ARTÍCULO 3. (PRINCIPIOS).

1.

Inviolabilidad de la dignidad. La dignidad humana es el límite infranqueable al ejercicio del poder penal en todas sus formas y manifestaciones. La dignidad humana no podrá ser afectada ni transgredida de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia.

Las y los jueces, fiscales, policías y quienes presten servicios de justicia, respetarán la dignidad de toda persona, superarán los prejuicios culturales y los estereotipos nocivos de género, generacionales y otros que puedan incidir de modo negativo sobre su comprensión y valoración de los hechos, así como su interpretación y aplicación de las normas, y sobre el tratamiento y atención otorgados a los usuarios del servicio de justicia. Se entenderá que prestan servicios de justicia, las y los servidores públicos vinculados a la gestión de la conflictividad penal, tanto en sede judicial como extrajudicial. 

2.

Enfoque restaurador. El sistema penal de justicia se orientará hacia la restauración como respuesta pacífica al conflicto a través de la reparación integral del daño causado a la víctima, la reconciliación entre las partes basada en el reconocimiento de la responsabilidad de la persona imputada y la recomposición y fortalecimiento de las relaciones dentro de la comunidad afectada.

En la resolución del conflicto penal, las y los jueces, fiscales y quienes presten servicios de justicia, orientarán su actuación hacia el logro de la restauración pacífica del quiebre producido por el conflicto y la restitución del tejido social de la comunidad afectada.

De existir la necesidad de una sanción, ésta deberá orientarse hacia la reparación del daño a la víctima y la inserción en la comunidad de la persona infractora.

3.

Justicia penal como servicio. La justicia penal es un servicio público esencial para la gestión pacífica de la conflictividad. Queda prohibido el uso del poder penal y de la justicia penal para cualquier otro fin.

La justicia como servicio público deberá ser legítima, legal, imparcial, pública, con compromiso e interés social, con ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. Queda prohibido el uso de la función pública en el servicio de justicia en beneficio propio o como privilegio.

4.

Acceso a la justicia. Todas las personas, individual o colectivamente, tienen derecho al acceso oportuno, expedito, equitativo y gratuito a la justicia penal, respetando su realidad cultural. Corresponderá al Estado implementar mecanismos de fomento al acceso y eliminación de barreras en favor de todas las personas y en especial de aquellas en situación de vulnerabilidad. En el desempeño de sus funciones, las y los jueces, fiscales, policías y quienes presten servicios de justicia responderán a las necesidades especiales, físicas, emocionales, sensoriales o mentales, así como a las diferencias interculturales, de género, generacionales u otras de las personas usuarias del sistema, eliminando todo tipo de práctica discriminatoria, otorgando representación jurídica y defensa a las víctimas e imputados.

5.

Interpretación intercultural. En la prestación de los servicios de justicia penal, las y los jueces, fiscales, policías y quienes presten servicios de justicia, atenderán las particularidades de las relaciones interculturales de las personas involucradas en el conflicto.

La víctima y la persona imputada que no comprendan el idioma castellano o tengan alguna discapacidad comunicativa, tendrán derecho a elegir una o un traductor o intérprete para que les asista en todos los actos necesarios para su representación, defensa y debida comunicación. Cuando no hagan uso de ese derecho o no cuenten con los recursos suficientes, se les designará uno de oficio y de forma gratuita.

6.

Prohibición de discriminación. En la realización de cualquier acto procesal así como en la determinación o ejecución de cualquier sanción o medida de seguridad, las y los jueces, fiscales, policías y quienes presten servicios de justicia no incurrirán en discriminación alguna. Cualquier acción u omisión que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona o colectividad, será inmediatamente denunciada e investigada por los órganos correspondientes.

7.

Despatriarcalización y descolonización. Las y los jueces, fiscales, policías y quienes presten servicios de justicia velarán por la efectiva igualdad ante la Ley de mujeres y hombres, la sanción efectiva a la violencia de género y generacional y el rechazo a la utilización de la justicia como instrumento de discriminación, opresión o represión.

