Ley 393

La presente Ley tiene por objeto regular las actividades de intermediación financiera y la prestación de los servicios financieros, así como la organización y funcionamiento de las entidades financieras y prestadoras de servicios financieros; la protección del consumidor financiero; y la participación del Estado como rector del sistema financiero, velando por la universalidad de los servicios financieros y orientando su funcionamiento en apoyo de las políticas de desarrollo económico y social del país.

Se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la presente Ley, las actividades financieras, la prestación de servicios financieros y las entidades financieras que realizan estas actividades.

Para efectos de la presente Ley y sus reglamentos se aplicarán las definiciones incluidas en el Glosario de Términos Financieros del Sistema Financiero, que consta en el Anexo.

I.

Los servicios financieros deben cumplir la función social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población.

II.

El Estado Plurinacional de Bolivia y las entidades financieras comprendidas en esta Ley, deben velar porque los servicios financieros que presten, cumplan mínimamente con los siguientes objetivos: a) Promover el desarrollo integral para el vivir bien. b) Facilitar el acceso universal a todos sus servicios. c) Proporcionar servicios financieros con atención de calidad y calidez. d) Asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos. e) Optimizar tiempos y costos en la entrega de servicios financieros. f) Informar a los consumidores financieros acerca de la manera de utilizar con eficiencia y seguridad los servicios financieros.

I.	Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición legal en todo lo que dispone en sus distintos títulos.
II.	Las disposiciones de esta Ley constituyen el marco legal permitido para las actividades de las entidades financieras, no pudiendo efectuar éstas otras actividades no señaladas en esta Ley.
III.	El Banco Central de Bolivia – BCB se regirá por sus propias disposiciones.

I.	Las actividades de intermediación financiera y la prestación de servicios financieros, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas por entidades financieras autorizadas conforme a la presente Ley.
II.	Con el propósito de resguardar la continuidad de los servicios financieros y la estabilidad del sistema financiero, el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, mediante Decreto Supremo, podrá determinar las medidas preventivas de carácter temporal que estime necesarias sobre las entidades financieras, de acuerdo a lo siguiente: a) El Decreto Supremo deberá señalar la causal de la medida. b) La medida adoptada deberá subsanar la causal que origina su determinación.
III.	El cumplimiento operativo del párrafo precedente, podrá ser encargado a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI.

El Estado en ejercicio de sus competencias privativas sobre el sistema financiero, atribuidas por la Constitución Política del Estado, es el rector del sistema financiero que, a través de instancias del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, definirá y ejecutará políticas financieras destinadas a orientar y promover el funcionamiento del sistema financiero en apoyo principalmente, a las actividades productivas del país y al crecimiento de la economía nacional con equidad social; fomentará el ahorro y su adecuada canalización hacia la inversión productiva; promoverá la inclusión financiera y preservará la estabilidad del sistema financiero. El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, a través del Consejo de Estabilidad Financiera a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es el rector del sistema financiero y asume la responsabilidad de definir los objetivos de la política financiera en el marco de los principios y valores establecidos en la Constitución Política del Estado.

I.	Es competencia privativa indelegable de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI ejecutar la regulación y supervisión financiera, con la finalidad de velar por el sano funcionamiento y desarrollo de las entidades financieras y preservar la estabilidad del sistema financiero, bajo los postulados de la política financiera, establecidos en la Constitución Política del Estado.
II.	La Autoridad de Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, es la institución encargada de ejercer las funciones de regulación, supervisión y control de las entidades financieras, con base en las disposiciones de la presente Ley.
III.	La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, emitirá reglamentación específica y supervisará su cumplimiento en el marco de la normativa emitida por el Banco Central de Bolivia – BCB, en el ámbito del sistema de pagos.

Se crea el Consejo de Estabilidad Financiera – CEF, como órgano rector del sistema financiero y consultivo de orientación al sistema financiero, para la aplicación de medidas de preservación de la estabilidad y eficiencia del mismo.

El objeto del Consejo de Estabilidad Financiera - CEF es:

I.

Como órgano rector, definir, proponer y ejecutar políticas financieras destinadas a orientar y promover el funcionamiento del sistema financiero en apoyo principalmente, a las actividades productivas del país y al crecimiento de la economía nacional con equidad social; fomentar el ahorro y su adecuada canalización hacia la inversión productiva; promover la inclusión financiera y preservar la estabilidad del sistema financiero.

II.

Como órgano consultivo, coordinar acciones interinstitucionales y emitir recomendaciones sobre la aplicación de políticas de macro regulación prudencial orientadas a identificar, controlar y mitigar situaciones de riesgo sistémico del sector financiero e impacto en la economía nacional.

I.	El Consejo de Estabilidad Financiera – CEF, estará conformado por: a) La Ministra o Ministro de Economía y Finanzas Públicas, en calidad de Presidente. b) La Ministra o Ministro de Planificación del Desarrollo. c) La Presidenta o Presidente del Banco Central de Bolivia - BCB. d) La Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI. e) La Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.
II.	Las funciones de secretaría técnica serán ejercidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.
III.	Los integrantes del Consejo de Estabilidad Financiera – CEF, podrán delegar su participación a funcionarios de jerarquía de su institución, asumiendo las responsabilidades de las decisiones que adopte su delegado.

Las propuestas y recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera – CEF, serán emitidas mediante resolución del consejo.

Para el logro de su objetivo, el Consejo de Estabilidad Financiera – CEF, tendrá las siguientes atribuciones:

a)	Definir, proponer y ejecutar políticas financieras destinadas a orientar y promover el funcionamiento del sistema financiero.
b)	Emitir recomendaciones sobre regulación macro prudencial.
c)	Proponer a las Autoridades de Supervisión y al Banco Central de Bolivia - BCB, normas y medidas para el desarrollo e integración del sistema financiero.
d)	Fungir como órgano de consulta del Órgano Ejecutivo en materia de estabilidad financiera.
e)	Las demás que sean necesarias para la consecución de su objeto.

Cuando el Consejo de Estabilidad Financiera – CEF, determine que existen circunstancias de riesgo sistémico para el sistema financiero, emitirá recomendaciones con la finalidad de preservar un sistema financiero estable y competitivo.

Son las operaciones pasivas, activas y contingentes como los servicios de naturaleza financiera que están facultadas a prestar las entidades financieras autorizadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.

Las entidades de intermediación financiera están facultadas a efectuar las siguientes operaciones pasivas:

a)	Recibir depósitos de dinero en cuentas de ahorro, en cuenta corriente, a la vista y a plazo y emitir certificados negociables y no negociables.
b)	Emitir y colocar acciones de nueva emisión para aumento de capital.
c)	Emitir y colocar cédulas hipotecarias.
d)	Emitir y colocar valores representativos de deuda.
e)	Contraer obligaciones subordinadas.
f)	Contraer créditos u obligaciones con el Banco Central de Bolivia - BCB y con entidades financieras del país y del extranjero.
g)	Aceptar letras giradas a plazo contra sí mismas, cuyos vencimientos no excedan de ciento ochenta (180) días contados desde la fecha de aceptación y que provengan de operaciones de comercio, internas o externas, de bienes y/o servicios.
h)	Emitir cheques de viajero.
i)	Celebrar contratos a futuro de compraventa de monedas extranjeras.

