaborada. Durante la fase de planificación se evaluarán diferentes alternativas para reducir o mitigar al máximo los impactos ambientales que pudiesen ocasionarse, en el marco de promover un transporte sostenible.
II.	El gobierno central, los gobiernos autónomos departamentales y municipales, serán responsables en sus respectivos ámbitos de competencia, de promover el uso de medios de transporte ambientalmente sostenible, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente, priorizando las unidades de transporte menos contaminantes.
III.	Las autoridades competentes, en el ámbito de su jurisdicción, promoverán la incorporación de mecanismos que minimicen el impacto de la emisión de contaminantes (gases, líquidos, ruido y otros).

El gobierno central, los gobiernos autónomos departamentales y municipales, deberán elaborar en el marco de sus competencias su respectiva normativa ambiental para el sector, en cumplimiento de la normativa ambiental y basados en los siguientes principios:

a)	Fomentar el uso del transporte más aceptable para el medio ambiente.
b)	Plena internalización de los costos ambientales y de impacto en la salud en los diseños de los proyectos.
c)	Dar prioridad a la inversión en infraestructuras de modalidades de transporte con menor impacto ambiental.
d)	Priorizar los proyectos de transporte público masivo y desincentivar el uso del vehículo particular, fundamentalmente los de gran cilindrada.
e)	Fomento al transporte no motorizado.

El transporte de cargas peligrosas en cualquiera de las modalidades de transporte, será reglamentada por normativa específica promulgada por el nivel central, conforme a la Constitución Política del Estado, Convenios, Tratados o decisiones internacionales ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia, velando por la seguridad, salud de los habitantes y protección del medio ambiente.

Toda unidad de transporte público y privado, en cualquiera de las modalidades establecidas en la presente Ley, deberá contar con los seguros requeridos para su circulación u operación, conforme a las disposiciones legales vigentes.

El operador y administradores de infraestructura están obligados a contratar un seguro para el personal bajo su dependencia que ejerce funciones operativas habituales u ocasionales, contra todo accidente susceptible de producirse en cumplimiento de sus funciones o servicios, de acuerdo a cada modalidad de transporte y normativa específica.

El operador y administradores de infraestructura están obligados a contratar un seguro para cubrir las responsabilidades establecidas en esta Ley y las disposiciones pertinentes por daños a usuarias o usuarios, terceras personas, carga, uso de contenedores y uso de otras unidades de carga, de acuerdo a cada modalidad de transporte y normativa específica.

En la modalidad de transporte terrestre, en caso de accidentes de tránsito, la sola presentación del Certificado o número de la roseta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT, ante el nosocomio público o privado más cercano, que cuente con la infraestructura adecuada y necesaria, constituye garantía de pago y obliga a estos centros a prestar la atención inmediata, cuyos costos serán cubiertos por la aseguradora hasta el monto máximo de cobertura.

Los seguros a los que están obligados el operador y los administradores de infraestructura para cubrir los daños previstos en la presente Ley, deberán ser contratados de acuerdo a la legislación nacional vigente en la materia. Las pólizas o documentos que acrediten la existencia del seguro, deberán presentarse ante las autoridades competentes en originales, en idioma castellano y/o idiomas diferentes según convenios internacionales.

I.	No se autorizará la circulación en el territorio, agua o espacio aéreo boliviano, de ningún medio de transporte extranjero que no acredite tener asegurados los daños que puedan producir a las usuarias y los usuarios, carga o a terceros.
II.	En los casos en que la responsabilidad del transportista se rija por acuerdos o convenios internacionales, el seguro deberá cubrir los límites de responsabilidad en ellos previsto.

Toda cláusula de seguro de vida o incapacidad por accidente que excluya el riesgo o reparación de daños resultantes de los servicios de transporte público será nula de pleno derecho.

En los seguros obligatorios establecidos por esta Ley, el asegurador responderá frente a los damnificados.

La existencia de los seguros y las fechas de vencimiento de las pólizas respectivas se harán constar en un registro específico de cada modalidad de transporte.