8.

Seguridad jurídica. Las y los jueces a momento de conocer y resolver un caso concreto, deberán sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, aplicando la Ley de forma objetiva y materializando los derechos y garantías fundamentales, reconocidos por la Constitución Política del Estado y el Bloque de Constitucionalidad.

9.

Último recurso y mínima intervención. La reacción penal sólo procederá en conflictos que no puedan ser atendidos desde otros ámbitos lícitos de gestión no punitiva de la conflictividad. La privación de libertad será la última respuesta.

1.

Legalidad e irretroactividad de la Ley. Sólo se considerarán infracciones penales, aquellas conductas descritas expresa y estrictamente, consignadas como tales en una Ley vigente con anterioridad al hecho. No se impondrá sanción ni medida de seguridad distinta a las expresamente señaladas en Ley anterior para la infracción penal concreta. En consecuencia, la Ley penal sólo dispondrá para lo venidero y únicamente tendrá efecto retroactivo cuando beneficie a la persona infractora. La Ley posterior más benigna se aplicará retroactivamente de oficio, aún en etapa de ejecución penal.

2.

Culpabilidad. Sólo será reprochable penalmente y merecedora de sanción, la persona que, al momento de realizar la conducta, comprendía su ilicitud y podía adecuar su comportamiento a esa comprensión. La determinación de la sanción en concreto se fundamentará en el grado de reprochabilidad de la conducta.

3.

Derecho penal de acto. Para determinar la responsabilidad penal, no se tomarán en cuenta los pensamientos, reproches de personalidad, valores, estilo de vida, juicios de peligrosidad, prejuicios ni otros criterios similares que resulten incompatibles con la dignidad y autodeterminación de la persona. La responsabilidad penal se basará en la conducta concreta de la persona infractora en el contexto específico del hecho.

4.

Lesividad. Ninguna persona será sancionada por un hecho que, aun siendo infracción penal, no produzca daño o al menos peligro concreto para el bien jurídico protegido y afecte a una o más víctimas.

5.

Exclusión de la responsabilidad objetiva. No existe responsabilidad penal por la sola causación del resultado. Sólo habrá infracción penal cuando la conducta haya sido realizada con conocimiento y voluntad o por lo menos con infracción al deber objetivo de cuidado. Esta limitación también se aplicará respecto al resultado o cualquier elemento de agravación.

6.

Humanidad, personalidad y proporcionalidad. No se impondrá sanción que en el caso concreto resulte inhumana o degradante, trascienda gravemente a terceras personas inocentes, o sea notoriamente desproporcionada con la lesión y la reprochabilidad por la conducta.

1.

Solución del conflicto. Las y los jueces y fiscales procurarán la solución del conflicto primario surgido a consecuencia del hecho, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecúen a la reparación del daño a la víctima y a la comunidad, restableciendo la armonía entre sus protagonistas y la paz social.

La imposición de la sanción será el último recurso y entre ellas la prisión será la última alternativa.

La sanción deberá siempre establecerse en el mínimo necesario para la restauración del conflicto.

2.

Justicia ágil y oportuna. Toda persona tendrá derecho a una decisión judicial en tiempo oportuno, conforme los plazos establecidos en este Código. El incumplimiento de los plazos procesales, las suspensiones de audiencias y las dilaciones indebidas, constituirán falta grave de las y los jueces, fiscales, policías y quienes presten servicios de justicia, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil a que hubiere lugar. Ningún proceso penal tendrá una duración indefinida.

3.

Justicia desformalizada. Todos los actos procesales deberán estar desprovistos de formalismos y tecnicismos innecesarios que dilaten la gestión judicial. Todas las actuaciones procesales serán concretas, claras, precisas, expeditas e idóneas para la resolución del conflicto.