I.	Las entidades de intermediación financiera están autorizadas a efectuar las siguientes operaciones activas, contingentes y de servicios, con las limitaciones de la presente Ley: a) Otorgar créditos y efectuar préstamos a corto, mediano y largo plazo, con garantías personales, hipotecarias, prendarias u otras no convencionales, o una combinación de las mismas. b) Descontar y/o negociar títulos-valores u otros documentos de obligaciones de comercio, con o sin recurso, cuyo vencimiento no exceda un (1) año. c) Otorgar avales, fianzas y otras garantías a primer requerimiento. d) Abrir, avisar, confirmar y negociar cartas de crédito. e) Recibir letras de cambio u otros efectos en cobranza, así como efectuar operaciones de cobranza, pagos y transferencias. f) Realizar giros y emitir órdenes de pago exigibles en el país o en el extranjero. g) Realizar operaciones de cambio y compraventa de monedas. h) Comprar, conservar y vender monedas y barras de oro, plata y metales preciosos, así como certificados de tenencia de dichos metales. i) Comprar, conservar y vender por cuenta propia, valores registrados en el registro del mercado de valores. j) Comprar, conservar y vender por cuenta propia, documentos representativos de obligaciones cotizadas en bolsa, emitidas por entidades financieras. k) Comprar y vender por cuenta propia documentos mercantiles.
	l) Alquilar cajas de seguridad. m) Ejercer comisiones de confianza y operaciones de fideicomiso, incluidos fideicomisos en garantía, de acuerdo a reglamentación por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI. n) Operar con tarjetas de crédito y cheques de viajero. o) Actuar como agente originador en procesos de titularización. p) Servir de agente financiero para las inversiones o préstamos en el país, de recursos provenientes del exterior. q) Efectuar operaciones de reporto. r) Efectuar operaciones de arrendamiento financiero mobiliario hasta un monto límite equivalente a UFV200.000.- (Doscientas Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) e inmobiliario para vivienda de interés social. Estos límites podrán ser modificados mediante Decreto Supremo. s) Efectuar operaciones de factoraje, con facturas cambiarias u otro tipo de documento mercantil autorizado mediante reglamentación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI. t) Efectuar operaciones de derivados en distintas modalidades, sujetas a reglamentación emitida mediante Decreto Supremo. u) Sindicarse con otras entidades de intermediación financiera para otorgar créditos o garantías, sujeto a reglamentación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, la que no se considerará como sociedad accidental, ni conlleva responsabilidad solidaria y mancomunada entre las entidades sindicadas. v) Canalizar recursos a otras entidades financieras en forma de préstamo, únicamente para fines de expansión de cartera al sector productivo por parte de la entidad financiera prestataria w) Canalizar recursos a otras entidades financieras temporalmente para fines de liquidez, sujeto a reglamentación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI. x) Mantener saldos en bancos corresponsales del exterior. y) Realizar transferencias de dinero y emitir órdenes de pago exigibles en el país o en el extranjero, en forma física o por medios electrónicos. z) Canalizar productos y servicios financieros, autorizados en la presente Ley, a través de dispositivos móviles.
II.	Las entidades de intermediación financieras emisoras de una garantía a primer requerimiento deberán cumplir con el pago de la misma indefectiblemente, el día hábil siguiente al requerimiento del beneficiario, sin que pueda invocar para abstenerse de hacerlo, excepciones o defensa derivadas de ninguna otra relación, incluida la subyacente que se garantiza. El requerimiento del beneficiario consistirá en la presentación por escrito de la solicitud de pago acompañando el o los documentos exigidos en la garantía afirmando bajo juramento, que la obligación garantizada ha sido incumplida.
III.	Las entidades de intermediación financiera autorizadas para desarrollar las actividades mencionadas en los Incisos i y p, podrán hacerlo directamente o mediante sociedades autorizadas.

I.	Las entidades financieras podrán adquirir y vender bienes inmuebles para ser utilizados en actividades propias del giro.
II.	Las entidades financieras podrán solicitar autorización para la realización de operaciones no previstas en la presente Ley a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, misma que deberá aceptar o rechazar la solicitud con carácter general, por tipo de entidad.
III.	La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, de oficio y con carácter general, podrá autorizar la realización de otros tipos de operaciones en materia financiera no previstas en la presente Ley.

Para efectos de esta Ley, las operaciones pasivas de las entidades de intermediación financiera, en lo relativo al plazo serán:

a)	A la vista, cualquier clase de pasivo cuyo pago puede ser requerido a simple pedido del titular con la presentación del documento respectivo.
b)	A plazo, pasivo de cualquier denominación con plazo determinado mayor o igual a treinta (30) días, cuyo pago puede ser requerido una vez transcurrido el plazo convenido o antes del mismo de acuerdo a reglamentación específica.
c)	En cuentas de ahorro, son depósitos de dinero con plazo indeterminado, sujetos al reglamento de cada Entidad de Intermediación Financiera aprobado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.

Para efectos de esta Ley, las operaciones activas de las entidades de intermediación financiera, en lo relativo al plazo serán:

a)	Operaciones a corto plazo, no mayores a un (1) año.
b)	Operaciones a mediano plazo entre un año (1) como mínimo y cinco (5) años como máximo.
c)	Operaciones a largo plazo, mayores a cinco (5) años.

I.

A los efectos de la presente Ley son servicios financieros complementarios los ofrecidos por empresas de servicios financieros complementarios, autorizadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, incluyendo entre éstos con carácter enunciativo y no limitativo a los siguientes: a) Arrendamiento financiero. b) Factoraje. c) Servicios de depósitos en almacenes generales de depósito. d) Administración de cámaras de compensación y liquidación. e) Administración de burós de información. f) Actividades de transporte de material monetario y valores. g) Administración de tarjetas electrónicas. h) Operaciones de cambio de moneda. i) Servicios de pago móvil. j) Giros y remesas.

II.

Estos servicios financieros complementarios podrán ser ofrecidos a través de empresas de giro único, salvo operaciones autorizadas mediante reglamento, con excepción del arrendamiento financiero que podrá ser realizado por las entidades de intermediación financiera hasta el monto límite de UFV200.000.- (Doscientas Mil Unidades de Fomento a la Vivienda), y el monto límite establecido para vivienda de interés social susceptible de modificación mediante Decreto Supremo.

I.	Las operaciones efectuadas en el marco de los servicios que prestan las entidades financieras, podrán realizarse a través de medios electrónicos, los que necesariamente deben cumplir las medidas de seguridad que garanticen la integridad, confidencialidad, autentificación y no repudio.
II.	Estas operaciones y la información contenida y transmitida como mensajes electrónicos de datos, tendrán los mismos efectos legales, con validez probatoria suficiente cual fuera documento escrito con firma autógrafa.
III.	La firma electrónica, las claves de seguridad, el número electrónico de identificación personal, las firmas escaneadas, la banca por teléfono y otras formas electrónicas o alternas son medios probatorios electrónicos para las transacciones.
IV.	La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI y el Banco Central de Bolivia - BCB, de acuerdo a sus competencias, emitirán regulación que establezca el procedimiento y normativa de seguridad para las operaciones, así como los requisitos mínimos que deben cumplir las entidades para realizar actividades de banca electrónica, banca por teléfono y mediante dispositivos móviles, normativa regulatoria de cumplimiento obligatorio por parte de la entidades financieras que presten el servicio.

I.

Las entidades de intermediación financiera sólo podrán realizar inversiones en las empresas financieras permitidas por la presente Ley, según cada tipo, de acuerdo a lo siguiente: a) Podrán invertir en acciones de empresas de servicios financieros complementarios, sociedades anónimas del sector de seguros, sociedades administradoras de fondos de inversión, sociedades de titularización y otras del sector de valores y en empresas del sector de pensiones. b) Podrán invertir en bancos de desarrollo, los que a su vez no podrán invertir en acciones de la entidad de intermediación financiera que realizó la inversión. Estas inversiones serán consolidadas en la entidad inversora para el cálculo de la solvencia.

II.

En los grupos financieros, es la sociedad controladora del grupo financiero la que podrá realizar tales inversiones.

La operación de arrendamiento financiero puede ser realizada directamente por una entidad de intermediación financiera, por una empresa de arrendamiento financiero de objeto único constituida como empresa de servicios financieros complementarios, por empresas comerciales y fabricantes de bienes de capital.

El arrendamiento financiero, por su carácter financiero y crediticio, se rige únicamente por la presente Ley y sus reglamentos, no siendo aplicable la normativa del arrendamiento determinado en materia civil.

I.

Pueden ser bienes objeto de un contrato de arrendamiento financiero todas las cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes o modelos industriales, software y otros intangibles (inmateriales) valuables, que sean propiedad del arrendador financiero o que el arrendador financiero tenga la facultad de otorgar en arrendamiento financiero y siempre que sean ciertas y claramente determinadas en su género.

II.

No se deberá pactar el arrendamiento financiero sobre cosas genéricas. El bien o los bienes objeto de arrendamiento financiero deberán estar detallados en el contrato respectivo.

