Recopilación de Normas para Bancos (Título IX)

Artículo 1° - Objeto.-

El presente Capítulo tiene por objeto normar los aspectos relativos al control del encaje legal que las entidades de intermediación financiera están obligadas a mantener por los depósitos recibidos del público, por fondos provenientes de financiamientos externos a corto plazo y por otros depósitos.

Artículo 2° - Definiciones.-

Se adoptan las siguientes definiciones concordantes con el Reglamento de Encaje Legal establecido por Resolución de Directorio del Banco Central de Bolivia y con el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras aprobado mediante Resolución de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Encaje legal requerido, es el monto que toda entidad de intermediación financiera debe depositar en el Banco Central de Bolivia o en entidades autorizadas para el efecto, que surge de aplicar las tasas de encaje legal a los pasivos con el público y financiamientos externos de las entidades de intermediación financiera.

Encaje legal constituido, es el monto que las entidades de intermediación financiera mantienen depositado en el Banco Central de Bolivia o en entidades autorizadas, en efectivo y en títulos.

Encaje legal en efectivo, es el monto de encaje legal requerido y constituido en efectivo que se debe mantener depositado en las cuentas habilitadas para este efecto.

Encaje legal en títulos, es el monto de encaje legal requerido y constituido en efectivo que será invertido por el Banco Central de Bolivia o los Administradores Delegados de los Fondos RALMN, RAL-MNUFV y RAL-ME en títulos valores o instrumentos autorizados.

Fondo RAL, es el Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos, fondo de inversión cerrado, constituido únicamente por los recursos aportados por las entidades de intermediación financiera mediante el encaje legal en títulos. Cada entidad de intermediación financiera tendrá registrado su aporte al Fondo RAL en forma individualizada. Este Fondo está constituido por las denominaciones siguientes: moneda nacional (Fondo RAL-MN), moneda nacional con mantenimiento de valor con relación a la UFV (Fondo RAL-MNUFV) y moneda extranjera (Fondo RAL-ME).

Administrador Delegado del Fondo RAL-MN, es el Banco Central de Bolivia o la entidad de intermediación financiera, seleccionada con base en mecanismos competitivos y condiciones aprobadas por el Directorio del Ente Emisor, que actúe como Administrador Delegado en la administración del Fondo RAL-MN.

Administrador Delegado del Fondo RAL-MNUFV, es el Banco Central de Bolivia o la entidad de intermediación financiera, seleccionada con base en mecanismos competitivos y condiciones aprobadas por el Directorio del Ente Emisor, que actúe como Administrador Delegado en la administración del Fondo RAL-MNUFV.

Administrador Delegado del Fondo RAL-ME, es la institución financiera extranjera, seleccionada con base en mecanismos competitivos y condiciones aprobadas por el Directorio del Ente Emisor que actúa como Administrador Delegado en la administración del Fondo RAL-ME.

Período de requerimiento del encaje legal, es el período de catorce días continuos determinados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero a través de un calendario anual, para fines de cómputo del encaje legal.

Período de constitución del encaje legal, es el período de catorce días continuos, rezagado en ocho días en relación con el período de requerimiento de encaje, cuyo calendario, coincidente con los períodos bisemanales para el cálculo por deficiencias de encaje legal, se publica anualmente por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Moneda Extranjera, es la Unidad monetaria de los Estados Unidos de Norteamérica denominada “Dólar”.

Moneda Nacional con Mantenimiento de Valor (MVDOL), es la denominación que permite el mantenimiento de valor del Boliviano respecto del Dólar estadounidense, y está sujeta a variaciones por el efecto de las oscilaciones en el tipo de cambio oficial.

Moneda Nacional con Mantenimiento de Valor con relación a la Unidad de Fomento de Vivienda (MNUFV), es la denominación que permite el mantenimiento de valor del Boliviano respecto a variaciones de la Unidad de Fomento de Vivienda.

Obligaciones Sujetas a Encaje (OSE), son los pasivos denominados en moneda nacional, MNUFV, MVDOL y moneda extranjera, detallados en los Artículos 1° y 2° de la Sección 2 del presente Capítulo, excluyendo los pasivos comprendidos en el régimen de exenciones establecido en el Artículo 4° de la misma Sección 2.

Obligaciones en moneda extranjera y MVDOL sujetas a Encaje Adicional (OSEA-ME), son los pasivos denominados en moneda extranjera y MVDOL, detallados en el Artículo 1° de la Sección 2 del presente Capítulo, excluyendo los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera y MVDOL con plazo de vencimiento mayor a dos años, registrados en el Banco Central de Bolivia, y los pasivos de corto plazo con el exterior contratados exclusivamente para operaciones de comercio exterior, con calce exacto entre activo y pasivo para cada operación.

Base del Encaje Adicional (BEA): es el resultado de la diferencia entre las OSEA-ME de la fecha de información y las OSEA-ME de la fecha base.

Artículo 3° - Ámbito de aplicación.-

Todas las entidades que realizan intermediación financiera al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 1488 de 14 de abril de 1993, cuyo funcionamiento esté autorizado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, deberán mantener diariamente un encaje legal en efectivo y en títulos, sobre depósitos contratados con el público a la vista, en cuentas de ahorro y plazo fijo, así como por otros depósitos y por fondos provenientes de financiamientos externos a corto plazo, en moneda nacional, MNUFV, MVDOL y en moneda extranjera.

Aquellas sucursales en el exterior autorizadas para su funcionamiento por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia, que capten recursos en Bolivia, deben constituir encaje legal cuando están exentas de encaje en el país donde operan. Cuando en dichos países se encuentren sujetas a un requerimiento de encaje menor al del presente Capítulo, dicha entidad deberá constituir encaje en la cuantía y modalidad que permita cubrir la diferencia, la misma que será determinada por el Banco Central de Bolivia.

Artículo 4° - Tasas de Encaje Legal.-

Los porcentajes de encaje legal para depósitos del público a la vista, ahorro y plazo fijo, en moneda nacional, MNUFV, MVDOL y en moneda extranjera, y para financiamientos externos a corto plazo, son:

En moneda nacional y MNUFV:

•	Dos por ciento (2%), para encaje en efectivo
•	Diez por ciento (10%), para encaje en títulos

En moneda extranjera y MVDOL:

•	Dos por ciento (2%) para encaje en efectivo
•	Doce por ciento (12%) para encaje en títulos

La tasa de encaje legal para otros depósitos es del cien por ciento (100%) en efectivo.

Artículo 5° - Tasas de Encaje Adicional.-

De conformidad con lo establecido por el Reglamento de Encaje Legal del Banco Central de Bolivia, el porcentaje para constituir encaje adicional en títulos en moneda extranjera es de 30%.

Artículo 1° - Obligaciones con el público y con empresas con participación estatal y financiamientos externos a corto plazo.-

Los pasivos con el público y con empresas con participación estatal y financiamientos externos, sujetos a encaje legal, se registran en las siguientes subcuentas:

Obligaciones con el público y con Empresas con Participación Estatal a la Vista.-

211.01	Depósitos en cuenta corriente
211.02	Cuentas corrientes inactivas
211.03	Depósitos a la vista
211.05	Cheques certificados
211.06	Giros y transferencias por pagar
211.07	Cobranzas por reembolsar
211.08	Valores vencidos
211.14	Depósitos fiduciarios en cuenta corriente
211.15	Depósitos fiduciarios a la vista
281.01	Depósitos en cuenta corriente
281.02	Cuentas corrientes inactivas
281.03	Depósitos a la vista
281.04	Cheques certificados
281.05	Depósitos fiduciarios en cuenta corriente
281.06	Depósitos fiduciarios a la vista

Obligaciones con el Público y con Empresas con Participación Estatal por Cuentas de Ahorros -

212.01	Depósitos en caja de ahorros
212.02	Depósitos en caja de ahorros clausuradas por inactividad
212.03	Obligaciones con participantes de planes de ahorro
212.04	Depósitos fiduciarios en caja de ahorro
282.01	Depósitos en caja de ahorros
282.02	Depósitos en caja de ahorros clausuradas por inactividad
282.03	Depósitos fiduciarios en caja de ahorro

Obligaciones con el Público y con Empresas con Participación Estatal a Plazo Fijo -

213.01	Depósitos a plazo fijo a 30 días
213.02	Depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días
213.03	Depósitos a plazo fijo de 61 a 90 días
213.04	Depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días
213.05	Depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días
213.06	Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 días (los que correspondan)
213.07	Depósitos a plazo fijo de 721 a 1080 días (sólo los no registrados en el Banco Central de Bolivia)
213.08	Depósitos a plazo fijo mayor a 1080 días (sólo los no registrados en el Banco Central de Bolivia)
283.01	Depósitos a plazo fijo a 30 días
283.02	Depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días
283.03	Depósitos a plazo fijo de 61 a 90 días
283.04	Depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días
283.05	Depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días
283.06	Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 días (los que correspondan)
283.07	Depósitos a plazo fijo de 721 a 1080 días (sólo los no registrados en el Banco Central de Bolivia)
283.08	Depósitos a plazo fijo mayor a 1080 días (sólo los no registrados en el Banco Central de Bolivia)
215.01	Depósitos a plazo fijo a 30 días con anotación en cuenta
215.02	Depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días con anotación en cuenta
215.03	Depósitos a plazo fijo de 61 a 90 días con anotación en cuenta
215.04	Depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días con anotación en cuenta
215.05	Depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días con anotación en cuenta
215.06	Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 días con anotación en cuenta (los que correspondan)
215.07	Depósitos a plazo fijo de 721 a 1080 días con anotación en cuenta (sólo los no registrados en el Banco Central de Bolivia)
215.08	Depósitos a plazo fijo mayor a 1080 días con anotación en cuenta (sólo los no registrados en el Banco Central de Bolivia)
285.01	Depósitos a plazo fijo a 30 días con anotación en cuenta
285.02	Depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días con anotación en cuenta
285.03	Depósitos a plazo fijo de 61 a 90 días con anotación en cuenta
285.04	Depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días con anotación en cuenta
285.05	Depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días con anotación en cuenta
285.06	Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 días con anotación en cuenta (los que correspondan)
285.07	Depósitos a plazo fijo de 721 a 1080 días con anotación en cuenta (sólo los no registrados en el Banco Central de Bolivia)
285.08	Depósitos a plazo fijo mayor a 1080 días con anotación en cuenta (sólo los no registrados en el Banco Central de Bolivia)

Obligaciones con el Público y con Empresas con Participación Estatal Restringidas.-

214.02	Cuentas corrientes clausuradas
214.03	Depósitos en caja de ahorro afectados en garantía
214.04	Depósitos a plazo afectados en garantía
214.08	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringidos
284.02	Cuentas corrientes clausuradas
284.03	Depósitos en caja de ahorro afectados en garantía
284.04	Depósitos a plazo afectados en garantía
284.08	Depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta restringidos

Otras cuentas por pagar.-

242.01

Cheques de gerencia

Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento -

231.04	Depósitos en cuenta corriente de entidades financieras del país sujetos a encaje
231.06	Otras Obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje
231.08	Financiamientos de entidades del exterior a la vista
231.09	Oficina matriz y sucursales a la vista
231.10	Bancos y corresponsales del exterior a la vista
235.08	Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país sujetos a encaje
235.10	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país sujetos a encaje
235.12	Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta sujetos a encaje
235.13	Operaciones interbancarias (en caso que no se haya constituido en origen)
237.01	Financiamientos de entidades del exterior a corto plazo de libre disponibilidad
237.02	Financiamientos de entidades del exterior a corto plazo para operaciones de comercio exterior (por la parte que no mantenga calce exacto con operaciones activas)
237.08	Oficina matriz y sucursales a corto plazo de libre disponibilidad
237.09	Oficina matriz y sucursales a corto plazo para operaciones de comercio exterior (por la parte que no mantenga calce exacto con operaciones activas)

Artículo 2° - Otras obligaciones con el público y con empresas con participación estatal.-

Los pasivos con el público y con empresas con participación estatal correspondientes a otros depósitos se registran en las siguientes subcuentas:

211.09	Depósitos judiciales
211.10	Fondos de terceros para operaciones en el Bolsín
211.11	Fondos de terceros para operaciones bursátiles
211.12	Fondos a entregar a terceros por la colocación de títulos valores
211.99	Otras obligaciones con el público a la vista.
214.01	Retenciones judiciales
214.05	Depósitos en garantía prepago cartas de crédito
214.06	Otros depósitos en garantía
214.99	Otras obligaciones con el público restringidas
241.07	Cobros anticipados a clientes de tarjetas de crédito
281.99	Otras obligaciones con el público a la vista
284.01	Retenciones judiciales
284.05	Depósitos en garantía prepago cartas de crédito
284.06	Otros depósitos en garantía
284.99	Otras obligaciones con el público restringidas

Artículo 3° - Pasivos no sujetos a Encaje Legal.-

No estarán sujetos a encaje legal los pasivos de las entidades financieras contabilizados en:

211.04	Acreedores por documentos de cobro inmediato
211.13	Cheques funcionario público (nominativo por entidad)
214.07	Obligaciones por títulos valores vendidos con pacto de recompra
218.00	Cargos devengados por pagar obligaciones con el público
220.00	Obligaciones con instituciones fiscales
230.00	Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento, excepto las siguientes subcuentas: 231.04 Depósitos en cuenta corriente de entidades financieras del país sujetas a encaje 231.06 Otras obligaciones a la vista con entidades financieras del país sujetas a encaje 231.08 Financiamientos de entidades del exterior a la vista 231.09 Oficina matriz y sucursales a la vista 231.10 Bancos y corresponsales del exterior a la vista 235.08 Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país sujetos a encaje 235.10 Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país sujetos a encaje 235.12 Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país con anotación en cuenta sujetos a encaje 235.13 Operaciones interbancarias (en caso que no se haya constituido encaje en origen) 237.01 Financiamientos de entidades del exterior a corto plazo de libre disponibilidad 237.02 Financiamientos de entidades del exterior a corto plazo para operaciones de comercio exterior (para operaciones con calce exacto con operaciones activas) 237.08 Oficina matriz y sucursales a corto plazo de libre disponibilidad 237.09 Oficina matriz y sucursales a corto plazo para operaciones de comercio exterior (para operaciones con calce exacto con operaciones activas)
240.00	Otras cuentas por pagar, excepto las siguientes subcuentas: 241.07 Cobros anticipados a clientes de tarjetas de crédito 242.01 Cheques de gerencia
250.00	Previsiones
260.00	Valores en circulación
270.00	Obligaciones subordinadas
284.07	Obligaciones por títulos valores vendidos con pacto de recompra
288.00	Cargos devengados por pagar obligaciones con empresas con participación estatal

Los montos que las entidades de intermediación financiera reciban en calidad de depósitos de otras entidades de intermediación financiera a través de operaciones interbancarias, serán considerados como pasivos no sujetos a encaje legal, siempre que la entidad depositante ya hubiera constituido encaje por tales recursos.

Artículo 4° - Exenciones.-

El régimen de exenciones de encaje legal comprende lo siguiente:

a.	Están exentos del requerimiento de constitución de encaje legal:
	o Los pasivos de corto plazo con el exterior, contratados exclusivamente para operaciones de comercio exterior con calce exacto entre activo y pasivo para cada operación, en términos de plazos y montos, contabilizados en las subcuentas 237.02 “Financiamiento de entidades del exterior a corto plazo para operaciones de comercio exterior”, y 237.09 “Oficina matriz y sucursales a corto plazo para operaciones de comercio exterior”; o Los depósitos a plazo fijo en moneda nacional y MNUFV, con plazo original de vencimiento mayor a un año, registrados en el Banco Central de Bolivia; y o Los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera y MVDOL, con plazo original de vencimiento mayor a dos años, registrados en el Banco Central de Bolivia.
b.	Están exentos del encaje legal en efectivo:
	o Los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera y MVDOL, con plazo original de vencimiento mayor a un año y hasta dos años, registrados en el Banco Central de Bolivia.

Plazo original del DPF	Moneda nacional y MNUFV		Moneda extranjera y MVDOL
	Encaje en títulos	Encaje en efectivo	Encaje en títulos	Encaje en efectivo
De 30 a 60 días Encaja Encaja Encaja Encaja Mayor a 60 días, hasta 180 días Encaja Encaja Encaja Encaja Mayor a 180 días, hasta 360 días Encaja Encaja Encaja Encaja Mayor a 360 días, hasta 720 días No encaja (*) No encaja (*) Encaja No encaja (*) Mayor a 720 días No encaja (*) No encaja (*) No encaja (*) No encaja (*)

(*) Solamente si está registrado en el BCB.

Artículo 5° - Registro de depósitos a plazo fijo.-

Para calificar y obtener el beneficio de la exención del encaje legal por los depósitos a plazo fijo comprendidos en el régimen de exenciones descrito en el Artículo 4° precedente, las entidades de intermediación financiera obligatoriamente deberán registrar estos depósitos, en forma diaria y en detalle, en el Banco Central de Bolivia. El registro deberá realizarse mediante el envío de la información a través del Sistema de Tasas de Interés del Banco Central de Bolivia. De no proceder a dicho registro, estos depósitos estarán sujetos a encaje legal y tendrán el tratamiento establecido para el resto de depósitos.

Artículo 6° - Retiros anticipados y fraccionamiento de depósitos a plazo fijo.-

En sujeción a lo dispuesto por el artículo 13° de la Sección 2 del Reglamento de Depósitos a Plazo Fijo, contenido en el Capítulo II, Título VIII de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras, que prohíbe la cancelación anticipada parcial o total de depósitos comprendidos dentro del régimen de exenciones de encaje legal, las entidades de intermediación financieras que rediman estos depósitos en plazos menores a su plazo original, están obligadas a informar al Banco Central de Bolivia y a presentar a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero partes rectificatorios de encaje legal, por todos los períodos transcurridos desde la fecha de emisión del depósito redimido hasta la fecha de cancelación, en los términos establecidos en el Artículo 3°, Sección 5 del presente Capítulo, con el propósito de que el Organismo Supervisor evalúe el impacto del incumplimiento y determine las sanciones que correspondan.

A los efectos del encaje legal, el fraccionamiento de depósitos a plazo fijo registrados en el Banco Central de Bolivia se considera como una redención anticipada del depósito original y la apertura de nuevos depósitos, excepto si se fraccionan en los términos establecidos en el Artículo 14º, Sección 2 del Reglamento de Depósitos a plazo fijo, contenido en el Capítulo II, Título VIII de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras.

Artículo 7° - Deducciones de encaje legal.-

Del encaje requerido para MN y MNUFV podrá deducirse el incremento de la cartera bruta en MN y MNUFV respecto al saldo registrado en la fecha base establecida en el artículo 10 de la presente Sección, hasta el equivalente del 100% de encaje requerido en efectivo en primera instancia y, posteriormente, hasta el equivalente del 40% de encaje requerido en títulos. Se excluye del cálculo de deducción a los depósitos sujetos a la tasa de encaje de 100% detallados en el artículo 2 de la Sección 2 del presente Título.

Artículo 8° - Obligaciones sujetas a encaje adicional en títulos.-

El monto de las obligaciones sobre las cuales las entidades financieras deberán constituir un encaje legal adicional en títulos en moneda extranjera, se obtiene según el siguiente esquema de cálculo:

1.	Para cada fecha, la entidad de intermediación financiera debe obtener el importe de las OSEA-ME. Para ello, al monto resultante de la sumatoria de las obligaciones en moneda extranjera y MVDOL detallados en el Artículo 1° de la Sección 2 del presente Capítulo, se le debe excluir los saldos correspondientes a la sumatoria de los importes de los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera y MVDOL con plazo de vencimiento mayor a dos años, registrados en el Banco Central de Bolivia, y el total de los pasivos de corto plazo con el exterior con calce exacto entre activo y pasivo para cada operación.
2.	El procedimiento del punto 1. precedente debe realizarse también para la fecha base establecida en el Artículo 9° de la Sección 1 del presente Capítulo.
3.	El monto de las obligaciones sujetas a encaje legal adicional en títulos, las cuales constituyen la base de encaje adicional (BEA) para cada fecha, se obtiene restando al saldo de las OSEAME el saldo de las OSEA-ME de la fecha base.
4.	Para estos cálculos, los saldos deberán expresarse en dólares estadounidenses, al tipo de cambio de compra vigente informado por el Banco Central de Bolivia.

Artículo 9° - Fecha base para el encaje adicional.-

De conformidad con el Reglamento de Encaje Legal del Banco Central de Bolivia, la fecha base para efectos del cálculo del encaje adicional requerido es el 30 de septiembre de 2008.

Para las entidades que obtengan licencia de funcionamiento de la Autoridad de Supervisón del Sistema Financiero (ASFI) en fecha posterior a la mencionada en el párrafo anterior, la fecha base de cálculo del encaje adicional corresponderá, al último día del mes en que la entidad hubiera obtenido la citada licencia.

Artículo 10° - Fecha base para la deducción del encaje.-

De conformidad con el Reglamento de Encaje Legal del Banco Central de Bolivia, la fecha base para efectos del cálculo de la deducción del encaje legal requerido es el 30 de junio de 2009.

Para las entidades que obtengan licencia de funcionamiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en fecha posterior a la mencionada en el párrafo anterior, la fecha base de cálculo de la deducción del encaje legal requerido corresponderá, al último día del mes en que la entidad hubiera obtenido la citada licencia.

Artículo 1° - Encaje legal en efectivo y en títulos.-

Las entidades de intermediación financiera depositarán en las cuentas habilitadas en el Instituto Emisor o en bancos autorizados para este fin por el Banco Central de Bolivia, los montos de encaje requerido a efectos de integrar el encaje legal constituido.

La constitución del encaje legal en efectivo, se realizará mediante depósitos en efectivo efectuados en el Banco Central de Bolivia o en bancos autorizados, hasta las 18:00 horas de cada día.

Las entidades financieras bancarias deberán contabilizar estos depósitos en la siguiente subcuenta:

112.01      Cuenta corriente y de encaje – Entidades Bancarias

Las entidades financieras no bancarias deberán contabilizar dichos depósitos en la siguiente subcuenta:

112.05      Cuenta encaje – Entidades no Bancarias

Adicionalmente, se considerará como parte del encaje constituido en efectivo, los saldos que las entidades de intermediación financiera mantengan en su cuenta caja, contabilizados en la subcuenta 111.01 “Billetes y monedas”, hasta el equivalente al 5% del monto total de encaje requerido en efectivo. Esta disposición es aplicable únicamente en las monedas nacional y extranjera, no así para los casos de MVDOL y MNUFV por tratarse de denominaciones y no de unidades físicas que puedan conservarse como reserva de encaje.