No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades, ni se sacrificará la validez de los actos procesales por la omisión de formalidades no esenciales. Se considerará formalidad no esencial aquella que, en caso de ser defectuosa o incumplida, pueda ser convalidada sin afectar las garantías de las partes.

4.

Protección integral a la víctima. La víctima tendrá derecho a una tutela judicial efectiva, a la protección integral de su persona, su familia y sus bienes frente a las consecuencias del hecho punible, a ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado, el Bloque de Constitucionalidad, este Código y las leyes le reconozcan, y a solicitar del sistema de justicia penal y de otros organismos del Estado la ayuda necesaria para que sea resuelto su conflicto y reparado el daño causado.

Las y los jueces, fiscales, policías y quienes presten servicios de justicia privilegiarán en todo momento la seguridad y reparación integral de la víctima, bajo responsabilidad. La sanción que se imponga a la persona infractora no deberá perjudicar la reparación del daño integral o la restauración del conflicto.

5.

Prohibición de revictimización. Las y los jueces, fiscales, policías y quienes presten servicios de justicia, siempre deberán considerar la vulnerabilidad específica de la víctima, y no podrán, en ningún caso, adoptar criterios estigmatizantes, incriminadores, culpantes, ni utilizarlos como fundamento de sus decisiones, debiendo precautelar que los mecanismos y procedimientos investigativos y judiciales del sistema jurídico penal no provoquen la instrumentalización de quien tiene la calidad de víctima ni se afecte su dignidad y sus derechos.

No se podrá, bajo pretexto alguno, dejar de recibir las denuncias o reclamos de la víctima y de poner inmediatamente en funcionamiento los mecanismos legales previstos para su tutela efectiva.

Ninguna jueza, juez, fiscal, policía o quien preste servicios de justicia podrá eludir su responsabilidad cargando a la víctima la iniciativa, el impulso y la realización de las actividades de investigación y de toda la actividad procesal que le sean propias.

6.

Atención diferenciada. La víctima recibirá la atención que sus necesidades y circunstancias específicas demanden, con criterios diferenciados que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos. A dicho efecto, cuando la víctima sea niña, niño, adolescente, mujer en situación de violencia, adulta mayor o persona con discapacidad, las y los jueces, fiscales, policías y quienes presten servicios de justicia deberán darle atención preferente y ágil en la búsqueda de la solución al conflicto.

7.

Litigio de buena fe. Las y los abogados, cualquiera sea la función que cumplan en el proceso penal, tendrán el principal deber ético de dar un trato digno a todos los sujetos que intervengan en el proceso, respetar las formas procesales, el cumplimiento ordenado de los plazos y acatar respetuosamente las órdenes judiciales.

Asimismo deberán representar con profesionalismo y honestidad los intereses de sus clientes, mantenerlos informados sobre las alternativas del proceso y en ningún momento subordinar las necesidades e intereses de las partes, a los suyos propios. Cuando razones justificadas impidan a un abogado ejercer lealmente su representación, deberá informarlo con suficiente antelación a su defendido y custodiar sus intereses en el proceso hasta que pueda ser reemplazado. En esos casos, deberá transmitir a quien lo supla en su actividad toda la información necesaria para garantizar la defensa de los intereses de sus representados.

En todo momento, las y los jueces exigirán el cumplimiento de este principio y tratarán a las y los abogados con la consideración y respeto que su función merece. 

8.

Ninguna condena sin juicio previo y proceso legal. Ninguna persona será condenada a sanción alguna si no es por sentencia ejecutoriada, dictada luego de haber sido oída previamente, sea en juicio oral y público o en procedimiento abreviado, celebrado conforme a la Constitución Política del Estado, el Bloque de Constitucionalidad y este Código. La condena únicamente podrá fundarse en una Ley anterior al proceso.

9.

Principio de inocencia. Ninguna persona será considerada ni tratada como culpable en ninguna etapa del proceso, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada, bajo responsabilidad.