I.	En caso de concurso preventivo o quiebra del arrendador financiero, el contrato de arrendamiento financiero continuará por el plazo y en los términos convenidos en el mismo, observándose en lo demás las normas establecidas al efecto por el Código de Comercio.
II.	En caso de quiebra o concurso preventivo del arrendatario financiero se aplicarán las normas del Código de Comercio al respecto.

I.

Salvo pacto en contrario, la opción de compra podrá ser libremente cedida por el arrendatario financiero a cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, sin que esto altere la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento financiero; en tal caso, el arrendatario financiero, como titular del derecho, tendrá la responsabilidad de cumplir con todos los compromisos del contrato, incluyendo el pago de cuotas, y dejar expedita la posibilidad del ejercicio de dicha opción de compra. Las partes estarán en libertad de incluir en el contrato respectivo las condiciones para la transferencia de la opción de compra.

II.

El precio de ejercicio de la opción de compra debe estar fijado en el contrato y no ser mayor a veinte por ciento (20%) del valor del bien comprometido en arrendamiento financiero o ser determinable según procedimientos o pautas pactadas. La opción de compra podrá ejercerse en cualquier momento por el arrendatario financiero si así lo convinieran las partes.

El contrato de arrendamiento financiero debe fijar el precio de ejercicio de la opción de compra o establecer elementos y/o procedimientos suficientes que permitan determinarlo.

I.	El monto, la periodicidad de cada pago así como la moneda en la cual deberá ser cancelado serán determinados convencionalmente por las partes.
II.	El contrato de arrendamiento financiero podrá establecer que los pagos se realicen en cuotas fijas o variables. En su caso, la cuota incorporará y diferenciará los gastos en que se hubiere incurrido como consecuencia del contrato de arrendamiento financiero.
III.	El contrato de arrendamiento financiero deberá establecer la forma y condiciones en las cuáles el arrendatario financiero podrá efectuar pagos anticipados de las cuotas y de otros compromisos adquiridos en la operación de arrendamiento financiero.

El bien objeto del contrato de arrendamiento financiero puede:

a)	Ser comprado por el arrendador financiero a la persona indicada por el arrendatario financiero y/o según especificaciones del arrendatario financiero o según catálogos, folletos o descripciones detalladas, brindadas por éste.
b)	Ser comprado por el arrendador financiero mediante la sustitución del arrendatario financiero en un contrato que este último haya celebrado.
c)	Ser de propiedad del arrendador financiero con anterioridad a su vinculación contractual con el arrendatario financiero.
d)	Ser objeto de retroarrendamiento financiero.
e)	Estar a disposición jurídica del arrendador financiero en virtud a un título que le permita constituir arrendamiento financiero sobre él.

I.	En los casos de los Incisos a y b del Artículo precedente, el arrendador financiero cumple con el contrato adquiriendo los bienes indicados por el arrendatario financiero y poniéndolos a disposición de éste en la forma y condiciones contractualmente acordadas entre las partes. Es obligación irrenunciable del arrendatario financiero señalar las especificaciones de los bienes materia del contrato, siendo de su exclusiva responsabilidad que dichos bienes sean los adecuados al uso que quiera darles, lo que deberá constar en el contrato. En estos casos, el arrendador financiero no responde por los vicios y daños de los bienes y el arrendatario financiero puede reclamar del vendedor o proveedor, sin necesidad de cesión, todos los derechos que emergen del contrato de compraventa.
II.	En los casos de los Incisos a, b, d y e del Artículo precedente, el arrendatario financiero continuará obligado al pago de las cuotas establecidas en el contrato de arrendamiento financiero, inclusive si se presentara una controversia acerca de dicho contrato, salvo pacto en contrario.
III.	En los casos del Inciso c del Artículo precedente, así como en aquellos en los cuáles el arrendador financiero es fabricante, importador, vendedor o constructor del bien dado en arrendamiento financiero, el arrendador financiero no puede liberarse de la garantía de evicción y/o saneamiento. En este caso el arrendador financiero responde por los vicios y daños de los bienes y el arrendatario financiero no continuará obligado al pago de las cuotas establecidas en el contrato de arrendamiento financiero en caso de presentarse una controversia acerca del mismo, salvo pacto en contrario.
IV.	En los casos del Inciso d del artículo precedente, el arrendador financiero no responde por la evicción y/o saneamiento ni por los vicios y daños de los bienes. Por el contrario, en el proceso de transferencia del bien al arrendador financiero, es el arrendatario financiero quien habrá de responder por la evicción y/o saneamiento, salvo pacto en contrario.

I.	En los casos de los Incisos a y b del Artículo precedente, el arrendador financiero cumple con el contrato adquiriendo los bienes indicados por el arrendatario financiero y poniéndolos a disposición de éste en la forma y condiciones contractualmente acordadas entre las partes. Es obligación irrenunciable del arrendatario financiero señalar las especificaciones de los bienes materia del contrato, siendo de su exclusiva responsabilidad que dichos bienes sean los adecuados al uso que quiera darles, lo que deberá constar en el contrato. En estos casos, el arrendador financiero no responde por los vicios y daños de los bienes y el arrendatario financiero puede reclamar del vendedor o proveedor, sin necesidad de cesión, todos los derechos que emergen del contrato de compraventa.
II.	En los casos de los Incisos a, b, d y e del Artículo precedente, el arrendatario financiero continuará obligado al pago de las cuotas establecidas en el contrato de arrendamiento financiero, inclusive si se presentara una controversia acerca de dicho contrato, salvo pacto en contrario.
III.	En los casos del Inciso c del Artículo precedente, así como en aquellos en los cuáles el arrendador financiero es fabricante, importador, vendedor o constructor del bien dado en arrendamiento financiero, el arrendador financiero no puede liberarse de la garantía de evicción y/o saneamiento. En este caso el arrendador financiero responde por los vicios y daños de los bienes y el arrendatario financiero no continuará obligado al pago de las cuotas establecidas en el contrato de arrendamiento financiero en caso de presentarse una controversia acerca del mismo, salvo pacto en contrario.
IV.	En los casos del Inciso d del artículo precedente, el arrendador financiero no responde por la evicción y/o saneamiento ni por los vicios y daños de los bienes. Por el contrario, en el proceso de transferencia del bien al arrendador financiero, es el arrendatario financiero quien habrá de responder por la evicción y/o saneamiento, salvo pacto en contrario.

Todo daño o perjuicio causado por el bien dado en arrendamiento financiero a terceros será de responsabilidad exclusiva del arrendatario financiero, siempre que se hubiese originado con posterioridad al momento en el que el arrendador financiero haya puesto el bien a disposición del arrendatario financiero, como se establece en el artículo precedente. Lo mismo ocurrirá respecto a cualquier responsabilidad administrativa en que pueda incurrirse por la utilización del bien.

La parte responsable del proceso de importación del activo a ser otorgado en arrendamiento financiero será el arrendador financiero y será por tanto responsable de los vicios, multas y otras consecuencias legales que se deriven de o que se relacionen con dicho proceso.

Los seguros que deberán ser contratados para los activos sujetos a arrendamiento financiero, así como los términos y condiciones mínimos que deberán cumplir serán establecidos mediante reglamento.

I.

Los bienes dados en arrendamiento financiero, mientras no se ejerza la opción de compra y se perfeccione la transferencia de los mismos, no forman parte del patrimonio del arrendatario financiero y consiguientemente no forman parte de las garantías de los acreedores del arrendatario financiero, entendiéndose como delito de Estelionato todo acto del arrendatario financiero que pretenda otorgarles tal calidad con anterioridad al ejercicio de la opción de compra.

II.

Por consiguiente, dichos bienes no pueden ser susceptibles de acciones de embargo, afectación ni gravamen por mandato administrativo, ni judicial alguno en contra del arrendatario financiero. Todo juez que tenga conocimiento de la instauración de una medida precautoria sobre estos bienes en violación de lo establecido en el presente Artículo, deberá dejarla sin efecto a la simple presentación del contrato de arrendamiento financiero, debidamente registrado. No se admitirá recurso alguno en tanto no se libere el bien y éste sea entregado al arrendador financiero.