Los depósitos en moneda extranjera que se efectúen mediante transferencias, en cuentas del Banco Central con banqueros del exterior, se deberán realizar por el sistema más rápido disponible, y se computarán desde la fecha en que el banquero debite los fondos a la entidad, siempre y cuando éste respalde la transferencia con un mensaje testado y se refleje posteriormente en el extracto.

El Banco Central de Bolivia admitirá traspasos de cuentas para fines de constitución de encaje legal, hasta las 19:00 horas de cada día.

La constitución del encaje legal en títulos deberá realizarse:

a)	Para depósitos en moneda nacional, mediante depósitos en bolivianos en el Banco Central de Bolivia.
b)	Para depósitos en MNUFV, mediante depósitos en bolivianos al valor equivalente en UFV.
c)	Para depósitos en moneda extranjera y MVDOL, mediante depósitos en dólares americanos en el Banco Central de Bolivia. Los productos devengados por cobrar correspondientes a dichos títulos deberán ser registrados en la subcuenta 128.07 Productos devengados por cobrar inversiones de disponibilidad restringida.

Artículo 2° - Transferencias.-

Cada siete días, el Banco Central de Bolivia transferirá del encaje legal en efectivo de cada entidad de intermediación financiera, los montos necesarios para efectuar los correspondientes traspasos al encaje legal en títulos, y viceversa.

El Banco Central de Bolivia realizará automáticamente dichas transferencias de las cuentas de encaje, sobre la base de la información presentada por las entidades de intermediación financiera en los reportes de encaje y depósitos.

Artículo 3° - Reclasificación.-

Una vez realizadas las transferencias mencionadas en el Artículo 2° precedente, el Banco Central de Bolivia informará a cada entidad de intermediación financiera los saldos correspondientes a sus cuentas de encaje legal en efectivo y en títulos, debiendo proceder la entidad a reclasificar su cuenta encaje en títulos utilizando la siguiente subcuenta:

127.11      Cuotas de participación Fondo RAL afectados a encaje legal

Para el caso de la participación en el Fondo RAL-ME, el Ente Emisor proporcionará diariamente los saldos correspondientes a los montos constituidos de encaje legal en títulos por los depósitos en MVDOL, en forma separada de los montos de encaje constituido por los depósitos en moneda extranjera.

Artículo 4° - Compensación.-

El encaje legal en efectivo deberá ser constituido en la denominación en la que se captaron los depósitos, no existiendo compensaciones entre denominaciones por este tipo de encaje. Si el encaje legal en efectivo constituido es superior al encaje legal requerido por este concepto, los excedentes podrán ser considerados para la constitución del encaje legal en títulos. Para el caso del encaje legal en efectivo constituido en MVDOL, los excedentes originados podrán ser utilizados para la constitución del encaje legal en títulos en moneda nacional. Por otro lado, los excedentes del encaje en efectivo en moneda extranjera, además de ser utilizados para la constitución del encaje en títulos en moneda extranjera, podrán ser utilizados para la constitución del encaje en títulos en MVDOL, cuando corresponda.

El encaje legal en títulos deberá constituirse de acuerdo a los Artículos 1°, 2° y 3° de la presente Sección. Los excedentes de encaje en títulos no podrán compensar deficiencias en la constitución del encaje legal en efectivo; consecuentemente, para efectos del cálculo de multas por deficiencias de encaje legal, se considera válida la constitución del encaje legal en títulos únicamente hasta el monto del encaje legal requerido por este concepto.

El Banco Central de Bolivia reconocerá en favor de las entidades de intermediación financiera el diferencial por tipo de cambio por el encaje legal constituido en MVDOL, y el diferencial por la variación de la UFV para MNUFV de acuerdo a reglamento específico aprobado por Resolución de Directorio, sólo hasta el límite del encaje legal requerido en efectivo correspondiente para cada una de las denominaciones.

Artículo 1° - Objeto y Administración.-

El Fondo RAL está constituido por los recursos depositados por las entidades financieras bancarias y no bancarias para el cumplimiento del encaje legal en títulos. Las entidades de intermediación financiera participantes son beneficiarias de todos los derechos y responsables por todas las obligaciones resultantes de la administración de dicho Fondo, distribuidos en proporción a sus aportes de conformidad a las normas establecidas en la Resolución de Directorio del Banco Central de Bolivia N° 048/2005 de 20 de abril de 2005, y las disposiciones del presente Capítulo.

El Fondo RAL tendrá la siguiente composición:

•	Fondo RAL-MN: títulos valor soberanos nacionales de renta fija y de oferta pública, denominados en moneda nacional y, subsidiariamente, en efectivo.
•	Fondo RAL-MNUFV: títulos valor soberanos nacionales de renta fija y de oferta pública, denominados en moneda nacional o en UFV y, subsidiariamente, en efectivo.
•	Fondo RAL-ME: títulos soberanos, valores, efectivo, denominados en moneda extranjera, de acuerdo con lineamientos de inversión aprobados por el Directorio del Banco Central de Bolivia.

Los Fondos RAL-MN y RAL-MNUFV serán administrados por la Gerencia de Entidades Financieras del Banco Central de Bolivia, o por uno o varios Administradores Delegados contratados expresamente por el Banco Central de Bolivia para tal efecto.

Artículo 2° - Préstamos de liquidez.-

Los recursos invertidos por las entidades de intermediación financiera participantes en los Fondos RAL, servirán como garantía de los créditos de liquidez que cada una de las entidades solicite al Banco Central de Bolivia, bajo las condiciones previstas en el Reglamento de Encaje Legal del Banco Central de Bolivia aprobado mediante Resolución de Directorio N° 048/2005 de 20 de abril de 2005.

Artículo 3° - Fondo RAL-ME Interno.-

El Directorio del Banco Central de Bolivia podrá autorizar, mediante resolución expresa, que una parte del encaje legal en títulos por depósitos en moneda extranjera y MVDOL pueda ser invertida transitoriamente en un nuevo fondo en el país, denominado Fondo RAL-ME Interno, el cual podrá alcanzar hasta un setenta por ciento (70%) del Fondo RAL-ME.

Artículo 4° - No-participación en el Fondo RAL.-

En caso de que alguna entidad de intermediación financiera decidiera no participar en el Fondo RAL de acuerdo con los términos mencionados en el Reglamento de Encaje Legal del Banco Central de Bolivia aprobado mediante Resolución de Directorio N° 048/2005 de 20 de abril de 2005, la parte correspondiente a su encaje legal en títulos quedará en una cuenta restringida dentro del Banco Central de Bolivia, sin devengar rendimientos ni costos para la mencionada entidad. Esta cuenta estará sujeta a todas las condiciones estipuladas para el encaje legal en títulos.

Artículo 5° - Disolución.-

El Fondo RAL podrá ser disuelto solamente mediante Resolución expresa del Directorio del Banco Central de Bolivia.

Artículo 1° - Reportes de información.-

Las entidades de intermediación financiera reportarán diariamente a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, información consolidada a través del Sistema de Información Financiera (SIF). Este reporte será único, tanto para el Banco Central de Bolivia como para el Organismo Fiscalizador.

Al efecto, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero proveerá a las entidades de intermediación financiera un software de captura y validación como parte del Sistema de Información Financiera (SIF), en el cual deberán ingresar diariamente los saldos contables de las cuentas, por monedas, detalladas en el Anexo 3.b, Capítulo II, Título IX de la presente Recopilación, obtenidos de sus registros contables. Las entidades que puedan obtener la información en forma automática de sus propios sistemas de información, podrán generar directamente el archivo ASCII, para ser capturado y validado por el SIF, de acuerdo al formato del Anexo 4, Capítulo II, Título IX de la presente Recopilación.

Una vez alimentada la información, el programa realizará la validación de los datos generando un listado de errores detectados, los cuales deberán ser corregidos por la entidad previo a su envío a la Autoridad de Supervión del Sistema Financiero, a través de la red Intranet, empleando el software de comunicación y envío del SIF.Como constancia de la recepción de la información, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero enviará un E-mail de conformidad, para cada entidad, haciendo constar la fecha y hora de la recepción.

El reporte de la información se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el Título II, Capítulo I, Sección 1 de la presente Recopilación de Normas. La información correspondiente al día viernes será remitida el día lunes hasta la misma hora.

En caso de presentarse días feriados, el reporte de la información se realizará el siguiente día hábil.

La información recibida de las entidades financieras estará disponible en el servidor de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero para que el Banco Central de Bolivia pueda acceder a la misma, a partir de las 15:00 horas de cada día

Artículo 2° - Partes de Encaje Legal.-

El Sistema de Información Financiera (SIF) podrá generar tres tipos de reportes:

1.	Parte diario de encaje legal
2.	Parte semanal de encaje legal
3.	Parte bisemanal de encaje legal y cálculo de multas por deficiencias de encaje

Adicionalmente, cada dos semanas la entidad de intermediación financiera deberá procesar el módulo para el cálculo de multas por deficiencias de encaje legal correspondiente a dicho período bisemanal. En caso de presentar una posición deficitaria de encaje, la entidad deberá enviar el reporte de multas y una copia del abono efectuado según los procedimientos establecidos en el punto 4. del Artículo 3°, Sección 6 del presente Capítulo, hasta las 16:00 horas del día lunes inmediato próximo, o el siguiente día hábil hasta la misma hora si el día lunes fuese feriado, a través de una carta cuyo formato se establece en el Anexo 6.b, Capítulo II, Título IX de la presente Recopilación, firmada por el Gerente y Contador de la entidad.

Todos los reportes deberán ser generados en bolivianos, con excepción de los cálculos a los que se refieren los Artículo 7° y 8° de la Sección 2 del presente Capítulo. A efectos de la captura y remisión de la información, los saldos correspondientes en MVDOL y moneda extranjera deberán convertirse en bolivianos, aplicando la cotización correspondiente al tipo de cambio de compra vigente en el día, informada por el Bolsín del Banco Central de Bolivia. Asimismo, los saldos correspondientes en MNUFV deberán convertirse en bolivianos, aplicando las cotizaciones que el Banco Central de Bolivia publique diariamente de la UFV.

Artículo 3° - Reportes rectificatorios.-

En los casos en que una entidad financiera detecte diferencias, por cualquier ajuste o equivocación operativa, entre los datos informados a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y las cifras registradas en su contabilidad, la entidad financiera está obligada a presentar en el día, un reporte rectificatorio que contenga información completa que sustituya el parte original, a fin de regularizar los datos erróneos.

De igual manera, si la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, a través de sus procesos regulares de control y fiscalización, detecta diferencias imputables a la entidad, las mismas ameritarán la presentación de reportes rectificatorios. Previa a toda rectificación de información que se realice, la entidad deberá solicitar autorización mediante carta dirigida a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Una vez aceptada la solicitud, las entidades procederán al envío de la rectificación.

La presentación de estos reportes rectificatorios implica la aplicación de sanciones de acuerdo con el Artículo 6°, Sección 6 del presente Capítulo.

Artículo 4° - Libro auxiliar de Encaje.-

Las entidades financieras llevarán un Libro Auxiliar de Encaje, generado en forma automática o manual, estructurado conforme a los modelos del Anexo 1, Capítulo II, Título IX de la presente Recopilación. A este libro se trasladarán diariamente los saldos de los registros contables de la entidad financiera correspondientes a pasivos sujetos a encaje y saldos de encaje constituido; para estos últimos también se registrarán los saldos reportados para cada día por el Banco Central de Bolivia.

En caso de existir diferencias que conlleven a que las entidades de intermediación financiera consideren encajes constituidos diferentes a los reportados por el Banco Central de Bolivia, éstas deberán ser regularizadas en el día. Si como consecuencia de la regularización de las indicadas diferencias, surge como válido el saldo del Banco Central de Bolivia, éste saldo deberá considerarse para los efectos del encaje constituido en el reporte de información a través del Sistema de Información Financiera (SIF).

El registro se efectuará en forma consolidada para todas las oficinas de la entidad de intermediación financiera y separadamente, según se trate de moneda nacional, MNUFV, MVDOL y moneda extranjera.

El libro auxiliar y los registros correspondientes al encaje legal debidamente firmados a diario por el Gerente de Operaciones o quién haga sus veces y el Contador General, deben archivarse y permanecer a disposición de los inspectores del Organismo Fiscalizador en los casos que se requiera.

Artículo 5° - Información proporcionada por el Banco Central de Bolivia.-

La Gerencia de Contabilidad del Banco Central de Bolivia proporcionará a las entidades de intermediación financiera hasta horas 10:00 a.m. del día siguiente, los extractos de las cuentas de Encaje Legal diferenciadas por denominación.

Asimismo, la Gerencia de Entidades Financieras del Banco Central de Bolivia informará vía electrónica a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, todos los días hasta las 10:00 horas, el parte “Detalle de información a ser reportada por el BCB” conteniendo los saldos diarios de las cuentas y otros registros detallados en el Anexo 8, Capítulo II, Título IX que las entidades de intermediación financiera mantienen en el Banco Central de Bolivia correspondientes al período de constitución de encaje.

Artículo 1° - Prohibiciones.-

Están sujetos a encaje legal los pasivos con el público y financiamientos externos, a partir del día de su recepción o contratación, con independencia de la cuenta que se utilice para su registro contable. En consecuencia, queda prohibido:

a)	Contabilizar depósitos y obligaciones en fecha posterior a su recepción.
b)	Contabilizar depósitos y obligaciones en cuentas transitorias, interoficinas, pendientes, etc.
c)	Considerar como depósitos a plazo fijo, depósitos que en la práctica se manejan como depósitos a la vista, de ahorros, obligaciones con instituciones fiscales u otros depósitos.
d)	Considerar como depósitos a plazo fijo exentos de encaje legal, depósitos que en la práctica corresponden a pasivos sujetos a encaje.
e)	Efectuar traspasos de cuentas sujetas a encaje a otras con menor tasa de encaje o exentas, sin la autorización documentada de los clientes en cada caso.
f)	Recibir depósitos e instrumentarlos con cheques de gerencia.
g)	Efectuar cualquier combinación o mecanismo que implique incorrecta exposición contable de los pasivos sujetos a encaje y, por tanto, una reducción en el encaje legal requerido.

Artículo 2° - Limitaciones.-

Cuando la deficiencia de encaje legal sea superior al 1% del total de encaje requerido durante dos períodos consecutivos, o cuatro períodos discontinuos, dentro de un año, la entidad de intermediación financiera deberá reportar esta situación a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, dando inicio al proceso de regularización de acuerdo a lo establecido en el Capítulo I del Título Noveno de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, independientemente de la aplicación de multas a que hace referencia el inciso b), numeral 2 del Artículo 3º de la presente Sección.

Artículo 3° - Cálculo de multas por deficiencia de Encaje Legal.-

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero computará los fondos de encaje en efectivo y en títulos en forma independiente, de acuerdo con lo establecido en los Artículos que forman parte de la Sección 3 “Cómputo de Encaje Legal” del presente Capítulo, no existiendo compensación entre denominaciones por los saldos constituidos en efectivo. Para la constitución del encaje en títulos, se considerará la participación de la entidad de intermediación financiera en el Fondo RAL-ME (que toma en cuenta la adición de los saldos de encaje constituido por los pasivos en MVDOL y en moneda extranjera), en el Fondo RAL-MN y en el Fondo RAL-MNUFV.

Las deficiencias de encaje para efectos de aplicación de multas a que hace referencia el Artículo 84° de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, se calcularán en forma independiente por tipo de encaje, tomando en cuenta las consideraciones antes señaladas, de la siguiente manera:

1.	Para cada período bisemanal, conforme el calendario establecido en el Anexo 5, Capítulo II, Título IX de la presente Recopilación, se obtendrán los montos promedio de encaje legal requerido y constituido en efectivo y en títulos, según lo siguiente:
	1.1. El importe promedio de encaje legal requerido, en efectivo y en títulos, para los pasivos sujetos a encaje legal establecidos en el Artículo 1° de la Sección 2 del presente Capítulo, surgirá de aplicar las tasas previstas en el Artículo 4° de la Sección 1, a los saldos contables de dichos pasivos. En moneda nacional y MNUFV se deducirá el incremento de cartera correspondiente a cada moneda según lo establecido en el artículo 7°, Sección 2. Por su parte, el monto promedio requerido del encaje adicional en títulos para depósitos en moneda extranjera y MVDOL, se obtendrá mediante la diferencia entre el monto resultante de aplicar las tasas establecidas en el Artículo 5°, Sección 1. a los saldos de la base de encaje adicional (BEA) a que se refiere el Artículo 7° de la Sección 2. y el monto resultante de aplicar las mismas tasas del Artículo 5°, Sección 1. a los saldos de la base de compensación descrita en el Artículo 8° de la Sección 2. 1.2. El monto promedio de encaje legal constituido para cubrir los requerimientos indicados en el punto 1.1 precedente, con desfase de ocho (8) días, se obtendrá según lo establecido en la Sección 3. del presente Capítulo. 1.3. La diferencia entre los montos promedio de encaje legal requerido y encaje legal constituido, obtenidos de acuerdo con los puntos 1.1 y 1.2 anteriores, determinará la existencia de excedentes o deficiencias por tipo de encaje y por moneda, durante un período bisemanal.
2.	El porcentaje de multa a aplicarse a las deficiencias resultantes, será de:
	2.1. Dos por ciento (2%) de la deficiencia promedio incurrida en el período de dos semanas, o un porcentaje equivalente al doble del promedio de su tasa activa, en la denominación que corresponda a la deficiencia, vigente durante los 30 días precedentes al inicio de la deficiencia, dividido entre 26; la que sea mayor. 2.2. El doble de la multa establecida anteriormente, por cada período sucesivo de dos semanas en caso de que la deficiencia continúe, independientemente del tipo de encaje o depósito o denominación a la que correspondan dichas deficiencias.
3.	En cada período bisemanal contemplado en el calendario establecido en el Anexo 5, Capítulo II, Título IX de la presente Recopilación, las entidades de intermediación financiera deberán ejecutar el módulo del SIF que corresponde al cálculo de multas por deficiencias de encaje legal, debiendo enviar la información generada adjunto en los términos establecidos por el Artículo 2°, Sección 5 del presente Capítulo.
4.	En caso de existir deficiencias de encaje legal, el importe de multas correspondiente deberá ser abonado por la entidad de intermediación financiera infractora hasta las 12:00 horas del primer día lunes después de conocido el monto de acuerdo con el inciso 3) precedente, en la Cuenta N° 4010695761 “Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera - Multas” en el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. En el interior del país, el importe de multas deberá abonarse en el número de cuenta antes citado, mediante giro a la orden de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Una copia de la orden de traspaso por el importe abonado deberá remitirse a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero hasta las 16:00 horas del mismo día lunes, adjunto el reporte generado por el módulo de multas de encaje de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2°, Sección 5 del presente Capítulo; de no hacerlo, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en el término de 24 horas, instruirá a la Gerencia de Contabilidad del Banco Central de Bolivia efectuar el débito del importe de la multa de cualquiera de las cuentas que la entidad infractora mantenga en el Ente Emisor.
5.	La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero publicará anualmente el calendario de períodos bisemanales para el cálculo de las multas por deficiencias de encaje legal, de acuerdo al Anexo 5 antes mencionado.

Artículo 4° - Responsable.-

La constitución del encaje legal y el pago de las multas por deficiencias de encaje legal, si corresponde, es responsabilidad del Gerente de Operaciones o la instancia equivalente en la entidad.

Asimismo, el sistema que genera la información para la constitución del encaje legal, en cuanto a su seguridad, integridad, consistencia, veracidad y confiabilidad, es responsabilidad de dicho Gerente.

Artículo 5° - Auditor interno.-

El Plan de Trabajo anual del departamento de Auditoría Interna debe contemplar la realización de controles al sistema de información que genera los partes de encaje legal; estas tareas de revisión deben estar respaldadas con informes del Auditor Interno al Directorio de la entidad.

En forma mensual el Auditor Interno deberá realizar el control y la revisión íntegra del sistema que genera la información del encaje legal; adicionalmente, constatará el correcto registro de los libros auxiliares de encaje a que hace referencia el Artículo 4°, Sección 5 del presente Capítulo. Los informes emitidos sobre estos controles y aprobados por el Directorio, deberán permanecer archivados en la entidad para una posterior verificación por parte de los inspectores del Organismo Fiscalizador, junto con las instrucciones impartidas por el Directorio para subsanar las deficiencias, en los casos que corresponda.

Artículo 6° - Sanciones.-

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero controlará la veracidad de las cifras informadas electrónicamente con la documentación sustentatoria, obtenida de los saldos en libros y los saldos de la cuenta encaje que cada entidad de intermediación financiera mantenga en el Banco Central de Bolivia. En caso de verificarse diferencias imputables a las entidades de intermediación financiera, éstas quedarán obligadas a reformular la respectiva información de encaje mediante la presentación de partes rectificatorios en los términos establecidos en el Artículo 3°, Sección 5 del presente Capítulo, haciéndose pasible a las sanciones por información falsa, multas por retraso en la presentación de información y multas por deficiencia de encaje si fuera el caso.

Las infracciones a las prohibiciones y limitaciones establecidas en los Artículos 1° y 2° de la Sección 6 del presente Capítulo, serán sancionadas con la aplicación de los Artículos 29° y 58° del Título XIII, Capitulo II, Sección 2 sobre Sanciones Administrativas.

Las entidades de intermediación financiera que presenten la información diaria a que hace referencia el Artículo 1°, Sección 5 del presente Capítulo, después de las 14:00 horas (durante el mismo día), se harán pasibles a la aplicación de un día de multa por retraso en la presentación de la información, debiendo aplicarse las escalas progresivas para presentaciones posteriores a las 0:00 horas del día siguiente, en base a las disposiciones contenidas en el Capítulo I del Título XIII referente a Multas por retraso en el envío de información a ASFI.

Artículo 1° - Objeto.-

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones para la emisión y administración de los Instrumentos Electrónicos de Pago (IEP), en el ámbito de la Ley de Bancos y Entidades Financieras (LBEF), el Reglamento de Servicios de Pago (RSP) y el Reglamento de Instrumentos Electrónicos de Pago emitidos por el Banco Central de Bolivia (BCB) mediante Resoluciones de Directorio N° 121/2011 y N°126/2011 de 27 de septiembre y 4 de octubre de 2011, respectivamente y la Circular Externa SGDB N°016/2012 de 17 de abril de 2012, referida a los Requerimientos Operativos Mínimos de Seguridad para Instrumentos Electrónicos de Pago, emitida por el BCB.

Artículo 2° - Ámbito de aplicación.-

Se encuentran sujetos al ámbito de aplicación del presente Reglamento los Bancos, Fondos Financieros Privados, Mutuales de Ahorro y Préstamo, Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas y Societarias, Instituciones Financieras de Desarrollo y Empresas de Servicio de Pago Móvil (ESPM) que cuenten con licencia de funcionamiento emitida por ASFI, denominadas en el presente reglamento como emisores de IEP.

