ARTÍCULO 382. (DEBERES).

1.

Asumir la carga de la prueba de los hechos que funden la acusación y la imposición de todas las medidas de coerción;

2.

Velar por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Política del Estado, los Instrumentos, Tratados o Convenios Internacionales vigentes;

3.

Adoptar o requerir las medidas necesarias para proteger a las víctimas de las infracciones penales, favorecer su intervención en el proceso y evitar o disminuir cualquier perjuicio que pudiera derivar de su intervención;

4.

Actuar en todo momento en sujeción estricta al principio de objetividad, por lo que deberán tomar en cuenta no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad a la persona imputada;

5.

No ocultar información o pruebas que puedan favorecer la situación de la persona imputada; 

6.

No utilizar, en ningún caso y mucho menos en contra de la persona imputada, pruebas obtenidas en violación a la Constitución Política del Estado, Instrumentos, Tratados o Convenios Internacionales vigentes y las leyes;

7.

Formular sus requerimientos y resoluciones de manera motivada y específica, procediendo oralmente en las audiencias y en el juicio; y, por escrito, únicamente en los casos expresamente previstos en este Código;

8.

Mantener informada a la sociedad de los avances de la persecución penal sin afectar los derechos de la víctima y la persona imputada, siempre que exista un interés social gravemente afectado; y,

9.

Adoptar las medidas necesarias para lograr la efectiva persecución y sanción de todos los participantes en el fenómeno criminal, no limitándose únicamente a la persecución de los eslabones más débiles de la cadena delictual.