El arrendador financiero, como propietario del bien dado en arrendamiento financiero, es el sujeto obligado al pago de los tributos que graven la propiedad de los bienes objeto de arrendamiento financiero.

I.

El arrendador financiero podrá resolver unilateralmente el contrato de arrendamiento financiero de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que el arrendatario financiero incumpla cualquiera de sus obligaciones pactadas en dicho contrato. La resolución deberá ser comunicada por el arrendador financiero al arrendatario financiero en forma expresa, mediante nota diligenciada notarialmente. A partir de dicha notificación, la resolución contractual producirá los siguientes efectos: a) La opción de compra de los bienes, objeto del contrato de arrendamiento financiero otorgada por el arrendador financiero a favor del arrendatario financiero, quedará sin efecto a partir de la notificación notarial, quedando el arrendador financiero facultado a proceder a la venta inmediata de dichos bienes, aunque éstos se encuentren aún en tenencia del arrendatario financiero. b) El arrendatario financiero deberá restituir al arrendador financiero los bienes otorgados en arrendamiento financiero en el plazo de cinco (5) días hábiles computables a partir de la recepción de la notificación notarial. Dicha restitución será hecha ante un Notario de Fe Pública elegido por el arrendador financiero, debiendo suscribirse para el efecto el Acta de Restitución (entrega y recepción) correspondiente. c) Sin perjuicio de lo anterior, el arrendatario financiero deberá cancelar el saldo deudor hasta el momento de producirse la restitución de los bienes indicada en el inciso anterior, intereses, intereses penales y gastos financieros pactados, devengados hasta la fecha de pago efectiva. d) Las cuotas, intereses y gastos financieros que hubiesen sido canceladas por el arrendatario financiero hasta el momento de producirse la resolución contractual por incumplimiento, quedarán consolidadas a favor del arrendador financiero, toda vez que la resolución no alcanza a estas prestaciones, al ser el contrato de arrendamiento financiero de ejecución sucesiva y periódica.

II.

En caso de que el arrendatario financiero no cumpla con las obligaciones establecidas en los Incisos b y c, el cumplimiento de éstas podrán ser demandadas judicialmente en la vía ejecutiva por el arrendador financiero, bajo las previsiones de los artículos siguientes.

En el caso de que el bien objeto del contrato de arrendamiento financiero fuese una cosa inmueble, el incumplimiento de las obligaciones del arrendatario financiero exigibles por efecto de la resolución estipulada en el Artículo precedente, tendrá los siguientes efectos:

a)	La mora se constituirá de manera automática, sin necesidad de declaración extrajudicial o judicial previa alguna y en caso de que los bienes no le hubiesen sido restituidos de conformidad con el Inciso b del Artículo precedente, el arrendador financiero podrá demandar judicialmente en la vía ejecutiva, la restitución de los bienes otorgados en arrendamiento financiero, con la sola presentación del contrato de arrendamiento financiero debidamente inscrito y la nota diligenciada notarialmente mediante la cual comunicó al arrendatario financiero la resolución del contrato por efecto del incumplimiento de sus obligaciones, conforme a lo establecido en el Artículo anterior. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación de la demanda de restitución, el juez deberá correr traslado de la misma al arrendatario financiero, quien tendrá cinco (5) días para probar documentalmente el cumplimiento de la obligación extrañada.
b)	En caso de que transcurra este plazo sin que el arrendatario financiero presente los documentos pertinentes que a juicio del juez prueben que el pago ha sido realizado, el juez debe disponer la restitución inmueble sin más trámite y su entrega física al arrendador financiero, ordenando para el efecto el desapoderamiento del bien objeto del contrato de arrendamiento financiero y estableciendo en dicho actuado el allanamiento del domicilio, la apertura de cerraduras y todos los actos similares de empleo de la fuerza pública y la asistencia policial, con la habilitación de los días y horas que fueran inhábiles, siempre bajo los límites de las previsiones constitucionales, cuya ejecución deberá encomendarse a la Policía y/o a cualquier autoridad no impedida por Ley del lugar donde se encuentre el bien. Toda apelación o recurso ulterior que pueda interponer el arrendatario financiero será en el efecto devolutivo.
c)	El proceso de desalojo aplicable a los casos de arrendamiento civil o simple inquilinato establecido por el Código de Procedimiento Civil no es procedente en los casos de arrendamiento financiero de bienes inmuebles.
d)	El presente proceso de restitución de bienes inmuebles otorgados en arrendamiento financiero no se contrapone y es sin perjuicio de cualquier otro procedimiento de ejecución que el arrendador financiero inicie a objeto de exigir el pago de cualquier suma bajo el contrato de arrendamiento financiero.

I.

En el caso de que el objeto del contrato de arrendamiento financiero fuesen cosas muebles, el incumplimiento de las obligaciones del arrendatario financiero exigibles por efecto de la resolución estipulada en el Artículo 140 de la presente Ley, tendrá los siguientes efectos: a) La mora se constituirá de manera automática, sin necesidad de declaración extrajudicial o judicial previa alguna y en caso de que éstos no le hubiesen sido restituidos de conformidad con el Inciso b del Artículo 140 de la presente Ley, el arrendador financiero podrá demandar judicialmente, en la vía ejecutiva la inmediata restitución de los bienes otorgados en arrendamiento financiero, y el pago de la mora crediticia, compuesta por el saldo deudor hasta el momento de producirse la restitución de los bienes, intereses, intereses penales y gastos financieros pactados, devengados hasta la fecha de pago efectiva, más costas, con la sola presentación del contrato de arrendamiento financiero debidamente inscrito y la nota de resolución del contrato diligenciada notarialmente. b) Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación de la demanda de restitución, el juez deberá disponer la restitución de los bienes sin más trámite y su entrega física al arrendador financiero, ordenando para el efecto el secuestro de los mismos. Toda apelación o recurso ulterior que pueda interponer el arrendatario financiero será en el efecto devolutivo. c) Igualmente, en la misma resolución judicial, el juez competente ordenará el secuestro de los bienes muebles objeto del arrendamiento financiero, contemplando desde su emisión, el allanamiento de domicilios, la apertura de cerraduras y todos los actos similares de empleo de la fuerza pública y la asistencia policial, con la habilitación de los días y horas que fueran inhábiles, siempre bajo los límites de las previsiones constitucionales, cuya ejecución deberá encomendarse a la policía y/o a cualquier autoridad no impedida por Ley del lugar donde se encuentren los bienes. d) Emitida la orden del juez competente, el arrendador financiero se dirigirá con la misma a la policía y/o cualquier autoridad no impedida por Ley del lugar, debiendo éstos ejecutar la orden de secuestro dentro de las seis (6) horas de recibida la misma. e) Los bienes recuperados bajo el procedimiento detallado en los incisos anteriores deben ser entregados al arrendador financiero dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su recuperación.

II.

La cobranza judicial de la mora crediticia proseguirá su curso conforme al Código de Procedimiento Civil.

Producido el desapoderamiento o secuestro de los bienes dados en arrendamiento financiero, el arrendador financiero puede reclamar por la vía ejecutiva el pago del saldo deudor hasta el momento de producirse la restitución de los bienes, intereses, intereses penales y gastos financieros pactados devengados hasta la fecha de pago efectivo, más costas, para tal efecto, el contrato de arrendamiento financiero constituye título ejecutivo suficiente con fuerza de ejecución, conforme a lo establecido en el Artículo 487 del Código de Procedimiento Civil.

El arrendador financiero podrá reclamar por la vía pertinente los daños y perjuicios que resultaren del deterioro anormal del bien como consecuencia de dolo, culpa o negligencia del arrendatario financiero, y otras pérdidas que pudieran presentarse.

I.	Los bienes objeto de arrendamiento financiero no podrán ser cedidos en garantía ni sujetos de ninguna medida precautoria durante la vigencia del contrato de arrendamiento financiero.
II.	Las empresas de arrendamiento financiero y las entidades de intermediación financiera no podrán mantener inventarios de bienes que puedan ser otorgados en arrendamiento financiero. No se considerarán inventarios los bienes que, habiendo sido dados en arrendamiento financiero, hubiesen sido recuperados por el arrendador financiero o recibidos en recuperación o adjudicados y estuviesen en su poder.