Artículo 3° - Definiciones.-

Para efectos del presente Reglamento, se utilizan las siguientes definiciones:

Administradora de IEP: Empresa que otorga al emisor de IEP el servicio de administración u otros servicios pactados contractualmente para las operaciones realizadas con IEP en territorio nacional e internacional, en establecimientos afiliados, entidades aceptantes y en cajeros automáticos, en función al contrato suscrito con el emisor del IEP.

Billetera móvil: IEP que acredita una relación contractual entre la EIF o la ESPM y el cliente por la apertura de una cuenta de pago (exclusivamente en moneda nacional) para realizar electrónicamente órdenes de pago y/o consultas con un dispositivo móvil.

Cámara Electrónica de Compensación (CEC): Se entenderá por CEC, a las cámaras de compensación señaladas en el Artículo 68 de la Ley N° 1488 , que utilizan sistemas electrónicos para el procesamiento de sus operaciones. Son Empresas de Servicios Auxiliares Financieros que tienen como único objeto el procesamiento automático y centralizado de la compensación y liquidación de instrumentos de pago.

Cliente del servicio de pago móvil: Persona natural o jurídica, que mantiene una relación contractual con la EIF o la ESPM proveedora de servicios de pago móvil.

Cliente o Titular: Persona natural o jurídica que mantiene una relación contractual con el emisor de IEP para la utilización de un IEP.

Comisión: Monto acordado contractualmente, en moneda nacional, que el emisor de IEP percibe del titular o cliente por uso y/o por servicios administrativos de un IEP.

Cuenta de pago: Es un registro asociado a un IEP que refleja las operaciones realizadas con éste.

Debida diligencia: Son las medidas relativas a la implementación de controles y procesos de supervisión interna que una entidad supervisada debe tener para saber quiénes son sus nuevos y antiguos clientes, a que se dedican y la procedencia de sus fondos.

Emisor de IEP: Entidad o Empresa autorizada por ASFI que en el desarrollo de sus actividades, emite uno o varios instrumentos electrónicos de pago y gestiona y/o administra su operativa.

Empresa de Servicios de Pago Móvil (ESPM): Persona jurídica legalmente constituida como Sociedad Anónima (S.A.) o como Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio y demás disposiciones legales correspondientes y que cuenta con licencia de funcionamiento otorgada por ASFI como Empresa de Servicio Auxiliar Financiero para realizar como giro exclusivo, servicios de pago móvil.

Empresa aceptante: Establecimiento comercial o de servicios que acepta, por cuenta propia o de terceros, el pago de bienes o servicios con uno o varios instrumentos electrónicos de pago.

Incidente de seguridad informática: Cualquier evento que atenta contra la autenticidad, confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de la información y los recursos tecnológicos.

Instrumento Electrónico de pago (IEP): Instrumento que electrónicamente permite al titular y/o usuario instruir órdenes de pago, retirar efectivo y/o efectuar consultas de cuentas relacionados con el instrumento.

Línea de crédito (Apertura de crédito): Acuerdo en virtud del cual una EIF se obliga a poner una determinada suma de dinero a disposición del acreditado para ser utilizado en un plazo determinado en operaciones de crédito directo y contingente, el acreditado a su vez, se obliga a rembolsar la suma utilizada o a cubrir el importe de las obligaciones contraídas por su cuenta, así como a pagar las comisiones, intereses y gastos convenidos contractualmente.

Medio de seguridad de acceso al servicio o clave de autenticación: Es el número de identificación personal (PIN), huella digital u otro medio válido que autentifique al titular para el uso de su IEP. El Medio de Seguridad de Acceso al Servicio o Clave de autenticación tiene carácter confidencial e intransferible.

Orden de pago: Instrucción o mensaje por el que se solicita la asignación y/o transferencia de fondos a la orden del beneficiario. Incluye las transferencias electrónicas.

Orden electrónica de transferencia de fondos: IEP que, permite realizar mediante un sistema informático y redes de comunicación, permiten al titular realizar órdenes de pago.

Servicio de pago móvil: Conjunto de actividades relacionadas con la emisión de billeteras móviles y procesamiento de órdenes de pago a través de dispositivos móviles en el marco del Reglamento de Servicios de Pago emitido por el Banco Central de Bolivia (BCB).

Tarjeta adicional: Tarjeta de débito, crédito o prepagada, emitida previa autorización del titular a favor de terceras personas, facultándolos para utilizar recursos contra la línea de crédito, un depósito en cuenta corriente o caja de ahorro del titular o cuenta de pago.

Tarjeta de pago: Tarjeta de débito, crédito o prepagada.

Tarjeta de débito: IEP que, por el mantenimiento de fondos en una cuenta corriente o de ahorro, permite realizar electrónicamente órdenes de pago, retiro de efectivo y/o consultas de la cuenta asociada.

Tarjeta de crédito: IEP que indica la otorgación de una línea de crédito a su titular. Permite realizar compras y/o extraer efectivo hasta un límite previamente acordado. El crédito otorgado se puede liquidar en su totalidad al finalizar un periodo determinado o se puede liquidar en forma parcial, tomando el saldo como crédito extendido.

Tarjeta prepagada: IEP en el que se encuentra almacenado un determinado valor, previamente pagado al emisor de IEP, mediante el que se anticipa el monto del consumo que se realizará con la tarjeta con la que se pueden realizar electrónicamente órdenes de pago hasta el valor del importe cargado.

Usuario: Es toda persona natural o jurídica que utiliza los servicios financieros de una entidad supervisada.

Artículo 4° - Instrumentos Electrónicos de Pago autorizados.-

Se consideran Instrumentos Electrónicos de Pago autorizados los siguientes:

1.	Tarjeta de débito, crédito o prepagada.
2.	Órdenes electrónicas de transferencia de fondos.
3.	Billeteras móviles.
4.	Otros IEP que el Directorio del Banco Central de Bolivia autorice.

Artículo 1° - Políticas, normas y procedimientos.-

Para la emisión y administración de los IEP, las EIF y ESPM, deben contar con políticas, normas y procedimientos formalmente aprobados por el Directorio u órgano equivalente, los mismos deben considerar como mínimo lo establecido en el Reglamento de Instrumentos Electrónicos de Pago (RIEP) y el Reglamento de Servicios de Pago (RSP), emitidos por el BCB.

Artículo 2° - Política de gestión de riesgos relacionados con IEP.-

Los emisores de IEP deben contar con políticas formalmente aprobadas por su Directorio u órgano equivalente, para la gestión de los riesgos de liquidez, operativo, crediticio y otros relacionados con los IEP, a objeto de establecer los mecanismos apropiados para identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar los riesgos a los que están expuestos.

Es responsabilidad del Directorio u órgano equivalente, establecer, aprobar, revisar y realizar el seguimiento y vigilancia de las estrategias y políticas con relación a los riesgos relacionados con los IEP.

La Unidad de Gestión de Riesgos u órgano equivalente es responsable por la implementación y ejecución de las disposiciones establecidas en las políticas y procedimientos de riesgos determinados por el Directorio u órgano equivalente.

Artículo 3° - Prevención, detección y control de legitimación de ganancias ilícitas.-

La EIF o ESPM deberá aplicar para todos sus servicios relacionados a IEP, la política “Conozca a su cliente”, respecto al cliente o titular, así como los procedimientos de Debida Diligencia y demás disposiciones emitidas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), relativas a la Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas; debiendo considerar mínimamente los datos de identificación y toda documentación pertinente relacionada con el conocimiento del cliente.

Artículo 4° - Cargos y comisiones.-

Los conceptos por cargos y comisiones aplicables a los IEP, serán definidos por el BCB de acuerdo a lo señalado en los RSP y RIEP

. Los cargos y comisiones aplicables a los IEP deben ser aprobados anualmente por los niveles correspondientes en las entidades emisoras, la EIF o ESPM debe publicar el tarifario vigente señalando todos los IEP y servicios que ofrece.

Artículo 5° - Requisitos mínimos de seguridad de los sistemas informáticos.-

Los sistemas que soportan la operativa de los IEP utilizados para la emisión y administración, deben cumplir mínimamente con los siguientes requisitos:

1.	Registro, seguimiento, control, respaldo y resguardo de la información asociada a las transacciones realizadas con los IEP.
2.	Control de límites en las transacciones, por restricciones de monto establecidos por el titular y/o usuario o por restricciones normativas (límites de crédito, sobregiros, retenciones, etc.)
3.	Provisión de información necesaria para la conciliación de las transacciones efectuadas y de comprobantes de transacciones efectuadas en terminales.
4.	Mecanismos de identificación, medición y control de los riesgos operacionales asociados.
5.	Mecanismos de control e identificación de transacciones sospechosas.
6.	Mecanismos de seguridad para garantizar la realización de transacciones sólo por el cliente o titulares y/o usuarios habilitados y la existencia de mecanismos continuos para el bloqueo de transacciones.
7.	Mecanismos físicos y lógicos de seguridad para controlar que se ejecuten todas las operaciones que se inician, debiendo estar en condiciones de detectar cualquier alteración o intervención a la información transferida, entre el punto en que ésta se origina y aquel en que es recibida por el destinatario.
8.	Mecanismos que permitan registrar los incidentes de seguridad informática que afecten a los sistemas informáticos.
9.	Configuración de seguridad de cuentas de usuarios y contraseñas que permitan: 9.1 El bloqueo de la cuenta de usuario en caso de introducir tres intentos erróneos de inicio de sesión, 9.2 Realizar el cambio periódico de contraseña, 9.3 Validar el historial de contraseñas que evite el uso repetido de una misma contraseña, y 9.4 Utilizar un largo mínimo y complejidad de contraseña (en los casos que aplique).
10.	Implementar mecanismos de seguridad al brindar servicios de pago considerando los requerimientos establecidos en el estándar PCI-DSS (Payment Card Industry - Data Security Standard).
11.	Cumplir con lo establecido en el Reglamento de Requisitos Mínimos de Seguridad Informática contenido en el Capítulo XII, Título X de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras (RNBEF) para administrar los sistemas de información y la tecnología que soporta la emisión y administración de los servicios de IEP.
12.	Cumplir con lo establecido en la Sección 4, Capítulo XII, Título X de la RNBEF, referida a las Transferencias y Transacciones Electrónicas.

Artículo 6° - Infraestructura tecnológica.-

Toda la infraestructura de tecnología de información, debe garantizar la continuidad operacional frente a eventos fortuitos y deliberados, debiendo contar con un Plan de Contingencias Tecnológico debidamente probado.

Artículo 7° - Contenido de la información a remitir.-

Los emisores de IEP deben remitir a ASFI información sobre las operaciones realizadas con IEP, con la periodicidad y forma establecida en el Reglamento para el Envío de Información a ASFI, contenido en la RNBEF.

Artículo 8° - Manejo de la información.-

La información que el emisor de IEP intercambie con terceros relacionados con la emisión, administración y/o compensación de IEP debe estar sujeta al secreto bancario previsto en el Artículo 333 de la Constitución Política del Estado, el Artículo 86 de la Ley N°1488 de Bancos y Entidades Financieras (LBEF) (Texto Ordenado) y podrá ser levantado únicamente cuando se cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 87 de la citada ley, o lo estipulado en el Artículo 20 de la Ley N°004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.

Artículo 9° - Contrato entre el Emisor de IEP y el Cliente o Titular.-

ASFI, verificará en visitas de inspección que los contratos suscritos entre el emisor de IEP y el cliente o titular, establezcan el funcionamiento y la operativa con un IEP.

Establecidos los cargos y las comisiones descritos en los contratos suscritos entre el emisor de IEP y el cliente o titular, los mismos no pueden ser modificados unilateralmente de acuerdo a lo establecido en la Ley de Bancos y Entidades Financieras.

Las modificaciones a los contratos deben efectuarse previo consentimiento de las partes intervinientes, instrumentándose mediante la suscripción de un nuevo contrato o adenda.

Artículo 10° - Relación entre el Emisor de IEP y la Administradora de IEP .-

Los emisores de IEP que tercericen la administración de los IEP, deben suscribir contratos con las Administradoras de IEP, dichos contratos deben contemplar lo establecido en el RIEP emitido por el BCB e incorporar como mínimo lo siguiente:

1.	El detalle de servicios a ser contratados
2.	Cláusulas de confidencialidad de la información
3.	Seguridad y confiabilidad de sus sistemas y procedimientos operativos
4.	Derechos y responsabilidades

Artículo 11° - Compensación y Liquidación de Operaciones con IEP.-

Cuando la operativa de un IEP relacione a dos o más emisores, la compensación y liquidación de operaciones debe adecuarse a la normativa para la compensación y liquidación emitida por el BCB y ASFI.

Artículo 12° - Relación entre el Emisor de IEP y las Empresas Aceptantes.-

Todo emisor de IEP que mantenga una relación directa con las empresas aceptantes, tiene la obligación de suscribir contratos de servicios, los mismos deben contemplar lo establecido en el RIEP emitido por el BCB e incorporar como mínimo:

1.	La responsabilidad de pago de los emisores de IEP a las entidades aceptantes en los plazos convenidos, por el monto de las ventas o servicios.
2.	Modalidad de pago de los emisores de IEP a los aceptantes, que podrá consistir en pagos al contado o dentro de los plazos determinados por las partes.
3.	Las medidas que las partes acuerden tendientes a precautelar la integridad y certeza de los pagos efectuados por medio de IEP, así como el uso indebido de IEP, ya sea porque no se encuentra vigente o por cualquier otra causa.

Artículo 13° - Publicidad para IEP.-

Para emitir publicidad respecto a los IEP, el emisor de IEP debe considerar lo establecido en el Reglamento de Publicidad, Promoción y Material Informativo contenido en la RNBEF. Adicionalmente, la entidad emisora de IEP debe emitir publicidad concreta, fidedigna y no engañosa, que recoja las condiciones necesarias y adecuadas del producto o servicio publicitado, sin que la misma induzca o pueda inducir a error a sus destinatarios.

En general la publicidad debe realizarse de forma tal, que se logre trasmitir con plena claridad toda la información. Para ello, se deben evitar manifestaciones o presentaciones visuales que directa o indirectamente, por afirmación, omisión o imprecisión, puedan inducir a confusión al cliente o titular, teniendo presente la naturaleza y características de los IEP y sus servicios asociados, así como al público a quien va dirigido el mensaje y el medio a utilizar.

Artículo 14° - Obligaciones del emisor de IEP.-

Los emisores de IEP deben cumplir con las siguientes obligaciones:

1.	Identificar al cliente o titular.
2.	Informar al cliente o titular sobre: 2.1 Las características del servicio. 2.2 Los derechos y obligaciones en el uso del IEP.
3.	Cumplir con lo establecido en el Capítulo XXI, Título I de la RNBEF referido al Reglamento para Entidades de Intermediación Financiera que actúan como tomadores de Seguros Colectivos.
4.	Hacer entrega de un ejemplar del contrato al cliente o titular una vez suscrito el mismo.
5.	Contar con sistemas de información y bloqueo que le permitan al cliente o titular evitar que se produzcan eventuales transacciones no autorizadas como consecuencia de robo, clonación o pérdida del IEP, para el efecto el cliente o titular debe contar con los medios que le permitan: 5.1 Notificar en forma gratuita al emisor de IEP, durante las 24 horas del día, el robo, clonación, fraude o pérdida, según corresponda a las características de su IEP. 5.2 Realizar y registrar reclamos a través del Punto de Reclamo (PR).
6.	Remitir al BCB tarifas (cargos y comisiones) aplicables al uso de un IEP, para su aprobación según lo establecido en el RIEP emitido por el BCB.
7.	Poner a disposición del cliente o titular de IEP, servicios de información que le permitan verificar en cualquier momento las transacciones efectuadas.
8.	Cumplir con lo establecido en la Sección 2, Capítulo I, Título XI de la RNBEF, referido a los derechos del cliente y del usuario en el marco del Reglamento para la Atención del Cliente y Usuario.
9.	Utilizar mecanismos para que el Medio de Seguridad de Acceso al Servicio o Clave de autenticación se entregue o dé a conocer exclusivamente al cliente o titular.
10.	Publicar en lugares visibles en cada una de sus oficinas centrales, sucursales, agencias y en sus sitios web, las modalidades de uso, los montos máximos permitidos por transacción, los cargos y comisiones por uso del servicio para IEP.
11.	Conservar debidamente, los registros y documentos referentes a sus operaciones, microfilmados o registrado en medios magnéticos y electrónicos, por un período no menor a diez (10) años, desde la fecha del último asiento contable.
12.	Cumplir con lo establecido en el RIEP y RSP, emitidos por el BCB.

Artículo 15° - Prohibiciones para el emisor de IEP.-

El emisor de IEP no podrá:

1.	Suspender o restringir el uso de un IEP o las cuentas asociadas al IEP, sin conocimiento del cliente o titular.
2.	Condicionar el otorgamiento de IEP, a la contratación de seguros o de cualquier otro servicio accesorio que ofrezca el emisor de IEP.
3.	Emitir IEP no solicitados por el cliente o titular.
4.	Realizar cobros por comisiones o recargos que no impliquen un servicio adicional para el cliente o titular de IEP.
5.	Inutilizar las tarjetas de pago retenidas en los cajeros automáticos que se encuentren vigentes, éstas deben ser devueltas al cliente o titular, bajo las medidas de seguridad que corresponda.
6.	Emitir tarjetas de débito para cuentas corrientes o de ahorro que mantengan firma conjunta.

Artículo 1° - Emisión.-

La emisión de tarjetas de pago podrá realizarse de acuerdo al siguiente detalle:

1.	Los Bancos que cuenten con licencia de funcionamiento podrán emitir tarjetas de débito y crédito sin autorización expresa de ASFI.
2.	Los Fondos Financieros Privados, Mutuales de Ahorro y Préstamo, Cooperativas de Ahorro y Crédito (Abiertas o Societarias) e Instituciones Financieras de Desarrollo que cuenten con licencia de funcionamiento, podrán emitir tarjetas de débito sin autorización expresa de ASFI.
3.	Para la emisión de tarjetas de crédito, los Fondos Financieros Privados, Mutuales de Ahorro y Préstamo, Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas e Instituciones Financieras de Desarrollo que cuenten con licencia de funcionamiento, deben contar con la autorización previa y expresa de ASFI, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Apertura de Sección de Cuentas Corrientes y Tarjetas de Crédito para Entidades no Bancarias.
4.	Para la emisión de tarjetas prepagadas, los Bancos, Fondos Financieros Privados, Mutuales de Ahorro y Préstamo, Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas e Instituciones Financieras de Desarrollo que tengan licencia de funcionamiento, deben contar con la autorización previa y expresa de ASFI, de acuerdo a lo establecido en la Sección 6 del presente Reglamento.

Artículo 2° - Uso de la tarjeta de pago.-

La tarjeta de pago podrá ser utilizada para realizar las siguientes operaciones:

a)	Retiros de efectivo de cajas de ahorro, cuentas corriente o líneas de crédito.
b)	Depósitos de efectivo en cajas de ahorro, cuentas corrientes o líneas de crédito.
c)	Carga y efectivización del IEP asociado a cuentas de pago.
d)	Pagos con el IEP.
e)	Transferencia de fondos a otra cuenta u otro IEP.
f)	Consulta de movimientos y saldos.

Artículo 3° - Información contenida en las tarjetas de pago (Plástico).-

Las tarjetas de pago emitidas deben contener mínimamente la siguiente información:

Información Mínima	Tarjeta de Débito	Tarjeta de Crédito	Tarjeta Prepagada
Identificación del emisor de IEP	√	√	√
Número único de identificación asignado a la tarjeta	√	√	√
Fecha de emisión	X	√	X
Fecha de vencimiento	√	√	√
Nombre del cliente o titular, en caso de tratarse de una persona jurídica se debe incluir el nombre del representante legal autorizado	X	√	X
Identificación de las marcas internacionales a las que está afiliada	√	√	√
Información importante que el emisor de IEP quiere dar a conocer al cliente o titular (Ej. Números de Teléfono del Centro de Atención al Cliente, Medidas de Seguridad, etc.)	√	√	√

Artículo 4° - Contrato de los emisores de IEP con los titulares de tarjetas de crédito.-

El emisor de IEP debe suscribir un contrato con el cliente o titular de la tarjeta de crédito, el cual debe contemplar mínimamente lo siguiente:

1.	Plazo de vigencia, que podrá ser indefinido.
2.	Operaciones permitidas.
3.	Condiciones y procedimientos para rescindir el contrato de uso de la tarjeta de crédito.
4.	Procedimiento para la impugnación de cargos no autorizados por el cliente o titular o cualquier otro reclamo.
5.	Las modalidades y condiciones aplicables al cobro de comisiones, cargos y/o intereses.
6.	Derechos y obligaciones del cliente o titular.
7.	En caso de que el cliente o titular de una tarjeta de crédito sea una persona jurídica, en el contrato se debe indicar el nombre del representante legal autorizado.
8.	Tipo de interés aplicable y su forma de cálculo, según lo establece el Capítulo XVI, Título IX de la RNBEF, referido al Reglamento de Tasas de Interés.

Artículo 5° - Contrato de los emisores de IEP con los titulares de tarjetas de débito.-

El emisor de IEP debe suscribir un contrato con el titular de la tarjeta de débito, el cual debe contemplar mínimamente lo siguiente:

1.	Plazo de vigencia, que podrá ser indefinido.
2.	Operaciones permitidas.
3.	Procedimiento para la impugnación de cargos no autorizados por el titular o cualquier otro reclamo.
4.	Las modalidades y condiciones aplicables al cobro de comisiones y/o cargos.
5.	Medidas de seguridad relacionadas con el uso de la tarjeta de débito.
6.	Derechos y obligaciones del cliente o titular.
7.	En caso de que el cliente o titular de una tarjeta de débito sea una persona jurídica, en el contrato se debe indicar el nombre del representante legal autorizado.

Artículo 6° - Contrato de los emisores de IEP con los titulares de tarjetas prepagadas.-

El emisor de IEP debe suscribir un contrato con el titular de la tarjeta prepagada, el cual debe contemplar mínimamente lo siguiente:

1.	Plazo de vigencia, que podrá ser indefinido.
2.	Operaciones permitidas.
3.	Procedimiento para la impugnación de cargos no autorizados por el titular o cualquier otro reclamo.
4.	Las modalidades y condiciones aplicables al cobro de comisiones y/o cargos.
5.	Medidas de seguridad relacionadas con el uso de la tarjeta prepagada.
6.	Derechos y obligaciones del cliente o titular.

Artículo 7° - Constancia de recepción de tarjeta de pago.-

El emisor de IEP debe tener constancia escrita, por parte del cliente o titular, de la recepción de la tarjeta de pago y de las tarjetas adicionales solicitadas, si corresponde. Asimismo, debe mantener una copia del contrato debidamente firmada por el cliente o titular.