Las usuarias y los usuarios de los servicios de transporte y de los servicios complementarios o auxiliares al servicio de transporte público en cuanto corresponda gozarán de los siguientes derechos:

a)	Acceder en condiciones no discriminatorias, a la prestación de los servicios de transporte público de pasajeros y carga. La usuaria o el usuario tiene derecho al respeto hacia su dignidad humana, sin que sea discriminada o discriminado por razones de tipo social, racial, económico, de género, generacional, discapacidad, moral e ideológico.
b)	A recibir un trato respetuoso y digno por parte de los operadores del servicio.
c)	Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad relativas al servicio de transporte prestado.
d)	Ser transportada o transportado desde el lugar de origen hasta el lugar de destino de acuerdo a la ruta establecida.
e)	Recibir por parte de los operadores un servicio eficiente y confiable, en condiciones de comodidad, limpieza, higiene, seguridad y respeto, que resguarden la vida de las usuarias y los usuarios.
f)	A que el operador en la modalidad de transporte que corresponda le proporcione de forma inexcusable información confiable, completa, continua y comprensible, sea verbal o escrita, en relación a las condiciones de la prestación del servicio antes y durante la ejecución del mismo.
g)	Reclamar ante los operadores por modificaciones de itinerario, horarios, fechas y en general sobre las deficiencias en la prestación de los servicios, con arreglo a los procedimientos que al efecto estipule la autoridad competente.
h)	A reclamar ante la autoridad competente cualquier deficiencia e irregularidad en la prestación del servicio.
i)	Ante la cancelación o la negación de transporte, a ser embarcado prioritariamente en el siguiente servicio de transporte que cuente con espacio disponible o un transporte alternativo; al reembolso de la tarifa cancelada en la parte proporcional del viaje no efectuado o la totalidad (sin descuentos) de lo pagado por éste, si el servicio ya no tiene razón de ser.
j)	En caso de cancelación por causas atribuibles al operador, la usuaria y el usuario tiene derecho a recibir compensaciones a ser definidas por la autoridad competente.
k)	En caso de demora en la entrega del equipaje y si el pasajero no tiene domicilio fijo en el punto de llegada, el operador deberá proporcionarle el monto establecido por la autoridad competente que le permita adquirir los elementos básicos hasta el arribo de su equipaje.
l)	A exigir la extensión de un boleto de transporte y a conocer las condiciones de la prestación del servicio de transporte y de documentos de viaje en caso de requerirse. A que se le cobre una tarifa acorde con la calidad del servicio recibido y que la misma sea aprobada por la autoridad competente.
m)	A recibir los descuentos en la tarifa aprobada mediante normativa específica.
n)	A exigir la extensión de un ticket o constancia del equipaje transportado.
o)	A proceder al desistimiento del servicio siempre y cuando dicho desistimiento se realice con un tiempo de antelación que será definido por la autoridad competente.
p)	A exigir por parte del operador el cumplimiento de las disposiciones normativas regulatorias emitidas por la autoridad competente, correspondientes al servicio de transporte prestado.

Son obligaciones de la usuaria y el usuario de los servicios de transporte y de los servicios complementarios o auxiliares al servicio de transporte, en cuanto corresponda las siguientes:

a)	Facilitar toda la información necesaria y veraz sobre sus datos para la emisión del pasaje, destino, fecha, hora del viaje, número, tarifa y otros, así como de sus datos de contacto.
b)	Presentar sus documentos de viaje e identificación personal.
c)	Leer el contenido del pasaje y verificar que los datos insertos en el mismo sean los correctos.
d)	Declarar los objetos y/o documentos de valor en caso que sean transportados en el equipaje registrado y en los casos que corresponda contratar un seguro adicional por su cuenta.
e)	Cuidar su equipaje de mano, el operador no asume responsabilidad en caso de robo o sustracción.
f)	Mantener el respeto a la dignidad personal y profesional de las trabajadoras y los trabajadores que prestan los servicios.
g)	Cuidar los medios utilizados para su traslado, con el fin de garantizar su conservación y funcionamiento. Debe colaborar en mantener limpias las unidades de transporte y evitar el desecho de basura al exterior de los vehículos en el trayecto del viaje.
h)	Llegar a tiempo para cumplir con toda normativa relacionada al trabajo de entidades facilitadoras del transporte y sus controles correspondientes.
i)	Presentarse en mostradores del transportista para realizar su chequeo con la debida antelación al inicio de su viaje, de acuerdo a normativa del operador.
j)	Otros que se deriven de la aplicación de la Constitución Política del Estado y la presente Ley.