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI deberá establecer un régimen menor de previsiones y requerimientos de capital que reconozcan el riesgo inherente a la operación de arrendamiento financiero.

I.	Los aspectos no contemplados en el presente Capítulo serán reglamentados por el Órgano Ejecutivo mediante Decreto Supremo.
II.	La normativa de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI podrá establecer disposiciones para adecuar los requisitos y condiciones de la operativa del arrendamiento financiero que realicen las entidades financieras y que no se encuentren establecidos en la presente Ley.

El arrendamiento financiero tendrá el siguiente tratamiento tributario:

a)	Impuesto al Valor Agregado. Los intereses generados por operaciones de arrendamiento financiero de bienes muebles realizadas por las empresas de arrendamiento financiero y entidades de intermediación financiera no se consideran dentro del objeto del Impuesto al Valor Agregado. Para la aplicación de lo indicado en el presente Artículo, en el contrato u otro documento de arrendamiento financiero se deberá especificar la composición de las cuotas, diferenciando la parte correspondiente al interés y cualquier otro componente contenido en ellas. Las operaciones de arrendamiento financiero de bienes usados de capital para pequeños emprendimientos productivos estarán exentas del Impuesto al Valor Agregado conforme a reglamentación a ser emitida. Las operaciones de arrendamiento financiero de bienes inmuebles no son objeto del Impuesto al Valor Agregado.
b)	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. El arrendador financiero contabilizará como ingreso la parte de la cuota de arrendamiento financiero correspondiente a los intereses generados por la operación, para propósito del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, consiguientemente, los bienes objeto de arrendamiento financiero no son depreciables para ninguna de las partes contratantes. El arrendatario financiero podrá deducir como gasto el valor total de las cuotas pagadas durante el plazo del contrato de arrendamiento financiero, así como los gastos que demande el mantenimiento, reparación, y seguro de los bienes objeto de arrendamiento financiero, para fines de determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.
c)	Impuesto a las Transacciones en el Retroarrendamiento Financiero. En todos los casos en que se realice una operación de retroarrendamiento financiero productivo, la primera transferencia estará exenta del Impuesto a las Transacciones.

Las disposiciones contenidas en el presente capítulo son de aplicación general para todas las entidades financieras en formación que tramiten licencia de funcionamiento ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.

I.	La licencia de funcionamiento para la prestación de servicios de intermediación financiera y servicios financieros complementarios será otorgada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI. La licencia establecerá, entre otros datos, la razón social del titular, el tipo de entidad financiera y las restricciones operativas que correspondan.
II.	En los procesos de otorgación de licencia de funcionamiento para operar como entidad financiera, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI deberá evaluar la forma en que la entidad en formación cumplirá los objetivos del Artículo 4 de la presente Ley, y contribuirá efectivamente al desarrollo económico y social del país.

I.	Para efectos de esta Ley, los tipos de entidades financieras son los siguientes: a) Entidades financieras del Estado o con participación mayoritaria del Estado: 1. Banco de Desarrollo Productivo. 2. Banco Público. 3. Entidad Financiera Pública de Desarrollo. b) Entidades de intermediación financiera privadas: 1. Banco de Desarrollo Privado. 2. Banco Múltiple. 3. Banco PYME. 4. Cooperativa de Ahorro y Crédito. 5. Entidad Financiera de Vivienda. 6. Institución Financiera de Desarrollo. 7. Entidad Financiera Comunal.
	c) Empresas de servicios financieros complementarios: 1. Empresas de arrendamiento financiero. 2. Empresas de factoraje. 3. Almacenes generales de depósito. 4. Cámaras de compensación y liquidación. 5. Burós de información. 6. Empresas transportadoras de material monetario y valores. 7. Empresas administradoras de tarjetas electrónicas. 8. Casas de Cambio. 9. Empresas de servicios de pago móvil.
II.	Ninguna otra empresa podrá utilizar estas denominaciones. No podrán constituirse entidades financieras distintas a los tipos mencionados, salvo otras empresas de servicios financieros complementarios que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI incorpore al amparo del Parágrafo III del Artículo 19 de la presente Ley.
III.	La palabra "banco" en idioma castellano como primera palabra del nombre o razón social de una entidad financiera está permitido únicamente para los bancos de desarrollo, el banco público, los bancos múltiples y bancos PYME. Ninguna otra entidad financiera podrá utilizar dicha denominación.
IV.	Las entidades financieras podrán compartir locales para la prestación de sus servicios, incluso mediante contratos de ventanilla y arrendamiento de espacios. Estos contratos serán puestos en conocimiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI para resguardar las exigencias de control y de seguridad.

Podrán ser accionistas, socios o asociados fundadores de una entidad financiera, personas naturales y jurídicas de probada solvencia e idoneidad, que demuestren la legitimidad de los recursos que constituyen aportes al capital social de la entidad.

No podrán desempeñarse como fundadores de una entidad financiera:

a)	Los inhabilitados, por ministerio de la Ley, para ejercer el comercio.
b)	Los que tengan auto de procesamiento o sentencia condenatoria por la comisión de delitos comunes.
c)	Los deudores en mora al sistema financiero que tengan créditos en ejecución o créditos castigados.
d)	Los que hubieran sido declarados, conforme a procedimientos legales, culpables de delitos económicos en funciones públicas, contra el orden financiero o en la administración de entidades financieras.
e)	Los responsables de quiebras o procesos de solución, por culpa o dolo, en sociedades en general y entidades del sistema financiero.
f)	Los que hubieren sido inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes.
g)	Los representantes nacionales de los cuatro (4) Órganos del Estado Plurinacional, los asambleístas de gobiernos autónomos departamentales y de los gobiernos autónomos municipales, y los representantes y autoridades de autonomías indígena originaria campesinas.
h)	Los servidores públicos en general, pudiendo la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI establecer salvedades mediante reglamento para el cumplimiento de la presente Ley.
i)	Los directores o administradores de entidades financieras, y cualquier otro funcionario en ejercicio de estas entidades.

I.	La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI reglamentará el procedimiento y los requisitos de carácter general que deberán cumplir las personas naturales y jurídicas, para constituir una entidad financiera. Dicha reglamentación deberá señalar expresamente todos los aspectos que deberán cumplirse para constituir una entidad financiera.
II.	Para evaluar y calificar la solicitud de permiso de constitución de una entidad financiera, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI deberá basarse en los aspectos señalados expresamente en la presente Ley y en las demás disposiciones complementarias emitidas para el efecto.

I.	Los montos del capital pagado mínimo se fijan en moneda nacional por una cantidad equivalente a Unidades de Fomento a la Vivienda - UFV, por tipo de entidad financiera.
II.	El Órgano Ejecutivo mediante Decreto Supremo podrá elevar pero no disminuir los montos de capital mínimo definidos en la presente Ley para cada tipo de entidad, en función a las condiciones prevalecientes en el sistema financiero, la coyuntura macroeconómica y la situación externa.
III.	En ningún momento el capital pagado de una entidad financiera, será inferior al capital mínimo establecido por la presente Ley.

I.	Todo capital de las entidades financieras que exceda al mínimo establecido por Ley, podrá ser suscrito y deberá ser pagado en el plazo máximo de un (1) año.
II.	El capital suscrito de las empresas de servicios financieros complementarios obligatoriamente debe ser pagado en el momento de la suscripción.
III.	Los aportes de capital en una entidad financiera constituida como sociedad anónima sólo podrán hacerse en efectivo.

I.	El aumento de capital de una entidad financiera, mediante el aporte de nuevos o antiguos accionistas o la capitalización de utilidades y reservas patrimoniales, deberá informarse a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.
II.	En el caso de aumentos de capital con aportes de nuevos o antiguos accionistas, se deberá acompañar declaraciones juradas de los aportantes, señalando que no se encuentran dentro de las incompatibilidades establecidas en el Artículo 153 y el Artículo 442 de la presente Ley, identificando el origen de los recursos y con autorización individual para ser evaluados en cualquier momento y ante cualquier autoridad o institución pública o privada, nacional o extranjera.
III.	Para reducir el capital de una entidad financiera se requerirá autorización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.