La carga de la prueba corresponde a la acusación y se prohíbe toda presunción de culpabilidad. En caso de duda deberá decidirse lo que sea más favorable a la persona imputada. 

10.

Inviolabilidad de la defensa. El derecho a la defensa es inviolable e irrenunciable y será ejercido plenamente desde el inicio del proceso por cualquiera de sus formas, hasta el fin de la ejecución de la sentencia.

La persona imputada tendrá derecho a defenderse por sí misma y a la defensa técnica. La designación del abogado defensor se efectuará sin dilación ni formalidad alguna, desde el momento de la detención, aprehensión, arresto o antes de iniciarse la declaración de la persona imputada. Si consultada la persona imputada, no lo elige o el elegido no acepta inmediatamente el cargo, se le nombrará de oficio un defensor, sin que este nombramiento pueda ser entendido como vulneración de su derecho a la defensa.

11.

Libertad durante el proceso. La persona imputada tendrá derecho a permanecer en libertad durante el proceso. La libertad sólo podrá ser restringida en los límites absolutamente indispensables para asegurar los fines del proceso, conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado y con los alcances, modos y tiempos establecidos en este Código.

La aplicación de medidas cautelares personales previstas en este Código, será excepcional. Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar personal o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades de la persona imputada, deberá aplicarse lo que sea más favorable a ella. 

12.

Igualdad. Las partes tendrán igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y derechos que les asisten. Las y los jueces, fiscales, policías y quienes intervengan en el proceso, tendrán el deber de asegurarse que las partes conozcan y comprendan el alcance de los actos que se realizan en el mismo.

13.

Juez natural. Ninguna persona será perseguida ni juzgada por comisiones o tribunales especiales ni sometida a otros órganos jurisdiccionales que los constituidos conforme a la Constitución Política del Estado y a la Ley, con anterioridad al hecho de la causa.

14.

Persecución penal única. Ninguna persona será perseguida, procesada ni condenada más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias. La sentencia ejecutoriada dictada en el extranjero, sobre hechos que puedan ser conocidos por los tribunales nacionales, producirá efecto de cosa juzgada. No se podrán reabrir los procesos concluidos, salvo los casos de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada en favor de la persona condenada.

15.

Independencia. Las y los jueces están sometidos únicamente a la Constitución Política del Estado, al Bloque de Constitucionalidad y a las leyes.

Las y los jueces deberán ejercer sus funciones libres de interferencias y rechazar cualquier intento de influencia política, social, económica, de amistad, por grupos de presión, por el clamor público, por el miedo a la crítica, por consideraciones de popularidad, notoriedad o por motivaciones impropias sobre su función.

Por ningún motivo, los órganos estatales, los medios de comunicación, ni personas naturales o jurídicas, interferirán en la sustanciación de un proceso concreto.

En caso de intromisión, la o el juez informará al Tribunal Supremo de Justicia o al Consejo de la Magistratura, sobre los hechos que afectan su independencia. Cuando la intromisión provenga del propio Órgano Judicial, el informe será presentado a la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En el informe se solicitarán las medidas necesarias para su resguardo. 

16.

Imparcialidad. Las y los jueces deberán mantener a lo largo del proceso, una equivalente distancia con las partes, sus representantes y abogados y evitar todo tipo de comportamiento que pueda reflejar un favoritismo, predisposición o prejuicio. El quebrantamiento de esta previsión constituirá falta gravísima. En el desarrollo de la función jurisdiccional, deberán garantizar que se respete el derecho de las personas a ser tratadas de un modo igualitario.

17.

Prohibición de autoincriminación. No se podrá obligar a la persona imputada a declarar en contra de sí misma. En ningún caso el silencio de la persona imputada será utilizado en su perjuicio ni podrá ser valorado como una admisión de los hechos o indicio de culpabilidad.

18.

