Código CPT

Notificadas las partes con la sentencia, tienen el término perentorio de cinco días para interponer recursos de apelación fundamentada, del que se correrá traslado que será contestada dentro de igual término, y de tres días tratándose de autos interlocutorios.

Vencidos estos términos, los recursos serán rechazados.

La apelación de la sentencia en el juicio social será concedida mediante auto en el efecto suspensivo y dentro de las 24 horas de respondida la apelación fundamentada.

Concedido el recurso se remitirá de inmediato el expediente al superior.

Recibido el expediente por el superior, éste actuará conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil, reduciendo el término probatorio, si procede a cinco días.

La Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social, dictará auto de vista en el término de diez días de sorteado el expediente, y de cinco en los autos interlocutorios.

El recurso de nulidad será interpuesto ante la Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social en el término fatal de ocho días computables desde su notificación al recurrente con el auto de vista, acompañando depósito judicial por el monto condenatorio y los demás depósitos exigidos por ley.

Si el recurrente no acompaña el certificado de depósito por el monto condenatorio o el recurso es presentado fuera de término, la Corte sin más trámite rechazará el recurso declarando ejecutoriado el auto de vista.

Cuando el recurrente no provea el porte para la remisión del expediente al Tribunal Supremo en el término de 10 días desde su notificación con el auto que la concede se declarará desierto el recurso y ejecutoriado el auto de vista.

Las sentencias ejecutoriadas se harán cumplir por el Juez de primera instancia, que concederá a la parte perdidosa un plazo de tres días para el efecto.

Si como consecuencia de los recursos interpuestos, la sentencia ejecutoriada establece el pago de una suma determinada, quedando pendiente otra indeterminada, se hará efectiva la primera sin perjuicio de que se establezca con carácter inmediato el monto de la segunda.

La cuantía de la obligación establecida en sentencia se pagará preferentemente al trabajador o sus herederos en forma personal, aunque su apoderado cuente con la facultad de cobrar dineros.

Si transcurridos los tres días para la ejecución de la sentencia, el litigante perdidoso no cumple su obligación, el Juez librará mandamiento de apremio del ejecutado.

La Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social, podrá ejecutar provisionalmente sus autos de vista siempre que sean confirmatorios de las sentencias de primer grado, para la cual el interesado ofrecerá fianza personal de resultas.

En virtud a que los Tribunales Arbitrales en los conflictos colectivos son de naturaleza transitoria, los laudos arbitrales por comportar verdaderas sentencias a tenor del artículo 157 del Reglamento de la Ley General del Trabajo, serán ejecutados por la Judicatura Laboral, en los mismos términos que una sentencia social ejecutoriada y de conformidad al presente Capítulo.

Para el efecto del artículo anterior, los trabajadores involucrados en el Laudo Arbitral, por si o por intermedio de sus dirigentes sindicales, se apersonarán ante el Juez del Trabajo acompanando copia legalizada de dicho Laudo, pidiendo las ejecuciones del mismo.

En los juicios sociales sólo serán admisibles las tercerías de dominio excluyente sobre el bien embargado. En tal caso el tercerista deberá interponer su acción acompañado inexcusablemente el instrumento que acredite su derecho de propiedad debidamente registrado.

Si el bien embargado es mueble, el tercerista, deberá demostrar su derecho de propiedad por todos los medios de prueba preconstituída.

La denuncia por infracción de Ley Social, procede en aquellos casos en los cuales la infracción es manifiesta y puede ser demostrada con prueba preconstituída. No procede en los casos de interpretación legal o contractual o tratándose del esclarecimiento de hechos controvertidos.

Cuando se constate la infracción de leyes sociales, las autoridades del Ministerio del Trabajo presentarán denuncia escrita ante el Juez del Trabajo de su distrito, especificando el nombre del infractor, su domicilio el lugar de trabajo donde se ha cometido la infracción, señalando las disposiciones legales infringidas con relación circunstancial de los hechos, fecha de la constatación y proponiendo el monto de la multa a aplicarse.

El Director General, el Inspector General los directores departamentales y los jefes deparmentales o regionales, bajo responsabilidad, llevarán registros y control de las denuncias que tendrán valor de prueba preconstituída y gozarán de presunción de certeza, salvo prueba en contrario.

Admitida la denuncia, el Juez del Trabajo ordenará la citación al denunciado simultáneamente con la apertura del témino de prueba para que en el témino perentorio de diez días como máximo, sin considerar ningún otro término, ofrezca la prueba de descargo que le asista.

Es obligatoria la concurrencia de la autoridad denunciante en el trámite de la causa. La autoridad denunciante no podrá desistir, ni transigir, y el Juez no admitirá dilaciones; los dirigentes sindicales podrán coadyuvar las denuncias.

Vencido el término de prueba y sin más trámite el Secretario pasará el expediente a despacho del Juez con nota expresa del día y hora en que lo hace, bajo responsabilidad.

El Juez dictará sentencia dentro de los cinco días siguientes, excusando al prevenido o imponiéndole la sanción que corresponda, con citación de las leyes infringidas y aplicables al caso.

Notificada la parte afectada con la sentencia, ya personalmente o con cédula, podrá apelar dentro de los tres días subsiguientes a la fecha de su notificación, previo depósito judicial de la multa a la orden del Juez del Trabajo, caso contrario se rechazará su apelación quedando ejecutoriada la sentencia.