I.	Toda transferencia de acciones de una entidad financiera constituida como sociedad anónima, deberá ser comunicada a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI para su anotación en el registro respectivo. Si mediante dicha transferencia, un accionista llega a poseer, directa o indirectamente, el cinco por ciento (5%) o más del capital de la entidad financiera, la comunicación deberá adicionalmente acompañar la documentación requerida conforme reglamentación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.
II.	La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI podrá solicitar la información que considere necesaria, para analizar la situación de los accionistas que tengan una participación inferior al cinco por ciento (5%) del capital de la entidad financiera.
III.	Los accionistas fundadores requerirán autorización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI para transferir sus acciones, directamente o mediante la Bolsa de Valores, hasta los tres (3) años de concedida la licencia de funcionamiento a la entidad financiera.
IV.	La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI está facultada para rechazar propuestas de transferencias de acciones, por razones de transparencia de la estructura propietaria y de las actividades de la entidad financiera, para evitar la formación de monopolios u oligopolios prohibidos por el Artículo 109 de la presente Ley o en el marco del control a la participación proporcional de las entidades establecida en el Artículo 110 de la presente Ley.
V.	Toda transferencia de acciones que implique infracción a lo establecido en la presente Ley es ineficaz, de conformidad al Artículo 821 del Código de Comercio.

Independientemente de la Declaración Jurada de origen de fondos, el socio que llegue a poseer una participación accionaria directa o indirecta mayor al cinco por ciento (5%) del capital de una entidad financiera, con la compra de las acciones, deberá presentar Declaración Patrimonial Jurada, de acuerdo a reglamentación emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.

I.	La inversión boliviana en actividades financieras se priorizará frente a la inversión extranjera.
II.	Toda inversión extranjera en actividades financieras estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable.
III.	La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, al momento de evaluar la autorización para la apertura de una sucursal de entidad financiera extranjera en territorio boliviano, considerará la potencial contribución de esta entidad al desarrollo de las relaciones comerciales y financieras con el país de radicación de la entidad financiera extranjera.

Las oficinas de representación de entidades financieras del exterior, previa autorización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, sólo podrán efectuar en el país actividades de promoción de servicios financieros y negocios. Queda prohibido que estas oficinas realicen actividades de intermediación financiera.

Toda sucursal, agencia u oficina de representación de entidades financieras extranjeras que opere en Bolivia, tendrá representante legal con poder suficiente.

La creación de entidades financieras del Estado y entidades financieras con participación mayoritaria del Estado, se realizará mediante Ley del Estado Plurinacional de Bolivia o mediante convenios o documentos según corresponda. Las mismas tendrán autonomía de gestión, presupuestaria y administrativa y se regirán por las disposiciones de sus estatutos internos, sus leyes orgánicas y la presente Ley. Coordinarán su acción de acuerdo con lo que establezca sus disposiciones legales constitutivas.

El Órgano Ejecutivo estará autorizado a realizar aportes de capital y compras de participaciones accionarias mediante Decreto Supremo.

Las entidades financieras del Estado y con participación mayoritaria del Estado, deberán mantener en todo momento, un capital pagado mínimo en moneda nacional por una cantidad equivalente a Unidades de Fomento a la Vivienda, de acuerdo al siguiente detalle:

a)	Para el Banco de Desarrollo Productivo S.A.M., se mantendrá el capital pagado mínimo correspondiente al Banco Público.
b)	Para el Banco Público, UFV30.000.000.- (Treinta Millones de Unidades de Fomento a la Vivienda).
c)	Para las Entidades Financieras Públicas de Desarrollo, UFV18.000.000.- (Dieciocho Millones de Unidades de Fomento a la Vivienda).

La junta de accionistas de las entidades financieras públicas o con participación mayoritaria del Estado podrá determinar la distribución de dividendos de las utilidades líquidas generadas en una gestión anual, debiendo las utilidades no distribuidas integrarse al patrimonio de la entidad.

I.	Las entidades financieras públicas o con participación mayoritaria del Estado, estarán administradas por un directorio designado conforme lo dispuesto por su Ley Orgánica.
II.	Los requisitos e impedimentos para ser directores se sujetarán a las disposiciones contenidas en el Título VI, Capítulo I de la presente Ley.
III.	El cumplimiento de las funciones del directorio, se regirá por las disposiciones de la presente Ley, su Ley Orgánica y el Código de Comercio en lo conducente.

Los planes estratégicos que elaboren las entidades financieras públicas o con participación mayoritaria del Estado, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 114 de la presente Ley, serán remitidos por la presidenta o presidente del directorio de la entidad a la Ministra o Ministro de Economía y Finanzas Públicas y a las gobernadoras o gobernadores departamentales y/o alcaldesas o alcaldes municipales según corresponda en los siguientes diez (10) días de su aprobación.

I.	Las entidades financieras públicas o con participación mayoritaria del Estado, podrán establecer y mantener sucursales, agencias y otros puntos de atención financiera en cualquier lugar del territorio nacional. Adicionalmente, el Banco Público podrá hacerlo en el extranjero.
II.	La apertura y cierre de oficinas deberán realizarse en el marco de las disposiciones previstas en la presente Ley y sus normas reglamentarias para las entidades de intermediación financiera. En el caso de apertura de oficinas en el extranjero, el Banco Público además deberá cumplir con las disposiciones legales y normas regulatorias del país en el que instale dichas oficinas.

I.	Las entidades financieras públicas o con participación mayoritaria del Estado podrán adquirir la propiedad total de otra entidad de intermediación financiera privada o de propiedad del Estado o con participación mayoritaria del Estado para su fusión o absorción.
II.	La determinación será asumida por el Órgano Ejecutivo mediante Decreto Supremo, por el gobierno autónomo departamental, municipal o indígena originario campesinos, según corresponda, con arreglo a las disposiciones establecidas en la presente Ley y al Código de Comercio en lo conducente.
III.	La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI autorizará la operación de acuerdo con la normativa emitida al efecto.

El Banco Público y el Banco de Desarrollo Público dispondrán un régimen de corresponsalías para la delegación de determinados servicios bajo su competencia a entidades de intermediación financiera autorizadas, con el objeto de ampliar la cobertura geográfica y el acceso de la población rural a sus servicios financieros. También podrán mantener oficinas de corresponsalía fuera del país, para fines del cumplimiento de su objetivo.

I.

La representación del Estado Plurinacional en la junta de accionistas de una entidad financiera pública o con participación mayoritaria del Estado estará a cargo de la Ministra o Ministro de Economía y Finanzas Públicas en su calidad de representante legal del Tesoro General del Estado o de la Viceministra o Viceministro dependiente de su despacho que esta autoridad delegue en la forma que disponga su Ley Orgánica.

II.

En el caso de las entidades financieras públicas de desarrollo, la representación del Estado Plurinacional en la junta de accionistas podrá corresponder también a los gobernadores departamentales por las acciones de los gobiernos autónomos departamentales, a los alcaldes municipales por las acciones de los gobiernos autónomos municipales y a las máximas autoridades por las acciones de los gobiernos de las autonomías indígena originario campesinas, o a los representantes que cada una de estas autoridades delegue en la forma que disponga su Ley Orgánica.

I.

El directorio del Banco de Desarrollo Público presentará semestralmente al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al Ministerio de Planificación del Desarrollo y a sus accionistas, información periódica sobre los resultados e impacto del financiamiento directo e indirecto del Banco de Desarrollo Público a los distintos sectores de la economía nacional. Al cierre de cada ejercicio anual el presidente del directorio presentará a estas carteras ministeriales informe de actividades, estados financieros auditados, memoria anual y balance de responsabilidad social, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.

II.

Para el caso de entidades financieras públicas de desarrollo, la información señalada en el párrafo anterior referida al ámbito departamental, municipal e indígena originario campesinos, será presentada a los gobiernos autónomos departamentales, municipales y/o indígena originario campesinos, según corresponda.

Mediante Ley se podrán crear otras entidades financieras públicas o con participación mayoritaria del Estado, en el marco de la presente Ley.

El Banco Público se rige por su propia Ley en lo relativo a su creación, actividades, funcionamiento y organización. Se someterá a la presente Ley en lo relacionado a la aplicación de normas de solvencia y prudencia financiera y al control y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI dentro del marco legal que regula a esta institución en todo cuanto fuere aplicable según su naturaleza jurídica.