Libertad probatoria y legalidad de la prueba. En el proceso penal se admitirán como medios de prueba, todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al esclarecimiento del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad de la persona imputada.

Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código.

No tendrá valor la prueba obtenida mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. Quienes infrinjan esta disposición, serán responsables penalmente, no siendo eximente de responsabilidad el haberlos cometido por orden superior.

19.

Proceso acusatorio. Las y los jueces no podrán realizar actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal. Sólo podrán disponer medidas probatorias y de coerción a petición de parte, según las reglas previstas en este Código. Las y los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales. 

20.

Oralidad. Toda actividad procesal que amerite un contradictorio o presentación de pruebas deberá realizarse oralmente y por audiencias públicas. Las y los jueces no admitirán la presentación de argumentaciones o peticiones por escrito durante la audiencia.

Las resoluciones judiciales serán dictadas y fundamentadas verbalmente en la misma audiencia y se entenderán notificadas desde el momento de su pronunciamiento.

En ningún caso se alterará el procedimiento establecido en este Código, autorizando o permitiendo la sustanciación de procedimientos escritos, cuando esté prevista la realización de audiencias orales, ni se reemplazará la oralidad del proceso por el registro de los actos procesales.

21.

Publicidad. Todos los actos del proceso serán públicos, se deberá asegurar a cualquier persona conocer los actos del proceso y presenciar las audiencias en las condiciones previstas en este Código, salvo las limitaciones legalmente establecidas.

22.

Inmediación. La función jurisdiccional es indelegable. Las y los jueces tendrán la obligación de apreciar de manera directa las alegaciones, defensa y probanzas de las partes. En ningún caso las y los jueces delegarán las tareas propias de su función jurisdiccional, a las o los servidores de apoyo administrativo de la función jurisdiccional. El quebrantamiento de esta prohibición será considerado falta gravísima.

23.

Contradicción. Las y los jueces garantizarán durante el desarrollo del proceso y especialmente durante las audiencias orales, el derecho de las partes a exponer su posición sobre las cuestiones a debatir, a examinar y contra examinar las pruebas, en un respeto irrestricto al principio de contradicción.

Las y los jueces no podrán suplir la actividad de las partes y deberán sujetar sus fallos al objeto de la controversia y a la información efectivamente producida en audiencia por las partes.

24.

Protección de la intimidad y privacidad. Las y los jueces, fiscales, policías y quienes presten servicios de justicia respetarán y harán respetar el derecho a la intimidad y a la privacidad de la víctima, la persona imputada y de cualquier otra persona que intervenga en el proceso. Merecerán especial protección el domicilio, la correspondencia, los papeles privados y las comunicaciones de toda índole, a los que únicamente se podrá acceder mediante resolución judicial fundada y en los casos previstos en la Constitución Política del Estado y en este Código.

25.

Oportunidad. Las y los fiscales buscarán prioritariamente la solución del conflicto penal, prescindiendo de la persecución penal, cuando sea permitido legalmente y no exista un interés social comprometido, mediante la aplicación de criterios de oportunidad, suspensión condicional del proceso y demás salidas alternativas al juicio oral en los casos y condiciones previstos en este Código.

26.

Objetividad. Las y los fiscales tomarán en cuenta tanto las circunstancias que permitan demostrar la responsabilidad penal de la persona imputada como también aquellas que sirvan para reducirla o eximirla. Cuando requieran la aplicación de salidas alternativas al juicio oral, lo harán en base a razones objetivas y generales.

27.

Humanidad del encarcelamiento. Los establecimientos de privación de libertad reunirán condiciones de habitabilidad y salubridad acordes a la dignidad humana, debiendo evitar el hacinamiento así como la imposición de medidas humillantes o degradantes en contra de quien se encuentre privado de libertad.

Toda medida que, a título de precaución, conduzca a mortificar a las personas privadas de libertad, hará responsable a la o el juez que la autorice o consienta y a las y los funcionarios que la ordenen, apliquen o consientan.