Artículo 8° - Reportes a remitir al titular de tarjetas de crédito.-

El emisor de IEP debe enviar al cliente o titular de una tarjeta de crédito, en los periodos acordados contractualmente un reporte de las operaciones realizadas con el IEP.

La periodicidad de envío del estado de cuenta será acordado entre el emisor de IEP y el cliente o titular, el mismo debe realizarse por el medio de comunicación elegido por el cliente o titular y debe contener como mínimo la siguiente información:

1.	Período del estado de cuentas.
2.	Fecha de emisión del estado de cuenta y de vencimiento de la cuota u obligación de pago del cliente o titular.
3.	Límite de compra y límite de financiación.
4.	Crédito utilizado y crédito disponible.

Adicionalmente, el emisor de IEP debe cumplir con el contenido de los reportes según lo establece el Capítulo XVI, Título IX de la RNBEF, referido al Reglamento de Tasas de Interés.

Artículo 9° - Requerimientos operativos mínimos de seguridad para tarjetas de pago.-

Las EIF deben cumplir con lo determinado en los Requerimientos Operativos Mínimos de Seguridad para Tarjetas de Pago, emitido por el BCB a través de Circular Externa SGDB N°016/2012 de 17 de abril de 2012, para la aplicación de estándares y buenas prácticas en los sistemas de pago que operan con IEP.

Artículo 10° - Estándar de tarjetas con microprocesador Europay Mastercard and Visa (EMV).-

Las EIF deben contar con la Tecnología de Tarjetas Inteligentes con Microprocesador EMV, para Tarjetas de Débito y Crédito en los plazos establecidos en el cronograma contenido en la Sección 8 del presente Reglamento.

Artículo 11° - Reporte de cumplimiento al cronograma de migración al estándar EMV.-

Las EIF deben remitir a esta Autoridad de Supervisión, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de cumplida la fecha límite establecida para cada hito en el cronograma de migración al estándar EMV de tarjetas de débito y crédito, un informe emitido por el Gerente General o su equivalente, refrendado por el Auditor Interno de la entidad, que señale el cumplimiento al hito en el plazo establecido.

Artículo 1° - Características.-

Las Ordenes Electrónicas de Transferencia de Fondos (OETF) son IEP que, mediante un sistema informático y redes de comunicación, permiten al titular realizar órdenes de pago asociadas a sus cuentas corrientes o de ahorro.

Artículo 2° - Uso.-

A través de las Órdenes Electrónicas de Transferencia de Fondos se podrán realizar:

1.	Transferencia electrónica de fondos: Operación electrónica mediante la cual el cliente o titular debita fondos de su cuenta para transferirlos a una cuenta determinada.
2.	Débitos automáticos: Operación electrónica mediante la cual a requerimiento del cliente o titular el emisor de IEP debita fondos de la cuenta del titular para abonarlos a una cuenta determinada. Los débitos automáticos deben contar con autorización expresa del titular de la cuenta a ser debitada.

Artículo 3° - Operativa.-

Las OETF podrán operar por al menos uno de los siguientes medios, cumpliendo los requisitos de seguridad establecidos para cada caso por el emisor de IEP:

1.	Instalaciones físicas de la entidad de intermediación financiera: La orden electrónica de transferencia de fondos es realizada por el cliente o titular a través del llenado de formularios físicos y la atención personalizada de un funcionario en instalaciones de una entidad de intermediación financiera.
2.	Portales de internet: La orden electrónica de transferencia de fondos es realizada por el titular accediendo a su cuenta mediante un ordenador que se conecta al sitio web de la entidad de intermediación financiera.
3.	Banca Móvil: La orden electrónica de transferencia de fondos es realizada por el cliente o titular accediendo a su cuenta mediante un dispositivo móvil que se conecta al servidor de la entidad de intermediación financiera.
4.	Cajeros automáticos: La orden electrónica de transferencia de fondos es realizada por el titular accediendo a su cuenta mediante un cajero automático que se conecta al servidor de la entidad de intermediación financiera.

Artículo 4° - Relación contractual.-

El emisor de OETF y el titular deben suscribir un contrato para operar a través de OETF, el cual debe contemplar mínimamente lo siguiente:

1.	Plazo de vigencia, que podrá ser indefinido.
2.	Operaciones permitidas.
3.	Condiciones y procedimientos para rescindir el contrato de uso de OETF.
4.	Procedimiento para la impugnación de transacciones no autorizadas por el cliente o titular o cualquier otro reclamo.
5.	Las modalidades y condiciones aplicables al cobro de comisiones y cargos.
6.	Medidas de seguridad relacionadas con el uso de las OETF.
7.	Derechos y obligaciones del cliente o titular.

Artículo 5° - Publicación de procedimiento y tarifas.-

Las EIF, deben publicar en lugares visibles en todas sus agencias y en sus portales de internet si corresponde, los procedimientos para acceder al servicio de OETF y las tarifas correspondientes por la prestación de servicios.

Artículo 6° - Requerimientos operativos mínimos de seguridad para órdenes electrónicas de transferencia de fondos.-

Las EIF deben cumplir con lo determinado en los Requerimientos Operativos Mínimos de Seguridad para Órdenes Electrónicas de Transferencia de Fondos, emitido por el BCB a través de Circular Externa SGDB N°016/2012 de 17 de abril de 2012, para la aplicación de estándares y buenas prácticas en los sistemas de pago que operan con IEP.

Artículo 1° - Autorización para emitir billeteras móviles.-

La emisión de billeteras móviles podrá realizarse de acuerdo al siguiente detalle:

1.	La entidad de intermediación financiera que cuente con licencia de funcionamiento podrá ofrecer los servicios de pago móvil, previa no objeción de ASFI, a este efecto debe cumplir con lo establecido en la Sección 3 del Reglamento para la Constitución, Funcionamiento, Disolución y Clausura de las proveedoras de Servicio de Pago Móvil, contenido en la RNBEF.
2.	La Empresa de Servicio de Pago Móvil debe contar con Licencia de Funcionamiento emitida por ASFI, a este efecto debe cumplir con lo establecido en la Sección 2 del Reglamento para la Constitución, Funcionamiento, Disolución y Clausura de las proveedoras de Servicio de Pago Móvil, contenido en el Capítulo XX, del Título I, de la RNBEF.

Artículo 2° - Características de la billetera móvil.-

La billetera móvil tiene las siguientes características:

1.	Está asociada a una cuenta de pago en la que se registran las operaciones realizadas.
2.	El dinero almacenado en la billetera móvil no constituye un depósito, por tanto, no genera intereses.

Artículo 3° - Operaciones permitidas con la billetera móvil.-

Las entidades de intermediación financiera que cuenten con la no objeción de ASFI y las ESPM, podrán realizar las operaciones que se detallan a continuación:

1.	Carga de billetera móvil: Operación mediante la cual se asigna electrónicamente un valor monetario (dinero electrónico) a una billetera móvil.
2.	Efectivización del dinero electrónico: Operación de conversión del valor monetario almacenado en una billetera móvil por dinero físico.
3.	Transferencia de dinero electrónico: Operación de transferencia de fondos de cuentas de pago a líneas de crédito o para depósito a cuentas corrientes o cuentas de ahorro. Asimismo, se podrá realizar transferencias de fondos de líneas de crédito, cuentas corrientes o cuentas de ahorro a cuentas de pago.
4.	Consultas sobre saldos y transacciones: Operación mediante la cual un cliente puede solicitar información relacionada con las transacciones realizadas con su billetera móvil.

Otras operaciones relacionadas con las billeteras móviles podrán ser realizadas, previa autorización de ASFI.

Artículo 4° - Monto límite por operación con billetera móvil.-

El monto máximo por operación con billetera móvil debe ser fijado en función al límite establecido en el Artículo 9° del RIEP emitido por el BCB.

Artículo 5° - Relación contractual.-

Para realizar operaciones con la billetera móvil se debe suscribir un contrato entre el emisor de IEP y el cliente, el servicio se mantendrá vigente mientras lo esté el contrato, pudiendo ser renovado o rescindido en los plazos y condiciones establecidos contractualmente.

Artículo 6° - Reportes a remitir al titular de billetera móvil.-

El emisor de IEP debe enviar al cliente o titular de una billetera móvil, en los períodos acordados contractualmente un reporte de las operaciones realizadas con el IEP.

La periodicidad de envío del estado de cuenta será acordado entre el emisor de IEP y el cliente o titular, el mismo debe realizarse por el medio de comunicación elegido por el cliente o titular y contener como mínimo la siguiente información:

1.	Período del estado de cuentas.
2.	Saldo a la fecha de corte.

Artículo 7° - Requerimientos operativos mínimos de seguridad para billetera móvil.-

Las EIF y ESPM deben cumplir con lo determinado en los Requerimientos Operativos Mínimos de Seguridad para Billetera Móvil, emitido por el BCB a través de Circular Externa SGDB N°016/2012 de 17 de abril de 2012, para la aplicación de estándares y buenas prácticas en los sistemas de pago que operan con IEP.

Artículo 1° - Autorización para la emisión de tarjetas prepagadas.-

Los Bancos, Fondos Financieros Privados, Mutuales de Ahorro y Préstamo, Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas e Instituciones Financieras de Desarrollo que cuenten con licencia de funcionamiento emitida por ASFI podrán emitir tarjetas prepagadas, previa autorización expresa de ASFI.

Artículo 2° - Características de la tarjeta prepagada.-

La tarjeta prepagada tiene las siguientes características:

1.	Está asociada a una cuenta de pago en la que se registrarán las operaciones realizadas.
2.	El dinero almacenado en la tarjeta prepagada no constituye un depósito, por tanto, no genera intereses.

Artículo 3° - Monto límite por operación con tarjetas prepagadas.-

El monto máximo por operación con tarjetas prepagadas debe ser fijado en función al límite establecido en el Artículo 9° del RIEP emitido por el BCB.

Artículo 4° - Requisitos documentales.-

Para obtener la no objeción expresa de ASFI, la entidad debe remitir una solicitud a ASFI adjuntando la siguiente documentación:

1.	Informe del Gerente General dirigido al Directorio y refrendado por el Auditor Interno que indique que la EIF cumple con los límites establecidos en los artículos 47° y 52° de la LBEF y que no mantiene notificaciones de cargos pendientes, es decir de valoración y emisión de resolución, ni sanciones impuestas por ASFI, pendientes de cumplimiento.
2.	Copia del Acta de reunión de Directorio u órgano equivalente de la entidad, en la que se evidencie que dicha instancia aprobó que la entidad proceda con los trámites de autorización respectivos ante ASFI para la apertura de la nueva sección, verificando la existencia de todos los requisitos detallados en el Artículo 4° de la presente Sección.
3.	Informe de la unidad de gestión de riesgos o unidad equivalente de la entidad, respecto a la administración (identificación, medición, monitoreo, control y divulgación) de los riesgos asociados a la nueva operación.
4.	Copia de los contratos modelo que serán suscritos con los clientes o titulares, con establecimientos comerciales y con los administradores de tarjetas prepagadas.
5.	Informe del Gerente General refrendado por Auditoría Interna que verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos anteriormente.

Artículo 5° - Requisitos operativos.-

Para obtener la no objeción de ASFI, la entidad solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos:

1.	Plan de Contingencias que garantice la continuidad operativa del servicio.
2.	Estructura de costos y tarifarios a ser aplicados para los servicios habilitados para tarjetas prepagadas.
3.	Procedimientos para la atención de reclamos de los clientes o titulares de las tarjetas prepagadas.
4.	Políticas de gestión de riesgo de liquidez y riesgo operativo relacionadas con las tarjetas prepagadas.
5.	Política “Conozca a su cliente” respecto al cliente o titular, que permita la prevención, detección, control y reporte de legitimación de ganancias ilícitas.
6.	Detalle de controles operativos implementados para asegurar la prestación de los servicios para tarjetas prepagadas.
7.	Reglamentos y Manuales Operativos: 7.1 Reglamento interno de operaciones que incluya al menos: i. La definición, descripción y alcance del servicio en detalle. ii. Derechos, obligaciones y responsabilidades de los titulares de tarjetas prepagadas. iii. Procedimientos para la determinación, modificación y difusión de sus tarifas. iv. Procedimientos para la prevención, detección, control y reporte de legitimación de ganancias ilícitas. 7.2 Manual de Organización y Funciones con descripción de cargos señalando los requisitos funciones, atribuciones y responsabilidades para cada uno de ellos.
8.	Contar con sistemas de información que garanticen un adecuado procesamiento de la información y que cuenten con niveles de seguridad apropiados.
9.	No encontrarse en procesos de regularización, por las causales establecidas en el Artículo 112° de la Ley N° 1488 de Bancos y Entidades Financieras.
10.	Mantener una relación contractual con una Administradora de IEP y cumplir con los requisitos que ésta solicite.

Artículo 6° - Evaluación de la solicitud.-

ASFI en un plazo de 30 días hábiles administrativos evaluará la solicitud de autorización para que la EIF pueda realizar la emisión de tarjetas prepagadas, tomando en cuenta el cumplimiento de los requisitos y documentación establecidos en el presente Reglamento, pudiendo efectuar visitas de inspección complementarias para constatar la veracidad de la información proporcionada por la entidad.

Dicha evaluación considerará, además de la documentación remitida por la entidad, los antecedentes de la entidad de intermediación financiera referidos a su desempeño financiero, cumpliendo con la normativa vigente y de políticas internas formalmente aprobadas por su Directorio u órgano equivalente en la entidad, estructura de gobierno corporativo y sistemas de control interno.

En caso de existir observaciones, éstas serán comunicadas por escrito a la entidad supervisada fijando plazo para su regularización.

Artículo 7° - Emisión de no objeción.-

Una vez evaluada la solicitud o regularizadas las observaciones, ASFI emitirá la no objeción con Resolución expresa, para que la EIF pueda realizar la emisión de tarjetas prepagadas.

Artículo 8° - Rechazo de la solicitud.-

En caso de que la EIF no cumpla con los requisitos documentales y operativos detallados en los Artículos 3° y 4° respectivamente, ASFI rechazará la solicitud de autorización, con Resolución expresa, no pudiendo la EIF realizar la emisión de tarjetas prepagadas.

Artículo 1° - Responsabilidad. -

El Gerente General o su equivalente en la entidad emisora de IEP, es responsable por el cumplimiento y difusión interna del presente Reglamento, por tanto, es responsable de las infracciones determinadas mediante procedimiento sancionatorio.

Artículo 2° - Infracciones.-

Se considerarán como infracciones específicas las siguientes:

1.	Cuando la entidad de intermediación financiera emita IEP sin previa autorización de ASFI, según corresponda.
2.	Cuando la empresa de servicios de pago móvil emita IEP sin contar con licencia de funcionamiento emitida por ASFI.
3.	Cuando el emisor de IEP no suscriba contratos con los clientes o titulares de los IEP, en los que se especifique claramente los derechos, obligaciones y responsabilidades a los que se sujeta la prestación de sus servicios.
4.	Cuando el emisor de IEP no permita al cliente o titular notificar el robo, clonación o pérdida de su IEP.
5.	Cuando el emisor de IEP modifique unilateralmente los contratos suscritos para la prestación de servicios a través de IEP.
6.	Cuando el emisor de IEP sin orden judicial cierre, restrinja en su uso o suspenda cuentas que sustentan IEP, mientras el mismo se mantenga vigente y/o cuente con fondos.
7.	Cuando el emisor de IEP suspenda o restrinja el uso de un IEP, sin conocimiento del cliente o titular.
8.	Cuando el emisor de IEP condicione el otorgamiento de un IEP, a la contratación de seguros o de cualquier otro servicio accesorio que ofrezca.
9.	Cuando el emisor de IEP asigne al cliente o titular un instrumento electrónico de pago no solicitado.
10.	Cuando el emisor de IEP no permita al cliente o titular realizar y registrar reclamos a través del Punto de Reclamo (PR).
11.	Cuando el emisor de IEP no proporcione al cliente o titular un documento de respaldo de las operaciones realizadas con su instrumento electrónico de pago.
12.	Cuando el emisor de IEP no responda ante los órganos de supervisión, vigilancia y el cliente o titular por fallas operacionales, de seguridad o contingencias ocurridas en los servicios asociados a los IEP.
13.	Cuando el emisor de IEP incumpla con las condiciones del servicio establecidas contractualmente con los clientes o titulares, incluyendo horarios y la forma del servicio prestado.
14.	Cuando el emisor emita un IEP asociado a cuentas con firma conjunta.
15.	Cuando la entidad de intermediación financiera inutilice o destruya las tarjetas de pago vigentes retenidas en sus cajeros automáticos.
16.	Cuando el emisor de IEP no cumpla con lo establecido en el Artículo 3, Sección 2 del presente Reglamento.
17.	Cuando el emisor de IEP no cumpla con lo establecido en el Reglamento de Tasas de Interés contenido en la RNBEF, el RIEP y RSP, ambos emitidos por el BCB en el ámbito de su competencia.
18.	Cuando la EIF como emisor de Tarjetas de Débito y Crédito no cumpla con cualquiera de los plazos establecidos para los hitos en el cronograma contenido en la Sección 8 del presente Reglamento.

Artículo 3° - Procedimiento sancionatorio.-

Cuando el emisor de IEP incurra en alguna de las infracciones establecidas en el Artículo 2° de la presente Sección o las establecidas en el Reglamento del Régimen de Infracciones y Sanciones para las Actividades Relacionadas al Control y Prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, contenido en el Decreto Supremo No. 910 de 15 de junio de 2011, lo cual dará lugar a la aplicación del proceso administrativo sancionatorio establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341 de 23 de abril de 2002 y en el Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera “SIREFI” aprobado mediante Decreto Supremo Nº 27175 de 15 de septiembre de 2003.

El incumplimiento o inobservancia al presente Reglamento dará lugar a la aplicación del Artículo 99° de la Ley N° 1488 de Bancos y Entidades Financieras (Texto Ordenado) y del Reglamento de Sanciones Administrativas contenido en la RNBEF.

Si dentro del procedimiento administrativo se comprueba la infracción determinada en el numeral 18 del Artículo 2 de la presente Sección, la misma dará lugar a la aplicación de la sanción de multa al Gerente General según lo establecido en el numeral 5 del Artículo 99° de la Ley N° 1488 de Bancos y Entidades Financieras(Texto Ordenado).

Artículo 1° - Plazo de Adecuación.-

Los emisores de IEP, deben adecuarse a lo determinado en el presente Reglamento hasta el 31 de octubre de 2012.

Artículo 2° - Adecuación de contratos.-

El emisor de IEP debe suscribir adendas a los contratos pactados con anterioridad, dando cumplimiento a lo establecido en el presente Reglamento.

La entidad supervisada debe mantener los contratos de las tarjetas de pago a disposición de ASFI, y presentarlos cuando esta lo requiera.

Artículo 3° - Cronograma de Migración al Estándar de Tarjetas con Microprocesador EMV.-

Las EIF deben desarrollar el proceso de migración de la Tecnología de Banda Magnética a Tarjetas Inteligentes con Chip EMV, para Tarjetas de Débito y Crédito, según los plazos detallados a continuación:

Fecha	Descripción
31/10/2012	Límite para la emisión de Tarjetas de Crédito con banda magnética. Pasada esta fecha, toda emisión de Tarjeta de Crédito debe contar con tecnología EMV.
01/12/2012	A partir de esta fecha, los comercios deben aplicar en los nuevos procesos de autorización los datos almacenados en el Chip en reemplazo de los datos de la banda magnética.
01/12/2012	A partir de esta fecha, los puntos de venta en comercios (POS) deben contar con tecnología EMV.
28/02/2013	Límite para la emisión de Tarjetas de Débito con banda magnética. Pasada esta fecha, toda emisión de Tarjeta de Débito debe contar con tecnología EMV.
28/02/2013	Límite para que las Tarjetas de Crédito con banda magnética sean reemplazadas por tarjetas con tecnología EMV.
01/03/2013	A partir de esta fecha los cajeros automáticos (ATM) deben ser capaces de procesar transacciones en base a tecnología EMV
31/12/2013	Límite para que las Tarjetas de Débito con banda magnética sean reemplazadas por tarjetas con tecnología EMV.

Artículo 1°- Objeto.-

El presente Capítulo tiene por objeto establecer directrices básicas que mínimamente las entidades de intermediación financiera y las empresas de servicios auxiliares financieros deben cumplir respecto a la gestión integral de riesgos.

Artículo 2°- Ámbito de aplicación:

Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo son de aplicación obligatoria para todas las entidades de intermediación financiera y empresas de servicios auxiliares financieros con personalidad jurídica que cuenten con licencia de funcionamiento emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en adelante la entidad supervisada.

La aplicación por parte de las entidades supervisadas antes mencionadas, se efectuará de acuerdo a los riesgos a los cuales se encuentran expuestas, según se dispone en la normativa específica desarrollada para cada tipo de riesgo.

Artículo 3°- Definiciones.-

A efectos de las disposiciones contenidas en el presente Capítulo, se considerarán las siguientes definiciones:

Alta Gerencia: Gerente general y gerentes de área o instancias equivalentes que conforman el plantel ejecutivo de la entidad supervisada.

Comité de gestión integral de riesgos: Es el Órgano creado por la entidad supervisada, responsable del diseño de las políticas, sistemas, metodologías, modelos y procedimientos para la eficiente gestión integral de los riesgos –crediticio, de mercado, liquidez, operativo, legal y otros- y de proponer los límites de exposición a éstos.

Este Comité está integrado al menos por: un miembro del Directorio u Órgano equivalente, que será quien lo presida, el gerente general y el responsable de la Unidad de gestión de riesgos.

En el caso que la entidad supervisada se constituya como Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), ésta debe establecer una instancia equivalente que cumpla con las responsabilidades y funciones establecidas para este Comité.

La conformación de los Comités específicos para la administración de cada tipo de riesgo, se regirá de acuerdo a las particularidades establecidas en la normativa desarrollada para cada tipo de riesgo.

Directorio: Órgano principal de administración de las entidades supervisadas constituidas como Sociedades Anónimas, Mutuales de Ahorro y Préstamo o como Instituciones Financieras de Desarrollo.

Gestión Integral de Riesgos: Es el proceso estructurado, consistente y continuo para identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar todos los riesgos a los cuales la entidad supervisada se encuentra expuesta, en el marco del conjunto de estrategias, objetivos, políticas, procedimientos y acciones, establecidas por la entidad para este propósito.

Interrelación de riesgos: Corresponde a la relación que puede existir entre los diferentes tipos de riesgos asumidos por la entidad supervisada y el efecto que en forma conjunta pueden generar en su solvencia.

Límite interno: Nivel máximo o mínimo de exposición a un tipo de riesgo, definido internamente por la entidad supervisada, sin que se vea afectada su solvencia.

Órgano equivalente: Corresponde al Consejo de Administración en el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas y Societarias y a los apoderados generales en el caso de Sucursales de entidades financieras extranjeras, en el marco de las responsabilidades otorgadas por sus casas matrices.