Las entidades financieras públicas de desarrollo se crearán mediante disposiciones legales o mediante convenios o documentos, según corresponda de acuerdo a la participación en su estructura patrimonial del gobierno central, gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales y/o pueblos indígena originario campesinos, con autonomía de gestión presupuestaria y administrativa. Se regirán por las disposiciones de sus estatutos internos, sus leyes Orgánicas y la presente Ley. Coordinarán sus acciones con las políticas nacionales de desarrollo productivo que establezca el Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.

Las Entidades Financieras Públicas de Desarrollo se constituirán con un capital íntegramente público o con participación mayoritaria de éste, sea que provenga del gobierno del nivel central del Estado, de gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales y/o indígena originario campesinos debiendo sus escrituras de constitución social y estatutos, ceñirse a sus leyes orgánicas, a las disposiciones de la presente Ley y al Código de Comercio en lo conducente a lo previsto para sociedades anónimas y/o sociedades de economía mixta.

Las entidades financieras públicas de desarrollo tendrán como objetivo principal, promover a través de apoyo financiero y técnico, el desarrollo de los sectores productivos de la economía de los departamentos, las regiones y los municipios del país.

I.	La composición accionaria del capital de una entidad financiera pública de desarrollo estará conformada por al menos tres (3) entidades accionistas, pudiendo ser éstas del gobierno del nivel central del Estado, los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales y/o indígena originario campesinos, con una participación que se defina en su Ley Orgánica.
II.	Podrán participar en el capital accionario de una entidad financiera pública de desarrollo, otras personas jurídicas públicas o privadas, nacionales o extranjeras con objetivos concordantes con el de la entidad financiera pública de desarrollo.

I.

El Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional y de los gobiernos autónomos departamental, municipal según corresponda podrán transferir sus acciones de una entidad financiera pública de desarrollo y autorizar la emisión de nuevas acciones o el aumento o reducción del capital autorizado, manteniendo el porcentaje mínimo de participación del Estado a través del gobierno central y de los gobiernos autónomos departamentales y/o municipales y/o indígena originario campesinos, dispuesto por su Ley Orgánica, en el marco de las disposiciones que establezca el Código de Comercio y la presente Ley.

II.

El Estado Plurinacional, a través del gobierno central y de los gobiernos autónomos departamentales, municipales y/o indígena originario campesinos, según corresponda, tendrá derecho preferente en la compra de las acciones de una entidad financiera pública de desarrollo que sean propiedad de titulares privados, en función de los objetivos de políticas de desarrollo y de las disponibilidades presupuestarias consignadas en sus presupuestos fiscales.

I.	Las entidades financieras públicas de desarrollo realizarán operaciones financieras a través de instituciones elegibles, las cuales podrán ser entidades de intermediación financiera.
II.	Todas las instituciones elegibles deberán cumplir con las políticas y procedimientos que las entidades financieras públicas de desarrollo determinen para la prestación de servicios financieros, así como con sus políticas de calificación y administración de riesgos.

I.	Las entidades financieras públicas de desarrollo podrán realizar las operaciones pasivas, activas, contingentes y de servicios que se encuentran comprendidas en el Título I, Capítulo II de la presente Ley, excepto las que se señala en las limitaciones y prohibiciones del Artículo 209 siguiente. La reglamentación que al respecto emita la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, definirá los alcances de las actividades de segundo piso y otros aspectos a los que deben acogerse las entidades financieras públicas de desarrollo.
II.	Sin perjuicio de ello, estas entidades podrán en especial: a) Otorgar financiamiento y realizar operaciones financieras con instituciones elegibles, para canalizar recursos a sus departamentos, regiones y/o municipios. b) Otorgar créditos y realizar operaciones financieras con instituciones elegibles cuyo destino final sea financiar la importación de insumos, materia prima, maquinaria y otros elementos necesarios para la actividad productiva, así como cubrir necesidades de financiamiento para las etapas de comercialización y exportación de bienes y servicios de origen boliviano. c) Avalar obligaciones contraídas por las instituciones elegibles con otras entidades financieras, siempre que los recursos del financiamiento recibidos se destinen a objetivos análogos al de la Entidad Financiera Comunal. d) Crear e implementar productos financieros para apoyar la consolidación, crecimiento y desarrollo de las actividades de las micro, pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción de sus departamentos, regiones y/o municipios. e) Desarrollar e implementar productos financieros para apoyar el desarrollo económico y social de sus departamentos, regiones y/o municipios. f) Desarrollar programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica y tecnológica para la producción, gestión empresarial, administrativa y contable, orientadas a aumentar y mejorar la competitividad y productividad y el acceso al financiamiento de las unidades económicas de pequeña escala. g) Financiar, realizar o contratar estudios técnicos, financieros y jurídicos para el análisis sectorial de la actividad productiva, para estudios de preinversión o para la estructuración de proyectos de inversión. h) Administrar los recursos de los fondos estatales o mixtos con propósitos de impulsar desde un segundo piso actividades de desarrollo productivo, según las disposiciones establecidas en su Ley Orgánica y la presente Ley, pudiendo realizar con cargo a los mismos, los actos y contratos necesarios para el logro de sus finalidades.
	i) Invertir en valores sujetos a la Ley del Mercado de Valores emitidos por entidades financieras, siempre que los recursos invertidos se destinen a actividades de financiamiento concordantes con el objetivo de la entidad financiera pública de desarrollo. j) Mantener depósitos en el Banco Público y/o Banco Central de Bolivia - BCB, con fines de administración óptima de su liquidez temporal. k) Constituir, administrar y/o participar en estructuras financieras, como la titularización, fondos de garantía, capital de riesgo, deuda subordinada, créditos sindicados, fideicomisos y otras que cumplan con el objetivo de la entidad financiera pública de desarrollo, para lo cual podrá aportar recursos propios de su patrimonio o de terceros. l) Canalizar e invertir fondos con fines de constituir mecanismos de seguros generales, seguros de crédito, microseguros, sistemas de garantía, mecanismos de aval y aseguramiento de pagos, almacenes para depósito de productos con fines de garantía, y otros instrumentos de cobertura de contingencias y riesgos relacionados a la actividad productiva y a los créditos otorgados a estas actividades. m) Canalizar e invertir recursos para la implementación de programas de financiamiento a innovaciones productivas o nuevos emprendimientos en calidad de capital de riesgo, capital de arranque, capital semilla o capital inicial de unidades productivas de sus departamentos, regiones y/o municipios. n) Comprar cartera de entidades de intermediación financiera y cederla en administración, o disponer su venta o titularización de acuerdo con lo que determine sus estatutos y normativa interna. o) Suscribir convenios de cooperación con instituciones o entidades nacionales e internacionales que cumplan con el objetivo de las entidades financieras públicas de desarrollo.
III.	Esta enunciación no es limitativa ni excluyente de otras operaciones que las entidades financieras públicas de desarrollo pueden realizar para el cumplimiento de su objetivo, entre ellas operaciones financieras no mencionadas explícitamente, las cuales podrán ser ejercidas previa autorización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, siempre que estén relacionadas con su objetivo y se enmarquen en las disposiciones de su Ley Orgánica y esta Ley.

Las entidades financieras públicas de desarrollo no podrán realizar las siguientes operaciones:

a)	Otorgar financiamiento directa o indirectamente a propósitos que no se ajusten a su objetivo, en modalidades que no se enmarquen a las disposiciones de la presente Ley o se ejecuten sin cumplir los requisitos establecidos en su normativa interna o la normativa regulatoria.
b)	Otorgar financiamiento con recursos propios o de los fondos que administra, a instituciones gubernamentales cuyo presupuesto esté financiado con recursos del Tesoro General del Estado - TGE, ni otorgar avales, fianzas o garantías por obligaciones contraídas por estas instituciones.
c)	Otorgar financiamiento con recursos propios o de los fondos que administra a gobiernos autónomos departamentales o gobiernos autónomos municipales, ni a las instituciones o empresas bajo su dependencia.
d)	Captar depósitos a la vista, en cuentas de ahorro o a plazo del público.
e)	Invertir en acciones de sociedades financieras y no financieras cuyos objetivos no sean concordantes con el de la entidad financiera pública de desarrollo.
f)	Otorgar financiamientos destinados a créditos de consumo sin fines productivos ni estar relacionado con cadenas productivas.
g)	Otras que determine su Ley Orgánica.

