ARTÍCULO 350. (DERECHOS DE LA VÍCTIMA).

1.

La tutela judicial efectiva que le facilite la resolución pacífica del conflicto y la reparación integral del daño sufrido, sin dilaciones innecesarias;

2.

Que se priorice sus intereses y necesidades en procura de la reparación integral del daño sufrido y a decidir la vía de reparación más efectiva en el marco de una justicia restaurativa, de conformidad con lo previsto en este Código;

3.

Recibir un trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento;

4.

No ser revictimizada con actuaciones innecesarias como el relato repetitivo de los hechos, comparecencias injustificadas, ni con trato prejuicioso, estigmatizante, culpabilizante, ni con la subestimación de la afectación de sus derechos;

5.

Que se respete su intimidad y resguardo de su identidad, y demás datos personales cuando sean personas menores de edad, y cuando la víctima así lo solicite;

6.

Requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés. La policía, el fiscal o el juez que conozcan la causa adoptarán las medidas necesarias para que se brinde esta protección. La oficina de atención a la víctima del Ministerio Público coordinará con la Policía, las fiscalías y los organismos de protección de todo el país, las acciones necesarias para hacer efectiva la protección; 

7.

A ser asistida en forma especializada con el objeto de propender a su recuperación psíquica, física y social;

8.

Intervenir en todas las etapas del proceso de conformidad a las facultades previstas por este Código, sin que esta intervención signifique excluir o suplir las obligaciones del fiscal y sus órganos auxiliares en el ejercicio de la acción penal pública, y acceder a los medios de prueba aportados;

9.

Obtener licencia con goce de sueldo por parte de su empleador, público o privado, cuando tenga que asistir a diligencias judiciales, a pericias o a comparecer ante convocatorias judiciales y por el tiempo necesario para ello. Para justificar la asistencia a tales actos, la policía, el fiscal o la Oficina Gestora de Audiencias correspondiente, deberá extender de inmediato y a sola petición verbal de la víctima el comprobante respectivo, en el que se indique la naturaleza del acto y la duración efectiva del trámite;

10.

Ser asistida por un abogado de su confianza en los actos del proceso. En caso de no contar con recursos económicos suficientes, el Estado deberá proporcionarle uno;

11.

Contar con la asistencia gratuita de un intérprete o traductor cuando no conozca el idioma castellano o tenga alguna discapacidad comunicativa; 

12.

Intervenir en forma real y efectiva en la solución del conflicto a través de los medios previstos en este Código;

13.

Ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite expresamente;

14.

Ser informada del resultado del proceso, aun cuando no haya intervenido en él;

15.

Impugnar las decisiones judiciales, de la Fiscalía y sus órganos auxiliares, en los términos previstos en este Código;

16.

Dar su consentimiento informado sobre su participación en los exámenes o pericias, así como en las medidas de asistencia que se le recomienden;

17.

Ser informada de las condiciones de cumplimiento de la sanción y participar en las audiencias donde se modifique la misma;

18.

Ser representada por asociaciones u organizaciones sin fines de lucro, que actúen en defensa de sus derechos;

19.

Participar en el proceso en calidad de querellante;

20.

Ser asistida por consultores técnicos en todas las etapas del proceso incluida la audiencia de juicio oral; y,

21.

A que las decisiones judiciales sean motivadas.