Perfil de riesgo: Es la cantidad de riesgo que una entidad supervisada está dispuesta a asumir en su búsqueda de rentabilidad y solvencia.

Riesgo: Es la contingencia, probabilidad o posibilidad de que eventos, anticipados o no, puedan tener un impacto adverso contra ingresos y/o patrimonio de la entidad supervisada.

Riesgo de crédito: Es la probabilidad de que un deudor incumpla, en cualquier grado, con el repago de su(s) obligación(es) con la entidad supervisada de modo tal que se genere una disminución en el valor presente del contrato.

Riesgo de Liquidez: Es la contingencia de que una entidad incurra en pérdidas por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales y/o significativos, con el fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones, o por la imposibilidad de renovar o de contratar nuevos financiamientos en condiciones normales para la entidad supervisada.

Riesgo por tipo de cambio: Es la probabilidad de incurrir en pérdidas por fluctuaciones adversas en los tipos de cambio de las monedas extranjeras y/o unidades de cuenta en las que están denominados los activos, los pasivos y las operaciones fuera de balance de la entidad supervisada.

Tipo de Riesgo: Se refiere a los diferentes riesgos a los cuales se enfrenta la entidad supervisada que con carácter enunciativo y no limitativo pueden corresponder a los riesgos de crédito, de mercado, liquidez, operativo, legal y otros.

Unidad de gestión de riesgos: Es un Órgano autónomo responsable de identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar todos los riesgos –crediticio, de mercado, liquidez, operativo, legal y otros- que enfrenta la entidad supervisada. Esta unidad debe ser independiente de las áreas de negocios y del área de registro de operaciones, a fin de evitar conflictos de intereses y asegurar una adecuada separación de responsabilidades.

Su tamaño y ámbito deben estar en relación con el tamaño y la estructura de la entidad supervisada y con el volumen y complejidad de los riesgos en los que incurra.

Artículo 1°- Implementación de la gestión integral de riesgos:

La entidad supervisada es responsable de administrar sus riesgos, a cuyo efecto debe contar con procesos formales de gestión integral de riesgos que le permitan, identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar las exposiciones de riesgo que está asumiendo.

El proceso de gestión de riesgos deber ser integral para lo cual la entidad supervisada debe considerar la totalidad de los tipos de riesgo a los que se encuentra expuesta, así como la(s) interrelación(es) que puede(n) existir entre estos.

La administración integral de riesgos, implica que la entidad supervisada debe definir su perfil de riesgos, de acuerdo a su naturaleza, tamaño y complejidad de operaciones.

El conjunto de políticas, procedimientos y acciones que constituyen un sistema para la gestión integral de riesgos, deben ser revisados y actualizados permanentemente. Este sistema debe formar parte de la estrategia institucional de la entidad supervisada.

Artículo 2°- Principios para la gestión integral de riesgos:

La entidad supervisada, en la implementación de un sistema de gestión integral de riesgos debe observar mínimamente los siguientes principios:

a)	Contar con una estrategia formal para la gestión integral de riesgos, desarrollada a partir de la estrategia general de la entidad supervisada que responda a su modelo de negocios.
b)	Establecer una estructura organizativa con una clara segregación de funciones, acorde a la estrategia, tamaño y complejidad de las operaciones de la entidad supervisada, que facilite la gestión integral de riesgos, y evite posibles conflictos de interés.
c)	Delimitar la exposición a los distintos tipos de riesgo, estableciendo límites internos, que consideren criterios de diversificación y minimización de su impacto.
d)	Desarrollar políticas, procedimientos y herramientas adecuadas a la estrategia, tamaño y complejidad de las operaciones de la entidad supervisada, que apoyen la gestión integral de riesgos.
e)	Actualizar oportunamente el proceso de gestión integral de riesgos en respuesta a los cambios en el entorno, modelo de negocios y/o el perfil de riesgo de la entidad supervisada.
f)	Implementar un sistema de control que permita el cumplimiento de políticas, límites, procesos y procedimientos establecidos durante la ejecución de las operaciones de la entidad supervisada.
g)	Promover una cultura de gestión integral de riesgos al interior de la entidad supervisada.
h)	Implementar sistemas de información que permitan la divulgación de los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la entidad supervisada, a las instancias que correspondan.
i)	Priorizar la implementación de acciones preventivas, antes que correctivas.

Artículo 3°- Etapas del proceso de gestión integral de riesgos:

La gestión integral de riesgos involucra al menos seis etapas adecuadamente estructuradas, consistentes y continuas, de acuerdo a lo siguiente:

a)	Identificación: Es un proceso que se dirige a reconocer y entender los diferentes tipos de riesgos que existen en las operaciones que realiza la entidad supervisada, y aquellos que pueden surgir de iniciativas de nuevos productos y operaciones. Esta etapa permite determinar de manera preventiva posibles acciones a seguir, dado que se identifican y clasifican los eventos adversos según el tipo de riesgo al que corresponden, la interrelación que puede existir entre estos, las áreas expuestas y el posible efecto que se produciría en la situación financiera de la entidad supervisada.
b)	Medición: Es la etapa en la cual la entidad supervisada, a través de las herramientas que desarrolla, cuantifica sus niveles de exposición a los diferentes tipos de riesgos que se encuentran presentes en las operaciones que realiza. La medición efectuada considera la frecuencia e impacto de las pérdidas que podrían acontecer, dada la ocurrencia de eventos adversos.
c)	Monitoreo: Consiste en el establecimiento de procesos de control al interior de la entidad supervisada, que está asociado entre otros a los sistemas de información que facilitan el seguimiento de la gestión integral de riesgos, ayudando a detectar y corregir oportunamente deficiencias y/o incumplimientos en las políticas, procesos y procedimientos para cada uno de los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la entidad supervisada.
d)	Control: Es el conjunto de actividades que se realizan con la finalidad de disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso, que pueda originar pérdidas a la entidad supervisada.
e)	Mitigación: Corresponde a las acciones realizadas, los mecanismos y/o coberturas implementadas por la entidad supervisada, para reducir al mínimo las pérdidas incurridas, como consecuencia de la materialización de los sucesos o eventos adversos motivadores de riesgos.
f)	Divulgación: Acción orientada a establecer y desarrollar un plan de comunicación que asegure de forma periódica la distribución de información apropiada, veraz y oportuna, relacionada con la entidad supervisada y su proceso de gestión integral de riesgos, destinada al Directorio u Órgano equivalente, así como a las distintas áreas que participan en la toma de decisiones y en la gestión de riesgos. Esta etapa debe coadyuvar a promover un proceso crítico de autodiagnóstico sobre la gestión integral de riesgos.

Artículo 1°- Establecimiento de políticas:

La entidad supervisada debe contar con políticas formalmente aprobadas por el Directorio u Órgano equivalente que sean concordantes con su plan estratégico, y que respondan en todo momento a la naturaleza, complejidad y volumen de las operaciones que caracterizan a su modelo de negocios y al perfil de riesgo que está asumiendo, logrando un adecuado equilibrio entre riesgo y rentabilidad.

Estas políticas deben contemplar mínimamente, objetivos y lineamientos para las diferentes etapas del proceso de gestión integral de riesgos. Los niveles de exposición considerados como aceptables para cada tipo de riesgo, deben ser establecidos por la entidad supervisada en dichas políticas. Estos niveles, pueden expresarse entre otros, a través de límites internos de exposición al riesgo, definición de las características de los activos y pasivos a ser contratados y/o restricciones para realizar operaciones.

Artículo 2°- Determinación del perfil de riesgo.-

Los criterios, metodologías y técnicas para la cuantificación de los riesgos desde una perspectiva integral, que considere la complejidad de las operaciones y los niveles de riesgo asumidos, que le permita a la entidad supervisada establecer su perfil de riesgos, deben ser formalmente establecidos en un documento específico y enmarcarse en sus políticas.

Artículo 3°- Simulación de escenarios.-

Las políticas deben reflejar un manejo prudente de las operaciones de la entidad supervisada, por lo cual deben incorporar entre otros aspectos, el análisis de distintos escenarios alternativos, y el establecimiento de márgenes con relación a los niveles de exposición al riesgo definidos, mismos que le permitan a la entidad supervisada adoptar acciones oportunas, tendientes a evitar incumplimientos y/o le garanticen la continuidad de sus operaciones.

Los estudios documentados que respalden la construcción de los diferentes escenarios, deben reflejar las variables y supuestos utilizados por la entidad supervisada en su construcción y éstos a su vez deben ser el insumo para la elaboración de los planes de contingencia de acuerdo al tipo de riesgo que se analice. Dichos estudios deben permanecer a disposición de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Artículo 4°- Tratamiento de excepciones.-

La entidad supervisada, que producto de un análisis integral de riesgos, decida establecer un tratamiento de excepciones a sus políticas internas, que no puede estar relacionado con el cumplimiento del marco normativo y legal vigente, debe especificar en el respectivo documento, mínimamente las condiciones, situaciones o factores que pueden ser considerados, para dar curso a las mismas, estableciendo un tiempo razonable para subsanar las desviaciones temporales acontecidas, mismas que no deben tener un carácter recurrente.

Artículo 5°- Procesamiento de la información.-

Las políticas deben establecer la utilización de los sistemas informáticos que propicie un adecuado procesamiento de la información para la gestión integral de riesgos, contemplando medidas de seguridad y planes de contingencia que protejan la información.

Artículo 6°- Desarrollo de procedimientos:

La entidad supervisada debe desarrollar e implementar procedimientos formales para la gestión integral de riesgos, que estén en concordancia, con las estrategias, principios y políticas, establecidos para este fin. Estos procesos deben guardar estrecha relación con la estructura organizacional, funciones y responsabilidades de las áreas involucradas en la gestión integral de riesgos.

Los procedimientos desarrollados deben servir de soporte funcional y operativo para la gestión integral de riesgos, y ser periódicamente verificados en cuanto a su eficiencia, a fin de justificar actualizaciones o mejoras según demanden sus necesidades y/o se generen cambios en las estrategias y/o políticas de la entidad supervisada.

Las metodologías y herramientas establecidas por la entidad supervisada, para medir los distintos tipos de riesgos asumidos y la interrelación que puede existir entre estos, deben formar parte de los procedimientos que desarrolla.

Artículo 1°- Estructura organizacional.-

Para la gestión integral de riesgos, la entidad supervisada debe establecer una adecuada estructura organizacional, que delimite claramente, las obligaciones, funciones y responsabilidades, así como los niveles de dependencia e interrelación existente entre las áreas involucradas en la gestión integral de riesgos y las áreas de monitoreo y control del riesgo las cuales deben estar adecuadamente segregadas. Todos estos aspectos deben estar contemplados en un manual de organización y funciones.

A fin de evitar posibles conflictos de interés que puedan afectar el desempeño de las funciones de gestión integral de riesgos, debe existir independencia, entre las unidades de negocios y operativas, con las que administran el riesgo. Asimismo, el personal debe contar con los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar sus funciones dentro del proceso de gestión integral de riesgos.

Artículo 2°- Responsabilidades y Funciones del Directorio u Órgano equivalente.-

El Directorio u Órgano equivalente, de la entidad supervisada, es responsable de la gestión integral de riesgos, debiendo en consecuencia cumplir, además de las funciones que se dispone en la normativa específica desarrollada para cada tipo de riesgo, al menos las siguientes tareas:

a)	Conocer y comprender los riesgos inherentes a los que está expuesta la entidad supervisada, a fin de establecer una estrategia y lineamientos para la gestión integral de riesgos, así como el perfil de riesgos que sea aceptable.
b)	Aprobar y revisar periódicamente el marco conceptual para la gestión integral de riesgos y de cada riesgo en particular.
c)	Aprobar, revisar, actualizar y realizar seguimiento a las estrategias, políticas y procedimientos para identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar la gestión integral de riesgos.
d)	Aprobar y revisar periódicamente los límites internos prudenciales para cada tipo de riesgo los que deben ser compatibles con las actividades, estrategias y objetivos institucionales.
e)	Aprobar el tratamiento de excepciones temporales a sus políticas y límites internos, cuando corresponda.
f)	Aprobar las metodologías de medición de niveles de exposición para los distintos tipos de riesgo.
g)	Aprobar la estructura organizacional para la gestión integral de riesgos así como sus manuales de organización y funciones, debiendo asegurarse que se encuentran permanentemente actualizados y que existe una clara delimitación de líneas de responsabilidad y de segregación de funciones de todas las áreas involucradas.
h)	Aprobar la incursión de la entidad supervisada en nuevos productos, operaciones y actividades de acuerdo con las estrategias del negocio, normas legales y estatutarias y en cumplimiento a las políticas internas para la gestión integral de riesgos.
i)	Asegurar que la entidad supervisada cuente con sistemas de información que permitan una apropiada gestión integral de riesgos y que los informes periódicos presentados al Directorio u Órgano equivalente y/o alta gerencia reflejen el perfil de riesgos de la entidad.
j)	Evaluar los riesgos asumidos por la entidad supervisada, la evolución y el perfil de los mismos y las necesidades de cobertura que presenten.
k)	Convocar a reunión extraordinaria con el Comité de Gestión Integral de Riesgos, cuando se detecten desviaciones a los límites, políticas y/o procedimientos, y cuando la desviación detectada lo amerite.
l)	Revisar y aprobar los planes de contingencia de acuerdo al tipo de riesgo, así como el plan de continuidad de las operaciones de la entidad supervisada.
m)	Designar a los miembros del Comité de Gestión Integral de Riesgos.
n)	Conformar una Unidad de Gestión de Riesgos y designar al responsable de esta unidad.
o)	Asegurar que la Unidad de Gestión de Riesgos desarrolle sus funciones con absoluta independencia, para lo cual debe otorgarle un nivel jerárquico cuando menos equivalente al inmediato nivel ejecutivo después de la gerencia general o asignarle dependencia directa del Directorio u Órgano equivalente.
p)	Asumir una actitud proactiva y preventiva frente a la gestión de los riesgos y garantizar la efectividad de los mecanismos de difusión de la cultura de gestión integral de riesgos y de cada uno en particular, hacia todos los niveles de la estructura organizacional.

Artículo 3°- Responsabilidades y Funciones de la Gerencia General.-

La gerencia general de la entidad supervisada es responsable de implementar y velar por el cumplimiento de la gestión integral de riesgos y de establecer las acciones preventivas o correctivas que correspondan, para lo cual debe efectuar mínimamente las siguientes funciones además de las establecidas en la normativa desarrollada específicamente para cada riesgo:

a)	Implementar el sistema de gestión integral de riesgos, aprobado por el Directorio u Órgano equivalente, que debe ser aplicado a todos los productos nuevos y existentes, procesos y sistemas de la entidad supervisada, optimizando la relación riesgo-retorno.
b)	Desarrollar e implementar acciones conducentes al cumplimiento de políticas, procedimientos y mecanismos de mitigación de los diferentes tipos de riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad supervisada.
c)	Implementar y velar por el cumplimiento de los manuales de procedimientos organización y funciones y otros relacionados con la gestión integral de riesgos y disponer su permanente revisión y actualización.
d)	Establecer programas de capacitación y actualización sobre gestión de riesgos para el personal de la unidad de riesgos y para todo aquel involucrado en las operaciones que impliquen riesgo para la entidad supervisada.
e)	Asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones contenidas en la presente Directriz.

Artículo 4°- Responsabilidades y Funciones del Comité de Gestión Integral de Riesgos.-

Este Comité es responsable del diseño de las políticas, sistemas, metodologías, modelos y procedimientos para la eficiente gestión integral de riesgos y de los límites de exposición a los diferentes tipos de riesgo. Debe cumplir mínimamente las siguientes funciones:

a)	Diseñar y proponer para la aprobación del Directorio u Órgano equivalente, las estrategias, políticas y procedimientos para la gestión integral de riesgos, considerando las etapas de identificación, medición, monitoreo, control, mitigación y divulgación de riesgos.
b)	Analizar y proponer para la aprobación del Directorio u Órgano equivalente, los límites de exposición y niveles de exposición al riesgo.
c)	Evaluar y proponer al Directorio u Órgano equivalente, cuando así se analice y determine el tratamiento de excepciones temporales a sus límites y políticas internas, relacionadas con la gestión de cada riesgo en particular, las que deben contemplar mecanismos de control de riesgos.
d)	Proponer al Directorio u Órgano equivalente de la entidad supervisada, metodologías de medición de las exposiciones para cada tipo de riesgo y que permitan además establecer el impacto en su situación financiera.
e)	Informar periódicamente al Directorio u Órgano equivalente y cuando lo considere pertinente la exposición a los diferentes tipos de riesgo, la interrelación que existe entre estos y los efectos negativos que se podrían producir; así como el cumplimiento de los límites de exposición a riesgos y políticas internas.
f)	Proponer al Directorio u Órgano equivalente de la entidad supervisada, mecanismos para que se asegure la correcta ejecución de las estrategias, políticas, metodologías, procesos y procedimientos para la gestión integral de los riesgos por parte de la gerencia general y las áreas involucradas.
g)	Proponer al Directorio u Órgano equivalente de la entidad supervisada, planes de contingencia para hacer frente a situaciones atípicas extremas, según lo dispuesto en la normativa específica desarrollada para cada riesgo.
h)	Solicitar informes con anterioridad, a la periodicidad establecida, cuando a su propio juicio sea necesario o existan cambios significativos en los procesos y prácticas en el sistema de gestión integral de riesgos o en caso de que se observe un deterioro en la estabilidad financiera, solvencia y liquidez de la entidad supervisada.
i)	Asegurar en todo momento, el conocimiento por parte de todo el personal involucrado en la toma de riesgos, de los límites de exposición a los diferentes tipos de riesgo y perfil de riesgos.
j)	Proponer al Directorio u Órgano equivalente, sistemas de información relacionados con la gestión integral de riesgos, los que deben contemplar reportes de exposición a cada uno de los riesgos, y reportes de cumplimiento de límites establecidos, así como recomendaciones de acciones correctivas si corresponde.
k)	Conocer y efectuar seguimiento de las observaciones y recomendaciones que, con distintos motivos, formule la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en el marco de sus competencias.
l)	Informar al Directorio u Órgano equivalente sobre las medidas correctivas implementadas, como efecto de los resultados de las revisiones efectuadas por la Unidad de auditoría interna acerca de la gestión integral de riesgos y/o producto de las observaciones formuladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
m)	Otras funciones que determine el Directorio u Órgano equivalente o que sean dispuestas por la ASFI.

El Comité de Gestión Integral de Riesgos debe contar con un Manual de Organización y Funciones en el que se determine, además, la periodicidad de sus reuniones y la información que debe remitir al Directorio u Órgano equivalente y alta gerencia. Las decisiones determinadas en las reuniones de este Comité deben constar en un Libro de actas, el cual debe permanecer a disposición de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

La existencia de este Comité no exime de las responsabilidades que, en el proceso de medición, evaluación y control de los riesgos, tienen el Directorio u Órgano equivalente, la gerencia y demás personeros de la entidad supervisada.

Artículo 5°- Responsabilidades y Funciones de la Unidad de Gestión de Riesgos.-

Esta Unidad es responsable de identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar los diferentes tipos de riesgos y la interrelación que existe entre los mismos, en forma independiente de las áreas de negocios y de registro de operaciones.

Esta Unidad además de cumplir con las funciones establecidas para cada tipo de riesgo de acuerdo con la normativa específica desarrollada para este fin, debe realizar mínimamente las siguientes tareas:

a)	Velar que la gestión integral de riesgos considere todos los tipos de riesgos en que incurre la entidad supervisada dentro de sus diversas unidades de operaciones y negocios, así como la interrelación que puede existir entre estos.
b)	Preparar y someter a consideración del Comité de Gestión Integral de Riesgos, estrategias alternativas para gestionar integralmente todos los riesgos a los que se expone la entidad supervisada.
c)	Apoyar al Comité de Gestión Integral de Riesgos en el diseño de políticas para la gestión integral de riesgos, de acuerdo con los lineamientos que fije el Directorio u Órgano equivalente de la entidad supervisada.
d)	Participar en el desarrollo de manuales de procedimientos para la apropiada identificación, medición, monitoreo, control, mitigación y divulgación de la gestión integral de riesgos.
e)	Elaborar y someter a consideración del Comité de Gestión Integral de Riesgos las metodologías a ser utilizadas en las diferentes etapas del proceso de gestión integral de riesgos.
f)	Efectuar seguimiento al cumplimiento de los límites de exposición para cada tipo de riesgo.
g)	Investigar, documentar y evaluar las causas que originan desviaciones a los límites de exposición al riesgo y políticas internas, e identificar si éstas se presentan en forma recurrente, debiendo informar de manera oportuna sus resultados al Comité de Gestión Integral de Riesgos.
h)	Analizar las condiciones del entorno económico, de la industria y de los mercados en los que opera la entidad supervisada, sus efectos en sus niveles de exposición de riesgos, así como las pérdidas potenciales en las que podría incurrir ante eventos adversos.
i)	Diseñar y someter a consideración del Comité de Gestión Integral de Riesgos un sistema de información para uso interno de la entidad supervisada, que refleje su perfil de riesgos y posibilite realizar ejercicios de simulación de escenarios.
j)	Informar al Comité de Gestión Integral de Riesgos y a las áreas de decisión correspondientes, sobre el nivel de exposición a los diferentes tipos de riesgo, así como su administración, de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos por la entidad supervisada.
k)	Proporcionar al Comité de Gestión Integral de Riesgos, Gerente General, gerentes de las áreas de negocios y demás instancias pertinentes, la evolución histórica de los niveles de exposición al riesgo asumidos por la entidad supervisada.
l)	Alertar sobre los posibles impactos negativos en el patrimonio de la entidad supervisada, como efecto de los riesgos asumidos.
m)	Elaborar y proponer al Comité de Gestión Integral de Riesgos planes de contingencia, para hacer frente a situaciones atípicas según lo dispuesto en la normativa específica desarrollada para cada riesgo.
n)	Establecer un Plan de Trabajo para revisiones anuales y evaluaciones más frecuentes de las políticas y procedimientos a fin de que las mismas respondan a su evolución y modelo de negocios.
o)	Elaborar con eficiencia y oportunidad la información requerida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
p)	Coordinar con las áreas operativas y administrativas en lo referente a la correcta identificación, medición, monitoreo, control y divulgación de los diferentes tipos de riesgos asumidos por la entidad supervisada.
q)	Difundir la cultura de gestión integral de riesgos en toda la estructura organizacional de la entidad supervisada, estableciendo un lenguaje común basado en las definiciones de la presente Directriz y la normativa específica desarrollada para cada tipo de riesgo.
r)	Las demás que determine el Comité de Gestión Integral de Riesgos, Directorio u Órgano equivalente o que sean dispuestas por la ASFI.