Las usuarias y los usuarios bajo ningún concepto podrán:

a)	Realizar actos que puedan atentar contra la seguridad del servicio de transporte, su propia seguridad o de las demás personas, así como de cualquier conducta que atente contra el buen orden, la moral o la disciplina; o que impliquen, supongan el deterioro del material de las unidades de transporte o molestias a los demás pasajeros.
b)	Viajar en lugares distintos a los habilitados para dicho fin.
c)	Subir a la unidad de transporte o bajar de la misma, estando ésta en movimiento o fuera de las paradas establecidas.
d)	Fumar o exceder el consumo de bebidas alcohólicas en la unidad de transporte.
e)	Portar material nocivo, componentes químicos u otros que representen riesgos para la salud de las usuarias y los usuarios.
f)	Otras a ser determinadas de acuerdo a normativa específica.

El Estado a través de la autoridad competente protegerá y defenderá los derechos de las usuarias y los usuarios del Sistema de Transporte Integral – STI, al efecto desarrollará y aplicará mecanismos y procedimientos que garanticen que los derechos y obligaciones de usuarias o usuarios y operadores sean cumplidos.

I.	Los pasajeros con discapacidad o con necesidades especiales (personas adultas mayores, niñas, niños, enfermas, enfermos y mujeres embarazadas si corresponde), y sus acompañantes deberán recibir un trato preferencial.
II.	El operador y administradores de infraestructura deberán brindar a estos pasajeros la asistencia necesaria y facilitar su acceso al medio de transporte, destinando asientos que estén próximos a los accesos, debidamente señalizados, asignando además el espacio necesario para la comodidad del pasajero y la ubicación de bastones, muletas u otro equipo especial.

I.	Las personas con discapacidad o necesidades especiales, gozarán de atención preferente. Al efecto, los operadores de servicio para cada modalidad de transporte deberán priorizar la atención a dichos pasajeros y acompañantes para evitar que realicen cualquier tiempo de espera innecesario en la atención y prestación del servicio.
II.	Asimismo, tendrán derecho a embarcar al medio de transporte en forma previa a cualquier otro pasajero.
III.	Por seguridad del pasajero con discapacidad o necesidades especiales, el personal encargado en destino, determinará la conveniencia de desembarcarlo primero o al final del resto de los pasajeros.

I.	Para el transporte de pasajeros enfermos, el operador deberá exigir un certificado médico, en el que consten las condiciones de salud y capacidad para el viaje.
II.	Dependiendo de las condiciones del pasajero, se podrá exigir, por cuenta de éste, que un médico o cualquier otra persona idónea para el caso, lo asista durante el viaje, a menos que el médico certifique que no es necesario.
III.	El operador, dentro de sus posibilidades, prestará auxilio y los cuidados que estén a su alcance en relación a pasajeros que súbitamente sufran lesiones o presenten alguna enfermedad durante el viaje.

Las sillas de ruedas, camilla u otros equipos que requieran las personas con discapacidad o enfermas, serán transportadas gratuitamente y con carácter prioritario como equipaje o carga.

El operador no podrá negar el transporte a pasajeros con discapacidad o necesidades especiales, a menos que a solicitud del operador por incertidumbre razonable que sea evidente, solicite que el médico autorizado verifique que, bajo las condiciones normales del viaje, el estado de salud del pasajero pueda agravarse y que sus condiciones impliquen riesgos o perjuicios para los demás. En caso de que no exista un médico autorizado se deberá considerar este hecho en la norma específica.

Los administradores de infraestructura y que prestan servicios logísticos complementarios al transporte, deberán proveer todas las facilidades necesarias para el acceso, desplazamiento y uso de servicios por personas con discapacidad o necesidades especiales.

El operador de servicios de transporte es responsable por los daños causados por muerte, incapacidad total o parcial permanente y lesiones físicas a un pasajero, cuando el accidente que ocasionó el daño se haya producido a bordo de una unidad de transporte o durante las operaciones de embarque o desembarque dentro el marco de un debido proceso y de acuerdo a la modalidad de transporte.

El operador es responsable por los daños y perjuicios sobrevenidos en caso de destrucción, pérdida o avería de equipajes registrados y carga, cuando el hecho causante del daño se haya producido durante el transporte o desde que se encuentren al cuidado del transportador sujeto a normativa específica por modalidad de transporte.

El operador es responsable de los daños resultantes del retraso en el transporte de pasajeros, equipaje o carga, salvo si prueba que él y sus dependientes han tomado todas las medidas necesarias para evitar el daño o que le fue imposible tomarlas.

En el transporte de personas, equipajes y carga, la responsabilidad del operador queda limitada a la cuantía establecida por las disposiciones expresas correspondientes a cada modalidad de transporte.

Los daños causados por un medio de transporte a terceros, darán derecho a reparación en los límites fijados por disposiciones aplicables a cada modalidad de transporte.