Ningún expediente será elevado a la autoridad que debe conocer el asunto en apelación sin preva entrega del certificado a que hace referencia el artículo anterior, dentro de los tres días señalados al efecto, indefectiblemente.

No haciéndose uso del recurso de apelación o no depositada la multa dentro de los tres días, la resolución adquiere ejecutoria, teniendo la parte sancionada nueve días computables desde la notificación con la sentencia, para hacer efectivo el pago de la multa que será depositada en la cuenta correspondiente, debiendo entregarse los certificados de depósito a la autoridad que dictó el fallo en la forma prevenida.

Concedida la apelación previos los requisitos anteriores, las actuaciones se remitirán sin mayor demora a la Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social, la cual fallará en vista de los antecedentes y sin más trámite, dentro de diez días improrrogables, bajo responsabilidad.

Pasados los nueve días sin el pago de la multa impuesta, el Juez del Trabajo expedirá el mandamiento de apremio contra el infractor, encomendando su ejecución a la Policía de Seguridad para la efectividad de la sanción.

En materia de denuncias o desacato a las autoridades del Ministerio del Trabajo, los jueces deberán determinar el cumplimiento de las disposiciones legales o las respectivas órdenes sin dilación, estableciendo en forma expresa el cumplimiento de las normas violadas.

El auto de la Corte Nacional del Trabajo no admitirá ningún otro recurso, ni ordinario ni extraordinario, ni el de compulsa.

Cuando la infracción fuese cometida por alguna compañía o sociedad, las multas se decretaran contra el representante o gerente que tuvieren a su cargo la dirección de la fábrica o industria, siendo los patronos solidariamente responsables con aquél.

Para los efectos jurídicos se entiende como domicilio legal del patrono gerente o representante, el lugar de la infracción.

Las sanciones por infracción de las leyes sociales son independientes de las responsabilidades civiles o criminales que procedieran.

Se sancionará igualmente sujetándose al mismo procedimiento y con una multa proporcional, todo acto u omisión que perjudique, perturbe, impida o dilate el servicio del Ministerio del Trabajo y sus dependencias o tergiversando las informaciones que se solicitaren, desacatando sus resoluciones o de cualquier otro modo.

Si las autoridades llamadas al efecto, no dictaren su fallo dentro de los términos señalados en los artículos pertinentes serán pasibles por primera vez, a una multa del veinte por ciento del haber de un mes, del cincuenta por ciento por segunda vez y destitución en caso de reincidencia. Para establecer la retardación, bastará computar los términos con las fechas de notificación e ingreso de expedientes.

Modificase el artículo 121 de la Ley General del Trabajo y 165 de su Reglamento, en sentido de que los jueces sancionarán cada una de las infracciones, con multa de $b. 500.- a $b. 5.000.- considerándose una infracción cada caso individual de incumplimiento a las leyes sociales.

Las infracción de las leyes de Higiene y Seguridad Ocupacional, serán objeto del mismo trámite previsto en el presente Capítulo.

Los juicios sociales de desafuero sindical se tramitarán de conformidad a las reglas de los juicios sociales ordinarios, con la salvedad de que en este caso procede de la reconvención por parte del trabajador.

Se aclara que, en tanto no exista sentencia ejecutoriada de desafuero, el trabajador continuará en sus funciones.

Los casos previstos en el articulo 88 de la Ley General del Trabajo y su ampliación mediante Ley Nº 102 de 29 de diciembre de 1944 y D.S. Nº 1260 de 5 de julio de 1948, relativa a la declaratoria de derechos para cobro de los beneficios sociales fincados al fallecimiento de un trabajador en favor de su concubina e hijos, se determina que se sustanciarán ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social en la vía sumarísima que sigue.

El Juez admitirá la petición y simultáneamente sujetará la causa a término probatorio de 5 días para que la actora ofrezca los justificativos que le asistan.

Vencido el término de prueba, el Juez dictará inmediatamente auto motivado dentro de los 3 días siguientes, rechazando la solicitud si hay lugar a ello, o declarando a la actora y a sus hijos con derecho a cobrar los beneficios sociales a que se refieren las disposiciones legales señaladas en el Art. 243 del presente Capítulo.

Suscitada oposición contra la solicitud de la concubina o sus hijos, el Juez convertirá en contencioso el trámite y lo sustanciará empezando a correr en traslado la oposición y con sujeción a las reglas comunes del juicio social.

El opositor se considerará como demandado que ha deducido excepciones.

En éste caso y en sentencia, el Juez determinará motivadamente quien o quienes son acreedores a los beneficios sociales que dan lugar a este procedimiento.

La sentencia podrá ser apelada y recurrida de nulidad de conformidad a las previsiones de éste Código.

Los juicios coactivos de seguridad social y vivienda de interés social, se regirán por las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Ministerio del Trabajo tiene competencia para girar notas de cargo con el objeto de recuperar el patrimonio sindical, mediante juicio coactivo.

Estos trámites se sujetarán al mismo procedimiento previsto en el artículo anterior.

La presente ley regirá desde la fecha de su publicación.

Los aspectos no previstos en la presente ley, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y del Procedimiento Civil y siempre que no signifiquen violación de los principios generales del Derecho Procesal Laboral.

Quedan abrogadas todas las disposiciones legales contrarias a la presente ley.