Artículo 6°- Requisitos de los integrantes del Comité de Gestión Integral de Riesgos y de la Unidad de gestión de riesgos.-

Los integrantes del Comité de Gestión Integral de Riesgos, así como los funcionarios de la Unidad de gestión de riesgos, deben contar con una adecuada formación profesional, conocimientos y experiencia que les permitan el apropiado cumplimiento de sus funciones.

No podrán ser integrantes de estos órganos quienes estén incluidos en alguna situación que generen conflicto de interés o que limite su independencia.

Artículo 1°- Sistemas de información.-

La entidad supervisada debe desarrollar e implementar sistemas de información y mecanismos de divulgación que le permitan una adecuada gestión integral de riesgos.

Todos los niveles de la organización, dentro de sus competencias y de acuerdo con sus políticas para el tratamiento de la información, deben hacer seguimiento sistemático de las exposiciones de riesgo y de los resultados de las acciones adoptadas, lo cual significa un monitoreo permanente a través de un sistema de información, que considere todos los tipos de riesgo, su interrelación y que esté preparado para satisfacer las necesidades particulares de la entidad supervisada.

Estos sistemas mantendrán información suficiente para apoyar los procesos de toma de decisiones, que permita la generación de informes permanentes, oportunos, objetivos, relevantes, consistentes y dirigidos a los correspondientes niveles de la administración.

Los sistemas de información deben contar con información histórica que asegure una revisión periódica, continua y objetiva de su perfil de riesgos, así como de la existencia de eventuales excepciones si corresponde.

Artículo 2°- Reportes de información.-

La entidad supervisada debe desarrollar e implementar formalmente informes y reportes efectivos, comprensivos y oportunos que le permitan una eficiente gestión integral de riesgos y de cada riesgo en particular, diferenciando los mismos en base a los requerimientos de los distintos niveles de la institución y a una frecuencia establecida.

La entidad supervisada, debe presentar anualmente a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, hasta el 31 de marzo del siguiente año, un informe sobre la gestión integral de riesgos, acompañado de la copia notariada del acta de Directorio u Órgano equivalente, en el cual se debe señalar mínimamente lo siguiente:

a)	La entidad supervisada conoce los riesgos a los cuales se enfrenta y ha definido su nivel de exposición a los mismos. Se debe señalar brevemente los riesgos identificados.
b)	Ha implementado un apropiado sistema de gestión integral de riesgos de acuerdo a lo establecido en la normativa emitida por ASFI, describiendo resumidamente las características del mismo.
c)	Las excepciones temporales que se generaron a las políticas y límites internos, si corresponde.
d)	La evolución histórica trimestral de los riesgos asumidos por la entidad supervisada, que considere mínimamente dos gestiones (perfil de riesgo).

Artículo Único.-

La Unidad de auditoría interna debe desempeñar un rol independiente en la gestión integral de riesgos, debiendo cumplir además de las funciones establecidas en la normativa específicamente desarrollada para cada tipo de riesgo las siguientes:

a)	Verificar que tanto las áreas comerciales, operativas y financieras como la Unidad de gestión de riesgos, hayan ejecutado correctamente las estrategias, políticas, procesos y procedimientos aprobados por el Directorio u Órgano equivalente, para la gestión integral de riesgos.
b)	Verificar la implementación de sistemas de control interno efectivos relacionados con la gestión integral de riesgos.
c)	Verificar el correcto registro de la información utilizada para el monitoreo y control de la gestión integral de riesgos, mínimamente en cuanto a su integridad, consistencia, oportunidad y validez.
d)	Realizar la revisión del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades encomendadas a la Unidad de gestión de riesgos.
e)	Elevar informes al Directorio u Órgano equivalente de la entidad supervisada, a través de su Comité de Auditoría o Consejo de Vigilancia según corresponda, acerca de los resultados obtenidos y las recomendaciones sugeridas, derivadas de sus revisiones.
f)	Efectuar seguimiento, de las observaciones y/o recomendaciones emitidas a las diferentes áreas y comunicar los resultados obtenidos al Directorio u Órgano equivalente, a través de su Comité de Auditoría o Consejo de Vigilancia según corresponda.

Artículo 1°- Responsabilidad.-

Es responsabilidad del Gerente General de la entidad supervisada, el cumplimiento y difusión interna de la presente normativa, así como de efectuar el control y seguimiento correspondiente.

Artículo 2°- Sanciones.-

El incumplimiento o inobservancia a la presente norma dará lugar a la aplicación del artículo 99° de la Ley N° 1488 de Bancos y Entidades Financieras (Texto ordenado) y a lo dispuesto por el Reglamento de Sanciones Administrativas contenido en la RNBEF a través de proceso administrativo sancionatorio establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo N°2341 de 23 de abril de 2002 y en el Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera “SIREFI” aprobado mediante Decreto Supremo N°27175 de 15 de septiembre de 2003.

Artículo Único.-

La entidad supervisada, debe adecuar hasta el 31 de diciembre de 2013 sus estrategias, políticas, procedimientos, manuales, estructura organizativa y sistemas de información, de acuerdo a lo dispuesto en la presente Directriz.

El presente Reglamento tiene por objeto normar los aspectos relativos al cálculo de la suficiencia patrimonial de las entidades que prestan actividades de intermediación financiera, la ponderación de activos y contingentes, el patrimonio neto y otros aspectos operativos, en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley de Bancos y Entidades Financieras Nº 1488 de 14 de abril de 1993, modificada por la Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera Nº 2297 de 20 de diciembre de 2001 .

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de aplicación obligatoria para todas las entidades que prestan actividades de intermediación financiera, comprendidas dentro del campo de aplicación de la Ley N° 1488.

La aplicación por parte de las entidades mencionadas, se efectuará tanto en forma individual, como sobre bases consolidadas; para este efecto, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) comunicará a las entidades matrices, caso por caso, el detalle de las entidades filiales que deben incluirse en el cómputo a nivel consolidado.

Artículo 1° - Coeficientes de ponderación del activo y contingente.-

La ponderación de activos aplicando los coeficientes de riesgo definidos en la Ley, no debe considerarse como un sustituto de juicios de valor para determinar los precios de mercado de los diversos activos, sino únicamente para el cálculo de la suficiencia patrimonial de las entidades financieras con relación al volumen de sus operaciones.

Los coeficientes de ponderación de activos y contingentes de acuerdo a sus categorías serán los siguientes:

Categoría I - Activos y contingentes con ponderación de riesgo del cero por ciento (0%)

i.	Disponibilidad de efectivo en bóveda.
ii.	Depósitos en el Banco Central de Bolivia (BCB).
iii.	Inversiones en valores emitidos por el BCB o el Tesoro General de la Nación (TGN).
iv.	Inversiones en títulos negociables del Tesoro público de otros países que cuenten con alguna de las calificaciones para riesgo soberano otorgada por una agencia calificadora de riesgo de reconocido prestigio internacional, de acuerdo con el Anexo 1 del presente Capítulo.
v.	Operaciones de reporto con títulos emitidos por el BCB o el TGN, siempre y cuando estén registrados y depositados en custodia en el BCB.
vi.	Operaciones de swaps de monedas, originadas en el BCB.
vii.	Operaciones de reporto con bonos del Tesoro público de otros países que cuenten con alguna de las calificaciones para riesgo soberano otorgada por una agencia calificadora de riesgo de reconocido prestigio internacional, de acuerdo con el Anexo 1 del presente Capítulo.
viii.	Inversiones en acciones de sociedades anónimas de seguros, servicios financieros, burós de información crediticia, cámaras de compensación, sociedades de titularización, administradoras de fondos de pensiones, bancos de segundo piso o en sociedades de propiedad mayoritaria, no consolidadas y deducidas de su patrimonio neto.
ix.	Operaciones contingentes garantizadas por Bancos Centrales de otros países que cuenten con alguna de las calificaciones para riesgo soberano otorgada por una agencia calificadora de riesgo de reconocido prestigio internacional, de acuerdo con el Anexo 1 del presente Capítulo.
x.	Operaciones contingentes garantizadas por Bancos Centrales de países miembros de ALADI, siempre y cuando sea con instrumentos comprendidos bajo convenio recíproco y tramitados a través del BCB.
xi.	Créditos directos vigentes u operaciones contingentes garantizadas con depósitos de dinero constituidos en la propia entidad financiera, pignorados en su favor, siempre y cuando dicha entidad cuente con alguna de las calificaciones de riesgo consignadas en el Anexo 2-A del presente Capítulo. Para tal efecto, dichos títulos deben estar endosados en favor de la entidad y entregados a ésta para su custodia.
xii.	Operaciones contingentes prepagadas.
xiii.	Cartera en administración, reprogramada con Bonos de Reactivación de NAFIBO S.A.M., en el marco del Programa de Reactivación Económica dispuesto por la Ley Nº 2064 de 3 de abril del 2000.
i.	Cartera cedida por entidades financieras a NAFIBO S.A.M. en el marco del Programa de Reactivación Económica dispuesto por la Ley Nº 2064 de 3 de abril del 2000.
ii.	Cartera en administración o en fideicomiso, bajo Proyectos o Programas incorporados en el “Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y demcrática para vivir bien – Lineamientos estratégicos” dispuesto por Decreto Supremo N° 29272 de 12 de septiembre de 2007.
iii.	Productos devengados por cobrar y previsiones específicas sobre activos que ponderan cero por ciento (0%).

Categoría II - Activos y contingentes con ponderación de riesgo del diez por ciento (10%)

i.	Créditos vigentes garantizados por el Tesoro General de la Nación de acuerdo a Ley expresa emitida por la instancia correspondiente.
ii.	Bonos FERE emitidos por NAFIBO al amparo de la Ley 2196.
iii.	Productos devengados por cobrar y previsiones específicas de créditos vigentes garantizados por el TGN.

Categoría III - Activos y contingentes con ponderación de riesgo del veinte por ciento (20%)

i.	Activos de riesgo mantenidos en, o garantizados por, entidades financieras nacionales o sucursales de entidades financieras extranjeras que operen en Bolivia, que cuenten con alguna de las calificaciones de riesgo consignadas en el Anexo 2-A del presente Capítulo.
ii.	Activos de riesgo mantenidos en, o garantizados por, entidades financieras extranjeras, corresponsales de entidades financieras locales que cuenten con alguna de las calificaciones de riesgo consignadas en el Anexo 2-B del presente Capítulo.
iii.	Activos recibidos en administración.
iv.	Activos recibidos en fideicomiso
v.	Créditos directos vigentes u operaciones contingentes, con garantías autoliquidables de entidades financieras que cuenten con alguna de las calificaciones de riesgo consignadas en el Anexo 2 del presente Capítulo, según se trate de entidades financieras nacionales o extranjeras.
vi.	Créditos directos vigentes u operaciones contingentes, garantizados con Depósitos a Plazo Fijo emitidos por otra entidad financiera que cuente con la máxima calificación de riesgo para entidades financieras nacionales o sucursales de entidades financieras extranjeras, de acuerdo al Anexo 2-A, pignorados en favor de la entidad acreedora.
vii.	Créditos directos vigentes u operaciones contingentes, que se encuentren garantizados por fondos de inversión cerrados cuyo objeto además de realizar inversiones en valores y/o activos sea el de garantizar créditos. El fondo de inversión cerrado debe estar bajo el ámbito de supervisión de ASFI y contar con calificación de riesgo en la categoría de grado de inversión, de acuerdo al Anexo A del Reglamento de Entidades Calificadoras de Riesgo.
viii.	Operaciones de compra y venta a futuro de moneda extranjera con entidades financieras que cuenten con alguna de las calificaciones de riesgo consignadas en el Anexo 2 del presente Capítulo.
ix.	Boletas de Garantía contragarantizadas por entidades financieras extranjeras que cuenten con alguna de las calificaciones de riesgo consignadas en el Anexo 2-B del presente Capítulo.
x.	Activos recibidos en fideicomiso con recursos del Estado.
xi.	Productos devengados por cobrar y previsiones específicas sobre activos que ponderan veinte por ciento (20%).

Categoría IV - Activos y contingentes con ponderación de riesgo del cincuenta por ciento (50%)

i.

Créditos hipotecarios para la vivienda, concedidos por entidades de intermediación financiera a personas individuales y destinados exclusivamente a la adquisición, construcción, remodelación o mejoramiento de la vivienda ocupada o dada en alquiler por el deudor propietario, hasta el monto del valor de la hipoteca, limitándose este último caso a una primera o segunda vivienda de propiedad del deudor. Esta ponderación no es aplicable a préstamos concedidos a personas colectivas.

ii.

Productos devengados por cobrar y previsiones específicas sobre activos que ponderan cincuenta por ciento (50%).

Categoría V - Activos y contingentes con ponderación de riesgo del setenta y cinco por ciento (75%)

xii.	Créditos vigentes otorgados a prestatarios del país con “Grado de Inversión” en los que el deudor cuente con alguna de las calificaciones de riesgo consignadas en el Anexo 3 del presente Capítulo.
xiii.	Inversiones en títulos emitidos por empresas no financieras del país con “Grado de Inversión”, en los que el emisor cuente con alguna de las calificaciones de riesgo consignadas en el Anexo 3 del presente Capítulo.
xiv.	Productos devengados por cobrar y previsiones específicas sobre activos que ponderan setenta y cinco por ciento (75%).

Categoría VI - Activos y contingentes con ponderación de riesgo del cien por ciento (100%)

1.1.	Los activos y contingentes no contemplados en los numerales anteriores.

Los préstamos parcialmente garantizados podrán ponderar en una menor categoría sólo en la parte del préstamo cubierta por la garantía.

Artículo 2° - Registro de entidades financieras calificadas.-

La ASFI mantendrá un Registro de Entidades Financieras Nacionales y Extranjeras con las cuales las entidades financieras pueden mantener operaciones aceptables para ponderar 20%, según lo consignado en el Anexo 2 del presente Capítulo.

Este registro será actualizado por la ASFI a solicitud expresa de las entidades financieras nacionales o sucursales de entidades financieras extranjeras que operan en Bolivia, que mantengan operaciones activas con otras entidades financieras nacionales o extranjeras. Para tal efecto, dichas entidades deberán enviar una comunicación escrita a la ASFI, 24 horas después de haber ejecutado la operación con la entidad financiera nacional o extranjera que requiera ser incorporada en dicho registro, adjuntando la constancia respectiva que acredite la calificación mínima que establece el mencionado Anexo 2. La constancia, que debe ser el reporte emitido por una agencia calificadora de riesgo de reconocido prestigio internacional acreditando la calificación mínima exigida, deberá conservarse en un archivo y permanecer a disposición de la ASFI.

Las entidades financieras que tomen conocimiento de que alguna entidad inscrita en el registro antes citado hubiera sido reclasificada con un rating de mayor riesgo, están obligadas a reportar a la ASFI este hecho, independientemente de las actualizaciones que la ASFI realice por su parte.

Para los casos en que una entidad financiera cuente con calificaciones otorgadas por más de una agencia calificadora de riesgo, todas esas calificaciones necesariamente deben cumplir con las escalas aceptables para ponderar 20% consignadas en el Anexo 2 del presente Capítulo, según se trate de entidades financieras nacionales o extranjeras. Si alguna de las calificaciones refleja un riesgo mayor que las escalas aceptables, y por tanto no se encuentra en los rangos que establece el Anexo 2 antes citado, no corresponderá que dicha entidad sea incluida en la categoría con ponderación 20%, procediéndose a su inmediata exclusión, en el caso de haber estado inscrita. Cuando se trate de sucursales de bancos extranjeros constituidos en otros países, se podrán considerar las calificaciones de riesgo asignadas a sus casas matrices. Esta situación no se aplica a subsidiarias de bancos extranjeros.

Artículo 1° - Capital primario.-

El capital primario de las entidades bancarias y de los fondos financieros privados está conformado por las siguientes cuentas:

	311.00       Capital Pagado 341.00       Reservas Legales 322.01       Aportes irrevocables pendientes de capitalización,
•	Otras reservas no distribuibles: 342.01       Reservas estatutarias no distribuibles 342.02       Reservas por otras disposiciones no distribuibles 342.03       Reservas no distribuibles por ajuste por inflación del patrimonio 342.05       Otras reservas no distribuibles 343.01       Reservas voluntarias no distribuibles
•	Donaciones recibidas de libre disposición: 322.02       Donaciones recibidas de libre disponibilidad pendientes de capitalización 323.01       Donaciones no capitalizables

Se deducirá del capital primario:

a)	El déficit de previsiones de sus activos, no sujetas a cronograma;
b)	El déficit de provisiones de sus pasivos;
c)	Los gastos no registrados como tales;
d)	Los productos financieros devengados por cobrar no castigados correspondientes a créditos con incumplimiento al cronograma original de pagos por más de noventa (90) días y de créditos calificados en las categorías D, E, F, G y H;
e)	Los ingresos indebidamente registrados como tales;
f)	Pérdidas acumuladas y pérdidas de la gestión

El capital primario de las cooperativas de ahorro y crédito abiertas está constituido por las siguientes cuentas:

•	Aportes de los socios cooperativistas, representados por certificados de aportación (Cuenta 311.00).
•	Fondos de reserva, no distribuibles, constituidos por los excedentes de percepción que arroje el balance: 341.00       Reservas Legales 342.01       Reservas estatutarias no distribuibles 342.02       Reservas por otras disposiciones no distribuibles 342.03       Reservas no distribuibles por ajuste por inflación del patrimonio 342.05       Otras reservas no distribuibles 343.01       Reservas voluntarias no distribuibles
•	Donaciones recibidas de libre disposición: 322.02       Donaciones recibidas de libre disponibilidad pendientes de capitalización 323.01       Donaciones no capitalizables

Se deducirá del capital primario:

a)	El déficit de previsiones de sus activos, no sujetas a cronograma;
b)	El déficit de provisiones de sus pasivos;
c)	Los gastos no registrados como tales;
d)	Los productos financieros devengados por cobrar no castigados correspondientes a créditos con incumplimiento al cronograma orginial de pagos por más de noventa (90) días y de créditos calificados en las categorías deficiente D, E, F, G y H;
e)	Los ingresos indebidamente registrados como tales;
f)	Pérdidas acumuladas y pérdidas de la gestión

Para las mutuales de ahorro y préstamo, el capital primario tiene carácter institucional y está constituido por:

•	Fondos de reserva, no distribuibles, constituidos por los excedentes de percepción que arroje el balance: 341.00 Reservas Legales 342.01       Reservas estatutarias no distribuibles 342.02       Reservas por otras disposiciones no distribuibles 342.03       Reservas no distribuibles por ajuste por inflación del patrimonio 342.05       Otras reservas no distribuibles 343.01       Reservas voluntarias no distribuibles
•	Donaciones recibidas de libre disposición: 322.02       Donaciones recibidas de libre disponibilidad pendientes de capitalización 323.01       Donaciones no capitalizables
•	Aportaciones recibidas hasta la fecha de promulgación de la Ley N° 2297 (Cuenta 311.00). El saldo de esta partida no podrá ser incrementado con relación al valor registrado al 20 de diciembre de 2001.

Se deducirá del capital primario:

a)	El déficit de previsiones de sus activos, no sujetas a cronograma;
b)	El déficit de provisiones de sus pasivos;
c)	Los gastos no registrados como tales;
d)	Los productos financieros devengados por cobrar no castigados correspondientes a créditos con incumplimiento al cronograma original de pagos por más de noventa (90) días y de créditos calificados en las categorías D, E, F, G y H;
e)	Los ingresos indebidamente registrados como tales;
f)	Pérdidas acumuladas y pérdidas de la gestión

Artículo 2° - Capital secundario.

El capital secundario de las entidades de intermediación financiera estará formado por:

▪	Obligaciones subordinadas, hasta el 50% del capital primario y que cumplan con lo establecido en el Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como parte del Patrimonio Neto de las Entidades de Intermediación Financiera, asi como aquellas obligaciones subordinadas contratadas con el FONDESIF y bajo el PROFOP.
▪	Previsiones genéricas voluntarias para cubrir pérdidas futuras aún no identificadas hasta el dos por ciento (2%) de sus activos, registradas en la cuenta 253.00.

Se adicionará al capital secundario:

a)	El ajuste por participación en entidades fiancieras y afines (Cuenta 333.00).

En ningún caso, el capital secundario podrá exceder del cien por ciento (100%) del capital primario. En caso de ser mayor, para efectos de cálculos, se considerará solamente el capital secundario “computable” que será igual al 100% del capital primario.

Artículo 3° - Patrimonio neto.-

Para el cumplimiento de lo dispuesto por el presente Reglamento en lo referente al cálculo de la suficiencia patrimonial, se entenderá por Patrimonio Neto la suma del capital primario y del capital secundario, luego de sus respectivos ajustes, menos las siguientes partidas:

a)	Las inversiones en acciones de sociedades anónimas de seguros; en el caso de entidades bancarias
b)	Las inversiones en acciones de sociedades de servicios financieros, burós de información crediticia, cámaras de compensación, sociedades de titularización, administradores de fondos de pensiones, bancos de segundo piso o sociedades de propiedad mayoritaria, que no hayan sido consolidadas.

La ASFI proporcionará mensualmente a las entidades financieras el cálculo del Patrimonio Neto de acuerdo al formato del Anexo 4-A para bancos y fondos financieros privados; el Anexo 4-B para cooperativas de ahorro y crédito abiertas y el Anexo 4-C para las mutuales de ahorro y préstamo. Dicho cálculo se realizará con base en los estados financieros correspondientes al cierre del mes precedente, informado a través del Sistema de Información Financiera (SIF). Este Patrimonio Neto que la ASFI remitirá a cada entidad financiera, deberá emplearse en el control de la Suficiencia Patrimonial de la entidad y se aplicará de manera uniforme hasta la remisión del nuevo cálculo de Patrimonio Neto.

Para el control de la Inversión en Activos Fijos y en Otras Sociedades se empleará el formato del Anexo 5 del presente Capítulo.

Artículo 4° - Aumentos de capital y recálculo del patrimonio neto.-

A los efectos de la autorización previa de la ASFI, prevista en el Artículo 23° de la Ley de Bancos y Entidades Financieras (LBEF), para los aumentos de capital con aportes de nuevos y/o antiguos accionistas, la solicitud de las entidades financieras deberá estar acompañada de una certificación del Auditor Interno de la entidad, respecto del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 22° de la LBEF y, en su caso, de las disposiciones del Capítulo IX, Título IX, de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras.

La ASFI podrá recalcular el patrimonio neto de una entidad, en el intermedio del período de vigencia de éste, incorporando adiciones por aumentos de capital en efectivo o desembolsos de obligaciones subordinadas y deducciones por alguno de los conceptos previstos en el Artículo 3º precedente, cuando corresponda.