Todo administrador de infraestructura utilizada por cualquier modalidad de transporte, será responsable frente a los operadores y usuarias o usuarios en los siguientes casos:

a)	Por los daños que sufrieran las unidades de transporte por causa de incumplimiento o de ejecución parcial o defectuosa de las obligaciones asumidas en los casos de depósito, guarda o estacionamiento de dichos medios.
b)	Por los daños que sufrieran las unidades de transporte por causas de defectos o mal estado de las áreas de circulación o instalaciones.
c)	Por daños que sufrieran las unidades de transporte por causa de incumplimiento o de ejecución parcial defectuosa o tardía de sus tareas.
d)	Por daños a pasajeros, es responsable por los daños causados por muerte, incapacidad total o parcial permanente y lesiones físicas a una usuaria o un usuario al interior de la infraestructura.

La responsabilidad del operador y del administrador de infraestructura podrá ser atenuada o eximida, si prueba que la persona que ha sufrido el daño, lo causó o contribuyó a causarlo.

Se consideran las siguientes causales de liberación de responsabilidad:

a)	Ante la demora y/o cancelación por causas de fuerza mayor, tales como problemas meteorológicos, conmociones sociales, actos de terrorismo o sabotaje, accidentes en infraestructuras que interfieran las operaciones, restricciones, contingencias técnicas no atribuibles al mantenimiento preventivo deficiente o cualquier otro hecho que perjudique la normalidad de las operaciones que no pueda ser controlado directamente por los operadores.
b)	En caso de pérdida de contenido del equipaje registrado, artículos frágiles, perecederos, de valor (dinero, joyas, piedras o metales preciosos), documentos de identificación, negociables, títulos u otros valores y aparatos electrónicos (cámaras fotográficas o de video, computadoras, teléfonos móviles y otros), salvo que el pasajero haya declarado los mismos.
c)	Por daño o extravío del equipaje de mano pues el cuidado del mismo es de responsabilidad del pasajero.

El operador de servicios de transporte y de los servicios complementarios o auxiliares al servicio de transporte, en cuanto corresponda gozarán de los siguientes derechos:

a)	Recibir el pago oportuno conforme a la tarifa y flete establecidos por el servicio prestado.
b)	Recibir por parte de la usuaria y el usuario un trato cordial y respetuoso.
c)	Recibir oportunamente el pago de la tarifa y el flete conforme a lo convenido y/o contratado.
d)	Recibir resarcimiento por daños ocasionados por parte de las usuarias o los usuarios infractores, mismos que deberán ser debidamente demostrados.
e)	Trato respetuoso y cordial de las autoridades competentes.
f)	Gozar de un debido proceso, que sea rápido y oportuno.
g)	Otros que se deriven de la aplicación de la Constitución Política del Estado y la presente Ley.

El operador del servicio de transporte, de los servicios complementarios o auxiliares al servicio de transporte, en cuanto corresponda, tendrá las siguientes obligaciones:

a)	Transportar a las personas en condiciones de seguridad al lugar convenido, dentro del término y por el medio previsto en el contrato, así como el equipaje en el estado en que lo recibió.
b)	Cumplir la hora de salida señalada en el pasaje, excepto por causas no atribuibles al operador (caso fortuito y/o fuerza mayor).
c)	Velar que las unidades de transporte se encuentren en óptimas condiciones para la prestación del servicio.
d)	Aplicar correctamente las tarifas aprobadas por la autoridad competente.
e)	Brindar los descuentos a la tarifa aprobada por la autoridad competente que por normativa corresponda.
f)	Brindar a los pasajeros la información necesaria y confiable en relación a las condiciones de la prestación del servicio antes y durante la ejecución del mismo.
g)	Atender en forma ágil y oportuna los reclamos presentados por las usuarias y los usuarios por deficiencias o irregularidades a tiempo de la prestación del servicio.
h)	Brindar a la usuaria o el usuario del servicio un trato respetuoso y digno.
i)	Cumplir con las normas de seguridad y medio ambiente relativas al servicio prestado.
j)	Cumplir con la normativa aplicable a cada modalidad de transporte.
k)	A difundir por los medios con los que se cuenten, los derechos y obligaciones de los pasajeros.
l)	Contar con adecuada señalización en todas las reparticiones, de las diferentes terminales de arribo y salida de pasajeros, empleando hasta tres idiomas, siendo el castellano y la lengua propia del lugar obligatorias, la tercera lengua estará sujeta a reglamento específico.
m)	Prestar el servicio de manera continua, en la prestación del servicio.