Para cumplir su objetivo, las entidades financieras públicas de desarrollo podrán obtener recursos adicionales con las siguientes operaciones de fondeo:

a)	Préstamos, líneas de crédito y otros financiamientos gestionados ante el Tesoro General del Estado - TGE, de gobiernos autónomos departamentales, municipales y/o indígena originario campesinos y otros entes gubernamentales, organismos de financiamiento nacionales y del exterior, bancos multilaterales internacionales, organismos de cooperación internacional y otras fuentes de segundo piso.
b)	Recursos de patrimonios autónomos constituidos con fondos estatales, privados o mixtos, de origen nacional o externo, con propósitos de fomento y desarrollo productivo.
c)	Otros financiamientos contratados de entes privados o públicos, nacionales o extranjeros, que tengan objetivos concordantes con el de las entidades financieras públicas de desarrollo.

No son aplicables a las Entidades Financieras Públicas de Desarrollo las disposiciones contenidas en el Artículo 456 y el Artículo 460 de la presente Ley. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI establecerá los límites de endeudamiento y concentración crediticia y su operativa de aplicación para el caso de las entidades financieras públicas de desarrollo.

En el desarrollo de operaciones de fomento al desarrollo productivo de los departamentos, los municipios e indígena originario campesinos del país, las relaciones de las entidades financieras públicas de desarrollo con el Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional y de los gobiernos autónomos departamentales, municipales y/o indígena originario campesinos según corresponda, se mantendrán únicamente por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o el órgano competente en los gobiernos autónomos departamentales y/o municipales, salvo aspectos operativos en los cuales se podrá interactuar directamente con las reparticiones públicas que correspondan.

El control gubernamental al que se encuentren sometidas las entidades financieras públicas de desarrollo será el que se encuentre establecido en su Ley Orgánica y estatutos, el cual deberá ser complementario y no concurrente con la supervisión ejercida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.

I.

En caso de que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, con dictamen motivado, determine que una entidad financiera pública de desarrollo se encuentra incursa en las causales de regularización previstas en el Artículo 511 de la presente Ley, el Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional o de los gobiernos autónomos departamentales y/o municipales según corresponda, establecerá un plan de fortalecimiento orientado a subsanar las deficiencias detectadas.

II.

De no prosperar dicho plan, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI intervendrá la entidad financiera pública de desarrollo, para aplicación del procedimiento de solución o liquidación forzosa judicial previsto en el Titulo IX de la presente Ley. La normativa de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI establecerá los procedimientos operativos, con arreglo a su naturaleza de entidad financiera pública de desarrollo.

I.	Los fundadores de una entidad de intermediación financiera privada no podrán ser menos de cinco (5) personas naturales y/o jurídicas, individuales o colectivas, quienes no deberán encontrarse entre los inhabilitados mencionados en el Artículo 153 de la presente Ley.
II.	Para el caso de cooperativas de ahorro y crédito societarias, los fundadores señalados en el párrafo anterior, no podrán ser menos de diez (10) personas naturales y jurídicas sin fines de lucro; y no menos de veinte (20) personas naturales y jurídicas sin fines de lucro para el caso de cooperativas de ahorro y crédito abiertas.

Los fundadores de una entidad de intermediación financiera privada deberán tramitar el permiso de constitución y la licencia de funcionamiento ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, sujetándose al régimen de autorizaciones dispuesto por el Título II, Capítulo III de la presente Ley, en lo conducente.

I.

Las entidades de intermediación financiera privada, exceptuando las cooperativas de ahorro y crédito, de acuerdo a su naturaleza deberán mantener en todo momento, un capital pagado mínimo en moneda nacional equivalente a Unidades de Fomento a la Vivienda, de acuerdo al siguiente detalle: a) Para el Banco de Desarrollo Privado, el equivalente a UFV30.000.000,00.- (Treinta Millones de Unidades de Fomento a la Vivienda). b) Para un Banco Múltiple, el equivalente a UFV30.000.000,00.- (Treinta Millones de Unidades de Fomento a la Vivienda). c) Para un Banco PYME, el equivalente a UFV18.000.000.- (Dieciocho Millones de Unidades de Fomento a la Vivienda). d) Para una Entidad Financiera de Vivienda, el equivalente a UFV2.000.000,00.- (Dos Millones de Unidades de Fomento a la Vivienda). e) Para una Institución Financiera de Desarrollo, el equivalente a UFV1.500.000,00.- (Un Millón Quinientas Mil Unidades de Fomento a la Vivienda). f) Para una Entidad Financiera Comunal, el equivalente a UFV500.000,00.- (Quinientas Mil Unidades de Fomento a la Vivienda).

II.

El tratamiento de aumentos y reducciones de capital de las entidades de intermediación financiera señaladas en el presente artículo, se regirán por lo establecido en el Artículo 157 de la presente Ley y la normativa que emita la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI para el efecto.

I.	El capital primario mínimo de una cooperativa de ahorro y crédito se fija en moneda nacional, por UFV600.000,00.- (Seiscientas Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) para cooperativas de ahorro y crédito abiertas y UFV300.000,00.- (Trescientas Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) para cooperativas de ahorro y crédito societarias. Estará constituido por: a) Aportes de los socios cooperativistas, representados por certificados de aportación. b) Fondo de reserva constituido por los excedentes de percepción que arrojen los estados financieros. c) Donaciones recibidas de libre disposición.
II.	Los socios de una cooperativa de ahorro y crédito deben demostrar compromiso con el crecimiento y capitalización de la entidad mediante el aporte continuo de capital, el cual debe estar respaldado con un determinado número de certificados de aportación definido por la asamblea general de socios, aspecto que debe estar inserto en los estatutos de la entidad.
III.	La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI emitirá normativa para el tratamiento de aumentos y reducciones de capital de las cooperativas de ahorro y crédito, con arreglo a las disposiciones establecidas en el Artículo 157 de la presente Ley.

El monto del capital o capital primario mínimo, en casos debidamente justificados podrá ser modificado por el Órgano Ejecutivo, por tipo de entidad por encima de los niveles mínimos establecidos en la presente Ley.

I.	Los bancos múltiples podrán establecer y mantener sucursales, agencias y otros puntos de atención financiera en cualquier lugar del territorio nacional, incluso mantener sucursales u oficinas de corresponsalía fuera del país.
II.	La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, reglamentará la apertura de sucursales, agencias u otros puntos de atención para las entidades de intermediación financiera, considerando el tipo de entidad y sus características.

I.	Un banco múltiple o banco PYME, podrá adquirir la propiedad total de otra entidad de intermediación financiera para su fusión o absorción, previa autorización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, conforme a normativa expresa, a esta Ley y al Código de Comercio.
II.	Las demás entidades de intermediación financiera privadas podrán adquirir la propiedad total de otra entidad de intermediación financiera con similar naturaleza jurídica y objeto social para los fines señalados precedentemente.
III.	Para el caso de las entidades constituidas como entidades financieras comunales, estas operaciones deberán enmarcarse en los límites de participación accionaria definidos en el Artículo 299 de la presente Ley.

El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado podrá regular, mediante Decreto Supremo, la participación de capitales extranjeros en las entidades financieras.

I.

El coeficiente de adecuación patrimonial de una entidad de intermediación financiera es la relación porcentual entre el capital regulatorio y los activos y contingentes ponderados en función de factores de riesgo, incluyendo a los riesgos de crédito, de mercado y operativo, utilizando los procedimientos establecidos en la normativa emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.

II.

En todo momento las entidades de intermediación financiera deberán mantener un coeficiente de adecuación patrimonial de por lo menos el diez por ciento (10%). El Órgano Ejecutivo mediante decreto supremo podrá incrementar este porcentaje hasta un doce por ciento (12%), en función de las condiciones prevalecientes del sistema financiero, la coyuntura macroeconómica y la situación externa.