Artículo 5° - Formato de cálculo.-

Para determinar diariamente el coeficiente de suficiencia patrimonial en función de los activos y contingentes de riesgo, en base individual, se empleará el formato de cálculo del Anexo 7 del presente Capítulo, aplicando a la sumatoria del Activo Computable el porcentaje del diez por ciento (10%). Este cálculo diario debe ser conservado en un archivo correlativo debidamente firmado por el Contador General, Gerente de Operaciones y Gerente General, quedando el mismo a disposición de la Unidad de Auditoría Interna y de la ASFI.

Para el caso de grupos financieros, la determinación del coeficiente de suficiencia patrimonial se efectuará mensualmente, con saldos de balance a fin de mes, empleando el formato de cálculo del Anexo 8 del presente Capítulo, aplicando a la sumatoria del Activo Computable el porcentaje del diez por ciento (10%). El archivo correlativo mensual permanecerá en la entidad matriz. Los procedimientos para consolidar la información financiera de dos o más entidades que conforman un grupo o conglomerado financiero, deberán ser incorporados en los Sistemas de Información de las entidades matrices, para reportar oportunamente a la ASFI mediante el SIF.

Artículo 6° - Integración a los sistemas contables.-

La ponderación de activos y contingentes deberá integrarse a los sistemas contables de cada entidad financiera. Es decir, para cada cuenta y subcuenta del Estado de Situación Patrimonial Consolidado, se empleará un código de ponderación asociado al factor de riesgo que corresponda a cada categoría, teniendo en cuenta que los saldos de algunas cuentas y subcuentas pueden ser imputados a distintas categorías de riesgo, cuya sumatoria deberá siempre igualar con los saldos contables. Asimismo, la sumatoria de los activos de riesgo asignados a las distintas categorías, deberá igualar con la suma de los saldos contables de los siguientes rubros del Balance:

100.00	Activo
600.00	Cuentas contingentes deudoras
820.00	Valores y bienes recibidos en administración

870.00 Cuentas deudoras de los fideicomisos (con excepción de la subcuenta 879.00 Gastos)

880.00 Cuentas deudoras de fideicomisos con recursos del Estado (excepto la subcuenta 889.00)

Los activos y contingentes serán clasificados de acuerdo a lo establecido en el Anexo 9 del presente Capítulo.

Artículo 7° - Reporte de información.-

Las entidades financieras deberán reportar diariamente a la ASFI información consolidada a través del SIF, incluyendo los saldos contables de las cuentas diferenciadas por monedas, detalladas en el Anexo 9 del presente Capítulo, correspondiente a sus registros contables. Una vez ingresada la información al sistema, el programa realizará la validación de datos generando un listado de errores detectados, los cuales deberán ser corregidos por la entidad en forma previa a su envío a la ASFI. Como constancia de la recepción de la información, la ASFI enviará un e-mail de conformidad, para cada entidad, haciendo constar la fecha y hora de la recepción.

El reporte de la información se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento para el Envío de Información a la ASFI (Título II, Capítulo II de la presente Recopilación).

Los reportes de Ponderación de Activos y Suficiencia Patrimonial serán generados en bolivianos. A efectos de la captura y remisión de la información, los saldos correspondientes en moneda nacional con mantenimiento de valor respecto del dólar estadounidense y moneda extranjera deberán convertirse en bolivianos, aplicando la cotización correspondiente al tipo de cambio de compra vigente en el día, informada por el Bolsín del BCB; de igual manera, los saldos correspondientes en moneda nacional con mantenimiento de valor en relación a la UFV deberán convertirse en bolivianos, aplicando las cotizaciones de la UFV que el Banco Central de Bolivia publique diariamente.

Artículo 8° - Reportes rectificatorios.-

En los casos en que una entidad financiera solicite la presentación de un reporte rectificatorio para modificar la información originalmente presentada, la misma debe ser canalizada a través de nota escrita que fundamente las razones que dan lugar a dicho reproceso, adjuntando toda la documentación sustentatoria que sea necesaria.

La ASFI analizará y evaluará cada solicitud a fin de autorizar, en los casos que corresponda, la rectificación de la información con el objeto de regularizar los datos erróneos. No obstante, la fecha de presentación del reporte rectificatorio será considerada para efectos de la aplicación de multas por retraso en la presentación de la información, sin perjuicio de aplicar las sanciones previstas en el régimen de sanciones establecido en el Capítulo II, Título XIII de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras.

De igual manera, si la ASFI, a través de sus procesos regulares de control y fiscalización, detecta diferencias imputables a la entidad, las mismas ameritarán la presentación de reportes rectificatorios, con la consiguiente aplicación de multas y sanciones.

Las entidades de intermediación financiera deberán contar con políticas y estrategias aprobadas por el Directorio u Órgano Equivalente, que les permitan mantener, en todo momento, un coeficiente de suficiencia patrimonial por encima del exigido por ley, con relación al total de sus activos y contingentes ponderados en función de sus riesgos, utilizando las ponderaciones establecidas en el presente Reglamento.

La ASFI evaluará de manera permanente en cada entidad, el cumplimiento y grado de adhesión a sus políticas, estrategias y procedimientos aprobados, así como la observancia del presente Reglamento.

Cuando el monto de las pérdidas, entendiendo a éstas como el importe correspondiente a las pérdidas acumuladas y las pérdidas de la gestión, sean igual o mayor al treinta por ciento (30%) y menor al cincuenta por ciento (50%) del capital primario, o cuando el coeficiente de suficiencia patrimonial de una entidad descienda por debajo del mínimo legal requerido, la entidad deberá reportar esta situación inmediatamente a la ASFI dando inicio al proceso de regularización de acuerdo a lo establecido en el Capítulo I del Título Noveno de la Ley de Bancos y Entidades Financieras.

Es responsabilidad del Gerente General y del Gerente de Operaciones o instancia equivalente de la entidad financiera, la adopción de sistemas y mecanismos de control interno para evitar retrasos, inconsistencias o inexactitud en la presentación de la información correspondiente al cálculo de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos. La existencia de alguna de estas deficiencias dará lugar a la aplicación del régimen de sanciones establecido en el Capítulo II, Título XIII de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras.

En forma adicional, la entidad debe informar a la ASFI los nombres de los funcionarios que fueron designados responsables de las tareas operativas.

Hasta el 10 de enero de cada año, las entidades financieras deben remitir a la ASFI, copia del informe elaborado por el Auditor Interno, dirigido y aprobado por el Directorio u Órgano equivalente de la entidad, respecto a la aplicación del presente Reglamento en los doce meses precedentes. En dicho informe, el Auditor Interno debe asegurar haber procedido con la revisión íntegra del sistema que genera la información para el cálculo de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos, así como los mecanismos de control interno adoptados en relación a la seguridad, integridad, consistencia y veracidad de la información para evitar retrasos, inconsistencias o falsedad en la presentación de la misma, habiendo constatado personalmente que dicho sistema está integrado a la contabilidad, y que todo el proceso guarda absoluta confiabilidad y cumple con las políticas y estrategias aprobadas por el Directorio.

El presente Reglamento tiene por objeto establecer los requisitos que se deben cumplir para materializar/viabilizar el registro de los accionistas y su respectivo registro tanto en el Libro de Acciones de las Entidades de Intermediación Financiera como en el “Sistema de Registro de Accionistas” de la Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI), una vez obtenida la licencia de funcionamiento o cuando se presenten modificaciones en la composición accionaria.

Se encuentran sujetas al ámbito de aplicación del presente Reglamento los bancos, los fondos financieros privados, los bancos de segundo piso y las empresas de servicios auxiliares financieros, en adelante entidad supervisada.

La entidad supervisada mediante carta comunicará a ASFI, la modificación en la composición accionaria, en un plazo máximo de 10 días calendario a partir de producidos cualquiera de los siguientes hechos:

1.	Incremento de capital por la reinversión de utilidades y reservas patrimoniales.
2.	Transferencia de acciones directamente o mediante la Bolsa de Valores.
3.	Adjudicación judicial por recuperación de créditos o dación en pago por prestación diversa a la debida, sujeta a regularización cuando corresponda.
4.	Incremento de capital con aportes en efectivo de antiguos o nuevos accionistas.

En el caso de cambios en la composición accionaria por incrementos de capital con aportes en efectivo de antiguos o nuevos accionistas, la entidad supervisada independientemente del porcentaje de participación que tuviese el accionista, debe adjuntar a la carta de comunicación la documentación que a continuación se detalla:

1.	Declaraciones patrimoniales juradas de los accionistas aportantes identificando el origen de los recursos de acuerdo al Anexo I del presente Reglamento cuando se trate de personas naturales y Estados Financieros auditados por firmas Auditoras legalmente constituidas en el país, de las dos últimas gestiones cuando se trate de personas jurídicas.
2.	Documento de autorización de cada uno de los accionistas aportantes de acuerdo al Anexo II del presente Reglamento.
3.	Copia del Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas que haya considerado y resuelto el incremento de capital de la entidad supervisada.

La entidad supervisada debe requerir autorización previa de ASFI cuando:

1.	Los accionistas fundadores de la entidad supervisada quieran transferir sus acciones, directamente o mediante la Bolsa de Valores, hasta tres (3) años despues de haber obtenido la entidad su licencia de funcionamiento.
2.	Por efecto de la transferencia, reinversión de utilidades o adquisición de acciones, existieran accionistas que pudiesen llegar a poseer, directa o indirectamente, el cinco por ciento (5%) o más del capital de la entidad supervisada.
3.	Por la adquisición de acciones a través de la Bolsa de Valores, el accionista llegue a poseer el cinco por ciento (5%) o más del capital de la entidad supervisada y solicite su inscripción en el Libro de Registro de Acciones de la entidad supervisada.

Para los casos en los que la entidad supervisada requiere autorización de ASFI de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° precedente, la entidad supervisada debe remitir información de las personas que deseen adquirir acciones, de acuerdo al siguiente detalle:

1.	Para Personas naturales:
	a. Certificado de antecedentes personales emitido por autoridad competente para aquellos domiciliados en el país. Tratándose de personas no domiciliadas en el país, se debe presentar un documento equivalente, expedido por la autoridad competente del país de residencia, debidamente legalizado según los procedimientos de ley. b. Certificado de solvencia fiscal para aquellos domiciliados en el país. Tratándose de personas no domiciliadas en el país, se debe presentar un documento equivalente, expedido por la autoridad competente del país de residencia y la copia de la última declaración impositiva, debidamente legalizados según los procedimientos de ley. c. Declaración patrimonial jurada con información reciente de los aportantes identificando el origen de los recursos según Anexo I del presente Reglamento. d. Curriculum vitae según el Anexo III del presente Reglamento. e. Documento de autorización de acuerdo al Anexo II del presente Reglamento. f. Copia del Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas en la que se haya considerado y resuelto el aumento de capital de la entidad supervisada.
2.	Para Personas jurídicas constituidas en el país:
	a. Nombre, domicilio y teléfono de la persona jurídica. b. Documentos públicos legalizados de constitución social. c. Poder otorgado al representante legal. d. Currículum Vitae del representante legal según el Anexo III del presente Reglamento. e. Certificación de su inscripción en el Registro de Comercio, cuando corresponda. f. Certificado de solvencia fiscal de la persona jurídica. g. Relación de sus accionistas, socios o asociados según corresponda, hasta el nivel de personas naturales de acuerdo con el Anexo IV del presente Reglamento. h. Estados financieros auditados por firmas Auditoras legalmente constituidas en el país, de las dos últimas gestiones y el balance del último semestre. i. Nómina de los miembros de su directorio u órgano equivalente. j. Documento de autorización de acuerdo al Anexo II del presente Reglamento. k. Copia del acta o resolución del órgano facultado por estatutos, autorizando la participación accionaria de la persona jurídica en la entidad supervisada. l. Declaración jurada sobre el origen de los recursos para la adquisición de las acciones. m. Copia del Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas que haya considerado y resuelto el incremento de capital de la entidad supervisada.
3.	Para Personas jurídicas constituidas en el exterior, además de la información señalada en el numeral 2 anterior, se debe adjuntar:
	n. Nombre, dirección y currículum vitae del representante o representantes legales permanentes en Bolivia según el Anexo III del presente Reglamento y constancia de inscripción del Poder de Representación en el Registro de Comercio. o. Documento equivalente al Certificado de Solvencia Fiscal, expedido por la autoridad competente del país de residencia de la persona jurídica debidamente legalizados según los procedimientos de ley. p. Certificado de Solvencia Fiscal del representante legal en Bolivia. q. Un compromiso de sujetarse a las previsiones contenidas en los Artículos 129º, 165º, 232º y del 413° al 423° del Código de Comercio boliviano, en lo conducente.
4.	Para Bancos o entidades financieras constituidas en el exterior, adicionalmente a la información señalada en los incisos de los numerales 2 y 3 anteriores la entidad supervisada debe adjuntar lo siguiente:
	r. Certificación del órgano fiscalizador o autoridad equivalente del país de origen, que exprese que la entidad se encuentra operando de acuerdo a ley y a sanas prácticas bancarias, crediticias y financieras. s. Autorización expresa para efectuar la inversión, conferida a la entidad financiera por el órgano fiscalizador o autoridad equivalente del país de origen. t. Autorización expresa de la entidad financiera para que el órgano fiscalizador o autoridad equivalente del país de origen, pueda intercambiar con ASFI información sobre la situación financiera y operaciones de dicha entidad.
5.	Para el caso de Entidades de carácter multilateral, la entidad supervisada debe remitir a ASFI:
	a. Nombre, domicilio y teléfono de la entidad multilateral. b. Documento que acredite la calidad del representante legal. c. Copia del acta o resolución del órgano facultado por estatutos que autoriza la participación accionaria.

Asimismo, ASFI se reserva el derecho de solicitar la información adicional que considere conveniente.

Los documentos señalados en la presente Sección deben enviarse debidamente legalizados y traducidos al español, en caso de encontrarse en otro idioma, conforme a disposiciones legales vigentes.

El plazo de validez de los certificados requeridos en la presente Sección será el establecido por la autoridad competente que lo emite. En caso de que el certificado no cuente con dicho plazo, la validez del mismo será de (90) noventa días calendario a partir de su fecha de emisión.

Todas las declaraciones que sean enviadas por la entidad supervisada a ASFI, deben incluir el siguiente texto: “La presente declaración jurada conlleva la condición de confesión, verdad y certeza jurídica, de conformidad con el Artículo 1322° del Código Civil y Artículo 246° del Código de Procedimiento Civil, sujeta en caso de inexactitud o falsedad a la cancelación del trámite y a las penalidades establecidas en el Artículo 169° del Código Penal como falso testimonio”.

ASFI efectuará la revisión de los documentos requeridos en el artículo 4° de la presente Sección y evaluará los antecedentes de los accionistas respecto a su solvencia e idoneidad. En caso de existir observaciones, éstas serán comunicadas por escrito a la entidad supervisada, fijando plazo para su regularización.

Una vez que la entidad supervisada haya subsanado todas las observaciones formuladas por ASFI, ésta en un plazo de treinta (30) días calendario aprobará la solicitud mediante Resolución expresa. Cuando se trate de accionistas nacionales, la entidad supervisada en un plazo de cinco (5) días calendario a partir de la recepción de la Resolución debe remitir el contrato individual de suscripción y pago de acciones, con reconocimiento legal de firmas y rúbricas ante autoridad competente. En el caso de accionistas extranjeros este plazo no podrá ser superior a sesenta (60) días calendario, los documentos señalados deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 5° de la presente Sección.

Si la entidad supervisada en el plazo otorgado por ASFI no subsana las observaciones formuladas, el Organismo de Supervisión en un plazo de treinta (30) días calendario rechazará la solicitud mediante Resolución Fundada.

Artículo 1° - Libro de Registro de Acciones.-

La entidad supervisada, debe mantener un Libro de Registro de Acciones con las formalidades establecidas en el Código de Comercio para los libros de contabilidad, de libre consulta para los accionistas que contenga cuando menos:

a)	Nombre, nacionalidad, domicilio y teléfono del accionista;
b)	Número, serie, monto y demás particularidades de las acciones;
c)	Nombre del suscriptor y estado del pago de las acciones;
d)	Detalle de las transferencias con indicación de las fechas y nombre de los adquirentes;
e)	Gravámenes que se hubieran constituido sobre las acciones;
f)	Conversión de los títulos con los datos que correspondan a los nuevos, en caso de presentarse esta situación; y
g)	Cualquier otra mención que derive de la situación jurídica de las acciones y de sus eventuales modificaciones.

La entidad supervisada debe considerar como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el título accionario y en el Libro de Registro de Acciones.

Todo asiento en el Libro de Registro de Acciones debe llevar la firma del Secretario del Directorio.

Artículo 2° - Registro de accionistas en ASFI.-

ASFI con el fin de contar con información actualizada, completa y oportuna para fines de control, mantiene un “Sistema de Registro de Accionistas” en línea, que permite el registro de los accionistas de las entidades supervisadas cuando se producen modificaciones en la composición accionaria de las mismas, en función a lo establecido en el Manual de Usuario del “Sistema de Registro de Accionistas”.

La entidad supervisada es responsable de introducir en el “Sistema de Registro de Accionistas” de ASFI los datos incorporados en el Libro de Registro de Acciones, hasta el nivel de persona natural de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del Artículo 11° de la Ley de Bancos y Entidades Financieras. La entidad supervisada que se vea imposibilitada de registrar a alguno de sus accionistas hasta el nivel de persona natural, debe justificar y explicar el motivo por el cual tiene dicha imposibilidad en el “Sistema de Registro de Accionistas” registrando las causas que originan el impedimento y, debe remitir una carta solicitando la excepción de registro de accionistas hasta el nivel de persona natural con la justificación debidamente documentada. Una vez recibida la solicitud, conjuntamente la documentación respaldatoria, ASFI efectuará el análisis de la misma y procederá a su aceptación o rechazo; en caso de rechazo, la entidad supervisada debe realizar la acciones correctivas necesarias.

La información contenida y transmitida como mensaje electrónico de datos en el “Sistema de Registro de Accionistas”, tiene los mismos efectos legales, judiciales y de validez probatoria que un documento escrito con firma autógrafa.

La entidad supervisada debe proceder a introducir los datos de los accionistas en el “Sistema de Registro de Accionistas” una vez que los mismos sean incorporados en el Libro de Registro de Acciones o cuando se conozcan cambios en la composición accionaria de los accionistas con personería jurídica, luego de haber remitido la carta de comunicación a ASFI o contar con la Resolución de autorización de este Organismo de Supervisión en los casos establecidos en la Sección 2 del presente Reglamento.

Artículo 3° - Desmaterialización de Acciones.-

En el caso de la desmaterialización de acciones, la entidad supervisada debe tener conocimiento permanente sobre quien detenta la propiedad de las acciones para mantener actualizado el Libro de Registro de Acciones y comunicar, a este organismo de supervisión, toda desmaterialización de acciones.

Artículo 4° - Otorgamiento y vigencia de claves.-

Las altas, bajas o modificaciones de claves de acceso para operar el “Sistema de Registro de Accionistas”, deben ser efectuadas a través del Sistema de Administración de Claves de ASFI que se encuentra disponible en la Red Supernet.

ASFI otorgará a cada usuario una clave secreta de acceso, siendo responsabilidad exclusiva de la entidad supervisada y de cada usuario, la utilización de la misma.

Cuando exista destitución, rotación, suspensión temporal o renuncia de un funcionario que es usuario del Sistema de Registro de Accionistas con clave de acceso, la entidad supervisada debe solicitar a la ASFI la baja inmediata de la misma.

Es responsabilidad del Directorio de la entidad supervisada verificar que quienes participan en las Juntas y ejercen sus derechos a voz y voto, son los titulares de las acciones inscritas en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad anónima.

Es responsabilidad del Gerente General o de la instancia equivalente, la seguridad, integridad, consistencia, veracidad y confiabilidad de la información remitida a ASFI.

El incumplimiento o inobservancia al presente Reglamento, dará lugar a la aplicación del Reglamento de Sanciones Administrativas contenido en la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras.

Toda transferencia de acciones que implique infracción a lo establecido en el presente Reglamento es ineficaz, de conformidad al Artículo 821º del Código de Comercio.

Las entidades supervisadas deben actualizar la información en el Sistema de Registro de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento hasta el 21 de septiembre de 2009.

Artículo 1° - Objeto.-

El presente Reglamento regula el cómputo de las obligaciones subordinadas como parte del patrimonio neto.

Artículo 2° - Ámbito de aplicación.-

Se encuentran sujetas al ámbito de aplicación del presente Reglamento los Bancos, Fondos Financieros Privados, Mutuales de Ahorro y Préstamo, Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas, Cooperativas de Ahorro y Crédito Societarias e Instituciones Financieras de Desarrollo que cuenten con licencia de funcionamiento en adelante entidad supervisada.

Artículo 3° - Definición de obligación subordinada.-

Es aquel pasivo cuya exigibilidad se encuentra en último lugar con respecto a los demás pasivos y que está disponible para absorber pérdidas en caso que los recursos patrimoniales resulten insuficientes.

Artículo 4° - Obligación subordinada computable.-

Las entidades supervisadas deben solicitar a ASFI la no objeción para el cómputo de las obligaciones subordinadas, como parte del patrimonio neto.

La obligación subordinada debe orientarse al crecimiento de cartera crediticia en el marco de lo establecido en el presente Reglamento y/o para fortalecer su posición patrimonial.

Artículo 5° - Aportes de capital.-

De acuerdo a la situación financiera de la entidad supervisada, ASFI podrá requerir aportes de capital previamente a la autorización de contratar obligaciones subordinadas que vayan a formar parte del patrimonio neto.

Artículo 1° - Requisitos.-

Las obligaciones subordinadas serán computables como parte del patrimonio neto, cuando cumplan con los siguientes requisitos:

1.	Plazo de contratación superior a cinco años.
2.	Acta de la Junta de Accionistas u órgano equivalente donde conste la aprobación de la contratación de la obligación subordinada, instrumentada mediante contrato de préstamo o mediante la emisión de bonos.
3.	Contar con la no objeción de ASFI.

Artículo 2° - No objeción de la ASFI.-

La entidad supervisada debe remitir una solicitud de no objeción a ASFI, adjuntando la documentación requerida, según sea el caso, de acuerdo a las Secciones 3 y 4 del presente Reglamento.

Artículo 3° - Evaluación de la solicitud.-

ASFI evaluará la solicitud de no objeción para que la obligación subordinada sea computada en el cálculo del patrimonio neto, de la entidad supervisada, de acuerdo con la documentación requerida en la Sección 3 o 4 según corresponda.

En caso de existir observaciones, estas, serán comunicadas por escrito a la entidad supervisada fijando plazo para ser subsanadas.

Artículo 4° - Distribución de utilidades.-

La entidad supervisada que cuente con obligaciones subordinadas, computables como parte del Patrimonio Neto, debe considerar para la distribución de utilidades los siguientes criterios:

1.	No se podrá distribuir como dividendos, las utilidades equivalentes al importe de la o las cuotas de la obligación subordinada que vencen en la gestión.
2.	No podrá distribuir dividendos, la entidad supervisada que no cumpla con el 100% de las metas planteadas en el Sustento Técnico señalado en el numeral 4, Artículo 1°, Sección 3 y en el Artículo 5° de la Sección 4 del presente Reglamento.
3.	Limitaciones para la distribución de dividendos establecidas por ASFI, mediante acto administrativo debidamente fundamentado, de acuerdo a la situación financiera de la entidad supervisada.

Artículo 5° - Aprobación de la solicitud.-

Una vez subsanadas las observaciones, ASFI emitirá la no objeción para que la obligación subordinada sea computada como parte del patrimonio neto de la entidad supervisada.

Artículo 6° - Rechazo de la solicitud.-

ASFI podrá rechazar la solicitud de no objeción, cuando las observaciones comunicadas durante el proceso de evaluación no sean subsanadas en el plazo establecido por ASFI y/o no satisfagan técnicamente dicha solicitud.

Artículo 7° - Cómputo de la obligación.-

Una vez otorgada la no objeción de ASFI, la obligación subordinada podrá computar el 100% como parte del patrimonio neto. Dicho porcentaje será revisado a la finalización de cada gestión anual, de acuerdo a la siguiente metodología de cálculo:

1.	Cálculo del porcentaje de cumplimiento: Se promedia el grado de cumplimiento de los indicadores propuestos como metas en el Sustento Técnico, presentado al momento de la solicitud de no objeción, de acuerdo a la siguiente fórmula: 4 CMn = Σ wh cmh ; n = 0,1,2,3,...,t h=1

Donde:

CMn  :   Porcentaje de Cumplimiento de las metas determinadas por la entidad supervisada para cada período ejecutado ”n”. cmh  :   Porcentaje de Cumplimiento de la meta “h” determinada por la entidad supervisada para cada período ejecutado “n”. wh   : Ponderador de la meta. n     : Período anual de la evaluación durante la vigencia de la obligación subordinada. t     : Plazo de la obligación subordinada. PONDERADOR (wh) INDICADORES 30% Capital Primario sobre el Total de los Activos más Contingentes 20% Activos Ponderados por Riesgo sobre el Total de los Activos 20% Cartera Vigente sobre Cartera Bruta 30% Cartera Vigente sobre el Total de los Activos

2.

Cómputo de la obligación subordinada: Anualmente, al saldo de la obligación subordinada, se multiplica el porcentaje de cumplimiento más bajo de los cuatro (4) indicadores propuestos como metas en el Sustento Técnico, durante la vigencia de la obligación subordinada, obteniendo de esta manera el monto computable como parte del patrimonio neto, de acuerdo con la siguiente fórmula: OSCn = Z * OSn Z = Min (CM n) ; n = 0,1,2,3,...,t OSC  :  Monto de la Obligación Subordinada Computable. OS    :  Saldo de la Obligación subordinada. n       :  Período anual de la evaluación durante la vigencia de la obligación subordinada. t        :  Plazo de la obligación subordinada.

El monto máximo del total de las obligaciones subordinadas a ser computadas como parte del patrimonio neto, no debe ser superior al 50% del capital primario, después de ajustes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 48° de la Ley de Bancos y Entidades Financieras (LBEF).

Artículo 8° - Forma de pago.-

Las obligaciones subordinadas admiten pago al vencimiento, amortizaciones periódicas o en cuotas y prepagos; opciones, que deben figurar en el contrato, en la declaración unilateral de voluntad de emisión, el Acta de la Junta de Accionistas u órgano equivalente y el prospecto de la emisión, según corresponda.

El monto cancelado de las obligaciones subordinadas, debe ser reemplazado obligatoriamente con nuevos aportes de capital y/o reinversión de utilidades al momento en el que se produzcan las amortizaciones señaladas.

Cuando el reemplazo se efectúe por medio de la reinversión de utilidades, la adición al capital pagado procederá de la cuenta 351.00 (Utilidades Acumuladas) en la fecha que se produzca el pago.

Artículo 9° - Acreedores.-

No pueden ser acreedores de una obligación subordinada las entidades supervisadas señaladas en el Artículo 2°, Sección 1 del presente Reglamento, las entidades miembros de un conglomerado financiero al cual pertenezca la entidad emisora, Sociedades de Administración de Fondos de Inversión y Sociedades de Titularización, además de los patrimonios autónomos que administran dichas Sociedades, los accionistas de la entidad supervisada contratante ni las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que incurran en los impedimentos previstos en el Artículo 10° de la LBEF.

Artículo 10° - Absorción de pérdidas.-

En caso que una entidad supervisada sea intervenida, registre más de una obligación subordinada y los recursos patrimoniales resulten insuficientes para absorber las pérdidas, se aplicarán las obligaciones subordinadas a prorrata sobre sus saldos, sin distinción de fechas de contratación o emisión.

Artículo 1° - Documentación requerida.-

La entidad supervisada, a efecto de obtener la no objeción de ASFI para adicionar la obligación subordinada instrumentada mediante contrato de préstamo al patrimonio neto, debe remitir la siguiente documentación:

1.	Acta de la Junta de Accionistas u órgano equivalente donde conste la aprobación de la contratación de obligación subordinada.
2.	Contrato de préstamo.
3.	Informe del Gerente General o instancia equivalente con carácter de Declaración Jurada, que señale lo siguiente:
	a. Que las proyecciones de flujos de efectivo, de la entidad supervisada, demuestren que tiene suficiente capacidad de pago para responder a las condiciones de la emisión. b. Que la entidad supervisada cumple con los límites legales establecidos en la LBEF. c. Que la entidad supervisada no mantiene notificaciones ni sanciones, impuestas por ASFI, pendientes de regularización.
4.	Sustento Técnico sobre la necesidad de contratar obligaciones subordinadas, señalando metas de crecimiento de cartera y aportes de capital en efectivo dentro del plazo de duración de la obligación subordinada. A efectos de evaluación y cumplimiento de las metas, se contemplará los siguientes indicadores proyectados por el período del préstamo:
	a. Capital Primario sobre el Total de los Activos más Contingentes. b. Activos Ponderados por Riesgo sobre el Total de los Activos. c. Cartera Vigente sobre Cartera Bruta. d. Cartera Vigente sobre el Total de los Activos.

ASFI podrá autorizar reformulaciones a las metas en caso de que las condiciones del entorno y/o de la entidad supervisada cambien, afectando el cumplimiento de las metas planteadas.

Artículo 2° - Contenido del Acta.-

A efectos del cumplimiento del artículo anterior, el Acta de la Junta de Accionistas u órgano equivalente debe contener lo siguiente:

1.	Autorización expresa para contraer la obligación subordinada instrumentada mediante contrato de préstamo.
2.	Compromiso de realizar nuevos aportes de capital y/o reinvertir utilidades en la medida que el préstamo subordinado contraído sea amortizado o cancelado.
3.	Ante una eventual capitalización del préstamo:
	a. la obligación de emitir acciones para el ingreso del nuevo accionista, b. el compromiso de los accionistas a renunciar a su derecho preferente sobre la nueva emisión realizada, c. la obligación de realizar todos los ajustes necesarios a los estados financieros, de modo que las pérdidas o cualquier clase de pasivos, cuyo origen se relacione con la administración vigente al momento en que se produzca la capitalización e ingreso del acreedor como accionista, sean absorbidas por los actuales accionistas y bajo ningún concepto por el nuevo accionista.

Artículo 3° - Capitalización.-

Una obligación subordinada instrumentada mediante contrato de préstamo será susceptible de convertirse en capital, total o parcialmente, debido al incumplimiento de pago de la obligación por parte del deudor. En este caso, ASFI aplicará el Reglamento para el Registro de Accionistas, contenido en la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras (RNBEF).

Artículo 4° - Modificación del contrato.-

Una obligación subordinada instrumentada mediante contrato de préstamo, puede admitir modificaciones a los términos y condiciones inicialmente pactados, referidos al plazo, tasa de interés, monto y otros, siempre que exista acuerdo entre partes. Las modificaciones deben ser comunicadas a ASFI, para su no objeción, acompañando el Acta en la que conste la aprobación de la Junta de Accionistas u órgano equivalente y el documento contractual correspondiente.

Artículo 5° - Prohibiciones.-

En la contratación y utilización de una obligación subordinada instrumentada mediante contrato de préstamo, la entidad supervisada no puede:

1.	Admitir cobros anticipados del acreedor.
2.	Incurrir en incumplimientos en el pago de la obligación subordinada.
3.	Destinar los recursos a la adquisición de activos fijos, adquisición de acciones de otras sociedades o gastos de instalación y/o el pago de otras obligaciones subordinadas.
4.	Otorgar o mantener créditos con los acreedores de la obligación subordinada instrumentada mediante contrato de préstamo, durante el plazo de vigencia del contrato.

Artículo 1° - Solicitud de Autorización .-

La emisión de bonos subordinados está sujeta a la autorización de ASFI, para lo cual la entidad supervisada debe remitir la siguiente documentación:

1.	Acta de la Junta de Accionistas u órgano equivalente, que apruebe la emisión de bonos subordinados y que contenga como mínimo:
	a. Autorización expresa para contraer la obligación subordinada instrumentada mediante la emisión de bonos. b. Términos y condiciones de la emisión de bonos subordinados, para los cuales, ASFI podrá aprobar la delegación de tasa de rendimiento y fecha de emisión. c. Compromiso de realizar nuevos aportes de capital y/o reinvertir utilidades en la medida en que los bonos subordinados sean amortizados o cancelados.
2.	Informe del Gerente General o instancia equivalente con carácter de Declaración Jurada, que señale lo siguiente:
	a. Que las proyecciones de flujos de efectivo, de la entidad supervisada, demuestren que tiene suficiente capacidad de pago para responder a las condiciones de la emisión. b. Que la entidad supervisada cumple con los límites legales establecidos en la LBEF. c. Que la entidad supervisada no mantiene notificaciones ni sanciones impuestas por ASFI, pendientes de regularización.
3.	Requisitos establecidos en la normativa vigente del Mercado de Valores.

Artículo 2° Evaluación de la solicitud.-

ASFI evaluará la solicitud de autorización para la emisión de bonos. En caso de existir observaciones estas serán comunicadas por escrito a la entidad supervisada fijando plazo para que sean subsanadas.

Artículo 3° - Aprobación.-

En caso que la entidad supervisada cumpla con las exigencias legales y técnicas requeridas, ASFI aprobará la emisión de bonos subordinados.

Artículo 4° - Rechazo de la solicitud.-

En caso que la entidad supervisada no cumpla con los requisitos técnicos y legales dentro del plazo requerido, ASFI rechazará la solicitud de emisión de bonos subordinados.

Artículo 5° - Documentación requerida para no objeción.-

En caso de que sea aceptada la emisión de bonos, la entidad supervisada, a efecto de obtener la no objeción de ASFI para adicionar la obligación subordinada como parte del patrimonio neto, debe remitir el Sustento Técnico sobre la necesidad de contratar obligaciones subordinadas, señalando metas de crecimiento de cartera y aportes de capital por parte de los accionistas dentro del plazo de duración de la obligación subordinada.

A efectos de evaluación y cumplimiento de metas, se contemplará los siguientes indicadores proyectados por el período de vencimiento de la emisión:

a.	Capital Primario sobre el Total de los Activos más Contingentes.
b.	Activos Ponderados por Riesgo sobre el Total de los Activos.
c.	Cartera Vigente sobre Cartera Bruta.
d.	Cartera Vigente sobre el Total de los Activos.

ASFI podrá autorizar reformulaciones a las metas en caso de que las condiciones del entorno y/o de la entidad supervisada cambien, afectando el cumplimiento de las metas planteadas.

Artículo 6°- Capitalización.-

Una obligación subordinada instrumentada mediante la emisión de bonos no puede convertirse, bajo ninguna circunstancia, en capital.

Artículo 7° - Incumplimiento en el pago.-

Ante incumplimiento, de la entidad supervisada, en el pago de intereses o capital de la deuda subordinada, instrumentada mediante bonos, se aplicará el inciso a) del artículo 120° de la Ley de Bancos y Entidades Financieras.

Artículo 8° - Prohibiciones del emisor.-

Las entidades que adquieran obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos no pueden:

1.	Admitir cobros anticipados de los tenedores de bonos subordinados.
2.	Incurrir en incumplimientos en el pago de los bonos subordinados.
3.	Destinar los recursos a la adquisición de activos fijos, adquisición de acciones de otras sociedades o gastos de instalación y/o pago de otras obligaciones subordinadas.

Artículo 1° - Contratación de Obligaciones Subordinadas.-

La entidad supervisada que contraiga préstamos subordinados en el marco del Decreto Supremo N° 27386 de fecha de 20 de febrero de 2004 del Fondo de Apoyo al Sistema Financiero - FASF, como consecuencia de la adquisición de activos y pasivos de otras entidades de intermediación financiera dentro de procedimientos de solución, contarán con la no objeción de ASFI prevista en el artículo 2° de la Sección 2 del presente Reglamento a simple solicitud, como consecuencia de los plazos abreviados que contempla la Ley de Bancos y Entidades Financieras, independientemente de la existencia de otras obligaciones subordinadas vigentes.

Con el objeto de documentar el trámite de no objeción, la entidad supervisada adquirente debe remitir a ASFI el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas u órgano de decisión equivalente y el contrato de préstamo subordinado en un plazo no mayor a 30 días calendario a partir de la suscripción del contrato.

Artículo 2° - Contenido del Acta.-

A efectos del artículo anterior, en el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas u órgano de decisión equivalente debe constar la ratificación de los actuados para la contratación de la obligación subordinada y lo previsto en el artículo 2° de la Sección 3° del presente Reglamento.

Artículo 3° - Computo de la obligación.-

ASFI adicionará el saldo de la obligación subordinada al Patrimonio Neto, en forma excepcional, a partir de la solicitud de la entidad supervisada. Si la entidad supervisada, no cumpliera con el plazo establecido en el artículo 1° de esta Sección, dicha adición al Patrimonio Neto será revertida.

Artículo 1° - Responsabilidad.-

El Gerente General de la entidad supervisada o instancia equivalente, es responsable del cumplimiento y difusión interna del presente Reglamento.

Artículo 2° - Sanciones.-

El incumplimiento o inobservancia al presente Reglamento dará lugar a la aplicación de sanciones de acuerdo al Reglamento de Sanciones Administrativas contenido en la RNBEF.

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones y requisitos mínimos para la clausura y rehabilitación de cuentas corrientes, dotando a las entidades de intermediación financiera de una herramienta de consulta que coadyuve a la toma de decisiones oportunas.

Quedan comprendidas dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento todas las entidades de intermediación financiera que operen con cuentas corrientes comerciales y fiscales.

Artículo 1° - Rechazo y Clausura.-

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 602° del Código de Comercio, el girador de un cheque debe tener, necesariamente, fondos depositados y disponibles en la entidad de intermediación financiera girada o haber recibido de ésta autorización para girar cheques en virtud de una apertura de crédito.

De no ser así, el cheque deberá ser objeto de rechazo por parte de la entidad de intermediación financiera girada, por falta o insuficiencia de fondos, en el momento en que sea presentado para su cobro en su ventanilla de caja o a través de un proceso de canje mediante Cámara de Compensación, con el inmediato reporte a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) según lo dispuesto para tal efecto en el Artículo 5° de la presente Sección.

A los fines de lo dispuesto por el Artículo 602° del Código de Comercio y a efectos del presente Reglamento, los fondos disponibles que el girador debe tener en la entidad de intermediación financiera girada deben ser suficientes para cubrir el monto del cheque y el importe del Impuesto a las Transacciones Financieras que corresponda.

Artículo 2° - Alcance de la Clausura.-

El rechazo de un cheque determina la clausura inmediata de las cuentas corrientes a la que corresponda dicho cheque o cheques, por lo que no se aceptarán ni recibirán posteriores depósitos, ni retiros en ninguna de ellas. En ningún caso se pagarán cheques pertenecientes a la cuenta corriente clausurada.

Asimismo, en caso de que el cheque girado en descubierto provenga de una cuenta unipersonal y/o de una cuenta con dos o más titulares, además de efectuarse la clausura de la cuenta a la que corresponda dicho cheque, también se procederá con la clausura de todas las demás cuentas que mantenga el girador en la entidad rechazante y/o en otras entidades de intermediación financiera, independientemente si tales cuentas son unipersonales, o con dos o más titulares, sea con manejo en forma indistinta o en forma conjunta.

En ningún caso el procedimiento de clausura se aplicará a otras cuentas corrientes, de terceras personas que hubieran sido indirectamente afectadas por compartir la titularidad de cuentas que fueron clausuradas.

Artículo 3° - Pago Parcial.-

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 609° del Código de Comercio, si los fondos disponibles en la cuenta no fueran suficientes para cubrir el importe del Impuesto a las Transacciones Financieras o del cheque más dicho Impuesto, la entidad de intermediación financiera debe ofrecer al tenedor el pago parcial hasta el saldo disponible en la cuenta, previa deducción del impuesto sobre el monto del pago parcial.

En caso de ser aceptado el pago parcial, se procederá conforme a lo previsto en el Artículo 612° del Código de Comercio; la anotación que se realice en aplicación de dicha norma surte los efectos de protesto a que se refiere el Artículo 615° de dicho Código, correspondiendo a la entidad reportar el cheque a ASFI, a fin de dar curso al procedimiento correspondiente a la clausura de cuenta corriente según lo dispuesto en el Artículo 5° de la presente Sección.

En caso de que el tenedor rechace el pago parcial y solicite el protesto del cheque por insuficiencia de fondos, se cumplirá con lo establecido en el Artículo 615° del Código de Comercio, correspondiendo a la entidad reportar el cheque a ASFI para los mismos fines del párrafo precedente.

Si los fondos disponibles en la cuenta no fueran suficientes para cubrir:

•	El importe del Impuesto a las Transacciones Financieras derivado de un cheque presentado para su cobro,
•	Importes inferiores a 10Bs y/o 5$us.

Es potestad de las entidades de intermediación financiera pagar dicho importe con cargo al sobregiro que concedan a sus clientes, constituído el contrato respectivo, de acuerdo a sus políticas. En caso que las entidades de intermediación financiera decidieran no otorgar el mencionado sobregiro, corresponderá el rechazo del cheque por falta o insuficiencia de fondos, para lo cual se deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el Artículo 5° de la presente Sección.

Artículo 4° - Obligación de la entidad.-

Los cheques correspondientes a una cuenta corriente clausurada, girados en fecha posterior a la clausura, deberán ser devueltos por la entidad de intermediación financiera al portador del mismo con un sello que indique “Rechazado por Cuenta Clausurada”, sin que amerite su reporte como rechazado por insuficiencia de fondos. Por analogía, deberá procederse en forma similar, cuando el cheque haya sido presentado a través de Cámara de Compensación.

La entidad de intermediación financiera llevará el control y registro de cada uno de los clientes que incurran en las causales establecidas en la clausura de cuentas corrientes y deberán mantener una base de datos que permita verificar el comportamiento histórico de éstos clientes en su entidad, la cual deberá estar a disponibilidad de ASFI.

Las entidades de intermediación financiera no podrán aperturar cuentas corrientes a aquellas personas que figuren con una cuenta corriente clausurada pendiente de rehabilitación en el Registro de Cuentas Clausuradas de ASFI.

Artículo 5° - Reporte de clausura.-

La entidad de intermediación financiera reportará la información de cheques rechazados de todas sus sucursales y agencias del país de acuerdo a lo siguiente:

1.	Las entidades de intermediación financiera deberán reportar los rechazos de cheques por insuficiencia de fondos en forma diaria hasta las 14:00 del día siguiente.
2.	ASFI efectuará la clausura de las cuentas corrientes en forma diaria hasta las 16:00, de manera tal que todos los días será emitida la Carta Circular de Clausura respectiva, siempre y cuando se haya recepcionado el reporte por parte de las entidades, siendo ésta publicada en el servidor de este Organismo de Supervisión.
3.	La entidad no podrá postergar o excluir por ningún motivo el reporte de los cheques rechazados por falta y/o insuficiencia de fondos, presentados en caja para su cobro o en canje a través de Cámara de Compensación, el incumplimiento de esta disposición será sancionada según lo normado en el Reglamento de Sanciones.
4.	La información remitida en forma electrónica por las entidades de intermediación financiera al Sistema de Clausura y Rehabilitación de Cuentas Corrientes deberá ajustarse a los procedimientos establecidos en el Manual del Usuario del Sistema SICC que se encuentra publicado en la red Supernet.
5.	Es de exclusiva responsabilidad de las entidades de intermediación financiera, revisar y comparar, si corresponde, la información de sus registros con la información contenida en el Sistema de Clausura y Rehabilitación de Cuentas Corrientes. En caso de existir diferencias, la entidad de intermediación financiera, antes de procesar la nueva clausura o una vez que se haya realizado la rehabilitación, deberá comunicar en forma escrita a ASFI dichas diferencias, acompañando para tal efecto la respectiva documentación.

Artículo 6° - Actualización de información.-

El Sistema de Clausura y Rehabilitación de Cuentas Corrientes, permitirá a las entidades de intermediación financiera contar con información única, válida y en línea mediante la interfase Web, por lo cual es de entera responsabilidad de la entidad el manejo y la atención de consultas tanto para clientes como para alguna otra entidad referidas a la Clausura y Rehabilitación de Cuentas Corrientes.

Artículo 7° - Responsabilidad del Auditor Interno.-

El auditor interno deberá mantener a disposición de ASFI, el informe de la verificación efectuada respecto al funcionamiento e implementación de sistemas informáticos que permitan automáticamente recibir o pagar cheques de un cuentacorrentista con cuenta clausurada, misma que deberá estar a disposición de ASFI ante cualquier requerimiento.

Artículo 8° - Cuentas corrientes fiscales.-

De acuerdo a lo en la Guía de Procedimientos Operativos de Cuentas Corrientes Fiscales<,> emitido por el se dispone que la entidad de intermediación financiera, que actúe como administrador delegado puede clausurar una cuenta corriente fiscal por emisión de cheques sin fondos, normas de ASFI.

Para tal efecto, estas cuentas fiscales quedan sólo bloqueadas al débito, debiendo el administrador delegado seguir acumulando fondos provenientes de diversas fuentes como ser Co-participación Tributaria, Ley del Diálogo 2000 y otros.

En caso de cuentas corrientes fiscales, la entidad de intermediación financiera sólo procederá a la clausura de la cuenta corriente que haya originado el o los rechazos de cheques y no así a las demás cuentas corrientes pertenecientes a la Institución Pública que haya incurrido en giro de cheque al descubierto.